Auto 26922 de marzo 7 de 2007 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Nueva regulación en la Ley 1121 de 2006.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. Sobre el tema materia de examen, de manera reiterativa la jurisprudencia de la Sala viene sosteniendo que para que se entienda correctamente trabado un conflicto negativo de competencias, se requiere del cumplimiento de los siguientes presupuestos:

“a) Que el funcionario que está adelantando el proceso al estimar que no es competente para continuar conociendo de él, lo remita a aquel que considere competente, explicando los motivos que fundamentan su posición.

“b) Que el funcionario que lo recibe analice los motivos expuestos por quien se declaró incompetente; si no los acepta remite el proceso con el auto explicatorio al superior para que este decida.

“En este orden de ideas, es lógico entender que si el funcionario a quien se remite el proceso admite las razones expuestas por quien inicialmente rechazó la competencia y en consecuencia dispone continuar con el trámite del proceso, tal decisión implica que agotó la fase procesal iniciada para discutir la competencia, de donde si después encuentra que no era el competente para conocer del caso, debe provocar una nueva colisión y esperar el pronunciamiento del funcionario que inicialmente rechazó la competencia, a quien entonces le correspondería, de no aceptar las razones expuestas, trabar el conflicto y remitir el proceso al superior para que se decida de conformidad” —autos de 14 de abril y 9 de junio de 2004, radicados 22.126 y 22.420, respectivamente, y noviembre 17 de 2005, radicado 24.501, entre otros— (1) .

Por estas razones, la Corte no puede decidir un conflicto que, como en el evento presente, no se ha trabado en debida forma, o de otro modo dicho, no puede resolver un conflicto que no ha surgido. Ello, por cuanto el Juez Penal del Circuito de Neiva sin parar mientes en que ya existía calificación y que como tal se erigía en ley del proceso, en caso de haber lugar a su variación en los términos estipulados en la Ley 600 de 2000, si ese era su parecer, menester se hacía seguir el procedimiento instituido en los artículos 402 y 404.

Empero, contrariamente a las preceptivas allí contenidas, el funcionario que para ese momento adelantaba el juicio procedió a remitir la actuación al tribunal para que dicha colegiatura decidiera, como en efecto lo hizo equivocadamente, por supuesto, cuando lo correcto era devolverla al juez especializado previamente la implementación del procedimiento explicitado con antelación, haciéndole ver los motivos de su determinación y planteándole el conflicto, pues, fue el titular de este despacho quien en últimas lo promovió, situación que el juez ordinario paladinamente admitió cuando dispuso proseguir con el trámite de la causa.

2. Pese a que la Sala no se pronunciará con respecto a cuál de los jueces tiene la razón, cabe rememorar lo que la jurisprudencia de la Sala decantó acerca de la vigencia temporal del artículo 71 de la Ley 975 de 2005, y su postrer retiro del ordenamiento a consecuencia de su declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, e inclusive, luego de producido el pronunciamiento al cual se refiere la defensora de uno de los procesados, tema frente al cual la Corte fijó su posición de esta manera:

“1. Que las definiciones de competencia adoptadas cuando regía el artículo 71 de la Ley 975 del 2005 conservan plena validez, de manera que el juzgado al que en su oportunidad se le atribuyó el conocimiento del proceso lo debe seguir tramitando, a menos que circunstancias sobrevinientes, diferentes de las examinadas en anterior ocasión, determinen la variación de la competencia (2) .

“2. Que si hasta el 18 de mayo del 2006 no se había producido discusión en torno a la competencia para conocer de procesos por conformación de grupos paramilitares, la actual denominación de esa conducta como concierto para delinquir le atribuye su conocimiento a los jueces penales del circuito especializados, quienes deberán tramitar el juicio de acuerdo con el procedimiento diseñado para esa especie de jueces pero aplicando el principio de favorabilidad, por ejemplo, respecto del término de privación de libertad sin que se hubiese realizado la audiencia pública (3) ” (auto ago. 22/2006, rad. 25.878)”.

En este caso la calificación jurídica provisional impartida a las conductas desplegadas por los procesados Solórzano Solórzano, Conde Solórzano y García Borja en la resolución de acusación dictada el 30 de diciembre de 2005, lo fue por el delito de concierto para delinquir agravado de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 340 del Código Penal, en concurso para los dos primeros con el de homicidio tipificado en el artículo 103 ibídem.

Se reitera, la definición de la competencia para la etapa del juicio en virtud de la naturaleza del delito, está dada por la calificación que de la conducta se haga en la resolución de acusación, salvo claro está, aquellos asuntos en los que la determinación del funcionario competente dependa de esa calificación y, desde luego, de la valoración de las pruebas. En suma, la calificación del mérito del sumario o su equivalente vincula al juzgador, quien debe adelantar el juicio acorde con la tipificación realizada por la fiscalía.

3. Ahora bien, con ocasión de la expedición de la Ley 1121 del 29 de diciembre de 2006 por cuyo medio, entre otras disposiciones que tomó el Congreso de la República, modificó los artículos 340, en su inciso 2º, y 345 del Código Penal —Ley 599 de 2000—, que tipificaban, en su orden, las conductas punibles de concierto para delinquir agravado y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, resulta oportuno que la Sala haga las siguientes precisiones:

Deviene evidente que con la entrada en vigencia de la Ley 1121 de 29 de diciembre de 2006, se ha suscitado, entre otras, una importante modificación típica de algunas conductas sancionadas en el título XII, capítulo I del Código Penal, bajo la denominación general “Del concierto, el terrorismo, las amenazas y la instigación”, motivo por el cual la Sala debe entrar a verificar los alcances de la misma, específicamente el impacto que tuvo en el concierto para “organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley”, en orden a establecer si en relación con ese comportamiento se generó su descriminalización, o si lo que se presenta es un desplazamiento de su tipicidad o una readecuación típica de la conducta.

Desde ya advierte la Sala que el legislador al expedir la Ley 1121 de 29 de diciembre de 2006, publicada al día siguiente en el Diario Oficial 46497, lo que quiso fue regular de una manera más técnica los comportamientos que tienen que ver con la financiación del terrorismo, con el fin de adaptarlos a las nuevas necesidades y requerimientos surgidos con ocasión de los compromisos internacionales adquiridos a través de la aprobación de tratados internacionales como el Convenio para la represión de la financiación del terrorismo, aprobado mediante Ley 808 de 2003, operándose así un tránsito legislativo hacia nuevas disposiciones modificativas de las ya existentes, pero nunca una despenalización de alguna de las conductas consagradas en el citado apartado de la Ley 599 de 2000.

Al cumplimiento de ese cometido, y partiendo de la premisa de que en la Ley 599 de 2000 no existe un delito que penalice de manera autónoma la conducta de “organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley”, el legislador de 2006 quiso tipificar ese comportamiento como tal, conducta que entonces fue recogida en el artículo 16, modificatorio del artículo 345 del estatuto represor del año 2000, en los siguientes términos:

Financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a veintidós (22) años y multa de mil trescientos (1300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes” (se ha destacado).

Del mismo modo, con el fin de que el hecho de concertar la comisión de esta específica conducta quedara incluido como agravante del tipo penal descrito en el artículo 340 de la Ley 599 de 2000 —concierto para delinquir—, se reformó el inciso 2º del referido precepto, reemplazando las alocuciones “o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley”, por la modalidad conductual relativa al “financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas”.

Resumiendo, lo que antes se denominaba “Administración de recursos relacionadas con actividades terroristas”, en la nueva normatividad pasó a denominarse “Financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas”, para incluir en el tipo de una manera que resulte omnicomprensiva, otras conductas compatibles o relacionadas con la actividad del financiamiento de actos terroristas que anteriormente no estaban descritas como delito autónomo, sino como circunstancias de agravación del concierto para delinquir, tal como se reconoce en la exposición de motivos al proyecto de Ley 208 de 2005 del Senado de la República, antecedente de la ley que se examina, cuando al referirse al punto, expresó:

“Resulta necesario introducir un cambio en las agravantes del artículo 340 del Código Penal, que tipifica la conducta del concierto para delinquir, para ajustarlo al nuevo tipo de financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, toda vez que en la actualidad no existe el delito de ‘… organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley…’ por ello esta expresión se debe modificar por la del tipo penal que se contempla en el artículo 345 del Código Penal en los siguientes términos:

“Artículo XXXX

“Modifícase el inciso segundo del artículo 340 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002, el cual quedará así:

“ART. 340.—Concierto para delinquir (…).

“‘Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato o conexos, financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes’”.

En el marco de estas consideraciones resulta evidente que el concierto para organizar, promover, o financiar grupos armados al margen de la ley, no fue suprimido del catálogo de delitos que contempla la nueva ley; todo lo contrario, esa conducta fue readecuada como comportamiento punible autónomo en el citado artículo 345, como con antelación se dijo, y su concierto, técnicamente calificado como circunstancia de agravación del concierto para delinquir en el artículo 19 de la Ley 1121 del 29 de diciembre 2006, con una pena mayor a la que señalaba el inciso 2º del artículo 340 de la Ley 599 de 2000, modificado por la Ley 733 de 2002.

Como se puede observar, la nueva disposición, conservando la esencia de lo prohibido, resulta inclusive más rígida, pues la conducta de “organizar, promover, o financiar grupos armados al margen de la ley” no solo se tipifica como delito autónomo, sino que su concierto, bajo la denominación del financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, se mantiene como circunstancia agravante del tipo señalado en el artículo 340 del Código Penal con una pena más severa.

Este fue el resultado que dentro del sistema produjo la reforma introducida a los artículos 340 y 345 del Código Penal, con la salvedad —aclara la Sala— que si bien el verbo rector “armar” incluido en la disposición modificada del artículo 340, no se contempló expresamente en la descripción comportamental del artículo 16 de la nueva Ley 1121 de 2006, modificatorio del artículo 345 de la Ley 599 de 2000, esa conducta queda subsumida en las acciones de proveer, entregar o aportar bienes a la organización armada ilegal.

4. Finalmente, imperioso igualmente resulta destacar la modificación que el artículo 23 de la referida Ley 1121 introdujo a los artículos 5-6 y 7 transitorio de la Ley 600 de 2000 y al artículo 35-20 de la Ley 906 de 2004, al disponer que las conductas punibles de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y del concierto para cometer esta misma especie de delito, entre otros, es de conocimiento de los jueces penales del circuito especializados.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

ABSTENERSE de resolver el conflicto propuesto por el Juez Penal del Circuito de Neiva. Envíesele la actuación para lo de su cargo. Por la secretaría de la Sala comuníquesele esta determinación al juez especializado de esa misma localidad.

Cúmplase».

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto de 14 de marzo de 2006, radicado 25.208.

(2) Cfr. auto del 8 de agosto del 2006, radicado 25.796.

(3) Cfr. auto del 8 de agosto del 2006, radicado 25.797.

(Auto de 7 de marzo de 2007. Radicación 26922. Magistrado Ponente: Dr. Sigifredo Espinosa Pérez).

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