Auto 2694 de septiembre 9 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA

DEBE TENER SOPORTE PROBATORIO SUFICIENTE

EXTRACTOS: «De conformidad con el artículo 59 de la Ley 23 de 1991, modificado por el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.

Tratándose de materias administrativas contenciosas para las cuales la ley autoriza el uso de este mecanismo, dado el compromiso del patrimonio público que les es inherente, la ley establece las exigencias especiales que debe tomar en cuenta el juez a la hora de decidir sobre su aprobación.

Entre dichas exigencias, la Ley 446 de 1998, en el último inciso del artículo 73, prescribe que el acuerdo conciliatorio debe estar fundado en “las pruebas necesarias” que permitan deducir una alta probabilidad de condena contra el Estado, en el evento de que lo acordado no resulte lesivo del patrimonio público o violatorio de la ley.

La Sala, por las razones que pasa a puntualizar, encuentra que no es del caso aceptar la conciliación prejudicial.

1. Si bien es cierto, dentro de una conciliación se reconocen derechos discutibles y sobre los cuales, pueda existir duda de dicho reconocimiento, ello no implica, que por tratarse de bienes o dineros del Estado, los funcionarios puedan libremente disponer de los mismos, dado que el principio de la autonomía de la voluntad en derecho público es prácticamente inaplicable.

2. Así mismo, las partes conciliantes están en la obligación de aportar los soportes sobre los cuales decidieron llegar al acuerdo conciliatorio, para demostrar que dicho pago no se hizo por liberalidad de los funcionarios administrativos, con el fin de evitar un pago de lo no debido y especialmente para evitar realizar el cumplimiento de una obligación lesiva a los intereses estatales.

3. Bajo los anteriores parámetros y revisado el expediente, se infiere que debe confirmarse la decisión del a quo, en tanto, dentro del expediente no obra soporte probatorio suficiente que demuestre la existencia clara del derecho del recurrente.

(...).

4. Para finalizar, la Sala confirmará el auto recurrido, por las razones antes expuestas, por cuanto dicha conciliación al realizarse sin los soportes y pruebas mínimas que demuestren el nacimiento del derecho del señor Parales, resulta lesiva a los intereses del Estado».

(Auto de septiembre 9 de 1999. Expediente 2694. Consejero Ponente: Dr. Silvio Escudero Castro).

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