Auto 27432 de junio 16 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Sección Tercera

Rad.: 27.432. Expediente: 25000232600020020008002

Consejero Ponente:

Dr. Alier E. Hernández Enríquez

Actor: Jesús Alirio Muñoz González

Demandado: Instituto Nacional de Vías, Invías.

Bogotá D.C., junio dieciséis de dos mil cinco.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandante contra el auto de noviembre 19 de 2003, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó la solicitud de amparo de pobreza solicitado por el actor.

Antecedentes:

El señor Jesús Alirio Muñoz González presentó demanda de reparación directa el 11 de enero de 2003 contra el Instituto Nacional de Vías, Invías, por los perjuicios causados como consecuencia del retardo en la consignación de las cesantías de los años 1995, 1996, 1997 y 1998, ordenada por el Juzgado Doce laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de agosto 1º de 1997 (fls. 2 a 11, cuad. 4).

El 4 de septiembre de 2003, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó pruebas, entre ellas, un dictamen pericial pedido por la parte demandante, mediante el cual se pretendía lo siguiente:

“1. Determine el valor total que representa un día de salario devengado por el señor Jesús Alirio Muñoz González, como trabajador oficial del Invías, desde el día 16 de febrero de 1996, hasta el día 29 de diciembre de 1999 y/o hasta la fecha de consignación del valor correspondiente a las cesantías de los años 1995, 1996, 1997 y 1998”.

“2. Determine el valor total que representa un día de salario devengado por el señor Jesús Alirio Muñoz González, como trabajador oficial del Invías, a partir de 45 días hábiles siguientes al 8 de agosto de 1997, hasta el día 29 de diciembre de 1999 y/o hasta la fecha de consignación del valor correspondiente a las cesantías de los años 1995, 1996, 1997 y 1998”.

“3. Determine el valor total que representa un día de salario devengado por el señor Jesús Alirio Muñoz González, como trabajador oficial del Invías, a partir de 45 días hábiles siguientes al 30 de julio de 1998, hasta el día 29 de diciembre de 1999 y/o hasta la fecha de consignación del valor correspondiente a las cesantías de los años 1995, 1996, 1997, y 1998”.

“4. Determine el valor total que representa un día de salario devengado por el señor Jesús Alirio Muñoz González, como trabajador oficial del Invías, desde el día 16 de febrero de 1999, hasta el día 29 de diciembre del mismo año 1999 y/o hasta la fecha de consignación del valor correspondiente a las cesantías de los años 1995, 1996, 1997 y 1998” (fl. 9, cuad. 4)”.

El tribunal condicionó la práctica de la anterior prueba, a que el demandante consignara la suma de $ 500.000, en el término de diez (10) días, contados a partir de la ejecutoria del auto que la decretó.

El 10 de septiembre siguiente, el señor Gil Danilo Bareño Piñarete tomó posesión del cargo de perito, concediéndosele un término de 30 días para rendir el dictamen, “a partir de la fecha en que se cancelen los gastos de pericia, y que acompañado del dictamen pericial, deberá rendir cuentas de los gastos efectivamente incurridos, para que posteriormente mediante auto, el despacho proceda a fijar les correspondiente honorarios” (fl. 37, cdno. 1).

El 22 de septiembre de ese año, el apoderado del actor presentó solicitud de amparo de pobreza con fundamento en los siguientes hechos:

“1. El señor Jesús Alirio Muñoz González estuvo vinculado como trabajador oficial en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y luego en el Instituto Nacional de Vías, desde el 25 de febrero de 1974, hasta el 31 de diciembre de 2001, fecha en la cual fue desvinculado mediante la Resolución 4129 del 19 de julio de 2001, sin indemnización ni compensación alguna”.

(...).

“6. El señor Jesús Alirio Muñoz es una persona con 47 años de edad, lo que ha determinado la imposibilidad de conseguir un trabajo estable después de su desvinculación del Invías”.

“7. El señor Jesús Alirio Muñoz González sufraga los gastos de manutención de su hogar conformado por su compañera, un hijo menor de edad, una hija de 18 años en edad escolar y un hijo de 22 años de edad con discapacídad del 100%”.

“8. La grave situación económica que está afrontando el señor Jesús Alirio Muñoz determinó la imposibilidad de continuar pagando oportunamente las cuotas correspondientes al crédito hipotecario que asumió para adquirir el inmueble destinado para su vivienda familiar, por lo que el banco acreedor inició un acción judicial ejecutiva, en virtud de la cual procedió a embargar y secuestrar el inmueble hipotecario”.

“9. Todas estas circunstancias han determinado la imposibilidad para el señor Muñoz González de conseguir los recursos necesarios para sufragar las expensas fijadas por el honorable tribunal como gastos de pericia en el proceso de la referencia” (fl. 41, cdno. 1).

Providencia Impugnada.

Mediante auto de noviembre 19 de 2004, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la concesión del amparo de pobreza solicitada por el demandante (fl. 45, 46, 47, cdno. 1).

Según el a quo, de conformidad con el numeral 2º del artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, el amparo de pobreza solo podrá solicitarse antes del vencimiento del término para contestar la demanda, y como quiera que la petición fue formulada después del auto que decretó las pruebas, tal solicitud no resultaba procedente.

Recurso de Apelación.

El 27 de noviembre siguiente, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra el auto anterior (fls. 48 a 52, cdno. 1).

Como fundamento del recurso señaló que la solicitud de amparo de pobreza puede presentarse antes de la formulación de la demanda o durante el curso del proceso, de conformidad a lo señalado por el artículo 160 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. A su juicio, el tribunal aplicó de manera errónea las normas que regulan dicha figura, puesto que el artículo 433 del mismo ordenamiento, es aplicable a los procesos verbales de menor y mayor cuantía, regulados en el título XXIII del C.P.C., no a los procesos ordinarios, como es el caso. Adicionalmente arguyó:

“En cuanto a la manifestación de improcedencia de la solicitud porque el auto que fijó los gastos periciales se encuentra en firme al no haber sido impugnado, son válidas las consideraciones anteriores, en el sentido que la solicitud se puede formular en cualquier estado del proceso, siendo el único presupuesto requerido para que proceda, establecer la incapacidad material de sufragar los gastos procesales a su cargo” (fl. 51, cdno. 1).

Consideraciones

El amparo de pobreza tiene como finalidad exonerar a una de las partes de los gastos del proceso cuando no se halle en capacidad de sufragarlos, pues, es deber del Estado asegurar a los pobres la defensa de sus derechos, colocándolos en condiciones de accesibilidad a la justicia; éste opera a petición de parte y puede solicitarse por el demandante aun antes de la presentación de la demanda, o conjuntamente con ésta.

De conformidad con el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989, el amparo de pobreza procederá cuando la persona que lo solicite, se halle en incapacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos.

Por su parte, el artículo 161 del mismo ordenamiento prevé: “el amparo podrá solicitarse por el presunto demandante antes de la presentación de la demanda, o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso”.

Al respecto el profesor Hernán Fabio López señala (1) :

“opera tan solo a petición de parte y podrá solicitarse aun antes de la presentación de la demanda o coetáneamente con ésta si lo va a invocar el demandante, o en el curso del proceso por cualquiera de las partes, lo cual evidencia a la luz del inciso primero del artículo 161 del CPC, que si el demandante no lo pidió antes o con la demanda, nada impide qué lo haga con posterioridad, advirtiéndose que este beneficio igualmente lo vemos aplicable a cualquier tercero que vaya a intervenir dentro del proceso porque la expresión “partes” se emplea en la más general y amplia acepción, como atrás se demostró”.

Precisamente el objeto de esta figura es garantizar, en condiciones de igualdad, el acceso a la administración de justicia, de aquellas personas que, por su precaria situación económica, ven limitada la posibilidad de materializar los derechos y garantías consagrados por el legislador.

De allí, como lo señala el artículo 163 del ordenamiento civil: “El amparado por pobre no estará obligado a prestar cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación, y no será condenado en costas”.

Caso Concreto

El 22 de septiembre de 2003, el actor presentó solicitud de amparo de pobreza con fundamento en los siguientes hechos:

“1. El señor Jesús Alirio Muñoz González estuvo vinculado como trabajador oficial en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y luego el Instituto Nacional de Vías, desde el 25 de febrero de 1974, hasta el 31 de diciembre de 2001, fecha en la cual fue desvinculado mediante la Resolución 4129 del 19 de julio de 2001, sin indemnización ni compensación alguna”.

(...)

“6. El señor Jesús Alirio Muñoz es una persona con 47 años de edad, lo que ha determinado la imposibilidad de conseguir un trabajo estable después de su desvinculación del Invías”.

“7. El señor Jesús Alirio Muñoz sufraga los gastos de manutención de su hogar conformado por su compañera, un hijo menor de edad, una hija de 18 años en edad escolar y un hijo de 22 años de edad con discapacidad del 100%”.

“8. La grave situación económica que está pasando el señor Jesús Alirio Muñoz determinó la imposibilidad de continuar pagando oportunamente las cuotas correspondientes al crédito hipotecario que asumió para adquirir el inmueble destinado para su vivienda familiar, por lo que el banco acreedor inició una acción ejecutiva, en virtud de la cual procedió a embargar y secuestrar el inmueble hipotecado”.

“9. Todas estas circunstancias han determinado la imposibilidad para el señor Muñoz González de conseguir los recursos necesarios para sufragar las expensas fijadas por el honorable tribunal como gastos de pericia en el proceso de la referencia” (fl. 4, cdno. 4)”.

Mediante auto de noviembre 19 de 2003, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud presentada por el demandante, dado que, a su juicio, dicha solicitud se hizo fuera del término legal, ya que el auto que decretó la prueba pericia y señaló los gastos del peritaje quedó en firme por no haberse interpuesto los recursos de ley.

Según el inciso 2 del artículo 161 del Código de Procedimiento Civil, el solicitante deberá afirmar bajo juramento, que se considerará prestado por la presentación de la solicitud, que no se encuentra en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos.

Por tanto, la única condición que impone la ley para que el juez declare la procedencia del amparo de pobreza, es que el demandante manifieste, bajo la gravedad del juramento, el cual se considera prestado con la presentación de la solicitud, que no se encuentra en condiciones de sufragar los gastos del proceso, sin que para nada importe, que el auto que decreta las pruebas e impone las cargas procesales haya sido impugnado o no, pues dicha exigencia no está contemplada por el ordenamiento jurídico, contrario a lo que piensa el tribunal.

No obstante lo anterior, en el presente caso, el actor allegó las siguientes pruebas, las cuales demuestran los supuestos de hecho que lo llevaron a formular la solicitud:

1. Copia de la Resolución 4129, proferida por el Instituto Nacional de Vías, Invías, el 19 de julio de 2001, que acredita la desvinculación del señor Muñoz González de dicha entidad (fl. 23 a 26, cdno. 2).

2. Fotocopia autenticada de la diligencia de secuestro del bien inmueble ubicado en la avenida 8º, calle 27 Nº 217-2, de propiedad del señor Jesús Alirio Muñoz González, ordenada por el Juzgado Promiscuo del municipio de Los Patios, Norte de Santander, el 26 de marzo de 2003 (fl. 50, cdno. 2).

3. Fotocopia simple de una certificación expedida por el Dr. Ricardo Lacruz Márquez, afiliado á “SaludCoop EPS”, según la cual Cristhian Leonel Muñoz Moncada, hijo de Alirio Muñoz González, presenta una discapacidad mental del ciento por ciento (fl. 49, cdno. 2).

4. Declaraciones extra proceso de Jesús Elí Sarabia Cañizares y Yebrail Solano Suárez, quienes dan fe de todos los hechos señalados por el de andante (fls. 51, 52, cdno. 2).

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que se dan los requisitos para la procedencia de la solicitud de amparo de pobreza formulada por el demandante, pues no solo se hizo de manera oportuna, sino que, además están debidamente acreditados los hechos en que se fundó la pretensión.

En consecuencia, la Sala revocará el auto de noviembre 19 de 2003, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó la solicitud de amparo de pobreza presentada por el demandante.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo

Resuelve:

REVÓCASE el auto de noviembre 19 de 2003, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó la solicitud de amparo de pobreza y, en su lugar,

CONCÉDASE el amparo de pobreza solicitado por el demandante.

Ejecutoriada esta providencia, remítase el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, y cúmplase

Magistrados: Ruth Stella Correa Palacio — Alier E. Hernández Enríquez — María Elena Giraldo Gómez — Ramiro Saavedra Becerra — Germán Rodríguez Villamizar.

(1) López Blanco, Hernán Fabio, Procedimiento Civil, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá. 2002, pág. 449.

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