Auto 27475 de junio 27 de 2007 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Quienes fueron empleados o directivos de la empresa no son sujetos activos de este delito.

EXTRACTOS: «Puede suceder, entonces, como ya lo ha dicho la Sala en repetidas oportunidades, que aun cuando el cargo exhiba una fundamentación lógica, coherente y entendible, si de la argumentación propuesta se extrae que no se precisa del fallo para cumplir con alguno de dichos fines del recurso extraordinario, está facultada para abstenerse de admitirlo, en desarrollo de lo normado en la última parte del artículo 184 del estatuto procesal.

Esa es la situación que ocurre en el caso concreto, particularmente en cuanto a la propuesta contenida en la primera parte del único cargo del libelo, concerniente al cuestionamiento que se construye en derredor del alcance jurídico que para el casacionista debe tener la calidad de sujeto activo del delito de utilización indebida de información privilegiada sancionado en el artículo 258 de la Ley 599 de 2000, con miras, según dice, a una real y efectiva protección del bien jurídico protegido.

Sin embargo, ocurre que aun cuando el reparo es absolutamente comprensible por cuanto atiende a la lógica en la presentación de las ideas y goza de adecuada argumentación, de su contexto no se infiere la necesidad de proferir el fallo, dado que la propuesta allí contenida, como acertadamente lo destacaron unánimemente los sentenciadores de instancia, quebranta de manera evidente el principio de legalidad, comoquiera que el tipo penal expresa una cualificación cerrada que no admite una extensión como la que propone el actor.

En ese orden de ideas, importa denotar que aunque la argumentación del libelista apunta a poner de manifiesto que al dejar por fuera de la represión contenida en el aludido tipo penal a los sujetos que han perdido la condición de empleados, directivos o miembros de juntas u órganos de administración de cualquier entidad privada, en quienes eventualmente permanecería latente el deber de confidencialidad con relación a la información privilegiada que obtuvieron por razón de su posición y que incluso la revelación de esos asuntos puede ocasionar perjuicio concreto a los dueños de la información, también lo es que el legislador, considerando la forma como se encuentra redactado el tipo penal, no estimó que una tal conducta ostente carácter delictivo.

Sobre el particular, conviene precisar que el derecho penal no se ocupa necesariamente de todos los comportamientos antijurídicos, por lo que una crítica de esa factura, podría decirse, encuadra más como crítica al legislador, quien dentro de su amplio espectro de configuración delictiva, no previó como tal una conducta que, desde el punto de vista del censor, tiene el mismo grado de lesividad al bien jurídico que la de los sujetos calificados descritos en el tipo penal, lo que no comporta necesariamente yerro de interpretación del fallador que pueda remediarse por la vía que ofrece el recurso extraordinario de casación.

Es por eso mismo que, ante la propuesta del actor, la Sala no ve la forma, aun aceptando en gracia de discusión el argumento referido, de acceder a su prédica sin vulnerar un postulado de la magnitud del principio de legalidad de los delitos y de las penas».

(Auto de 27 de junio de 2007. Radicación 27475. Magistrada Ponente: Dra. Marina Pulido de Barón).

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