Auto 2759 de abril 12 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO

CADA SECCIÓN PUEDE MODIFICARLA EN LO QUE LE CONCIERNE

EXTRACTOS: «Dijo el demandante que siendo que según el artículo 37, numeral 6º, de la Ley 270 de 1996, es atribución de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo conocer de los procesos que le remitan las secciones para cambiar o reformar la jurisprudencia de la corporación, la sección quinta “no tenía competencia para proferir la sentencia de segunda instancia en el sentido en que fue emitida, por cuanto ella constituye un cambio jurisprudencial frente a lo decidido por la misma sección para el caso de la nulidad de la elección de diputados del Cesar el 7 de diciembre de 2001”.

Pues bien, mediante el artículo 1º del Decreto 4120 de 1949 el Consejo de Estado fue dividido en dos salas, así: Sala de negocios generales y Sala de lo Contencioso Administrativo; y por el artículo 9º de la Ley 19 de 1958 fue creada una sala consultiva especializada denominada Sala de Servicio Civil.

Posteriormente, mediante el artículo 21 del Decreto 528 de 1964, se dispuso que el Consejo de Estado estaría dividido en dos salas, así: Sala de lo Contencioso Administrativo y Sala de Consulta y Servicio Civil, y fue suprimida la Sala de Negocios Generales; por el artículo 22, la Sala de lo Contencioso Administrativo fue dividida en cuatro salas o secciones, y se estableció, en el artículo 24 del mismo decreto, que esas cuatro salas o secciones funcionarían separadamente en el conocimiento de los respectivos negocios, salvo cuando se tratara de modificar alguna jurisprudencia, caso en el cual debían hacerlo conjuntamente, previa convocación hecha por la sala o sección que estuviera conociendo del asunto. Se advierte, al margen, que a partir de la creación de la Sección Quinta, mediante el artículo 3º de la Ley 14 de 1988, por el cual fue modificado el artículo 97 del Código Contencioso Administrativo, son cinco las secciones en que se encuentra dividida la Sala de lo Contencioso Administrativo; y así quedó establecido en el artículo 36 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia. 

Y mediante el artículo 2º de la Ley 11 de 1975, fue instituido el recurso de súplica contra los autos interlocutorios y las sentencias dictadas por una cualquiera de las secciones en los que, sin la previa autorización de la Sala Plena, se acogiera doctrina contraria a alguna jurisprudencia.

Posteriormente, por el artículo 130 del Código Contencioso Administrativo, como fue modificado por el artículo 21 del Decreto 2.304 de 1.989, se dispuso que el recurso de súplica procedía contra los autos interlocutorios y las sentencias de las secciones cuando sin la aprobación de la Sala Plena se acogiera doctrina contraria a la jurisprudencia de la corporación (2) .

(2) La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en providencia de 25 de marzo de 1981 advirtió que de conformidad con lo establecido en los artículos 24 del Decreto 528 de 1964 y 2º de la Ley 11 de 1.975, “la jurisprudencia cuya contradicción puede dar origen al recurso de súplica, no es otra que la interpretación adoptada por la antigua Sala de Negocios Generales o la acogida por la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado sobre un determinado aspecto jurídico” (Anales del Consejo de Estado t. C, núms. 469-470, pág. 528). Posteriormente, expedido el artículo 21 del Decreto 2304 de 1989, reiteró la Sala, en sentencia de 6 de marzo de 1990, que el recurso extraordinario de súplica solo tenía lugar cuando la jurisprudencia pretendidamente contrariada por una de las secciones estuviera contenida en sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo o de las extinguidas Sala de Negocios Generales y Sala de lo Contencioso Administrativo (Anales del Consejo de Estado t. CXVIII, pág 114); y en sentencia de 4 de julio de 1.991, que la jurisprudencia cuya contrariedad hacia procedente el recurso de súplica era la de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, no porque los pronunciamientos o interpretaciones o teorías aprobadas por una de las secciones no sean jurisprudencia, "sino porque la disposición se refiere a la circunscrita a los pronunciamientos de la corporación, y aquí corporación tiene la acepción específica de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo (Anales del Consejo de Estado t. CXXIV, primera parte, pág. 29). No fue ese el criterio del Consejero ponente de esta providencia, que fue del parecer de que habla recurso de súplica cuando las secciones acogieran doctrina contraria a la jurisprudencia de la corporación, sin distingos.

Estando así las cosas, fue expedida la ley 270 de 1.996, en cuyo artículo 37, numeral 6º, ya se dijo, se estableció que era atribución de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo conocer de los procesos que le remitieran las secciones para cambiar o reformar la jurisprudencia de la corporación, disposición coherente con la del artículo 130 del Código Contencioso Administrativo.

Es decir, que si según el artículo 130 del Código Contencioso Administrativo había recurso de súplica contra los autos interlocutorios y las sentencias de las secciones cuando sin la aprobación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo se acogiera doctrina contraria a la jurisprudencia de la corporación, era atribución de la Sala Plena conocer de los procesos que le remitieran las secciones para cambiar o reformar la jurisprudencia de la corporación.

Pero el recurso extraordinario de súplica, tal como existía entonces, fue suprimido por el artículo 38 de la ley 446 de 1.998, mediante el cual fue modificado nuevamente el artículo 130 del Código Contencioso Administrativo (3) .

(3) Hoy, según lo establecido en el artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, incorporado mediante el artículo 57 de la Ley 446 de 1.998, existe el recurso extraordinario de súplica, que procede contra sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones o subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y es causal de ese recurso la violación directa de normas sustanciales, por aplicación indebida, falta de aplicación o interpretación errónea. Como es advierte, se trata de un recurso sustancialmente distinto del que, con el mismo nombre, existía hasta entonces. 

Siendo así, el artículo 37, numeral 6º, de la Ley 270 de 1.996, aunque vigente, es hoy ineficaz, por la supresión de ese recurso de súplica, presupuesto necesario de esa disposición.

No es verdad, pues, que las distintas secciones en que se divide la Sala de lo Contencioso Administrativo no sean competentes para modificar la jurisprudencia, en lo que les concierne».

(Auto de 12 de abril de 2002. Expediente 2759. Consejero Ponente: Dr. Mario Alario Méndez).

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