Auto 27608 de junio 29 de 2007 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

LA AUDIENCIA PREPARATORIA EN RELACIÓN CON ASPECTOS PROBATORIOS

Las estipulaciones probatorias se refieren a hechos.

EXTRACTOS: «Sistemáticamente, entonces, es posible advertir en la audiencia preparatoria, para lo que compete exclusivamente al campo probatorio, una serie ordenada y consecutiva de pasos, que así pueden delimitarse:

1. Pronunciamiento acerca del descubrimiento probatorio previo.

Dado que en curso de la audiencia de formulación de acusación, el juez, por solicitud de la defensa, pudo imponer a la fiscalía la obligación de darle a conocer, dentro de los tres días siguientes a la culminación de la diligencia, uno, varios o todos los elementos materiales probatorios, evidencia física o informes relacionados en el escrito de acusación (L. 9056/2004, art. 344, inciso primero), la audiencia preparatoria se abre consultando a la defensa acerca del cumplimiento, por parte de la fiscalía, de lo dispuesto respecto del descubrimiento en cita.

2. Descubrimiento.

Esa obligación de descubrimiento que para la fiscalía operó en curso de la audiencia de formulación de acusación, surge para la defensa, en respeto del principio de igualdad de armas, al comienzo de la audiencia preparatoria, pero no para que, como sucedió en la diligencia examinada, se ocupe el defensor de señalar cuáles serán las pruebas que hará valer en el juicio —ya que ello ocurre en un momento subsecuente como se verá más adelante—, sino con el específico propósito de poner en conocimiento de las otras partes e intervinientes, sus “elementos materiales probatorios y evidencia física”, conforme lo delimita el numeral 2º del artículo 356 del Código de Procedimiento Penal y dentro de la definición que para estos medios suasorios contempla el artículo 275 ibídem.

3. Enunciación.

Cuando ya las partes conocen los elementos materiales probatorios y evidencia física de su contraparte, dan a conocer, conforme su particular teoría del caso, evidentemente planteada también con base en lo que se sabe ha recogido esta, cuáles serán las pruebas que aducirán en el juicio —vale decir, las que allí se practicarán, por lo general de carácter testimonial, y los elementos materiales probatorios y evidencia física a aportar—, sin establecer respecto de ello ningún tipo de argumentación de conducencia o pertinencia, sencillamente porque el objeto de la enunciación no es otro distinto a permitir el conocimiento de la contraparte, que faculte la etapa siguiente de estipulaciones probatorias.

4. Estipulaciones probatorias.

Cuando ya las partes conocen qué es lo pretendido introducir en el juicio como prueba por su contraparte, conforme lo ocurrido en el momento de la enunciación, es factible llegar a acuerdos respecto de los hechos y la forma de probarlos, con el claro cometido de evitar juicios farragosos con una práctica probatoria inane o reiterativa que atenta contra los principios de eficiencia y celeridad propios de la sistemática acusatoria.

En este punto, la Corte quiere relevar, acorde con lo dispuesto en el parágrafo del ordinal 4º del artículo 356 de la Ley 906 de 2004, que lo estipulado u objeto de estipulación por las partes, no es una determinada prueba, o mejor, elemento material probatorio, evidencia física o informe, sino un hecho concreto, razón por la cual asoma impropio, como sucedió con varias de las estipulaciones presentadas ante el tribunal por las partes, significar estipulados aspectos tales como el contenido de un registro de audio o una certificación, en tanto, lo que se busca con este mecanismo es dar por probado algo —hechos o sus circunstancias, como relaciona la norma— propio del objeto del debate, que se sustenta, es necesario resaltarlo, con uno o varios medios de prueba, para efectos de que no se haga necesario demostrar ese tópico.

Y si ello es así, esto es, que se estipuló probado un determinado hecho o circunstancia, desde luego que asoma improcedente solicitar o aceptar la práctica de pruebas que tiendan a demostrar o desvirtuar ese aspecto.

Precisamente, algo de ello ocurrió en la audiencia que se analiza, pues, en lugar de estipularse como hecho probado lo certificado por uno de los testigos, se estipuló la dicha certificación —en este caso el medio y no el fin— lo que generó posterior confusión, destacada por la representación de la víctima cuando, en uso del recurso de reposición, advirtió que debían desecharse, por improcedentes, las pruebas pedidas y admitidas que se derivan de la dicha certificación.

No es entonces, para clarificar con un ejemplo, que si las partes dan por demostrada la causa violenta de la muerte con arma de fuego e incluso el tipo de artefacto utilizado para el efecto, se estipule el informe de necropsia o la diligencia de inspección judicial del cadáver, o el informe de hoplología, sino el hecho concreto, vale decir, que el occiso pereció consecuencia de dos disparos infligidos con un arma de fuego del calibre 38 recogida en el lugar de los hechos, y ello se sustenta con los informes en cuestión, que para el efecto se anexan a la estipulación introducida como prueba en la audiencia del juicio oral. No es posible, entonces, que se soliciten o admitan pruebas, en el momento subsecuente de la audiencia preparatoria, encaminadas a demostrar o desvirtuar ese punto, que ya se entiende demostrado.

5. Solicitud y controversia probatorias.

Ya decantado, por ocasión de las estipulaciones probatorias, qué de todo lo enunciado anteriormente, efectivamente habrá de llevarse al juicio para soportar la teoría del caso de las partes, estas tienen la obligación de solicitar al juez de conocimiento su aducción —artículo 357 de la Ley 906 de 2004—, con mención expresa de su pertinencia —artículo 375 ibídem—.

Es este el momento procesal en el cual se refiere por el solicitante lo relativo a la admisibilidad, conducencia y pertinencia de cada uno de los medios pretendidos introducir en el debate oral, en razón a que a través de su argumentación —que se entiende carga procesal de quien invoca la prueba— se faculta la controversia y contradicción de las otras partes e intervinientes.

En efecto, el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal, expresamente postula

“Las partes y el Ministerio Público podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, de conformidad con las reglas establecidas en este código, resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba”.

Esta facultad, inserta profundamente en el derecho de defensa y su correlato de contradicción, solo puede ser ejercida, no apenas porque así lo consagre el legislador dentro del derrotero antecedente consecuente consagrado en la Ley 906 de 2004, sino porque la lógica probatoria así lo impone, luego de que se ha hecho la postulación argumental de quien solicita la práctica del medio suasorio y, huelga anotarlo, previo al pronunciamiento del juez de conocimiento aceptando o negando su práctica, en el entendido, como se anotó al inicio, de que la decisión resuelve la controversia planteada por los contrarios.

Por ello, la norma citada —artículo 359—, luego de significar la posibilidad de que las partes controviertan la solicitud probatoria de la contraparte, establece para el juez los factores que deben regular su decisión de admisión o inadmisión, significando finalmente que contra la inadmisión, rechazo o exclusión, proceden los recursos ordinarios.

6. Trámite de los recursos.

En primer término, es necesario relevar que la interposición de los recursos ordinarios de reposición y apelación demandan de legitimidad o interés a cargo de quien postula el medio impugnatorio.

Ello, en el caso concreto, para destacar que necesariamente la parte recurrente debe haber manifestado en el momento procesal adecuado su inconformidad o conformidad con el elemento aceptado o excluido por el juez de conocimiento.

En otras palabras, si durante el momento de la solicitud y controversia probatorias, la parte que solicitó la prueba argumentó acerca de su conducencia, pertinencia y admisibilidad, y ello no fue objeto de contradicción por la contraparte, haciendo al tribunal la solicitud que regula el inicio del artículo 359 atrás relacionado, mal puede después, cuando el funcionario decretó su práctica, impugnarse la decisión.

Y, desde luego, asoma completamente impropio e irregular que el medio impugnatorio se utilice para facultar la controversia entre las partes respecto de las solicitudes probatorias, cuando lo ocurrido es que se obvió este momento procesal, entre otras razones, porque con ello se priva a los interesados de uno de los mecanismos de controversia por antonomasia, dentro de la sistemática acusatoria, operando apenas por el camino residual la posibilidad de desvirtuar los argumentos planteados por el solicitante.

Finalmente, para delimitar lo previamente reseñado en los términos de la nulidad desde el comienzo anunciada, es necesario advertir que el tribunal no adelantó adecuada y sistemáticamente la tramitación propia de la audiencia preparatoria, facultando con ello que se presentasen algunas irregularidades, una de las cuales, la omisión en permitir que las partes e intervinientes controvirtieran la solicitud probatoria de la contraparte, afectó directamente el debido proceso, derecho de defensa y su correlato de contradicción, de una manera tan profunda que solo es posible reparar el agravio a través del recurso extremo de la nulidad.

Mírese cómo, además de impedirse que por vía directa, dentro del momento procesal adecuado, las partes controvirtieran o se opusieran a la solicitud probatoria, en el asunto examinado ni siquiera por el camino indirecto de los recursos fue posible que una dicha práctica tuviese trascendencia material, dado que el tribunal rechazó el recurso de reposición interpuesto para abrir el espacio necesario en aras de solicitar se inadmitieran algunos de los medios suasorios deprecados.

No fue posible, así, para citar un solo ejemplo paradójico, que a pesar de convenir la defensa —véase el minuto 30 y 44 segundos del registro Nº 3 de la audiencia—, por virtud del recurso que en contra de la admisión de una de las pruebas solicitadas por este, presentó la representación de la víctima, en que el testimonio asomaba impertinente por ocasión de una estipulación probatoria previa, el mismo, ante la decisión del tribunal de rechazar el recurso de reposición, quedó completamente vigente para allegar en el juicio.

En seguimiento, entonces, de lo dispuesto en el artículo 457 de la Ley 906 de 2004, la Sala decreta la nulidad de lo actuado, a partir del momento de la audiencia preparatoria en el cual las partes presentaron las estipulaciones probatorias, para efectos de que se rehaga la tramitación, particularmente, como se dijo en precedencia, para facultar que las partes controviertan las solicitudes probatorias de su contraparte y luego de la decisión de admitir o inadmitir los medios deprecados, se permita interponer los recursos ordinarios, en el segundo caso, o el horizontal de reposición, en el primero.

Esta decisión se notifica en estrados. De inmediato se enviará lo actuado a la Sala de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá, para lo de su cargo».

(Auto de 29 de junio de 2007. Radicación 27608. Magistrado Ponente: Dr. Sigifredo Espinosa Pérez).

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