Auto 27612 de junio 13 de 2007 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

APELACIÓN DE DECISIONES DEL JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS

Juez competente para resolverla.

EXTRACTOS: «Define la Sala la competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos condenados José Herminsul Cuervo Rubio, Manuel Hurtado y Willinton Moreno, contra la decisión del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia que les negó la libertad condicional. [...].

Para resolver se atenderán los siguientes presupuestos:

1. Los hechos ocurrieron el 15 de junio de 2005; la actuación sobre la cual gravita la discusión se adelantó integralmente con el régimen procedimental de la Ley 906 de 2004, porque en el Distrito Judicial de Pereira ya regía el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal.

2. Aun cuando el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira con funciones de conocimiento propuso colisión negativa de competencia a la Sala Penal del Tribunal de Armenia, previa remisión de la actuación al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad, la institución que gobierna esta controversia en la Ley 906 de 2004 es la definición de competencia.

3. El juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad remitió el recurso de apelación contra su decisión de negar la libertad condicional a los ciudadanos condenados al juzgado que profirió el fallo condenatorio, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 34.6 y 478 de la Ley 906 de 2004, el primero que refiere a la competencia de las Salas penales de los tribunales y el segundo, que señala:

“ART. 478—Decisiones. Las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación, son apelables ante el juez que profirió la condena en primera o única instancia”.

4. El juzgado penal del circuito con funciones de conocimiento de Pereira refutó al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad e interpretó que la norma que define el punto es el artículo 34.6 de la Ley 906 de 2004 que señala que las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial conocen:

“6. Del recurso de apelación interpuesto contra la decisión del juez de ejecución de penas”.

La Sala advierte que la disputa plantea una aparente incompatibilidad entre dos normas del mismo estatuto procedimental.

Obsérvese.

El artículo 34.6 ibídem asigna a las salas penales de los tribunales superiores el conocimiento del recurso de apelación interpuesto contra la decisión del juez de ejecución de penas.

En extremo distinto, el artículo 478 del mismo cuerpo normativo establece que cuando las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, en relación con mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad son apelables ante el juez que profirió la condena en primera o única instancia.

La resolución del aparente conflicto normativo reclama la atención hacia los criterios generales de interpretación de las normas procesales.

Sobre el particular, la Ley 57 de 1887 enseña:

“ART. 5º—Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá aquella.

Si en los códigos que se adopten se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes:

1. La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general.

2. Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad, y se hallen en un mismo código, preferirá la disposición consignada en el artículo posterior...”.

El caso leído a través de la pauta en precedencia indica que el competente para conocer del recurso de apelación es el Juez Primero Penal del Circuito de Pereira, con funciones de conocimiento, que profirió el fallo condenatorio.

El artículo 34.6 consagra la regla general de competencia de los tribunales para conocer de los recursos de apelación contra las decisiones de los jueces de ejecución de penas; no obstante, el artículo 478, norma posterior dentro del mismo código, contiene una circunstancia de concreción y exactitud referida a las decisiones que adoptan estas mismas autoridades, pero sobre mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, en cuyo caso se aplica la regla de competencia especial para los sentenciadores de primera o única instancia.

El artículo 478 de la Ley 906 de 2004 preceptúa una excepción al factor funcional de competencia de los tribunales en lo que tiene que ver con los recursos de apelación contra las decisiones del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad relativas a los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación.

La controversia se dirime por el principio de especialidad de la norma procesal, a la que auxilia el criterio del precepto posterior, porque el artículo 478 ejusdem que se revisa hace parte del libro IV, que desarrolla única y específicamente la temática de la ejecución de la sentencia.

Adicionalmente, la norma examinada en concreto escinde de la multiplicidad de materias de las que conocen los jueces de ejecución de penas —redención de penas, acumulación jurídica de penas, aplicación de penas accesorias, libertad vigilada, extinción de la condena, entre otras— aquellas que deciden sobre los mecanismos sustitutivos privativos de la libertad; lo que devela que por excepción y especialidad, estos temas son del conocimiento del juez que profirió la condena.

El asunto por resolver no puede definirse con categorías de conveniencia o funcionalidad, como lo expone el juez que profirió el fallo, porque la competencia es una categoría procesal que se corresponde con el principio de la legalidad.

La pena y su régimen de ejecución y vigilancia no son ajenos a este principio, el cual comprende, también, al juez natural de estos asuntos, con fundamento en la preceptiva superior (art. 29, inc. 3º). Entonces, a menos que se trate de un supuesto de hecho que obligue a aplicar la excepción de legalidad del artículo 6º, no podrá invocarse ley procesal distinta a la vigente al tiempo de la actuación procesal.

Conclusión: respecto de las decisiones que adoptan los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, el competente, por mandato expreso, concreto y posterior de la Ley 906 de 2004, es el juez que profirió la condena en primera o única instancia, siempre y cuando la actuación se haya iniciado y adelantando, en su integridad, con el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal.

Así las cosas, la competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la decisión del Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia, que negó la libertad condicional a los ciudadanos condenados, es el juez primero penal del circuito, con funciones de conocimiento, de Pereira, que los sentenció el 15 de julio de 2005 como autores del delito de rebelión».

(Auto de 13 de junio de 2007. Radicación 27612. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón).

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