Auto 28 de marzo 18 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

PROCESO DE DECLARACIÓN DE MUERTE POR DESAPARECIMIENTO

CONTROVERSIA SOBRE CUÁL ERA EL ÚLTIMO DOMICILIO DEL DESAPARECIDO

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel Ardila Velásquez

Ref.: Expediente 2002-0028-01

Bogotá, D.C., dieciocho de marzo de dos mil dos.

Decide el conflicto de competencia que enfrenta a los juzgados primero promiscuo de familia de Magangué (Bolívar) y promiscuo de familia de Planeta Rica (Córdoba), para conocer del proceso de jurisdicción voluntaria de declaración de muerte por desaparecimiento de Gustavo Manuel Álvarez y Martha Elena Muñoz de Posada.

Antecedentes

María Amalia Posada de Carrera, como guardadora de los menores Gustavo Enrique y Jerónimo Posada Muñoz, inició proceso de jurisdicción voluntaria de declaración de muerte por desaparecimiento de Gustavo Manuel Posada Álvarez y Martha Elena Muñoz Posada.

El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Magangué (Bolívar) por auto de 6 de febrero de 1998 admitió la demanda.

Por haber llegado a la mayoría de edad, Gustavo Enrique Posada Muñoz constituyó nuevo apoderado, quien en escrito del 10 de septiembre de 2001 pide que el proceso sea remitido al juzgado promiscuo de familia de Planeta Rica, por haber sido ese municipio el asiento principal de los negocios del desaparecido Gustavo Manuel Posada Álvarez.

Ante esta solicitud el juzgado primero promiscuo de familia de Magangué y con el argumento de que “aún no se encuentra trabada la litis con las respectivas publicaciones edictales”, en auto de 26 de octubre de 2001, se declaró incompetente y ordenó la remisión del proceso al juzgado de Planeta Rica, despacho que por estimar no ser el competente, promovió el conflicto negativo.

Se procede a dirimir el conflicto mencionado, de conformidad con los artículos 28 del Código de Procedimiento Civil y 16 de la Ley 270 de 1996.

Consideraciones

La ley contempla un fuero especial para los procesos de jurisdicción voluntaria de declaración de ausencia o de muerte por desaparecimiento de una persona en el literal b del numeral 19 del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil al disponer que de ellos “... conocerá el juez del último domicilio que el ausente o desaparecido haya tenido en el territorio nacional...” (se resalta). Esta disposición es acorde con el numeral 1º del artículo 97 del Código Civil.

El caso de ahora suscita el interrogante de qué hacer cuando se cuestione ese postrer domicilio del ausente o desaparecido, pues que, como es más que comprensible, muy rara vez se presentará polémica tal en un proceso de jurisdicción voluntaria, por supuesto que los interesados en adelantarlo obran armónicamente y casi nunca se les ve encarados, esto es, en un escenario donde los intereses, antes que contraponerse, se suman. Siendo así, harto comprensible también es que el legislador no hubiese parado mientes en el asunto.

Viene a resultar, empero, que el punto no es de tan poca monta como de primera intención pareciera, tanto más en tratándose de procesos como el que acá se ventila, en donde, acaso como en ningún otro, necesarísimo es que su adelantamiento ocurra efectivamente en el último domicilio del ausente o desaparecido, por supuesto que la naturaleza y los efectos de declaración semejante así lo proclaman sin ningún género de duda. Ni para qué decir que la muerte es cosa seria como para andar suponiéndola perfunctoriamente. Si de por medio se halla el estado civil, es apenas obvio que se extremen las medidas para que el trámite de donde dimane decisión tan importante se cumpla de veras en el último domicilio de la persona. Sí. En ese lugar que, por ser aquél donde se relacionaba, realizaba su actividad y, en suma donde como ser humano desarrollaba su condición gregaria, es más factible dar con el paradero de la persona que habrá, llegado el caso, de suponerse muerta.

Así debe suceder, sin reserva de ninguna especie. Por modo que allí ha de impedirse hasta donde sea posible que ocurra el fenómeno del alargamiento o prórroga que de la competencia territorial se tolera en otros campos, sencillamente porque ni posibilidad hay de un eventual asentimiento de quien señala previamente que desapareció.

Todo para indicar que la polémica en torno al asunto sí es de recibo en este tipo de juicios y que, subsecuentemente, cuando, como aquí se presenta, el juzgador no escatimará esfuerzo alguno en pos de alcanzar la verdad.

Ya para la disputa que en concreto concierne al caso en estudio, nótese cómo después de haberse recibido a trámite la demanda por el juzgado de Magangué, vino a decirse que el último domicilio radicaba en Planeta Rica. Y sin más, tal juzgado fue desprendiéndose de la competencia, como si en el punto bastase simplemente con afirmar, y por ahí derecho entender entonces que pesa más esa aserción que la que contrariamente figura en la demanda y que fue precisamente la que ab initio le entregara competencia. No otra cosa es la que corresponde inferir si es que hasta desdeñó la actividad probatoria que el propio peticionario pretendió ofrecerle en aras de acreditar lo que afirmaba. En una palabra, infundadamente se deshizo de la competencia.

Si, pues, la controversia planteada por uno de los interesados, que, por lo dicho arriba, no es de rehusarse por el simple hecho de que se trate de un proceso de jurisdicción voluntaria, no recibió ningún tipo de trámite adecuado que condujera a esclarecer cuál fue en realidad el último domicilio de las personas desaparecidas, derívase como colofón que la situación reflejada en la demanda incoativa del juicio no ha sufrido alteración alguna y que, por lo pronto, la competencia territorial allí señalada radica en Magangué, como así se declarara.

No está de más elucidar que se habla de trámite adecuado, para subrayar que en todo caso debe dejarse a salvo el principio constitucional del derecho de defensa, en donde, por consiguiente, sean escuchados todos los interesados, y se practiquen las pruebas necesarias para ello.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que compete al juzgado primero promiscuo de familia de Magangué seguir conociendo del aludido proceso de jurisdicción voluntaria, por lo que se le enviará de inmediato el expediente, comunicándose mediante oficio lo aquí resuelto al juzgado promiscuo de familia de Planeta Rica. Todo sin perjuicio de las salvedades consignadas en la fundamentación de este proveído.

Notifíquese.

Nicolás Bechara Simancas—Manuel Ardila Velásquez—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros—Silvio Fernando Trejos Bueno. 

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