Auto 29002 de marzo 31 de 2008 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

ACEPTACIÓN DE CARGOS POR EL IMPUTADO

El acta de allanamiento o preacuerdo se convierte en el propio escrito de acusación.

EXTRACTOS: «La ley procesal tiene prevista la posibilidad de que imputado y Fiscalía —una vez celebrada la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación— preacuerden el contenido de los cargos con miras a finiquitar abreviadamente el proceso prescindiendo de algunos trámites y de contradicción probatoria.

Esta alternativa y variante como mecanismo de aceleración de las actuaciones procesales penales, está expresamente reglado en capítulo único del título II del Código de Procedimiento Penal, resaltando la doctrina de la Sala el carácter imperativo y poder vinculante que para el juez tienen esos proyectos de convenios en tanto no sean desconocedores de las garantías fundamentales, mientras que para el imputado que los asume implica su irretractabilidad, una vez impartida aprobación por el juez de conocimiento.

7. Una forma de dicha retractabilidad lo es precisamente la reclamación de beneficios que no han sido expresamente negociados o pactados con la Fiscalía y que por desbordar el marco de referencia contenido en el acta preacordada, se hacen indemnes de cualquier impugnación, pues si el fallo se emite con sujeción a los términos del texto convenido es equivocado valerse de cualquier argumento para discutir su perfecta congruencia con el mismo.

Por ello bien se ha señalado que el consenso reflejado en el acta de preacuerdo, es excluyente de cualquier posibilidad de controvertir la decisión del juez cuando este edifica la sentencia con apego a los términos acordados, pues cualquier opugnación a la misma lleva implícita una retractación del acuerdo.

8. El acta de preacuerdo en el caso concreto únicamente previó de manera expresa una reducción en el 50% de la sanción privativa de la libertad que se llegare a imponer por los delitos imputados. Nada más. Al tiempo que bien advirtió “previamente a cualquier consideración”, en el propio texto acordado, “que en ningún caso tendrán valor alguno las conversaciones que se adelanten para llegar al propósito de esta diligencia”.

Siendo ello así, de nada vale que el actor aduzca un pretendido acuerdo al margen del propio texto preacordado, o que infiera el mismo por la intervención de la Fiscalía en desarrollo de la audiencia —en procura de obtener la suspensión condicional de la ejecución de la pena—, toda vez que sencillamente cualquier interpelación de los diversos sujetos, incluido el de la Fiscal 257 seccional actuante, no está en posibilidad de sustituir o modificar —a posteriori— el texto del acta preacordada, todo lo cual, por el contrario, conduce a entender en el reproche esbozado un típico caso de retractación del acto que, como ya se dijo, genera una carencia de interés que hace inepta la demanda para los propósitos de la casación, debiendo por ende la misma ser inadmitida.

Ahora bien, como la posibilidad de retractación se predica tanto del imputado como del fiscal (“de alguno de los intervinientes” CPP, art. 293), a este ultimo —al igual que aquel— le está vedado hacerlo una vez el juzgador imparta aprobación al acuerdo, como igualmente les está prohibido —una vez suscrita la respectiva acta— añadir, ampliar o robustecer el acuerdo a través de un escrito complementario o del escrito de acusación (de cuya necesidad para el caso se ocupará la Sala más adelante) pues no ha de olvidarse que pactado el convenio y rubricado por las partes, el contenido del acta se convierte por ministerio de la ley en acusación, en la medida en que por asimilación legislativa así se reguló normativamente al no poderse emitir sentencia condenatoria sin acusación previa.

En punto a la práctica de exigir (por parte de algunos jueces) o de elaborar (por iniciativa de algunos fiscales) escrito de acusación una vez pactado el acuerdo, consignado en el acta y suscrita esta, al igual que signada la que contiene un allanamiento, ningún fundamento legal tiene tal procedimiento y mucho menos ofrece efectos prácticos, como pasa a verse.

En efecto, de conformidad con el artículo 293 del Código de Procedimiento Penal la aceptación de imputación, bien por allanamiento (“iniciativa propia”) o “por acuerdo con la Fiscalía”, comporta que lo actuado hasta ahí sea “suficiente como acusación”, consecuencia esta que —para estos efectos— permite asimilar las dos formas de terminación abreviada. Ahora, si se trata de la especie de la negociación, es clara la ley al precisar que el escrito de acusación (propio del desarrollo cabal del esquema procesal) lo será el propio preacuerdo: “obtenido este preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación” (art. 350, inc. 1º se destaca), libelo del cual necesariamente hará parte —entre otros factores— la rebaja de pena que —hasta la mitad— se haya pactado, desde luego en aquellos casos en los cuales de la negociación haga parte el descuento punitivo, pues no hay duda que el convenio puede girar alrededor de temas distintos, como la pena a imponer, los subrogados a reconocer la variación ventajosa de la tipicidad, la eliminación de agravantes, el reconocimiento de atenuantes, la supresión de un cargo específico, etc. Si se pacta el monto de la reducción de la pena ese aspecto del acuerdo “se consignará en el escrito de acusación” (art. 351, inc. 1º), que no es otro —como ya se comprobó— que el mismo preacuerdo, conforme al reseñado artículo 350.

Ahora, la inutilidad de un escrito de acusación de cara a un acta de allanamiento o de preacuerdo es evidente, dado que en el cuerpo de esta (conforme sucede con la acusación) deben consignarse la individualización de los acusados, la relación de los hechos jurídicamente relevantes, la relación de bienes y recursos afectados con fines de comiso, y —en particular— todas las circunstancias de agravación que modifiquen límites punitivos, así como las de mayor punibilidad, unas y otras tanto fáctica como jurídicamente expresadas, pues de no, resultan de imposible aplicación por parte del juez en la sentencia, conforme a reiterada y pacífica doctrina de la Corte. Al fin y al cabo los requisitos del escrito de acusación antes reseñados (CPP, art. 337) deben formar parte del preacuerdo, en la medida en que este es el equivalente a la acusación y que sirve de referente a la congruencia con la sentencia y a su vez en marco dentro del cual el sentenciador proferirá la condena.

Pero hay algo más: ¿cuál es el fin de ese inútil escrito de acusación? de él no se entrega copia a las parte conforme el artículo 337 in fine; de él no se corre traslado pues ni existe audiencia preparatoria, que es el escenario natural para ello, según el artículo 339; él no va a servir de guía para la contabilización de los términos de libertad, a voces del artículo 317 —numerales 4º y 5º—; de él no se predican los requisitos sustanciales para acusar, como son que con base en la información procesal se pueda afirmar con probabilidad de verdad la existencia de la conducta y la calidad de autor o partícipe, porque tales atributos se predican de la aceptación de cargos; en fin, de ese escrito sobreviniente al acta no se genera consecuencia procesal alguna, pues tales efectos se pregonan es del acta contentiva de la aceptación de cargos.

En cambio sí, su elaboración puede comportar consecuencias indeseadas, como cuando un fiscal lo presenta tardíamente ante el juez, o como cuando a través de él se pretendan incluir agravantes o atenuantes, o —en fin— se busque modificar los términos del preacuerdo. Más grave sería, por ejemplo, que allanado el imputado (y verificada por el juez de garantías la preservación de las mismas), el fiscal introdujera alguna modificación a la tipicidad, o se refiriera a la pena o algún subrogado, todo ello —desde luego— por fuera del marco de su competencia, pues no ha de olvidarse que suscrita el acta (de allanamiento o de preacuerdo) tanto fiscal como juez de garantías pierden competencia para seguir actuando, pues lo hasta ahí adelantado debe remitirse al de conocimiento para que cite a audiencia de individualización de pena (en el primer caso) o audiencia de aprobación del acuerdo si se trata de preacuerdo.

En síntesis, aceptados los cargos por un imputado (por cualquiera de las especies) ni el juez puede exigir, ni el fiscal está obligado a elaborar escrito de acusación, pues el fallador deberá actuar con base en la acusación que llega a su conocimiento, que no es distinta al acta de allanamiento o preacuerdo».

(Auto de 31 de marzo de 2008. Radicación 29002. Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Gómez Quintero).

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