Sentencia 29075 de mayo 19 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 29075

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Aprobado acta 162

Bogotá, D.C., diecinueve de mayo de dos mil diez.

Se pronuncia la Corte sobre las pretensiones probatorias presentadas por los defensores de los ciudadanos Gilma Patricia Gaviria Palacio, Carlos Alberto Bedoya Marulanda, Alexander Vallejo Echeverry, Omar Tobón Echeverry, Jaime Alberto Angulo Osorio Y Francisco Antonio Angulo Osorio; por el Procurador Primero Delegado para la Investigación y el Juzgamiento Penal; y por el Fiscal Quinto especializado de la unidad nacional de derechos humanos y derecho internacional Humanitario, dentro de la acción de revisión instaurada por este contra la sentencia proferida el veinticinco de julio de dos mil uno por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante la cual confirmó la absolución dispuesta por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de esa ciudad a favor de aquellos, por el concurso de delitos de homicidio agravado e infracción al artículo 1º del Decreto 1194 de 1989.

1. Hechos.

La cuestión fáctica fue declarada por el juzgador de la manera siguiente:

“El conocido defensor de los derechos humanos, doctor Jesús María Valle Jaramillo, venía denunciando sistemáticamente los que consideraba atropellos y desmanes de grupos paramilitares liderados por Carlos Castaño Gil, y se valía para ello de los distintos medios informativos y noticiosos radiales y televisivos. Y denunció específicamente, entre otros casos, unas masacres campesinas presentadas en veredas y corregimientos del municipio de Ituango, de donde era oriundo, a la vez que divulgó —como lo venía haciendo— que esos delitos tenían la connivencia del Ejército y la Policía Nacional.

“Este defensor de los derechos humanos en Antioquia se convirtió en objetivo militar de los grupos de autodefensa que operaban en la misma región, porque estos lo consideraban un estorbo y había que eliminarlo. Como lo dijo el fiscal apelante, el fallecimiento de manera violenta del doctor Valle Jaramillo obedeció, ni más ni menos, a la culminación decidida de Castaño y sus grupos de acabar con su ‘problema’. Fueron —dice— ‘el móvil de su muerte’, la que tuvo ocurrencia el 27 de febrero de 1999 cuando dos sicarios irrumpieron en su oficina de abogado del edificio colón, oficina 405, en la ciudad de Medellín, promediando el día y, después de vencer la voluntad de los asistentes, entre ellos, Valle Jaramillo, y de hacerlos tender boca abajo, le descerrajaron a este en la cabeza una pistola con silenciador para evitar que las gentes se dieran cuenta. Luego, desaparecieron, en tanto que los sometidos que quedaron vivos, entre ellos, una hermana de aquel, se desataron las amarraduras que les pusieron los sicarios y dieron a conocer los hechos”.

2. La demanda.

Con apoyo en la causal tercera de revisión, de que trata el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal de 2000, y lo precisado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-004 del 20 de enero de 2003, mediante la cual declaró exequible el numeral 3º del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, la Fiscalía Quinta de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, designada al efecto por el Fiscal General de la Nación mediante Resolución 0112 del 15 de enero de 2008, solicita la revisión de la sentencia proferida por el juzgador de segunda instancia, a través de la cual confirmó la dictada el 15 de marzo de 2001 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín.

En relación con el motivo de revisión que aduce, manifiesta que se apoya en lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-04 de 2003 proferida el 20 de enero de 2003, mediante la cual declaró exequible el numeral 3º del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento Penal, en el entendido de que “la acción de revisión por esta causal también procede en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria, siempre y cuando se trate de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, y un pronunciamiento judicial interno, o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, haya constatado la existencia del hecho nuevo o de la prueba no conocida al tiempo de los debates. Igualmente, y conforme a lo señalado en los fundamentos 34, 35 y 37 de esta sentencia, procede la acción de revisión contra la preclusión de la investigación, la cesación de procedimiento y la sentencia absolutoria, en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, incluso si no existe un hecho nuevo o una prueba no conocida al tiempo de los debates, siempre y cuando una decisión judicial interna o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, constaten un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma seria e imparcial las mencionadas violaciones”.

Agrega que “es esta y no otra, la razón para recurrir por la vía de revisión, al máximo organismo de justicia, teniendo en cuenta la gravedad del hecho, las circunstancias que rodearon la ejecución del mismo, tratándose de graves violaciones a los derechos fundamentales, para el caso la vida de cuatro personas, entre ellas un ser humano que presentaba profundos desajustes de naturaleza mental”.

En cuanto tiene que ver con lo que en la demanda se denomina “fundamentos de hecho y de derecho”, precisa que la comisión interamericana de derechos humanos, el 16 de octubre de 2006 presentó el informe número 75/06, dentro del caso 12.415, en el que le formula una serie de recomendaciones al Estado colombiano, entre otras la de llevar a cabo una investigación imparcial y exhaustiva con el fin de juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales del homicidio cometido contra el defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, reparar a los familiares por el daño inmaterial sufrido en virtud de las violaciones a la convención interamericana establecidas en el informe, y recuperar la memoria histórica del inmolado líder de derechos humanos.

Anota que en el informe se señala que el Estado colombiano era responsable por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal y la protección de Jesús María Valle, consagrados en la convención americana sobre derechos humanos, en perjuicio de la víctima y sus familiares, los dos testigos del homicidio, así como del señor Carlos Fernando Jaramillo.

Considera necesario precisar, “que durante el devenir procesal dentro de los radicados 122 —Caso la Granja— y 1510, homicidios cometidos en Ituango entre octubre de 1996 y enero de 1998, se recopiló abundante material probatorio que de manera irrefutable ubica a los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, como los verdaderos responsables de haber llevado a Ituango el grupo paramilitar que perpetró la masacre del Aro, y los homicidios entre las fechas antes anotadas. En consecuencia, las pruebas sobrevinientes son abundantes y de contenido”.

Como prueba de los fundamentos de su pretensión, allega copia de las decisiones de primera y segunda instancia, a través de las cuales se absolvió a los señores Jaime Alberto Angulo Osorio y Francisco Antonio Angulo Osorio; del informe número 5/06, y copia de la demanda interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos(1)

3. La Corte decidió admitir la demanda y, en consecuencia, dispuso solicitar al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín el proceso objeto de la acción(2) 

4. Peticiones probatorias.

.Dispuesto el traslado que para pedir pruebas prevé el artículo 224 de la Ley 600 de 2000, hicieron uso de este derecho los defensores de los ciudadanos absueltos Gilma Patricia Gaviria Palacio, Carlos Alberto Bedoya Marulanda, Alexander Vallejo Echeverry, Omar Tobón Echeverry, Jaime Alberto Angulo Osorio y Francisco Antonio Angulo Osorio; el Procurador Primero Delegado para la Investigación y el juzgamiento penal; y el Fiscal Quinto Especializado de la Unidad Nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

4.1. De la defensa de los ciudadanos Gilma Patricia Gaviria Palacio, Carlos Alberto Bedoya Marulanda, Alexander Vallejo Echeverry y Omar Tobón Echeverry.

El profesional del derecho que defiende los intereses de los ciudadanos en mención(3), solicita tener en cuenta, decretar y practicar las siguientes pruebas:

4.1.1. Documento obtenido de la Internet, con fecha 8 de mayo de 2008, en el cual, según dice, “se plasma la confesión por parte del jefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’ en su versión libre ante la Fiscalía de Justicia y Paz de haber dado muerte al doctor Jesús María Valle Jaramillo, mediante ‘contrato’ con la banda de ‘La Terraza’ y en coordinación con otro jefe paramilitar el señor Carlos Castaño”.

4.1.2. Impresión de un documento con el mismo origen del anterior, fechado el 8 de junio de 2008, en el cual, bajo el título “política y derechos humanos”, “se informa al mundo sobre la confesión realizada por el señor Diego Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’ en su versión libre ante la Fiscalía de Justicia y Paz de haber dado muerte al doctor Jesús María Valle Jaramillo y a otros importantes defensores de derechos humanos mediante ‘contrato’ con la banda de ‘La Terraza’ y en coordinación con otro jefe paramilitar el señor Carlos Castaño”.

4.1.3. Impresión de otro documento obtenido de la Internet, fechado el 22 de febrero de 2008, que, según el peticionario, contiene información “en torno a la confesión que hace el señor Diego Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, de haber ordenado la muerte del doctor Jesús María Valle Jaramillo coordinador del comité de defensa de los derechos humanos en Antioquia”.

4.1.4.- Impresión del documento obtenido de la Internet, fechado el 8 de junio de 2008, en el que, en palabras del defensor, “la Fuerza Aérea Colombiana informa al mundo sobre las versiones libres de jefes paramilitares ante los fiscales de justicia y paz y resalta la confesión realizada en esa diligencia por el señor Murillo Bejarano de haber ordenado la muerte de varios defensores de derechos humanos y líderes sociales, entre ellos la del doctor Jesús María Valle Jaramillo”.

4.1.5. Documento tomado de la Internet con fecha 8 de junio de 2008, en el que, según la defensa, “se informa al mundo la versión libre de varios líderes de las AUC de Colombia y en especial la versión del señor Murillo Bejarano en la que confiesa haber ordenado la muerte del coordinador de derechos humanos de Antioquia doctor Jesús María Valle Jaramillo”.

4.1.6. Oficiar a la Dirección Nacional de Fiscalías, para que allegue “copia de todos los registros de versión libre rendida por el señor Diego Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna”.

4.1.7. Recibir el testimonio del señor Diego Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’ “quien será interrogado en torno a las declaraciones contenidas en los diferentes documentos de carácter público que informan sobre su confesión como autor de los hechos motivo de esta solicitud de revisión y en especial en torno a las manifestaciones relacionadas con el origen y ejecución del homicidio del doctor Jesús María Valle Jaramillo”.

Manifiesta que dicha actividad probatoria resulta pertinente, toda vez que “de ella se desprende con absoluta claridad que el proceso adelantado por la justicia especializada en el cual se profirió sentencia en la que se absuelve a mis pupilos en primera instancia y posteriormente confirmada por el honorable Tribunal Superior de Medellín en segunda instancia, se profirieron de acuerdo con lo indicado por la ley, como quiera que dicha absolución no es más que el reflejo de la realidad fáctica y probatoria que siguió dicho proceso”.

Considera, por último que las pruebas cuyo recaudo solicita, “acreditan con creces que las opiniones de algunos organismos internacionales en torno a este proceso no se ciñen a la realidad del proceso” (sic).

4.2. De la defensa de los ciudadanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio.

El defensor de los ciudadanos en mención(4) , solicita tener en cuenta, decretar y practicar las siguientes pruebas:

4.2.1. Tener como prueba y “en calidad de hecho notorio”, la confesión difundida por los medios de comunicación social, del señor Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, quien se atribuyó el homicidio del defensor de derechos humanos, doctor Jesús María Valle, así como de otras personas.

Señala que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, los hechos notorios no requieren de prueba, toda vez que no existe duda sobre su existencia.

4.2.2. Solicita, asimismo, tener como prueba “la vertida en el proceso seguido en contra de mis prohijados, caudal probatorio que fue valorado en primera y segunda instancia”, para concluir en la absolución de sus patrocinados.

4.3. Del Ministerio Público.

El Procurador Primero Delegado para la investigación y el juzgamiento penal, por su parte, solicita tener en cuenta, decretar y practicar las siguientes pruebas:

4.3.1. La demanda de la comisión interamericana de derechos humanos, presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República de Colombia, en el caso identificado con el número 12.415, que obra a folios 13 a 64 del cuaderno número 1.

4.3.2. El informe 75/06, de la comisión interamericana de derechos humanos, en el caso 12.425, Jesús María Valle Jaramillo, Colombia, octubre 16 de 2006.

4.3.3. El proceso seguido contra los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, que terminó con sentencia de julio 25 de 2001, proferida por el Tribunal Superior de Medellín, mediante la cual se confirma el fallo absolutorio dictado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín.

4.3.4. Solicita, finalmente, requerir al Fiscal 5º de la unidad nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario, la adjunción del texto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionado con el Informe Nº 5/03 (admisibilidad) y la petición 519 de 2001, en el caso Jesús María Valle Jaramillo, Colombia, 20 de febrero de 2003, apéndice 2, “toda vez que solo se enuncia su existencia en la demanda inicial, sin aportarlo como parte integrante de las decisiones proferidas en este asunto”.

4.4. Del demandante.

El Fiscal Quinto Especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario(5), requiere la práctica de las siguientes pruebas:

4.4.1. Solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, copia de la sentencia proferida el 1º de julio de 2006, en el caso de las masacres de Ituango contra la República de Colombia.

4.4.2. Solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, copia de la sentencia emitida el 27 de noviembre de 2008, en el caso Valle Jaramillo y otros contra la República de Colombia.

4.4.3. Solicitar a la Unidad Nacional de Justicia y Paz, copia de la versión rendida por Salvatore Mancuso Gómez el día 20 de noviembre de 2008, relacionada con las masacres de La Granja y El Aro en el municipio de Ituango, dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz.

4.4.4. Ordenar la transliteración de la mencionada versión.

Se considera:

1. La jurisprudencia de esta Corte(6) tiene establecido que, sin perjuicio del deber de relacionar las pruebas que se aportan con la demanda para acreditar los hechos básicos de la petición, el periodo probatorio en el trámite de la acción de revisión tiene por finalidad la de posibilitarle demostrar al demandante los supuestos sobre los cuales se fundamenta la causal invocada, para lo cual ha de tomar en cuenta que la conducencia de una prueba se halla determinada por la naturaleza y fin del motivo de revisión aducido; y la pertinencia de su recaudo por la eficacia que el medio pueda tener para acreditar la configuración del supuesto fáctico que ha servido de sustento a la postulación.

Por tanto, conforme ha sido indicado por la Sala(7), las pruebas que se soliciten en el curso de la acción de revisión, deben tener relación con el thema probandum inherente a este trámite especial, y, por ende, corresponder a pruebas eficaces, pertinentes, útiles, necesarias y conducentes, referidas a la naturaleza y fines del motivo aducido, pues de lo contrario la Corte no tiene más alternativa que disponer su rechazo, ya que la sola consideración particular de uno de los sujetos intervinientes en la actuación sobre la necesidad de la prueba pedida, resulta insuficiente para que se disponga su recaudo.

A dicho efecto debe tomarse en cuenta que el artículo 235 de la Ley 600 de 2000 establece que deben ser inadmitidas las pruebas que no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o las que hayan sido obtenidas en forma ilegal, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas.

De este modo, resulta evidente que para que las pruebas pedidas puedan superar el juicio de admisibilidad en sede de revisión, estas deben reunir los criterios vistos en precedencia.

La conducencia, como ha sido indicado en la providencia que ahora se evoca, supone que la práctica de la prueba solicitada es permitida por la ley como elemento demostrativo en relación con la causal de revisión invocada. La pertinencia apunta a que el medio probatorio se refiera directa o indirectamente a los hechos y circunstancias relativas al objeto cuya demostración se pretende, es decir, que resulte apto y apropiado para acreditar un tópico de interés al trámite, y la no superfluidad se orienta a que la prueba sea útil, en cuanto acredite un aspecto aún no comprobado en la actuación.

2. En este caso, la Fiscalía acudió a las previsiones de la causal tercera de revisión establecida en el artículo 220 de la Ley 600 de 2000 y precisó que su alcance fue ampliado mediante la Sentencia de constitucionalidad C-004 de 2003 referida a aquellos casos en los cuales, tratándose de violaciones a los derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional humanitario, exista una decisión judicial interna o de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por Colombia, en la que se establezca la existencia del hecho nuevo o de la prueba no conocida al tiempo de los debates, o, a pesar de no existir el hecho nuevo o la prueba no conocida durante el juicio, se constate el manifiesto incumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano de investigar de manera seria e imparcial las mencionadas violaciones, planteamiento jurisprudencial luego recogido normativamente en el numeral 4º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004.

Sobre dicho particular, y de manera específica en cuanto al sistema interamericano de justicia, la Corte(8) ha precisado que:

“... el sistema interamericano de derechos humanos constituye el marco para la promoción y protección de los derechos humanos, que se fundamenta en la declaración americana de los derechos y deberes del hombre, adoptada en 1948, y en la convención americana sobre derechos humanos, suscrita en noviembre de 1969 y vigentes desde julio de 1978.

“Por manera que sus órganos fundamentales son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington D.C., y la Corte Internacional (sic) de Derechos Humanos, radicada en San José de Costa Rica.

“Ahora bien, recuérdese que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial autónomo, cuyo propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana y otros tratados sobre derechos humanos.

“De ahí que la Corte Interamericana tenga dos tipos de competencias, a saber: la contenciosa y la consultiva.

“En cuanto a la primera, esto es, la contenciosa, faculta a dicho órgano para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de la Convención, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido dicha competencia por declaración especial o por convención. O como lo anotó la Corte: “En esencia, conoce de los asuntos en que se alegue que uno de los Estados ha violado un derecho o libertad protegidos por la convención, siendo necesario que se hayan agotado los procedimientos previstos en la misma:

‘Las personas, grupos o entidades que no son Estado, no tienen legitimidad para presentar casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que a su vez está facultada, como se acotó antes, para llevar el asunto ante la Corte, siempre que el Estado cuestionado haya aceptado su competencia.

‘El procedimiento ante la Corte Interamericana es de carácter contradictorio. Termina con una sentencia motivada, obligatoria, definitiva e inapelable, la cual debe cumplir el Estado parte (arts. 66, 67 y 68 de la convención)’ ”(9).

3. Tomando en cuenta los anteriores parámetros, la Corte tiene establecido que cuando se trata del motivo de revisión adicionado por la Sentencia C-04 de 2003, compete al demandante demostrar:

a) Que en virtud de la providencia cuya autoridad de cosa juzgada pretende remover, se haya decidido precluir la investigación, cesado procedimiento o dictado sentencia absolutoria a favor de los incriminados.

b) Que los comportamientos que fueron materia de investigación, tengan relación con violaciones de derechos humanos o con graves infracciones al derecho internacional humanitario, y

c) Que a través de un pronunciamiento de autoridad judicial interna o de una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente en Colombia, se haya constatado la existencia del hecho nuevo o de una prueba no conocida al tiempo de los debates, que, de haber sido oportunamente conocidos, el sentido del fallo habría sido sustancialmente distinto y opuesto al contenido en la decisión judicial ejecutoriada.

d) O, que a pesar de no existir ningún hecho nuevo o alguna prueba no conocida durante la investigación o el juzgamiento, una decisión de autoridad judicial interna o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por la República de Colombia, constate el ostensible incumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma seria e imparcial tales violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario.

4. Si ello es así, para los fines del trámite y definición surge evidente que cuando se aduce dicho motivo de revisión adicionado por la Sentencia C-04 de 2003, sea que se trate del previsto en el numeral 4º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, no resultan admisibles aquellas pruebas que apunten a acreditar o desvirtuar la responsabilidad penal o la inocencia de los ciudadanos beneficiados con las decisiones cuya revisión se pretende, pues una tal temática solo resultará procedente en el curso de las instancias, siempre que al final del trámite de revisión se declare fundada la causal invocada por el demandante y por dicha razón se ordene rehacer la actuación.

5. En el caso analizado no todas las pretensiones probatorias expuestas por los intervinientes en la actuación cumplen los presupuestos de conducencia y pertinencia, pues no se dirigen a acreditar o desvirtuar la configuración del motivo de revisión aducido por la demandante, ameritando por tanto su rechazo, según pasa a precisarse.

5.1. Las pruebas, solicitadas por los defensores de los ciudadanos absueltos, señores Gilma Patricia Gaviria Palacio, Carlos Alberto Bedoya Marulanda, Alexander Vallejo Echeverry, Omar Tobón Echeverry, Jaime Alberto Angulo Osorio Y Francisco Antonio Angulo Osorio, con cuyo recaudo se pretende demostrar la ausencia de responsabilidad penal de sus representados, a que se alude en los numerales 4.1 y 4.2 de los antecedentes de este proveído, deben ser denegadas por impertinentes, toda vez que la contradicción frente a la prueba en que eventualmente se sustenten los cargos que resulten en contra de los absueltos, debe hacerse en el respectivo proceso penal si es que la Corte ordena su reapertura al definir la presente acción.

Por este motivo no se ordenará tener como pruebas los documentos obtenidos de Internet a que alude la defensa, relacionados con la versión suministrada por el señor Diego Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, quien supuestamente se atribuye la responsabilidad por la muerte del doctor Jesús María Valle Jaramillo, o la versión rendida por Salvatore Mancuso Gómez, en relación con las masacres de La Granja y El Aro en el municipio de Ituango, pedida por la Fiscalía, toda vez que la causal aducida en la demanda impide controvertir en el trámite de revisión las razones fácticas y jurídicas en que se funda la decisión judicial nacional o internacional que soporta el pedido.

5.2. De la misma manera, no resulta útil a los fines de la acción, tener como pruebas la totalidad de la actuación surtida en las instancias, a que se alude por el defensor de los ciudadanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, en el numeral 4.2.2. y el Ministerio Público en el numeral 4.3.3. de los antecedentes de este proveído, en razón a que las pruebas incorporadas en dicho trámite ya fueron evacuadas y sirvieron de sustento a la decisión cuestionada, por lo que no constituyen temas que puedan ser objeto de controversia en el presente caso, sino en el curso del respectivo proceso judicial, si es que con ocasión de la acción interpuesta se decide emitir un fallo rescindente.

5.3. Esta misma situación de improcedencia no concurre, sin embargo, en relación con las pruebas pedidas por el Ministerio Público y la Fiscalía, que tienen como propósito establecer la existencia de pronunciamientos proferidos por una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por Colombia, en donde al parecer se constata un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar seria e imparcialmente las mencionadas violaciones, pues con ello se apuntaría a acreditar la existencia del supuesto fáctico del motivo de revisión que se aduce.

Por tal razón, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 224 de la Ley 600 de 2000, ordenará que dentro del término para la práctica de pruebas, el cual corre por treinta (30) días, se practiquen las siguientes:

5.3.1. Solicitar a la dirección de derechos humanos y derecho internacional humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo siguiente:

5.3.1.1. Allegar, con las formalidades requeridas para su aducción, copia de la demanda de la comisión interamericana de derechos humanos presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República de Colombia, en el caso identificado con el número 12.415; el informe 75/06 en el caso Jesús María Valle Jaramillo contra Colombia; y el texto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionado con el informe Nº 5/03 y la petición 519 de 2001, a que se alude en los numerales 4.3.1., 4.3.2. y 4.3.4., de los antecedentes de este proveído.

5.3.1.2. Copia autenticada, o con las formalidades a que hubiese lugar, si existieren, de la sentencia del 1º de julio de 2006, en el caso de las masacres de Ituango vs. Colombia, proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

5.3.1.3. Copia autenticada, o con las formalidades a que hubiese lugar, si existieren, de la sentencia del 27 de noviembre de 2008, en el caso Jesús María Valle Jaramillo vs. Colombia.

5.3.1.4. Informar a partir de qué fecha y con el cumplimiento de cuáles requisitos, en cada caso particular, dichas sentencias tienen fuerza vinculante para Colombia.

En mérito de lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. ACCEDER parcialmente a lo solicitado en los numerales 1º y 2º del memorial presentado por el Fiscal 5º Especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, así como a lo solicitado en los numerales 1º, 2º y 4º del memorial presentado por el Procurador Primero Delegado para la Investigación y el Juzgamiento Penal. ORDENAR, en consecuencia, que dentro del período probatorio, el cual corre por treinta (30) días, más el de la distancia (CPP/2000, art. 224), se oficie, por la secretaría de la Sala a la dirección de derechos humanos y derecho internacional humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que remitan la información a que se hace referencia en los ordinales 5.3. a 5.3.1.4. de las parte considerativa de esta providencia.

2. NEGAR por improcedentes las demás pruebas solicitadas por los defensores de los ciudadanos Gilma Patricia Gaviria Palacio, Carlos Alberto Bedoya Marulanda, Alexander Vallejo Echeverry, Omar Tobón Echeverry, Jaime Alberto Angulo Osorio Y Francisco Antonio Angulo Osorio; por el Procurador Primero Delegado para la investigación y el juzgamiento penal; y por el Fiscal Quinto Especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y derecho internacional humanitario, según se anotó en la motivación de este proveído.

3. La secretaría de la Sala proveerá al efecto y librará las comunicaciones respectivas.

Contra esta decisión procede el recurso de reposición.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: María del Rosario González de Lemos—Comisión de servicio—José Leonidas Bustos Martínez—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Augusto J. Ibáñez Guzmán—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Julio Enrique Socha Salamanca—Javier de Jesús Zapata Ortiz.

Teresa Ruiz Núñez. Secretaria.

(1) Folios 1 y ss., cuaderno Corte.

(2) Folios 2 y ss., cuaderno 2 Corte.

(3) Folios 34 y ss., cuaderno 3 Corte.

(4) Folios 49 y ss., cuaderno 3 Corte.

(5) Folios 55, cuaderno 3 Corte.

(6) Cfr. auto revisión 23 de abril de 2003. Radicado 18453.

(7) Cfr. auto de revisión 17 de junio de 2009. Radicado 30380.

(8) Cfr. Auto de revisión 15 de mayo de 2008. Radicado 26021.

(9) Sentencia del 1º de noviembre de 2007. Radicado 26077.