Auto 29286 de junio 23 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad. 76001-23-31-000-2001-01692-02 (29286)

Consejero Ponente:

Ruth Stella Correa Palacio

Bogotá D.C., veintitrés de junio de dos mil cinco.

Actor: Yamileth Carvajal Ocampo y otros.

Demandado: Banco de la República - Corporación de Ahorro y Vivienda Colpatria hoy Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A.

Asunto: Acción de reparación directa.

EXTRACTOS:« II Consideraciones de la Sala

El llamamiento en garantía es una figura procesal que se fundamenta en la existencia de un derecho legal o contractual, que vincula a llamante y llamado y permite traer a este como tercero, para que haga parte de un proceso, con el propósito de exigirle la indemnización del perjuicio que llegaré a sufrir el llamante como producto de la sentencia. Se trata de una relación de carácter sustancial que vincula al tercero citado con la parte principal que lo cita y según la cual aquel debe responder por la obligación que surja en virtud de una eventual condena en contra del llamante.

El objeto del llamamiento en garantía lo es “que el tercero llamado en garantía se convierta en parte del proceso, a fin de que haga valer dentro del mismo proceso su defensa acerca de las relaciones legales o contractuales que lo obligan a indemnizar o a reembolsar, y al igual del denunciado en el pleito, acude no solamente para auxiliar al denunciante, sino para defenderse de la obligación de saneamiento” (1) .

Al respecto, la jurisprudencia de esta Sala ha señalado que:

“... con arreglo al artículo 57 del Código de Procedimiento Civil la figura procesal de llamamiento en garantía como su nombre lo indica supone la titularidad en el llamante de un derecho legal o contractual por virtud del cual pueda, quien resulte condenado al pago de suma de dinero, exigir de un tercero, la efectividad de la garantía o el reembolso del pago que tuviere que hacer el demandado, como consecuencia de la sentencia de condena. En otras palabras, el derecho sustancial por virtud del cual se le permite a la parte demandada que se vincule al proceso a un tercero, para que, en caso de sobrevenir sentencia de condena, se haga efectiva la garantía y por lo mismo el tercero asuma sus obligaciones frente al llamante a reembolse el pago a que aquel resultare obligado. Así las cosas, el llamamiento supone la existencia de una relación jurídico sustancial diferente a la que es objeto de las pretensiones contenidas en la demanda aunque entre ambas exista una dependencia necesaria, pues claro resulta que solamente cuando se produzca una sentencia de condena, habrá lugar a estudiar si el llamado debe asumir en virtud de la existencia de la garantía, dichas obligaciones objeto de la condena. Es presupuesto indispensable para poder hacer efectivo los derechos y las obligaciones objeto de la garantía por virtud de la cual se produjo el llamamiento del tercero garante, el que el llamante resulte condenado al pago de la obligación indemnizatoria originada en el daño antijurídico causado” (2) .

La legislación contencioso administrativa no regula el tema del llamamiento en garantía, por lo que por remisión expresa del inciso 3º del artículo 146 del Código Contencioso Administrativo, que señala que en los procesos contractuales y de reparación directa, la intervención de terceros se regirá por los artículos 50 a 57 del Código de Procedimiento Civil, es necesario acudir a esta normatividad para analizar el tema.

El artículo 57 del Código de Procedimiento Civil al establecer la figura del llamamiento en garantía, permite que quien tenga un derecho legal o contractual, de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, pueda citarlo al proceso, para que en este se resuelva sobre tal relación.

En el sub examine se observa, que el Banco de la República celebró contrato de seguro (póliza de seguro global bancario 1999) con las compañías aseguradoras llamadas en garantía, con el fin de amparar los riesgos derivados de su actividad profesional (fl. 289 - 423).

En relación con las aseguradoras llamadas en garantía, no hay duda de que se cumple el requisito exigido por el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, de demostrar la existencia de un derecho contractual frente al citado, lo que en principio permitiría predicar la procedencia del llamamiento.

Sin embargo, tal como lo afirman las recurrentes, las partes del contrato de seguro pactaron una cláusula compromisoria en la condición cuarta de la póliza de manejo global bancario 1999 en los siguientes términos “las compañías de una parte y el “asegurado” de otra, acuerdan someter a la decisión de tres (3) árbitros, todas las diferencias que se susciten en relación con la presente póliza. El procedimiento se sujetará a lo dispuesto en el Decreto 2279 de 1989, El fallo será en derecho y el tribunal tendrá como sede la ciudad de Bogotá”.

De acuerdo con el Decreto 1818 de 1998 - estatuto de mecanismos alternativos de solución de conflictos —artículo 118—, la cláusula compromisoria es un pacto contenido en un contrato, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan surgir con ocasión de este, a la decisión de un tribunal de arbitramento.

En virtud de este pacto las partes comprometidas en él, en uso de la libre autonomía de la voluntad, deciden repudiar la jurisdicción institucional del Estado para en su lugar someter la decisión del conflicto que pueda presentarse entre ellas, a la decisión de árbitros, particulares investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, en los términos del artículo 116 superior, así, cualquier conflicto sometido a la cláusula compromisoria, escapa a la decisión de los jueces institucionales del Estado, a menos que las partes decidan derogar tal cláusula, de manera expresa, o tácitamente al aceptar sin réplica la citación que cualquiera de ellas haga a la otra, ante los jueces institucionales del Estado, situación que no se da en este evento, cuando una de las partes reclama su aplicación.

En este sentido, aun cuando el llamamiento en garantía cumple con los requisitos de forma exigidos en los artículos 55, 56 y 57 del Código de Procedimiento Civil, y además se acreditó la existencia de la relación contractual que fundamenta tal figura, se debe tener en cuenta que precisamente en dicho contrato se pactó un cláusula compromisoria que somete al conocimiento de los tribunales de arbitramiento las diferencias que se llegaren a presentar con relación a la póliza de seguro, por lo tanto la jurisdicción contenciosa no puede emitir pronunciamiento alguno sobre esas diferencias, como quiera que la existencia de esta cláusula excluye la competencia de esta, dado que quien debe conocer del asunto es un tribunal de arbitramento.

En igual sentido, esta corporación ha establecido en reiterados pronunciamientos que la existencia de la cláusula compromisoria excluye de competencia a la jurisdicción contenciosa (3) , por lo que, en el caso concreto tratándose de una vicisitud que surge con ocasión de la póliza de seguro, esta debe ser dirimida por árbitros, sin que haya lugar bajo el amparo de la figura del llamamiento en garantía, a que esta jurisdicción dirima contiendas que tienen como fuente el contrato de seguros en el que se pactó la cláusula compromisoria.

Las razones expuestas llevan a la Sala a revocar lo decidido por el a quo en el auto apelado, en cuanto admitió el llamamiento en garantía formulado por el Banco de la República a la Aseguradora Colseguros S.A. y Compañía Aseguradora Suramericana de Seguros S.A.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. REVÓCASE el auto de 24 de enero de 2003, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto dispuso el llamamiento en garantía de las compañías Suramericana de Seguros S.A. y Aseguradora Colseguros S.A.

2. Deniégase el llamamiento en garantía

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

(1) Hernando Morales Molina. Curso de derecho procesal civil. Bogotá, editorial ABC, 1991, undécima edición, pág 258.

(2) Sentencia de 25 de septiembre de 1997 (exp. núm. 11514. M.P. Dr. Daniel Suárez H.)

(3) Así lo dijo esta Sala en auto de 10 de junio de 2004, expediente 25010 “por lo tanto, al haberse acreditado la existencia de la cláusula compromisoria y la manifestación expresa de los llamados de no denunciar a la misma, la Sala concluye que esta jurisdicción no se podría pronunciar sobre la eventual responsabilidad del asegurado surgida con fundamento en la mencionada póliza y en consecuencia, no era procedente aceptar el llamamiento en garantía formulado” y expedientes 24567, 25614, M.P. Ricardo Hoyos Duque. Así como en auto de 17 de febrero de 2005 expediente 28150, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

SALVAMENTO DE VOTO

No compartí el auto que profirió la Sala el día 23 de junio de este año, en cuanto revocó el auto del tribunal que había aceptado el llamamiento en garantía que formuló el Banco de la República contra las sociedades Compañía Suramericana de Seguros S.A. y Aseguradora Colseguros S.A.

La sala al revocar el auto negó el llamamiento de las aseguradoras por la existencia de cláusula compromisoria entre el llamante (asegurado) y las llamadas (aseguradoras).

Sea lo primero tener en cuenta que las compañías Suramericana de Seguros S.A. y Aseguradora Colseguros S.A. expidieron conjuntamente a favor de llamante en garantía, Banco de la República, la póliza de seguro global bancario 1999. Del examen de dicha póliza se advierte que la imputación fáctica, esto es la relación contractual que afirmó tener el llamante respecto de las aseguradoras existe y se relaciona con los hechos que en la demanda se imputan al banco. En este sentido se observa que en el anexo 11 denominado de “indemnización profesional”, se consignó que esa póliza indemnizará al asegurado (Banco de la República) la responsabilidad legal ante terceros, derivada de un acto que cumpla, entre otros, los siguientes requisitos:

“a) Que las sumas a pagar por las compañías sean una compensación por los pagos efectuados a los terceros reclamantes y por los gastos de defensa aprobados al ‘asegurado’, sin exceder del límite asegurado para este anexo, en total por todos los pagos provenientes de todo concepto.

c) Que la pérdida financiera haya sido causada directamente por un acto negligente, error negligente u omisión negligente por parte del asegurado, establecidos así por las autoridades competentes durante la vigencia de la póliza y con posterioridad a la fecha de contratación de este anexo” (fl. 372 c. ppal).

Por tanto, los amparos previstos en la póliza permiten deducir claramente que sí se reúnen los requisitos formales para aceptar el llamamiento en garantía de las compañías aseguradoras, porque el derecho contractual que dice el banco tener con esas aseguradoras le permite citarlas a juicio.

En segundo lugar, se advierte que en efecto, en el contrato de seguro global bancario 1999, las partes estipularon cláusula compromisoria en los siguientes términos: “Las compañías de una parte y el asegurado de otra, acuerden someter a la decisión de tres (3) árbitros, todas las diferencias que se susciten en relación con la presente póliza. El procedimiento se sujetara a lo dispuesto en el Decreto 2.279 de 1989. El fallo será en derecho y el tribunal tendrá como sede la ciudad de Bogotá” (condición décimo cuarta del contrato, fl. 674c. 1 A) pero que ella no tiene la virtud de enervar o abstener la competencia del juez contencioso administrativo para conocer de este proceso porque en este caso se está discutiendo la responsabilidad civil extracontractual de la demandada imputada por un tercero (demandada en la acción de reparación directa) ajeno al contrato de seguros.

Nótese que la cláusula compromisoria se pactó para dirimir las controversias suscitadas entre las partes del contrato (aseguradoras - asegurado), esto es, aquellos conflictos que devienen del contrato que atañen con la responsabilidad contractual y no los que refieren a la responsabilidad contractual y no los que refieren a la responsabilidad extracontractual que se juzga en la reparación directa; y en el caso ninguna de esas partes del contrato de seguro ha activado diferencia para que sea dirimida , sino que un tercero promovió demanda de reparación directa, y la demandada hizo uso de su derecho a llamar en garantía a quien en virtud de contrato considera que debe responder en caso de ser condenada.

Por otra parte, cuando se trata de aceptar o no el llamamiento en garantía, el juez solo examina si se reúnen los requisitos de carácter formal señalados por la ley porque la responsabilidad que eventualmente les asista a los llamados, solo es posible definirlo al momento de dictar sentencia, por ende, el examen de responsabilidad o el alcance del derecho contractual (o legal) del llamante, es un asunto de fondo que se examina y resuelve al momento de dictar sentencia, pues solo en caso de que el llamante resulte condenado, es cuando debe examinarse el contenido de la relación legal o contractual, para ver si da derecho efectivo a la solicitud del llamante.

Por último, y en tercer lugar, en cuanto a la falta de jurisdicción por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, debió tenerse en cuenta que en este caso no se juzga la conducta contractual de las partes del contrato de seguro, que fue el aspecto que sustrajeron del conocimiento de la justicia natural, sin que ello pueda entenderse como la posibilidad para las partes que frente a todo aquello atinente al seguro deba ir a los árbitros, incluida la responsabilidad civil extracontractual que atribuye un tercero ajeno del compromiso interpartes derivado de una imputación atinente a la onerosa liquidación, con fórmula incorrecta, de los créditos de vivienda en UPAC y que en estricto sentido no se relacionan con las controversias derivadas del contrato.

María Elena Giraldo Gómez.

SALVAMENTO DE VOTO

Por compartir el criterio expuesto por la señora consejera doctora María Elena Giraldo Gómez en su salvamento de voto, con el debido respeto adhiero a lo allí consignado.

Germán Rodríguez Villamizar.

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