Auto 29640 de noviembre 18 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso: 29640

Acta: 360

Bogotá, D.C, dieciocho de noviembre de dos mil nueve.

Ejecutoriada la sentencia condenatoria proferida contra el doctor Ricardo Elcure Chacón, la secretaría remite el proceso para que la Sala se pronuncie con respecto a la ejecución de la pena de multa, en el entendido de que el artículo 20 de la Ley 1285 del 22 de enero de 2009, que modificó el artículo 203 de la Ley 270 de 1996, dispone lo siguiente:

"PAR.Facúltese al juez de la causa para que a través del trámite incidental ejecute la multa o caución dentro del mismo proceso".

Se considera

En principio, atendiendo el tenor literal de la ley, se podría decir, siguiendo los términos de la norma indicada, que a la Corte le corresponde ejecutar la pena principal de multa impuesta al congresista. Sin embargo, esa interpretación es insuficiente para comprender el sentido de la disposición, al punto que la Sala, mediante decisión del 23 de septiembre del presente año, asumió que "esa nueva disposición, en sentir de la Sala, en manera alguna quiere significar que ejecutoriada la sentencia penal condenatoria que pone fin al proceso, prorrogue la competencia del juez de la causa para que ejecute la sanción pecuniaria de multa, como a primera vista pareciera entenderse"(1).

Ahora bien, aun cuando la Ley 1285 de 2009 es una ley estatutaria que aparentemente habría modificado las reglas de competencia en materia penal, lo cierto es que el recaudo de la "pena de multa", es un asunto vinculado con la ejecución de la pena, que le corresponde al juez encargado de hacer efectiva materialmente la pena. En cambio, las multas a que se refiere la Ley 1285 de 2009 son aquellas que se imponen dentro del proceso en ejercicio de las potestades disciplinarias que tiene el juez, en el entendido de que ese fue el tema de reforma y no la competencia de los jueces penales.

En este sentido, no debe perderse de vista que mediante la Ley 1285 de 2009 se pretendió, según lo indican los antecedentes del proyecto 23 de 2006 Senado, "adoptar medidas que permitan superar de manera sostenible la congestión judicial y propiciar condiciones de eficacia y celeridad en la administración de justicia, razón por lo cual, en el acta del 2 de febrero de 2007, correspondiente al primer debate en la Comisión Primera Constitucional del Senado, se propuso delinear los poderes disciplinarios del juez, así:

"Poderes del juez. Además de los casos previstos en los artículos anteriores, el Juez podrá sancionar con multa de dos a cinco salarios mínimos mensuales, a las partes del proceso, o a sus representantes o abogados, en los siguientes eventos:

1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición, incidente o trámite especial que haya sustituido a este.

2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.

3. Cuando se utilice el proceso, incidente, trámite especial que haya sustituido a este o recurso, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos.

4. Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas o injustificadamente no suministren oportunamente la información o los documentos que estén en su poder y les fueren requeridos en inspección judicial, o mediante oficio.

5. Cuando injustificadamente no presten debida colaboración en la práctica de las pruebas y diligencias.

6. Cuando adopten una persistente conducta procesal tendiente a dilatar el proceso o por cualquier medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso.

La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado podrán imponer multa hasta por un valor equivalente a cien salarios mínimos mensuales a la parte vencida en juicio, que ya lo hubiere sido, en más de tres oportunidades, ante la misma corporación en procesos surgidos de situaciones de hecho similares y en los que se persigan idénticas pretensiones.

La sanción se impondrá por medio de resolución motivada que deberá ser notificada personalmente y solo será susceptible del recurso de reposición y en favor de la cuenta que para el efecto señale el Consejo Superior de la Judicatura.

En caso de reincidencia procederá la sanción de arresto inconmutable hasta por cinco días, según la gravedad de la falta y siempre que la infracción se halla dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sanción anterior. Una vez ejecutoriada la sanción de arresto, se remitirá copia al correspondiente funcionario de la policía del lugar, para efectos de su cumplimiento inmediato".

En el texto definitivo se eliminaron, entre otros, los tres apartes finales, relacionados con las atribuciones conferidas a la Corte Suprema y al Consejo de Estado, pero se incluyó en el artículo 20 la posibilidad de que dentro del mismo proceso se ejecuten las multas impuestas. En consecuencia, si el propósito de la ley era adoptar medidas para enfrentar la congestión judicial, ese cometido no se logra encargándole a la Corte la ejecución de la pena de multa, y de otra, el sentido del parágrafo del artículo 20 de la Ley 1285 de 2009, como lo sugiere la lectura de los antecedentes legislativos, es el de que esa competencia se refiere al cobro forzado de la multa que se impone en virtud de las potestades disciplinarias del juez y no para hacer efectivas las sanciones penales.

En esa medida, teniendo en cuenta, como lo expresó la Sala en el auto del 23 de septiembre reciente, que la Corte, una vez ejecutoriada la decisión de única instancia, carece de competencia para dirigir lo relativo a la ejecución de la pena, lo correcto es remitir al juez de ejecución de penas el proceso que concluyó con la imposición de la pena contra el congresista, funcionario que a su vez, si el condenado se sustrae al pago integral o a plazos de la multa, debe decidir en su fuero si es procedente remitir lo correspondiente para su recaudo a los jueces de ejecuciones fiscales (L. 600/2000, arts. 39, 40 y 41).

En consecuencia, envíese el expediente al juez de ejecución de penas con sede en Bogotá.

Cúmplase.

Magistrados: Julio E. Socha Salamanca-José Leonidas Bustos Martínez-Sigifredo Espinosa Pérez-Alfredo Gómez Quintero-María del Rosario González de L.-Augusto Ibáñez Guzmán-Jorge Luis Quintero Milanés-Yesid Ramíirez Bastidas-Javier Zapata Ortiz. 

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria. 

(1) Corte Suprema de Justicia, auto del 23 de septiembre de 2009, Radicado 28.745.