Auto 3007 de febrero 27 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

NULIDAD DEL REGISTRO DE MARCAS

INICIACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD

EXTRACTOS: «Teniendo en cuenta que el auto admisorio de la demanda proferido por esta sección el 9 de noviembre de 1994 es susceptible de ser impugnado mediante recurso de reposición y que el mismo se interpuso dentro de los tres días siguientes a su notificación, se procede a estudiar sus fundamentos, los cuales, en esencia, consisten en que el término de caducidad de cinco años consagrado en el ar-tículo 596 del Código de Comercio para el ejercicio de la acción de nulidad debe contarse a partir de la fecha de expedición del acto acusado y no desde la fecha de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Dispone el artículo 596 del C. de C.:

“El certificado de una marca podrá anularse a petición de cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones de los artículos 585 a 586; pero en este último caso la solicitud deberá impetrarse dentro de los cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicita...”.

En primer término cabe señalar que si bien la indicada norma consagra la procedencia de la acción de nulidad contra “el certificado de una marca”, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Suprema de Justicia ha establecido de tiempo atrás que dicha acción debe entenderse referida al acto administrativo que dispone su registro y, como consecuencia de ello, ordena expedir el certificado que acredite los derechos que la ley otorga a su titular (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de diciembre de 1980, Consejero Ponente Dr. Jacobo Pérez Escobar, actor: Procesadora Avícola del Valle S.A., expediente Nº 2014, Anales Segundo Semestre 1980, págs. 241-248, y Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia de 30 de marzo de 1981, Magistrado Ponente doctor Ricardo Uribe Holguín, actor: Grandes Marques Internationales).

Ahora bien, precisado lo anterior y luego de analizar los fundamentos del recurso, la Sala considera que no es procedente la solicitud de revocatoria del auto impugnado, por las razones que se expresan a continuación:

a) Señala el artículo 2º de la resolución acusada:

“Previa cancelación de los derechos que esta actuación causa, entréguese al titular el certificado de registro, háganse las anotaciones en los libros correspondientes y publíquese en la Gaceta de Propiedad Industrial...”.

b) La Gaceta de Propiedad Industrial es el medio oficialmente destinado por la Superin-tendencia de Industria y Comercio para publicar, entre otros, los actos administrativos que tengan alcance o interés general, como aquellos que conceden el registro de marcas, respecto de los cuales procede la acción pública consagrada en el citado artículo 596 del Código de Comercio, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 71 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente al momento de expedición del acto cuya declaratoria de nulidad se impetra.

c) Como quiera que

el objetivo fundamental de la publicación de los actos administrativos que conceden el registro de marcas es el de garantizar “la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley” (CCA, art. 2º) y es la concreción de dos de los principios orientadores de las actuaciones administrativas, como son los de publicidad y contradicción, en virtud de los cuales, en su orden, se establece el deber de las autoridades de dar “a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenan este código y la ley”, y que “los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir esas decisiones por los medios legales”, de ello cabe concluir sin lugar a dudas, que el término de caducidad para el ejercicio de la acción consagrada en el artículo 596 del Código de Comercio debe contarse a partir de la fecha de publicación del acto que concede el registro de la marca de que se trate y, en ningún momento desde la fecha de su expedición, más aún si se tiene en cuenta que de conformidad con lo previsto por los artículos 2º literal e) y 8º de la Ley 57 de 1985, los actos de las superintendencias que tengan alcance o interés generales,”...sólo regirán después de la fecha de su publicación”».

(Auto de febrero 27 de 1995. Expediente 3007. Consejero Ponente: Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez).

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