Auto 30094 de octubre 11 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 660012331000200200810 01

Exp.: 30.094

Consejero Ponente:

Alier E. Hernández Enríquez

Actor: Gabriel Ramírez Acevedo y otros

Demandado: Departamento de Risaralda

Asunto: Aprobación acuerdo transaccional

Bogotá D. C., once de octubre de dos mil seis.

Decide la Sala la solicitud de aprobación de la transacción suscrita entre las partes y, por consiguiente, la respectiva terminación del proceso de la referencia.

I. Antecedentes

1. La demanda.

El 28 de junio de 2002, los señores Gabriel Ramírez Acevedo y otros, por intermedio de apoderado judicial, presentaron demanda de reparación directa en contra del departamento de Risaralda para que se le declarara administrativamente responsable como consecuencia de la muerte de Luis Gabriel Ramírez Gutiérrez, ocurrida el 25 de enero de 2001, en la vía que de Pereira conduce al municipio de Marsella (Risaralda), al producirse un desprendimiento lateral del carreteable, cuando ejecutaba labores correspondientes a la colocación de un filtro al pie del talud.

La gobernación de Risaralda llamó en garantía a las compañías de seguros La Previsora S.A. y Liberty Seguros S.A., vinculación que se formalizó a través de auto de 12 de diciembre de 2002 (fl. 241, cdno. ppal. 1).

Con el escrito de demanda se solicitó, textualmente, lo siguiente:

“Declárase al departamento de Risaralda (representado legalmente por la señora gobernadora), administrativamente responsable de la muerte del señor Luis Gabriel Ramírez Gutiérrez y por consiguiente de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a cada uno de los demandantes enunciados en esta demanda.

“(...) Como consecuencia de la anterior declaración, háganse las siguientes o similares condenas:

“1. Por perjuicios materiales. Se debe a la señora María Lucelly Valencia Rua (compañera), quien obra en su propio nombre y además en representación de sus hijos menores Luis Felipe y Juan Camilo Ramírez Valencia, o a quien o quienes sus derechos representaren al momento del fallo, indemnización por la supresión de la ayuda económica —lucro cesante— que venía recibiendo de su compañero y padre el señor Luis Gabriel Ramírez Gutiérrez.

“Para el efecto anterior, los ingresos deberán ser actualizados de conformidad con la fórmula aplicada en forma reiterada por el honorable Consejo de Estado: (...).

“También serán reconocidos en la estimación de los perjuicios, las mesadas correspondientes a primas, cesantías, vacaciones y demás emolumentos que constituyen salario, o por lo menos el aumento del 25% que ha reconocido nuestra jurisprudencia del Consejo de Estado (...).

“Subsidiariamente:

“A falta de bases suficientes para la fijación o liquidación matemático - actuarial de los perjuicios que se le debe a la madre reclamante, el tribunal se servirá fijarlos, por razones des equidad, en el equivalente en pesos de mil (1.000) salarios mínimos, a la fecha de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con lo reglado en los artículos 4º y 8º de la ley 153 de 1887 y atendiendo especialmente el tema ya planteado para los perjuicios materiales, en relación con su actualización.

“2. Por perjuicios morales. De conformidad con lo estipulado en el artículo 16 de la ley 446 de 1998, para La valoración de daños se deben entender los principios de “reparación integral y equidad” teniendo en cuenta “... los criterios técnicos actuariales”. Por lo anterior, se solicita indemnizar a cada uno de los demandantes o quienes sus derechos representaren en el momento del fallo, el equivalente en pesos a mil (1.000) salarios mínimos, vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia, en consideración a la anterior fundamentación y que de hacerse la compensación, arrojaría la cantidad que se suplica.

“La anterior solicitud obedece al cambio jurisprudencia! efectuado por nuestro Colegio Mayor el pasado seis (6) de septiembre de 2001, donde se modificaron las condenas de gramo oro a salarios mínimos, tal como ahora se depreca para los accionantes (...).

“3. Por intereses. Se debe a cada uno de los actores, o a quien o quienes sus derechos representen al momento del fallo, los intereses que se generen a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia.

“(...)”.

2. Sentencia de primera instancia.

El tribunal consideró que, en este caso, se encontraba acreditada la responsabilidad de la entidad pública demandada y, así mismo, la de las sociedades llamadas en garantía; motivo por el cual en la parte resolutiva del fallo dispuso lo siguiente:

“1. Se declara al departamento de Risaralda administrativamente responsable del fallecimiento del señor Luis Gabriel Ramírez Gutiérrez, ocurrido el día 25 de enero de 2001, en las condiciones que han quedado descritas en esta providencia.

“2. Como consecuencia de la anterior declaración, se condena al departamento de Risaralda a pagar las siguientes cantidades, en términos de salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de este fallo, por concepto de perjuicios morales, en favor de las siguientes personas: para los menores Juan Camilo y Luis Felipe Ramírez Valencia (hijos), representados por su señora madre, así como para los señores Gloria Inés Gutiérrez Pino (madre), Gabriel Ramírez Acevedo o acebedo (padre) y para la señora María Lucelly Valencia Rúa (compañera permanente), la cantidad de cien (100) salarios para cada uno de ellos; y en favor de cada uno de los hermanos Yessica, Diana Fernando y Carlos Andrés Ramírez Gutiérrez, cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales.

“3. Se condena igualmente al departamento de Risaralda, al pago de los perjuicios materiales causados a los menores Juan Camilo y Luis Felipe Ramírez Valencia (hijos) y a la señora María Lucelly Valencia Rúa (compañera), conforme a las bases estipuladas en la parte considerativa de este proveído y teniendo en cuenta la deducción por concepto de indemnización por parte de la administradora de riesgos profesionales.

“(...). 6. Declárase probada la excepción de inexistencia del amparo respecto del daño moral, formulada por la compañía aseguradora Liberty Seguros S.A.

“(...). 8. Se condena a las compañías aseguradoras La Previsora S.A. y Liberty Seguros S.A. al pago de la condena impuesta al departamento de Risaralda, en los términos de los correspondientes contratos de seguro y conforme a la excepción que se ha declarado probado (...)” (fls 419 a 439, cdno. ppal 2 instancia).

3. La solicitud de aprobación del contrato de transacción.

El 4 de noviembre de 2005, los representantes y apoderados de las partes presentaron ante esta corporación el contrato de transacción celebrado entre ellos (fls. 310 a 313, cdno. ppal. 2 instancia) el 26 de septiembre de 2005, en el cual acordaron como aspectos principales los siguientes:

“Primera: Objeto de este contrato. El presente contrato de transacción tiene como finalidad dar por terminado en los términos del artículo 2469 del Código Civil, artículo 341 del Código Procedimiento Civil y demás normas concordantes; el litigio derivado de los daños y perjuicios sufridos por los indemnizados directa y/o indirectamente con ocasión del fallecimiento del señor Luis Gabriel Ramírez Gutiérrez ocurrido el día 25 de enero de 2001 de la manera como se narró en el libelo introductoria de la demanda de reparación directa que actualmente cursa en la Sección Tercera del Consejo de Estado, bajo la radicación 66001-23-31-000-2002-00810-01 y en donde existe fallo condenatorio de primera instancia en contra de los indemnizantes de fecha noviembre 4 de 2004, proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda(sic).

“(...) Tercera: Monto de la indemnización. Los indemnizantes para efectos de resarcir la totalidad e integridad de los perjuicios derivados del hecho al que se hizo mención en la cláusula segunda de este contrato cancelarán la suma de doscientos veinte millones de pesos m/cte ($ 220.000.000,00) los cuales serán pagados por los indemnizantes así: La Previsora S.A. Compañía de Seguros, pagará la suma de ciento veinte millones de pesos m/cte ($ 120.000.000,00); Seguros Liberty S.A. pagará la suma de diecisiete millones novecientos cincuenta y tres mil pesos m/cte ($ 17.953.000,00) y el departamento de Risaralda cancelará la suma de ochenta y dos millones cuarenta y siete mil pesos m/cte ($ 82.047.000,00); estas sumas serán canceladas a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la ejecutoria del auto por medio del cual el Consejo de Estado avale este contrato de transacción, mediante cheques de gerencia a nombre de la Dra. Nancy Monsalve Morales, apoderada judicial de los indemnizados, según facultad otorgada por estos.

“(...) Resumen de condenas del fallo del a-quo:

“Perjuicios morales $ 247.975.000,00 

“Perjuicios materiales $ 58.279.631,00 

“Total condenas $ 306.254.631,02 

“Quinta: Han acordado las partes, efectuar la transacción, rebajando el monto de los perjuicios morales en la suma de ciento ochenta y cinco millones novecientos ochenta y un mil doscientos cincuenta pesos ($ 185.981.250,00); y, respecto de los perjuicios materiales, se acordó un descuento de un cuarenta y uno punto seis por ciento (41.6%), arrojando un saldo de treinta y cuatro millones treinta y cinco mil trescientos tres pesos con treinta y cinco centavos m/cte ($ 34.035.303,35). Para que la suma acordada como pago sea igual a las rebajas establecidas en los dos rubros de perjuicios, se acuerda descontar del monto de los perjuicios del orden material la suma de dieciséis mil quinientos cincuenta y tres pesos con treinta y cinco centavos m/cte ($ 16.553,35), par (sic) que quede un saldo neto —los perjuicios materiales— de treinta y cuatro millones dieciocho mil setecientos cincuenta pesos m/cte ($ 34.018.750,00), que al sumarlos con el valor neto de los perjuicios morales, esto es, ciento ochenta y cinco millones novecientos ochenta y un mil doscientos cincuenta pesos ($ 185.981.250,00), arroja un gran saldo de doscientos veinte millones de pesos ($ 220.000.000,00).

“(...) Séptima: renuncia a instaurar demandas, a seguir con la iniciada y al cobro de otras pretensiones. Los indemnizados renuncian expresamente a continuar con el proceso de reparación directa que actualmente se tramita en la Sección Tercera del Consejo de Estado radicado bajo el número 66001-23-31-000-2002-00810-01 y/o a iniciar nuevas acciones contencioso administrativas, civiles y/o penales o de cualquier otra índole en contra de: departamento de Risaralda, Consorcio Franco Arias R y M Construcciones Ltda.; La Previsora S.A. Compañía de Seguros; Liberty Seguros S.A.; y de cualesquiera otra persona natural o jurídica que tenga de acuerdo con las leyes colombianas que responder patrimonialmente por los daños causados a los indemnizados por razón de estos mismos hechos.

“(...) Novena: Las sumas anteriores pactadas en el presente contrato de transacción, no generarán intereses durante el período de cancelación, pero sí después de vencidos los quince (15) días del plazo que ha sido pactado y los cuales serán cancelados de conformidad con lo reglado en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

“Décima: Las partes por intermedio de sus apoderados solicitan al honorable Consejo de Estado, en su Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con sede en Bogotá D.C., de común acuerdo, aprobar el contrato de transacción así celebrado, cuyo texto será presentado por los apoderados, para darle terminación al proceso.

“(...)” (fls. 321 a 328, cdno. ppal. 2 instancia).

II. Consideraciones

1. Observaciones generales sobre la transacción en materia contencioso administrativa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 del Código Contencioso Administrativo, los procesos que se tramitan ante esta jurisdicción podrán terminarse por transacción.

El artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en los procesos que se tramitan ante esta jurisdicción por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, preceptúa que las partes en cualquier estado del proceso podrán transigir la litis. También puede hacerse respecto de las diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia.

Para que la transacción produzca efectos procesales, deberá presentarse solicitud escrita por quienes la hayan celebrado, tal como se dispone para la demanda, dirigida al juez o tribunal que conozca del proceso o de la respectiva actuación posterior a este, según fuere el caso, precisando sus alcances o acompañando el documento que la contenga.

Dicha solicitud podrá presentarla también cualquiera de las partes, acompañando el documento de transacción autenticado; en este caso se dará traslado del escrito a las otras partes, por tres días.

Por su parte, el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil establece que los representantes, de la Nación, departamentos, intendencias, comisarías y municipios solo pueden transigir con la autorización expresa del Gobierno Nacional, del gobernador, intendente, comisorio o alcalde, según fuere el caso.

Como se observa, en materias contencioso administrativas la ley autoriza el uso de este mecanismo, siempre que el mismo se realice por las partes directamente o representadas mediante apoderado con poder expreso para el efecto. En el caso de las entidades públicas sus representantes legales deben contar con la capacidad, facultad y autorización que se requiera para transigir los intereses litigiosos. La solicitud de aprobación deberá presentarse personalmente.

2. Caso concreto.

En este caso, la solicitud de aprobación de la transacción fue presentada de manera conjunta por los representantes legales regionales de las aseguradoras, la apoderada especial del departamento de Risaralda (con expresas facultades para transigir otorgadas por el gobernador del departamento), y la apoderada judicial de la parte demandante, todos ellos suscribientes del mencionado contrato de transacción (fls. 310 a 314, cdno. ppal. 2 instancia).

Revisado el expediente, encuentra la Sala que los representantes legales de las sociedades aseguradoras, la apoderada judicial del departamento de Risaralda y, la doctora Nancy Monsalve Morales, esta última apoderada judicial de la parte actora, ostentan plenas facultades para celebrar el contrato de transacción que se pone a consideración de esta corporación, motivo por el cual la capacidad de las partes se encuentra plenamente acreditada.

Ahora, si bien la apoderada judicial de la gobernación de Risaralda no tiene autorización expresa para transigir (CPC, art. 341), es lo cierto que sí cuenta con la facultad expresa para conciliar, razón por la que es posible predicar la existencia de la autorización expresa para lo primero, dado que todo acuerdo conciliatorio parte del supuesto necesario de que el asunto sobre el cual verse sea de carácter transigible; es decir, que los derechos sobre los que recae el acuerdo sean de aquéllos disponibles jurídicamente.

Así las cosas, si en el poder especial otorgado por el Gobernador de Risaralda se concedió facultad para conciliar (fl. 329, cdno. ppal. 1), ello implica, por sí mismo, que la apoderada judicial del departamento cuenta, igualmente, con potestades para transigir, sin que con esto se desconozca el postulado normativo del mencionado artículo 341 ibídem.

Lo anterior, por cuanto el artículo 65 de la Ley 446 de 1998 señala expresamente que serán conciliables todos los asuntos que sean susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley (1) .

Así las cosas, concluye la Sala que el poder otorgado expresamente con potestades para conciliar, comprende igualmente facultades para transigir, por lo que resultaría demasiado restrictiva y formalista la posición que entiende que el postulado de la norma del artículo 341 del Código Procedimiento Civil no se satisface con la autorización expresa para conciliar, sino que debe ser otorgada especialmente para adelantar cualquier tipo de acuerdo transaccional en el que intervenga la Nación o una entidad territorial; una interpretación armónica de la norma del artículo 341 ibídem, en concordancia con los artículos 228 de la Carta Política (2) , 65 de la Ley 446 de 1998 y 19 de la Ley 640 de 2001, permite concluir que el mandato expreso concedido para conciliar comprende, consecuencialmente, el de transigir (3) . (4)

Ahora bien, en relación con el contenido y alcance del contrato de transacción que es objeto de análisis, observa la Sala que en este los sujetos que hacen parte de la relación jurídico procesal hacen, respectivamente, cesiones de sus derechos con el propósito de obtener una solución a la controversia planteada, de tal manera que las personas jurídicas que integran el extremo pasivo de la litis, en el contrato sub examine se comprometen a cancelar a los demandantes la suma de $ 220.000.000,00 dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de aprobación del contrato y, por su parte, los actores acuerdan desistir de la acción que dio origen al presente proceso judicial y, adicionalmente, se obligan a declarar a paz y salvo a las sociedades demandadas de los perjuicios por ellos padecidos con la muerte de su padre, hijo y hermano Luís Gabriel Ramírez.

En ese orden de ideas, para la Sala se encuentra acreditados los requisitos de índole sustancial y formal de que tratan los artículos 2469 y siguientes del Código Civil, 340 y 341 del Código de Procedimiento Civil.

De otra parte, se encuentra demostrado en el proceso que la división acordada por las personas jurídicas demandadas para el pago de los valores transigidos, se realizó de conformidad con los parámetros y postulados contenidos en la sentencia proferida por el tribunal en primera instancia, así como de conformidad con los amparos asumidos por las sociedades aseguradoras en las pólizas otorgadas para cubrir los riesgos amparados a favor del departamento de Risaralda, razón por la cual el contrato de transacción, objeto de análisis, no ofrece motivo de duda en cuanto a su aprobación, y así procederá la Sala a declararlo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. APRUÉBASE la transacción celebrada por las partes en el proceso de la referencia, en los términos del respectivo contrato contenido a folios 321 a 328 del cuaderno principal de segunda instancia.

2. DECLÁRASE terminado el presente proceso por transacción, de conformidad con los postulados del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil.

3. Ejecutoriado este auto, por secretaría, DEVUÉLVASE el expediente tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase.

Mauricio Fajardo Gómez—Ruth Stela Correa Palacio—Alier E. Hernández Enríquez—Ramiro Saavedra Becerrra—Fredy Ibarra Martínez. 

(1) En similar sentido establece el artículo 19 de la Ley 640 de 2001 lo siguiente: “Se podrán conciliar todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento y conciliación...” Como se aprecia, la norma resalta nuevamente que son asuntos conciliables aquellos mismos que son transigibles, es decir, materias o derechos que pueden ser renunciables y que gozan de disponibilidad por las partes. De otra parte, vale la pena resaltar que en la definición legal se cometió un yerro en la redacción de la disposición, en tanto se incluyó el objeto definido dentro de la definición.

(2) “La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo” (negrillas adicionales).

(3) “Se ha creído ver naturaleza jurídica diversa a la conciliación, por el hecho de que en ella interviene un conciliador, cuya misión en (sic) propiciar el terreno, abonarlo, para que el acuerdo sea fructífero, pero quien no tiene injerencia decisorio en las bases y alcances de la determinación que, por ser transaccional, corresponde exclusivamente a los interesados, de ahí precisamente que solo esté dentro de sus posibilidades sugerir fórmulas de arreglo que bien pueden ser acatadas por las partes, pero nunca hacerlas imperiosas o, lo que es peor, tratar de que a las llegaron las partes se cambien por no estar de acuerdo con ellas... En suma, si se quieren hallar diferencias a las figuras (entiéndase entre la conciliación y la transacción) la única sería que la conciliación es una transacción a la cual se llega con la intervención de un conciliador, mientras que la que podríamos llamar transacción pura, la logran las partes de manera directa”. López Blanco, Hernán Fabio “Procedimiento Civil - Parte General”, Editorial Dupre, Bogotá, 2002, págs. 566 y 567.

(4) “... la ley que consagra la conciliación la ha sujetado a todos aquellos casos en que por la naturaleza del conflicto sean susceptibles de transacción, de tal manera que el objeto de conciliación será el mismo que el de transacción, con algunas variantes que se verán más adelante”. Junco Vargas. José Roberto. “La Conciliación”, Editorial Jurídica Radar, Bogotá 1993, pág. 65.

____________________________________