Auto 30466 de mayo 19 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 162

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Luis Quintero Milanés

Bogotá, D.C., diecinueve de mayo de dos mil diez.

Vistos

Escuchado en diligencia de indagatoria, procede la Sala a definir la situación jurídica del Representante a la Cámara, Luis Carlos Restrepo Orozco.

Filiación del procesado

Luis Carlos Restrepo Orozco, se identifica con la cédula de ciudadanía 16.204.719 de Cartago (Valle del Cauca), su estado civil es separado, padre de una hija de 24 años y se ha dedicado toda su vida al ejercicio de la política habiendo ocupado varios cargos públicos del orden municipal y departamental, de los cuales se destacan el de alcalde de Cartago y diputado de la Asamblea del Valle del Cauca. Fue elegido representante a la Cámara por la circunscripción electoral del mismo departamento por el periodo constitucional 2006-2010, cargo en el cual tomó posesión el 20 de julio de 2006.

Hechos

Elegidorepresentante a la Cámara por la circunscripción electoral del Valle del Cauca, el 17 de julio de 2006 el doctor Luis Carlos Restrepo Orozco y una vez autorizado el trámite por prelación, se presentó al DAS con el fin de obtener la expedición del certificado de antecedentes judiciales, pues se trataba de uno de los documentos requeridos para el acto de posesión que se llevaría a cabo el 20 del mismo mes y año.

En tal oportunidad fue atendido por Fredy Alexander Rojas Cortés, quien digitó los datos personales del congresista en el sistema SIFDAS, habiendo obtenido resultado positivo, pues le aparecían pendientes con el juzgado Promiscuo Municipal de Soledad Atlántico en donde le figuraba proceso por alimentos, la Fiscalía Sexta Seccional de Buga que le reportaba una investigación por el delito de prevaricato por acción y la Fiscalía Especializada 1 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario había comunicado la existencia en su contra del proceso 1458 —sin indicar delito—.

De este resultado se le informó en el acto a Luis Carlos Restrepo Orozco explicándole el procedimiento a seguir, es decir, obtener certificaciones de las respectivas autoridades judiciales acerca de los ítems relacionados en los “fallos”(1) que le entregaron(2), para que, obtenidas las correspondientes constancias en cada caso, se dirigiera a la oficina de “aclaraciones” del DAS con el fin de actualizar la información y obtener la expedición del certificado judicial.

Pese a lo anterior, el congresista no agotó el procedimiento indicado, optando por encomendarle el trámite del certificado judicial a un desconocido para él, de nombre Jorge Iván, quien le consiguió a su nombre el certificado 14362815, expedido el 19 de julio de 2006, mismo documento que le sirvió para cumplir uno de los requisitos necesarios para el acto de posesión como congresista, el cual se llevó a cabo al día siguiente, esto es, el 20.

Un año más tarde, ante la nota presentada por el periodista Carlos Cárdenas de Noticias Uno, acerca de la falsedad del certificado judicial utilizado por Luis Carlos Restrepo Orozco para su posesión, el DAS llevó a cabo una auditoría pudiéndose establecer que la libreta 14362815, corresponde al serial de las entregadas el 18 de julio de 2006 al funcionario Néstor Ricardo Álvarez Romero, el cual de haberse vendido y expedido ese día debía contener tal fecha y no el 19 de ese mes.

También se estableció que la información soporte que se ingresó al sistema por la funcionaria Elizabeth Cruz Sánchez, se hizo con base en una tarjeta biográfica diligenciada a nombre de Carmenza González Díaz con cédula 41.250.448, cuyo cupo numérico, de acuerdo a la información suministrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil al DAS no le corresponde a dicha persona, sino a Ninfa García Achagua.

La indagatoria

En cuanto a los hechos que dieron origen a la presente investigación Luis Carlos Restrepo Orozco explicó que a mediados del 2006, después de las elecciones de marzo del mismo año en las que fue electo Representante a la Cámara, averiguó en la secretaría general de dicha corporación los requisitos necesarios para tomar posesión del cargo y como uno de ellos era precisamente el certificado de antecedentes judiciales, en el mes de junio un amigo le hizo la consignación respectiva a nombre del Fondo Rotatorio del DAS en el Banco Cafetero de Pereira, presentándose posteriormente a las oficinas del departamento administrativo de esa ciudad con el recibo, las fotos y su cédula de ciudadanía, sin que finalmente hubiera podido hacer el trámite correspondiente por problemas técnicos en la red.

Posteriormente viajó a Bogotá a apersonarse del tema de la posesión en el Congreso y el 17 de julio de ese mismo año su amigo Lorenzo Ramírez lo llamó para comunicarle que había hablado con un concejal amigo de él y le había conseguido una cita en el DAS para que le tramitaran el certificado judicial con prelación.

Ese mismo día, hacia las tres de la tarde, Lorenzo lo acompañó a las oficinas del DAS, lo esperó afuera, mientras él preguntó por un señor de apellido Díaz, quien autorizó su ingreso para el trámite del certificado judicial. No obstante el funcionario que lo atendió con esa finalidad le manifestó que no era posible expedirle el citado documento por cuanto, de acuerdo con el sistema, presentaba pendientes, circunstancia que lo sorprendió porque tenía la certeza de que todos los asuntos judiciales que se habían adelantado en su contra, para ese momento estaban precluídos o prescritos y así se lo hizo saber a quien lo atendió.

Esa misma persona lo acompañó entonces a una sala cuyo número no recuerda, pero allí fue atendido por otro funcionario a quien también le informó no tener asuntos pendientes, procediendo entonces a llamar a la juez Zoraida Olaya, quien manifestó que efectivamente el proceso de su conocimiento ya había precluido y que “los demás también”. En el mismo sitio, le entregaron “como una relación de los procesos que estaban como allí anotados” y le devolvieron las fotos y el recibo de la consignación.

Y aun cuando el funcionario del DAS habló con la juez y ella se comprometió a certificar por escrito que en contra de Luis Carlos Restrepo Orozco no habían procesos pendientes, él manifestó que de todos modos hablaría con su abogado, Oscar Marino Arias, para que le enviara vía aeropuerto aeropuerto copia de las decisiones correspondientes, proceder que finalmente no llevó a cabo porque no se pudo comunicar con dicho profesional, pues al parecer se encontraba fuera del país.

De las instalaciones del DAS salió para el Congreso de la República, en donde hacia las cinco de la tarde se encontró con el senador Mario Londoño, amigo suyo desde cuando aquél fue alcalde de Pereira y él de Cartago. Entablaron una conversación en la que se tocó el tema de las diligencias necesarias para la posesión, oportunidad que aprovechó para comentarle lo que le acababa de ocurrir en el DAS con la expedición de su certificado judicial, inconveniente ante el cual el Senador le replicó que él no tenía que ir hasta allá porque a varios representantes les habían hecho el trámite en las oficinas del Congreso. Además, que él era amigo de un alto funcionario de esa entidad que le podía ayudar y le presentó a un señor de nombre Jorge Iván, diciéndole que él le hacía “la vuelta”.

Ante ese ofrecimiento, le entregó copia de la consignación, de la cédula, las fotos y le dio su número de teléfono a Jorge Iván, cuyo apellido no recuerda. Esta misma persona lo llamó el 18 de julio en horas de la tarde y como él le manifestara que se encontraba en la cafetería Oma, ubicada cerca del Congreso y de la Universidad Libre, le pidió que lo esperara allí porque necesitaba ir con un funcionario del DAS a diligenciar el certificado judicial y efectivamente, así ocurrió. Jorge Iván llegó al sitio acompañado de un dactiloscopista que anotó algunos de sus datos en un papel aparte y le tomó la impresión dactilar en el certificado judicial —que se encontraba en blanco— , le dijo que lo firmara y tomó sus huellas en una tarjeta que también firmó en blanco. Después, se fueron los dos sujetos con el compromiso de llamarlo al día siguiente, esto es, el 19 de julio.

Tal procedimiento no le pareció inusual en virtud a las acotaciones que le había hecho el senador Mario Londoño y además estaba tranquilo porque sabía que no tenía asuntos pendientes con la justicia.

Efectivamente el 19 de julio le entregaron el certificado judicial 14362815, documento que el 20 del mismo mes presentó para su posesión en el Congreso de la República, como Representante a la Cámara.

Al año siguiente, su secretaria lo llamó diciéndole que en su oficina se encontraba el periodista de Noticias Uno, Carlos Cárdenas, pidiendo copia del certificado judicial, el cual, decía, era falso. Dio la autorización correspondiente para que la secretaría administrativa del Congreso expidiera la copia porque no temía nada al respecto por haber hecho legalmente el trámite y no tener nada que ocultar.

Todo lo ocurrido, solo le ha dejado inquietudes sin resolver, puesto que no tenía ningún motivo para falsificar su certificado judicial, porque el documento que posee pertenece al DAS, la huella y la firma que en él aparecen son las suyas y el hecho de que no haya ido personalmente no es irregular porque dicha entidad ya lo había hecho otras veces con otros congresistas, y el mismo proceder se ha utilizado en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Además, es un hombre de bien y no entiende qué intención pudo existir al interior del DAS para que el número de certificado que le correspondió aparezca registrado a nombre de una señora con una cédula que tampoco le pertenece a ella.

No obró de mala fe, y se le ocurre como explicación que alguno de los enemigos políticos que tiene por su fortaleza electoral consiguió a alguien adentro del DAS para hacerle el mal “y la bulla y tratar de molestarme consiguió que en este registro que de pronto aparecía allá coincidiera este número allá en los archivos, en fin, hayan cambiado, en fin, para poderme justificar de que esto es falso. Me imagino. No sé”.

Reconoció como su firma la que aparece al folio 343 del libro de prelaciones del DAS en la que consta la autorización de su ingreso a esas dependencias por “Alex Díaz” el 17 de julio de 2006, con la anotación al frente de “fallos”, es decir los formatos que debía llevar o hacer llegar a las autoridades con las que le aparecían pendientes para que certificaran sobre los ítems relacionados en cada uno de ellos. De la misma manera reconoció como su firma la que aparece en la copia de los respectivos documentos(3).

En cuanto a las certificaciones que debía solicitar con base en los fallos que le fueron entregados cuando intentó el trámite por prelaciones en el DAS manifestó que finalmente no las pidió ante las autoridades correspondientes, pero después de su posesión envió por correo certificado de Servientrega una relación de las copias de las preclusiones a la oficina donde se expide este documento.

No recuerda bien la oficina a donde dice lo llevó el funcionario que lo atendió inicialmente en prelaciones y le dijo que tenía pendientes, y aunque se comprometió a regresar al DAS al día siguiente a llevar las copias de las preclusiones, finalmente no lo hizo porque no ubicó al abogado y ese mismo día, horas más tarde, se encontró con el senador Mario Londoño y encargó a Jorge Iván del trámite de su certificado.

Así mismo, después del escándalo suscitado con la noticia del periodista Carlos Cárdenas acerca de la falsedad de su certificado judicial estuvo en el DAS y habló con un funcionario que cree era de la oficina de control interno, diciéndole que se le hacía extraña la situación porque él no tiene antecedentes. En ese momento no pudo llevar el original del documento porque lo tenía extraviado. Allí, también se enteró que se iba a iniciar una investigación disciplinaria en contra de algunos subalternos del mencionado departamento administrativo por las irregularidades presentadas con la expedición de su certificado judicial.

En el proceso disciplinario que inició la oficina de control interno del DAS rindió testimonio relatando que no tramitó personalmente el certificado judicial y que lo hizo a través de Jorge Iván, persona a la que ha tratado de ubicar sin éxito.

También recordó que después de obtenido el certificado judicial se encontró con Jorge Iván en la cafetería El Virrey, del Hotel Tequendama y como estaba tan agradecido por haberle hecho “la vuelta” le regaló $ 50.000.

Por último, frente al cargo formulado por el delito de falsedad ideológica en documento público, agravado por el uso, en calidad de determinador, manifestó haber obrado de buena fe y que lo más justo sería que la Corte le archive la investigación.

Consideraciones

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 235 de la Constitución Política y 32.7 del Estatuto Procesal Penal, es la Corte Suprema competente para adelantar la presente actuación y resolver la situación jurídica del congresista Luis Carlos Restrepo Orozco, cuya calidad foral se encuentra acreditada con la certificación expedida por la subsecretaría general de la Cámara de Representantes, según la cual dicho ciudadano fue elegido Representante por la circunscripción electoral del Valle del Cauca para el período constitucional 2006-2010, cargo en el cual tomó posesión el 20 de julio de 2006(4).

2. Ahora bien, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 354 de la Ley 600 de 2000 la situación jurídica se define en los eventos en que proceda la detención preventiva, esto es, cuando el delito materia de investigación tenga señalada pena mínima igual o superior a cuatro (4) años de prisión o tratándose de las conductas punibles expresamente previstas en el inciso 2º del artículo 357 ibídem, por descontado en este asunto es la necesidad de proceder a ello, dado que la conducta imputada en la diligencia de indagatoria lo fue por el delito de falsedad ideológica en documento público, agravada por el uso, en calidad de determinador.

Dicha ilicitud, se encuentra descrita en los artículos 286 y 290 del estatuto sustantivo, cuya pena, atendido el incremento establecido por la Ley 890 de 2004, oscila entre cinco (5) años y cuatro (4) meses de prisión, el mínimo y 12 años el máximo, guarismo este último que a su vez se incrementa hasta en la mitad por razón de la circunstancia específica de agravación.

Lo anterior tiene su razón de ser, de un lado, por la modalidad de participación, pues de acuerdo a lo previsto en el artículo 30 del Código Penal, el determinador incurre en la misma pena del autor; y de otro, en el criterio interpretativo de la Sala en cuanto a que la gradualidad dispuesta en la Ley 906 de 2004 para que, en desarrollo del Acto Legislativo No. 003 de 2002 el nuevo sistema procesal penal de tendencia acusatoria se hiciera por distritos, y en esa medida las modificaciones introducidas al Código Penal a través de la Ley 890 del mismo año, entre las que se cuenta un incremento generalizado de penas y la creación de nuevos tipos penales, entre otras, con el propósito de establecer “... un margen de maniobra a la Fiscalía...” y asegurar “la imposición de sanciones proporcionales a la naturaleza de los delitos que se castigan”, rigen también de manera gradual, pues, tal como se señaló en su artículo 15, excepción hecha de los artículos 7º a 13 —que entraron a regir de inmediato— sus demás disposiciones lo hicieron desde el 1º de enero de 2005, en los distritos de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira.

Tal línea de interpretación, desde luego, no desconoce el mandato del artículo 533 de la Ley 906 de 2004, según el cual tal normatividad regiría “para los delitos cometidos con posterioridad al 1º de enero de 20005” y que “Los casos de que trata el numeral 3º del artículo 235 de la Constitución Política(5) continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000”, pues tal previsión no excluyó como destinatarios de dicha ley sustantiva a esta clase de funcionarios, de modo que no se les pueda aplicar los incrementos punitivos previstos en la Ley 890 de 2004, cuando la comisión de la conducta delictiva haya ocurrido en un distrito donde regía el nuevo sistema procedimental.

Así las cosas, y siendo claro que los hechos materia de esta investigación ocurrieron en el mes de julio de 2006 en la ciudad de Bogotá, cuando en este distrito regía la Ley 906 de 2004 y la 890 del mismo año, el delito objeto de imputación se rige por los extremos punitivos señalados conforme al incremento general de penas establecido en la última normatividad mencionada, el cual, sobrepasa con creces el límite establecido en la ley para resolver la situación jurídica a Luis Carlos Restrepo Orozco y se le afecte con medida detentiva.

En efecto, como pasará a verse, de la prueba legalmente recaudada surgen indicios graves que lo señalan como responsable del ilícito contra la fe pública por el que se le investiga, cumpliéndose así los requisitos sustanciales de que trata el artículo 356 de la Ley 600 de 2000.

3. Para comenzar, entonces, es necesario analizar la modalidad delictual y la forma de participación que a título de determinador, le fue imputada al representante a la Cámara Luis Carlos Restrepo Orozco.

La forma de participación

El artículo 30 del Código Penal señala como partícipes al determinador y al cómplice, definiendo al primero como a “quien determine a realizar la conducta punible...” y le asigna la misma pena del autor(6).

El determinador, pues, es aquella persona, que sin participar materialmente en la ejecución de la conducta delictiva, ordena, sugiere o contrata o por cualquier medio idóneo convence a otro para que lo haga, asumiendo de esa manera, salvo los excesos del autor material, todo el acontecer delictual, pues a la postre, el delito se comete para él o por él.

De igual modo, tratándose de delitos propios o de sujeto activo cualificado, no es necesario que el determinador ostente la calidad que exige el tipo objetivo para su actualización, porque, como se dijo, quien realiza materialmente la conducta es el detentador de dicha calidad, sólo que obra contrario a derecho cumpliendo orden o sugerencia, o simplemente por pago o remuneración ofrecida.

El tipo objetivo

La descripción típica del delito de falsedad ideológica en documento público está así contenida en el artículo 286 del Código Penal:

“El servidor público, que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años”.

Y por su parte, el artículo 290 de la misma codificación establece una circunstancia específica de agravación para los delitos contra la fe pública, excepción hecha del ilícito de falsedad en documento privado, en los siguientes términos:

“La pena se aumentará hasta en la mitad para el copartícipe en la realización de cualesquiera de las conductas descritas en los artículos anteriores que usare el documento, salvo en el evento del artículo 289 de este Código”.

Obviamente que la sanción del delito se incrementa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, en una tercera parte el mínimo, y en la mitad, el máximo, quedando éstos establecidos, a partir del 1º de enero de 2005, para las conductas cometidas en los distritos de Bogotá, Armenia, Manizales y Pereira, como ocurrió en este caso, entre cinco (5) años y cuatro (4) meses y dieciocho (18) años.

Esta modalidad de atentado a la fe pública, ha dicho reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia, no recae sobre la materialidad del documento, en la medida en que la alteración u ocultación de la verdad se concreta en su contenido. De ahí que si bien puede ser auténtico porque corresponde a aquellos expedidos por la autoridad pública, o se usa la papelería oficial, los sellos oficiales y hasta las firmas, en el evento en que las tengan, su contenido no es verdadero y se hace constar como si lo fuera.

En este sentido, de manera reiterada la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que:

“La descripción comportamental recogida en el tipo de falsedad ideológica en documento público, alcanza realización, ha sido dicho, cuando el empleado oficial, en ejercicio de sus funciones, extiende documento que pueda servir de prueba y consigna en él una falsedad o calla total o parcialmente la verdad, independientemente de los cometidos ulteriores que hubiese perseguido con su conducta, pues lo que la norma protege es la credibilidad en el contenido de tales documentos dada por el conglomerado, en cuanto se ha convenido otorgarles valor probatorio de las relaciones jurídico-sociales que allí se plasman”.

“Pero esta verdad, y la realidad histórica que ha de contener el documento oficial, debe ser íntegra, en razón a la aptitud probatoria que el medio adquiere y con la cual ingresa al tráfico jurídico. En virtud de ello, el servidor oficial en la función documentadora que le es propia, no solo tiene el deber de ceñirse estrictamente a la verdad sobre la existencia histórica de un fenómeno o suceso, sino que al referirla en los documentos que expida, deberá incluir las especiales modalidades o circunstancias en que haya tenido lugar, en cuanto sean generadoras de efectos relevantes en el contexto de las relaciones jurídicas y sociales (Cfr. cas. 11280 mayo 19/99)(7).

Análisis de la prueba recaudada en este asunto

Para comenzar, se tiene que las explicaciones dadas en la diligencia de indagatoria por Luis Carlos Restrepo Orozco, como es apenas obvio, pretenden justificar un comportamiento que, dada la secuencia de acontecimientos antecedentes y subsiguientes no permiten excluir la tipicidad, que a no dudarlo, se estructura en este evento frente al atentado a la fe pública y menos, disculpan su actuar.

Por el contrario, la pretensión de mostrarse ingenuo o convencido de que en su comportamiento no obraba la intención de cometer un delito o si se quiere, de haber sido objeto de un personaje inescrupuloso o de oscuras maniobras en el DAS en el trámite de su certificado judicial, se queda sin piso al confrontar el caudal probatorio que respalda los hallazgos de la auditoría interna realizada por esa entidad, una vez conocida públicamente la nota difundida por Noticias Uno, acerca de la falsedad del mencionado documento.

En efecto, la precariedad de las explicaciones dadas por el congresista Luis Carlos Restrepo Orozco acerca de las diligencias realizadas con el propósito de obtener el certificado judicial evidencian el conocimiento cierto y claro que él tenía en cuanto que su expedición legal y por el conducto regular estaba condicionada al cumplimiento de un formal requisito: allegar certificaciones expedidas por las autoridades con las que, según el sistema Sifdas, tenía pendientes, las cuales debían oficialmente aclarar los ítems relacionados en cada una de ellas, tales como el estado de la actuación, autoridades que conocieron, si tenía medida de aseguramiento decretada o si estaba autorizado para salir del país.

Tal conclusión emerge de los testimonios rendidos por Manuel Alexander Díaz Casas, Fredy Alexander Rojas Cortés y Nubia Susana López Prieto, funcionarios del DAS que intervinieron en la atención prestada el 17 de julio de 2006 a Luis Carlos Restrepo para que hiciera el trámite del certificado de antecedentes judiciales.

El primero, en calidad de Jefe de Identificación de la entidad fue la persona que, según se reporta al folio 343 del libro de prelaciones del DAS, para esa fecha, autorizó el ingreso de Restrepo Orozco con esa finalidad. El segundo, es el detective que consultó por el sistema Sifdas la cédula del indagado, le informó de las anotaciones que le aparecían, le entregó copia de los fallos que debía llevar o hacer llegar a dos despachos fiscales y a un juzgado de Soledad (Atl.) para que certificaran el estado de los procesos, la existencia de medidas de aseguramiento y las restricciones que tuviere para salir del país. Además, le explicó el procedimiento a seguir ante la oficina de “aclaraciones judiciales” del DAS para que, una vez cumplido ello se le expidiera el documento solicitado.

Nubia Susana, secretaria del primero de los mencionados, fue la persona que le recibió a Restrepo Orozco los documentos requeridos para el trámite del certificado y de su puño y letra, como así lo reconoció en declaración rendida ante la Corte, hizo la siguiente anotación visible al renglón once del folio 343 del libro de prelaciones del DAS: “17 de julio. Luis Carlos Restrepo Orozco c.c. 16.204.719. Fallo”, la cual, según explico la testigo, indica que la persona efectivamente fue atendida pero no se le expidió el certificado, porque la anotación “fallo”, significa que debía aclarar su situación judicial.

Y aunque frente a ese episodio, suficientemente acreditado en la actuación, el indagado no tuvo alternativa distinta a la de admitir su ocurrencia, el intento por recrearlo con otra serie de situaciones de las que se vale para mostrar que actuó de buena fe y, por consiguiente, amparado en el convencimiento de no tener pendientes en su contra, no se revierte a su favor, pues, la lógica de lo probado hasta este momento no permite admitirlo como posible.

Dijo Luis Carlos Restrepo Orozco que Lorenzo Ramírez, su amigo, logró por intermedio de un concejal que en el DAS le hicieran el trámite del certificado judicial como una prelación. Por eso, el 17 de julio de 2006, cuando en horas de la tarde ingresó a las instalaciones de la entidad, una mujer le hizo varias preguntas, mientras un hombre le informó que tenía pendientes, observación que no le pareció posible y así se lo expresó al funcionario, quien ante esa respuesta optó por llevarlo a otra oficina en donde, después de hacer una llamada telefónica y hablar con una juez de nombre Zoraida Olaya, le prometieron ayudarle porque, según él, la mujer afirmó que el proceso que tenía en su despacho ya había concluido y los demás también.

Como se ve, solo ahora, tres años después de iniciado el proceso disciplinario en el DAS cuyo contenido conoció a través de las copias pedidas por su defensor, en donde se verificó su ingreso a la entidad el 17 de julio, el señor Restrepo Orozco no tuvo más camino que admitir ese hecho en la indagatoria, posición que contrasta abiertamente con la actitud asumida inmediatamente después de difundida la nota periodística por Noticias Uno y aún en su intervención por certificación jurada en la referida actuación disciplinaria, en donde se limitó de manera escueta a señalar que el trámite de su certificado de antecedentes judiciales se lo había encomendado a un tramitador de nombre Jorge Iván.

Tal revelación entonces, no surgió espontánea. Por el contrario, el afán por justificar no sólo el relato sino lo realmente ocurrido, permite inferir que cuando Restrepo Orozco acudió a los servicios de un tramitador no lo hizo de buena fe, ni por ofrecimiento que le hiciera el senador Mario Londoño para que evitara desplazarse a las oficinas del DAS, sino porque ya sabía que debía agotar un procedimiento previo que le demandaría un costo en tiempo que no estaba dispuesto a asumir porque el acto de posesión estaba próximo.

Con base en lo expuesto, se tiene que si Restrepo Orozco recibió los fallos en la oficina en la que se le atendió por prelaciones, como consta en el libro y lo declaró el investigador Fredy Alexander Rojas Cortés, quien afirmó que a ello se concretó su actuación en este caso, deviene cuando menos ilógico que en el supuesto traslado a la oficina de aclaraciones, su situación judicial hubiera quedado despejada con la llamada telefónica que, según el indagado, se le hizo en ese momento a una funcionaria judicial de nombre Zoraida Olaya, cuando lo cierto es que ese día no le expidieron el certificado, y fue precisamente por esa razón que le devolvieron las fotos y demás documentos, entregándole además los fallos, cuya constancia de recibo cuenta con la firma del indagado.

En este sentido, bien vale la pena recordar, que conforme a lo declarado por Alexander Díaz Casas, Jefe de la sección de identificación del DAS, en los eventos en que, como en el caso de Luis Carlos Restrepo Orozco, al momento hacer la verificación de antecedentes a la persona le aparecen pendientes o anotaciones en el sistema, el procedimiento a seguir consistía en lo siguiente:

“Si una persona registra algún tipo de anotación, de acuerdo al decreto 3738 se le entregan unos fallos y si pasados 15 días la autoridad no nos contesta esos fallos se le expide el certificado. Si una persona tiene orden de captura obviamente no se le puede expedir el certificado, ni pasados 15 días, sino simplemente se pone a disposición. Cuando una persona tiene anotaciones en nuestro sistema se procede de dos formas: i) nosotros enviamos un fallo a la autoridad judicial en este caso pues a las autoridades judiciales que ya vimos los procesos, se le entrega al ciudadano y se le hace que firme para que él sepa qué procesos tiene para que él directamente también se acerque a ese juzgado, porque es mucho más rápido cuando el ciudadano se acerca a la autoridad judicial y nos haga saber en qué estado van esos procesos; ii) cuando nos trae las constancias que mandan los juzgados se procede a tramitar el certificado de acuerdo a lo que digan las constancias, si se dice que el proceso precluyó o que está en etapa instructiva o que se condenó etc., bueno ya es de acuerdo a lo que informe el juzgado...”.

Efectivamente, tal como lo expresó el testigo, el artículo 15 del Decreto 3738 del 19 de diciembre de 2003 establece que si pasados 15 días sin que la autoridad judicial responda la información requerida por el DAS se expedirá el certificado judicial.

Lo analizado hasta aquí, demuestra que la actuación subsiguiente de Luis Carlos Restrepo Orozco se llevó a cabo de manera dolosa y con un claro objetivo: obtener un certificado judicial por fuera del conducto regular establecido en el DAS, pues resulta cuando menos curioso que precisamente momentos después de hacer personalmente la diligencia correspondiente para la expedición de su certificado judicial sin que lo hubiera obtenido por los motivos ya expresados, providencialmente se encontrara con alguien que, en dos días lo logró sin necesidad de allegar las constancias pertinentes para aclarar su situación judicial ante el DAS, o diligenciarlo personalmente.

Desafortunadamente para el congresista investigado, su versión en tal sentido carece de sustento y no es posible corroborarla, dado que el senador Mario Londoño, quien, según él le sugirió hacer el trámite por intermedio de Jorge Iván, murió en el mes de abril de 2007 y del tramitador escasamente recuerda su nombre y no tiene idea dónde se puede ubicar, a pesar de haberlo intentado.

De todos modos, lo cierto es que el certificado14362815, no fue tramitado personalmente por Luis Carlos Restrepo Orozco a través de las ventanillas de atención al público y, tampoco en la oficina de prelaciones. Lo primero fue expresamente admitido por el congresista en la indagatoria y lo segundo, porque en la única atención que se le prestó por prelaciones, esto es, el 17 de julio de 2006 no se le expidió el documento. Además la fecha del utilizado para su acto de posesión data del 19 del mismo mes y año, esto es, dos días después de su fallido intento de obtenerlo por el conducto regular.

Adicional a lo anterior, tampoco puede ser de recibo la explicación del indagado al asimilar su proceder con el de otros congresistas a quienes, según él, el DAS les había tramitado dicho documento sin necesidad de que se desplazaran a las oficinas de esa entidad, pues tal como lo manifestaron en sus testimonios Alexander Díaz Casas, Alexander Rojas Cortés y Elizabeth Cruz Sánchez, esta eventualidad se presenta de manera especial y es el producto de campañas institucionales, a las cuales mal podría en esos momentos acceder el congresista Restrepo Orozco, quien antes del 20 de julio de 2006 todavía era un particular.

De ahí que, el inusual procedimiento utilizado para la imposición de su firma y huella en el certificado judicial que aportó al momento de tomar posesión en el Congreso, es claramente indicativo de que no se trataba, se insiste, ni de un trámite por prelación y mucho menos de una campaña institucional —expresamente regulada en el manual de procedimientos vigente desde febrero de 2006(8)—, pues resulta contrario a la experiencia y al procedimiento regular utilizado en el DAS que se expida un certificado judicial a un tramitador, cuando se trata de una diligencia que necesariamente debe ser personal y mucho menos, que a hurtadillas un funcionario de esa entidad se traslade con un particular, que no es el titular del documento, a una cafetería a tomar la huella dactilar, a obtener la firma del certificado y fuera de eso a anotar en un papel los datos con los que se llenaría la tarjeta biográfica con base en la cual se ingresaría al sistema en una fecha diferente a la de la venta de la tarjeta correspondiente, pues según lo relató Elizabeth Cruz, esto ocurría de manera excepcional cuando el documento era tramitado por fuera del departamento en desarrollo de campañas institucionales o cuando se solicitaba directamente desde la oficina de prelaciones.

Como se ve, esa concatenación de actos en un procedimiento, a la postre complejo, para la expedición del referido documento público, unido a la premura que para esa fecha tenía el señor Restrepo Orozco de reunir la documentación necesaria para posesionarse el 20 de julio de 2006 como Representante a la Cámara, pues a tan solo 3 días antes de tal acontecimiento no le expedían el certificado, razonablemente permite inferir que al depositar en un tercero desconocido la labor de “tramitarlo”, o para el caso obtenerlo, no obstante incumplir la condición necesaria para ello, esto es, la aclaración de su situación judicial, no permite conclusión distinta a que actuó en calidad de determinador, en la medida en que, encomendada dicha tarea en esas condiciones, sabía que si Jorge Iván lograba su cometido, lo hacía a través de recursos y medios ilegales y por consiguiente, el certificado que a la postre le entregó tenía que ser falso.

Es que, como él mismo lo manifestó, nada hizo ante las autoridades judiciales para obtener y llevar a la oficina de aclaraciones la información requerida de los procesos respecto de los cuales le figuraban pendientes, y tampoco, es posible que autoridades con sedes distintas a la de Bogotá hubiesen recibido y respondido oficiosamente tales peticiones al departamento administrativo en el término de un día, y así, pese a la ausencia de respuesta, tampoco podía tal entidad expedirle el certificado, puesto que, como se indicó el término previsto por la ley para proceder a ello es de 15 días, que en este caso obviamente no habían transcurrido.

En suma, la prueba recaudada hasta este momento, permite sostener que siendo la tarjeta biográfica y los datos insertados en el sistema Sifdas el soporte del certificado de antecedentes judiciales, lo consignado en el es falso porque dicho documento no se registró a su nombre sino al de Carmenza Díaz González con cédula de ciudadanía 41.250.448, información a la postre, también contraria a la verdad dado que ese cupo numérico de identificación en realidad le corresponde, según la Registraduría Nacional del Estado Civil a Ninfa García Achagua, persona que, a diferencia de Luis Carlos Restrepo Orozco no tenía pendientes ni anotaciones en el sistema Sifdas, de modo que esta argucia utilizada, indudablemente con la colaboración de funcionarios del DAS permitía dar la apariencia que dicho documento fue expedido el día en que se vendió la tarjeta No. 14362815 a una persona con reporte negativo.

La necesidad de la medida detentiva

Satisfechos los requisitos de orden probatorio para imponer medida de aseguramiento en contra del sindicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Ley 600 de 2000, se examinará a continuación si concurre alguna de las finalidades que justifique su imposición.

A este respecto, el artículo 3º del Estatuto Procesal Penal establece como principio rector de la actuación en esta materia el de la libertad personal, prescribiendo como finalidades de la restricción a este derecho fundamental lo siguiente:

“... La detención preventiva, en los términos regulados en este código, estará sujeta a la necesidad de asegurar la comparecencia al proceso del sindicado, la preservación de la prueba y la protección de la comunidad”.

De igual modo, la preceptiva en cita señala como eventos que justifican la privación de la libertad, los relacionados con: (i) garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga; (ii) evitar la continuación de su actividad delictual; o (iii) precaver las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción o las que pueda desarrollar para entorpecer la actividad probatoria.

Asimismo, la conclusión positiva acerca de la concurrencia de una de tales hipótesis, torna necesario valorar los medios de prueba acopiados junto con las características del delito y las circunstancias que rodearon su ejecución, como expresiones de su potencial capacidad delictiva.

A partir de tales premisas, en el caso que ahora ocupa la atención de la Sala la ponderación de los diferentes aspectos ya enunciados, permiten concluir que es necesaria la imposición de la medida detentiva a Luis Carlos Restrepo Orozco, con miras a evitar la continuación de su actividad delictual.

Lo anterior, en atención a que, una persona que se vale de los medios más repudiables para obtener de una autoridad pública la expedición de un certificado que precisamente le permite demostrar y hacer constar que no tiene asuntos judiciales en su contra, despreciando toda recomendación y pasando por encima de los procedimientos legales y regulares, sólo para satisfacer sus necesidades inmediatas, para el caso acceder a un cargo de la entidad de un congresista, denota la necesidad de hacer efectiva la detención preventiva, con miras a lograr el efecto protector que la comunidad espera.

En efecto, si de las argucias ya referidas se valió el señor Luis Carlos Restrepo Orozco para acceder a un cargo de la entidad del de congresista, el cual, por antonomasia conlleva la representación de una colectividad que basada en su honestidad y probidad ha confiado su representación en él a través del voto se impone su protección frente a quien, sin detentar aún el poder abusó innecesariamente de él para satisfacer sus intereses privados, como se advierte de la realidad reportada en el proceso.

Eso es lo que refleja en este caso el proceder de Luis Carlos Restrepo Orozco, quien pese a ser cierto que para la fecha en que intentó tramitar el certificado de antecedentes judiciales en realidad no tenía pendientes en su contra, optó por obtenerlo de forma ilícita y si eso hizo sólo con el propósito de reunir los requisitos de posesión, qué puede esperarse en una situación en la que verdaderamente se sienta amenazado de cualquier forma?.

Además, no puede pasar inadvertido, que esta misma corporación mediante providencia de mayo 6 del año en curso también afectó con medida detentiva al señor Restrepo Orozco dentro del radicado 30.286, aspecto que corrobora la tesis aquí expuesta.

De otra parte, con ocasión de los fines que fundamentan la imposición de la medida de aseguramiento, deviene improcedente sustituir la detención preventiva por domiciliaria, pues no se advierte que la simple reclusión en su residencia sea suficiente para cumplir tal objetivo.

Por último, tampoco encuentra la Sala que concurra a favor del procesado alguna de las causales de libertad provisional contempladas en el artículo 365 del procedimiento aplicable.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Imponer a Luis Carlos Restrepo Orozco medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, sin derecho a excarcelación, como probable determinador del delito de falsedad ideológica en documento público, agravada por el uso, conforme a las razones expuestas en la parte motiva.

2. No sustituir la medida de detención preventiva por domiciliaria.

3. Remítase copia de esta decisión al radicado 30.286, para que, una vez obtenga la libertad por cuenta de esa actuación quede a disposición de esta.

4. Líbrensepor secretaría los avisos y comunicaciones de ley.

5. Contra esta decisión procede el recurso de reposición.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Maria Del Rosario González de Lemos—José Leonidas Bustos Martínez—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Augusto Ibañez Guzmán—Jorge Luis Quintero Milanés—Julio Enrique Socha Salamanca—Yesid Ramírez Bastidas—Javier Zapata Ortiz.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

(1) Nombre con el que técnicamente se identifica en el DAS un formato mediante el cual se solicita a la autoridad correspondiente información acerca del estado procesal de la actuación que el sistema reporta como anotación.

(2) Copia de tales documentos fue firmada por Luis Carlos Restrepo Orozco, como constancia de haberlos recibido para el trámite correspondiente.

(3) Folios 13, 14 y 14, cuaderno original 2.

(4) Folios 214, cuaderno original 1.

(5) La investigación y juzgamiento de los congresistas por parte de la Corte Suprema de Justicia.

(6) Cfr. auto de única instancia del 17 de septiembre de 2008, radicado 27.339.

(7) Cfr. casación del 25 de febrero de 2004, radicado 19.420.

(8) Folios 48 a 60, cuaderno original 2. Dicho procedimiento requiere solicitud escrita de la empresa o entidad correspondiente, su autorización se hace previa valoración del DAS, debe contener un número considerable de personas, las cuales debe hacerse una lista con nombres y apellidos completos, número de cédula de ciudadanía y en lo posible fecha de nacimiento y nombre de los padres, entre otros.