Auto 30706 de julio 18 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS DE ENTIDADES TERRITORIALES

Si fracasa la negociación se reanudan los procesos ejecutivos.

EXTRACTOS: «1. Revisado el expediente, la Sala observa que durante el trámite del proceso ejecutivo en primera instancia, luego de que el a quo dictó sentencia, realizó la liquidación del crédito por el capital total y la posterior reliquidación por el saldo y se ampliaron las medidas cautelares de embargo y secuestro, el municipio de Sabanalarga, Atlántico solicitó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la promoción de un acuerdo de reestructuración de pasivos, la cual fue aceptada mediante la Resolución 2539 del 27 de septiembre de 2004.

Con fundamento en ese acuerdo de reestructuración, el tribunal ordenó la suspensión del proceso ejecutivo y de las medidas cautelares con fundamento en el numeral 13 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999, relativo a los acuerdos de reestructuración de las entidades territoriales.

En ese momento procesal, la suspensión del proceso resultaba procedente en consideración a que, la Ley 550 de 1999 establece que durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración no podrán iniciarse procesos ejecutivos ni embargarse los activos de la entidad territorial y, que en caso de estarse adelantando dichos procesos o medidas, estos se suspenderán de pleno derecho.

En este caso, el hecho de que existiera sentencia ejecutiva y se hubiera realizado la liquidación del crédito no es motivo para incumplir lo dispuesto por la ley; caso diferente sería que la suma del saldo que se debe estuviera embargada y lo único que faltara fuera la entrega del título judicial al acreedor; pero como este no es el caso, ante la iniciación de un proceso de reestructuración, el ejecutante tendría que esperar la reiniciación del juicio ejecutivo para reclamar el saldo faltante.

2. No obstante lo anterior, la Sala observa que la promoción del acuerdo de reestructuración no se llevó a cabo y, por lo tanto, ante el fracaso del acuerdo, el proceso ejecutivo suspendido debe reanudarse.

En efecto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aportó copia autenticada de la inscripción del registro de que trata el artículo 58, numeral 16 de la Ley 550 de 1999, por la cual se declaró el fracaso del acuerdo.

Al respecto, el artículo 28 ibídem, sobre el fracaso de la negociación, dispone:

“El promotor, en la forma de convocatoria previsto en el artículo 23 de esta ley, convocará a una reunión al empresario y a los acreedores externos e internos de la empresa cuando del análisis debidamente sustentado de la situación de la empresa se concluya que la misma no es económicamente viable, o cuando no reciba oportunamente la información a que se refiere el artículo 20 de esta ley. En tal evento, la reunión se llevará a cabo en las oficinas del nominador, y podrá adelantarse cualquiera que sea el número de asistentes. En dicha reunión los acreedores externos e internos, con el voto de la mayoría absoluta presente en la reunión, tomarán la decisión de dar por terminada o no la negociación. Si la convocatoria se produce antes de la determinación de los derechos de voto, la mayoría absoluta la calculará el promotor con base en los documentos previstos en el artículo 20 de esta ley, si han sido suministrados, sin que quepa objeción. Si no han sido suministrados, se tomará la mayoría de acreedores, por cabezas, que acrediten sumariamente su calidad de tales. Si no asiste un número plural de acreedores, por cabezas, que acrediten sumariamente su calidad de tales. Si no asiste un número plural de acreedores o no se toma ninguna decisión, el promotor dará aviso inmediato al nominador para que se dé traslado a la autoridad competente de tramitar la liquidación obligatoria o el proceso equivalente, según la ley. (...)”.

Teniendo en cuenta que el municipio de Sabanalarga es una entidad territorial y que, por lo tanto, no es objeto de procesos de liquidación obligatoria, el efecto del fracaso de la negociación es dejar las cosas en el estado en que se encontraban antes de la aceptación de la solicitud de la promoción.

En consecuencia, ante el fracaso de la negociación, los procesos ejecutivos y las medidas cautelares suspendidas se deben reanudar».

(Auto de 18 de julio de 2007. Expediente 30706. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra).

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