Auto 3078 de agosto 30 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

TÉRMINO PARA INTERPONERLO

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Lafont Pianetta

Ref.: Expediente 3078

Santa Fe de Bogotá, D.C., agosto treinta de mil novecientos noventa y uno.

Se decide por la Corte el recurso de súplica interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido el 31 de julio de 1991, visible a folios 68 a 71 del cuaderno número uno de la actuación ante la Corte, en el trámite de este recurso extraordinario de revisión.

Antecedentes

1. Mediante demanda presentada el 27 de julio de 1990 (folios 2 a 11, cuaderno uno Corte), Basilio Quiñones Porras, interpuso el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 29 de julio de 1985, en el proceso ordinario (pertenencia) iniciado por Paulina Romero de Galindo contra Basilio Quiñones Porras y personas indeterminadas.

2. Prestada la caución exigida por la Corte y solicitado el expediente al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, se admitió la demanda mediante auto del 29 de enero de 1991 (folios 21 y 22, C-1, Corte), en el cual se ordenó correr traslado de ella y sus anexos a Paulina Romero de Galindo, así como emplazar a las personas indeterminadas que se considerasen con derecho a intervenir en el trámite de este recurso extraordinario de revisión.

3. Dentro del término legal, se hizo presente por medio de apoderado Ruth Yolanda Rojas Romero, quien invocó para el efecto la calidad de heredera de Paulina Romero de Galindo, quien como parte que fue en el proceso cuya sentencia se impetra revisar, fue convocada al trámite de este recurso extraordinario.

4. La mencionada Ruth Yolanda Rojas Romero, interpuso recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda de revisión (fl. 31 a 34, C-1 Corte), le dio contestación a la demanda aludida (folios 35 a 42, C-1 Corte) y simultáneamente propuso incidente de nulidad de lo actuado (folios 5 y 6, C-2, Corte), por considerar viciada la actuación en razón de haber sido citada al trámite de este recurso de revisión Paulina Romero de Galindo, su progenitora, fallecida el 19 de mayo de 1986.

5. Decretada la nulidad de lo actuado, por auto del 12 de abril de 1990 (folios 10 a 14, C-2, Corte), éste fue suplicado por la parte demandante y confirmado por la Sala de Casación Civil de esta Corporación, en providencia pronunciada el 15 de mayo de 1991 (folios 22 a 27, C-2, Corte) en la cual se dispuso además, que una vez ejecutoriada, el expediente se enviara al despacho del H. Magistrado Ponente, para los fines legales.

6. En atención a lo prescrito por el artículo 146 del CPC, vuelto el expediente al despacho del Magistrado sustanciador, éste, mediante auto de 31 de julio de 1991 (folios 68 a 71, C-1, Corte) resolvió de nuevo sobre la demanda con la cual se interpuso el recurso extraordinario de revisión aludido, en el sentido de rechazarla.

7. Interpuesto entonces por la parte recurrente en revisión el recurso de súplica contra el citado auto de 31 de julio de 1991 y agotado el trámite pertinente, de su decisión se ocupa ahora la Corte.

El auto recurrido

La providencia impugnada, esencialmente aduce como fundamento de su decisión, que atendida la circunstancia de que la única causal de revisión invocada por la parte recurrente es la establecida en el numeral 7º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, para cuya alegación fijó la ley un término inexorable de 5 años, so pena de caducidad, ha de entenderse que ella operó en este caso, pues “de conformidad con los artículos 90 y 91, numeral 4º del Código de Procedimiento Civil, ante la declaración de nulidad de una actuación que llegue hasta comprender la notificación del auto admisorio de la demanda, ni la presentación de ésta ni menos aún la notificación invalidada son hechos capaces de impedir la operancia de la caducidad”, por lo que forzoso es concluir que en la especie sub lite el recurso resulta a estas horas extemporáneo y por lo tanto la demanda ordenada a interponerlo debe ser rechazada por mandato del artículo 383, inciso 4º de la misma codificación”.

Razones del recurrente

Arguye el recurrente en súplica para sustentar la impugnación al auto recurrido, que la actuación anulada no pudo en manera alguna incluir la presentación de la demanda y que, por ende, si el recurso de revisión fue interpuesto en tiempo, como efectivamente acaeció, ya sea que el término de 5 años para ello se cuente desde el 29 de julio de 1985, —fecha de la sentencia que se impetra revisar—, o desde el 3 de abril de 1986, —fecha en que ésta fue registrada—, la Corte ha de pronunciarse sobre tal demanda para admitirla, inadmitirla si no reúne los requisitos formales exigidos por el artículo 382 del Código de Procedimiento Civil, o rechazarla si no fue presentada dentro del término legal.

Consideraciones

1. Con el objeto preciso de satisfacer la necesidad de seguridad jurídica en la titularidad de los derechos subjetivos, estableció el legislador términos precisos dentro de los cuales es lícito a los particulares, en ejercicio del derecho de acción, reclamar del Estado la tutela jurisdiccional de una o varias pretensiones determinadas, so pena de que, vencidos los plazos señalados por la ley, opere la caducidad, fenómeno jurídico este que despoja al particular del derecho a ejercer válidamente la acción en ese caso concreto y que, al propio tiempo autoriza al Estado, por conducto del funcionario judicial respectivo, a rechazar de plano la demanda con la cual intenta ejercerse la acción, conforme lo estatuye expresamente el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con lo prescrito por los artículos 90 y 91 del mismo código.

2. En relación con el recurso extraordinario de revisión, el legislador estableció en el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil, términos para interponerlo según fuere la causal invocada para el efecto y dispuso que, cuando no obstante el vencimiento de ellos la demanda se presente, ésta “será rechazada”. (CPC, art. 383).

3. Con miras a dejar en claro si el término de caducidad en el recurso extraordinario de revisión opera teniendo en cuenta sólo la fecha de presentación de la demanda con la cual por ministerio de la ley ha de interponerse (CPC, art. 382), o si han de tenerse en cuenta para el efecto las cargas procesales y las reglas contenidas en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil y, como lógica consecuencia las del artículo 91 ibídem, expresó la Corte en sentencia Nº 217 del 19 de junio de 1989 (recurso extraordinario de revisión Aura ligia Ramírez Ramírez contra la sentencia de 9 de diciembre de 1985 del Tribunal Superior de Bogotá, ordinario (pertenencia) de Cayetano Vainilla contra José Caita y otros), lo siguiente:

“Empero, si el plazo fijado por la ley sólo indica el límite de tiempo dentro del cual puede una persona ejercer oportunamente un derecho a formular un recurso, si así actúa, o sea, si reclama el derecho o interpone dentro del término preestablecido, como lo ha hecho dentro de la temporalidad concedida, no puede menos que concluirse que se ha ajustado a cabalidad al precepto que instituye el plazo perentorio.

Así las cosas, en tratándose del recurso extraordinario de revisión, fundado en la causal sexta, el límite del plazo para interponerlo es el último día “de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia”, y no de la notificación del auto admisorio de la demanda contentiva del mencionado recurso, como lo alega el opositor”.

Posteriormente esta corporación mediante sentencia Nº 452 del 10 de diciembre de 1990 (recurso extraordinario de revisión-Inés Carrillo Riveros contra la sentencia del 23 de julio de 1984 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, ordinario (pertenencia) de Inés Carrillo Riveros contra la Sociedad Flórez del Cielo Ltda. y Personas Indeterminadas) reiteró la doctrina citada, en los siguientes términos:

“Pues bien, como se desprende de las normas transcritas y de la jurisprudencia de esta corporación queda en claro que el plazo de caducidad establecido en el art. 381 del Código de Procedimiento Civil, se refiere sólo a la oportunidad que tiene el recurrente para proponer el recurso de revisión, mediante la demanda respectiva, la que una vez presentada ha de ser examinada por el Tribunal o por la Corte, según el caso, y si se reúnen los requisitos formales, debe el juzgador, para darle trámite al recurso, fijar la caución exigida por el artículo 383 ibídem. De ello se sigue que el momento determinante para establecer si la caducidad ha operado, es sólo el de la presentación de la demanda con que sustente el recurso, y, por lo mismo, es ilegal tener en cuenta otros,...”.

Criterio este que mantiene su vigencia después de la reforma de 1990 (D. 2282/89) al Código de Procedimiento Civil, porque cuando este estatuto, de un lado, señala que “el recurso podrá interponerse” hasta un “límite máximo de cinco años'''' (art. 381), y, del otro, que la demanda contentiva del recurso debe rechazarse “cuando no se presente en el término legal'''' (art. 383, inc. 4º), no hace otra cosa sino conservar para el aspecto temporal, el carácter dominante de recurso extraordinario, en virtud de lo cual resulta suficiente, para su promoción oportuna, su ejercicio en debida forma, lo que se traduce en la interposición del recurso mediante la presentación oportuna de la demanda que lo contiene.

4. Así las cosas, resulta entonces claro que como en el caso sub lite la demanda para interponer el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia impugnada, fue presentada el 27 de julio de 1990 (fl. 11, cdno. uno Corte), es decir, antes de haber transcurrido cinco años desde la fecha en que el fallo fue proferido por el Tribunal, como quiera que éste está calendado el 29 de julio de 1985, aparece, en principio, como formulada en tiempo oportuno, si bien adolece del defecto de no expresar en su texto la fecha en que el recurrente tuvo conocimiento de la sentencia atacada, requisito que la jurisprudencia venía exigiendo como indispensable para efecto de contar el término para la interposición del recurso, hasta antes de la expedición del Decreto 2282 de 1989, el cual, para poner una fecha cierta sobre el particular, presume que se tuvo conocimiento de la sentencia en la misma fecha en que debió inscribirse “en un registro público”. (CPC, art. 381 redacción actual).

5. De otra parte observa la Corte que la demanda fue formulada en el caso de autos con citación para el trámite del recurso de revisión a Paulina Romero de Galindo, quien actuó como parte en el proceso cuya sentencia de segunda instancia se impetra revisar. Más, como quiera que a folio dos del cuaderno dos de la actuación ante la Corte obra el certificado de defunción de la referida señora, es evidente que al trámite de este recurso han de ser citados sus herederos acompañando la prueba de serlo en su caso, quienes, como sucesores, asumen entonces la calidad jurídica que como parte tuvo aquella en el proceso.

6. De lo expuesto, concluye la Sala que la demanda con la cual se interpuso el recurso extraordinario de revisión aludido, ha de ser inadmitida, haciéndole saber al impugnador que se le concede el plazo señalado por la ley para subsanar las deficiencias advertidas, lo que es posible en este caso por cuanto el auto fechado el 28 de agosto de 1990 que concedió un plazo semejante para subsanar defectos formales de la demanda inicial, quedó invalidado por la providencia de 12 de abril de 1991 (folios 10 a 14, C-2), que declaró la nulidad de “todo lo actuado en el presente expediente”, incluido también el auto admisorio de la demanda.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

1. REVOCAR el auto de 31 de julio de 1991 mediante el cual se rechazó, sin más trámite, la demanda con la cual se interpuso por Basilio Quiñones Porras el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 29 de julio de 1985, en el proceso ordinario (pertenencia) promovido por Paulina Romero de Galindo contra el recurrente y personas indeterminadas.

2. En lugar del auto revocado se dispone: INADMITIR la demanda mencionada y conceder al recurrente un término de cinco (5) días para subsanar los defectos señalados en la parte motiva de esta providencia so pena de rechazo (art. 383 del C. de P. C.).

Notifíquese.

Eduardo García Sarmiento—Pedro Lafont Pianetta—Héctor Marín Naranjo—Alberto Ospina Botero—Rafael Romero Sierra.

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