Sentencia 30823 de julio 27 de 2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso Nº 30823

Aprobado acta 261

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Bogotá, D. C., julio veintisiete de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. La Corte es competente para conocer de la presente acción de revisión según lo previsto en el artículo 75-2 de la Ley 600 de 2000, norma que rige la presente actuación.

2. El artículo 222 de la citada ley adjetiva, establece determinados y precisos requisitos que debe contener la demanda de revisión, de los cuales se hace depender la procedencia de la misma. El carácter extraordinario y rogado de la acción, hace ineludible el cumplimiento de los referidos presupuestos de la demanda, de manera que sin la plena acreditación de los mismos no es posible la admisión de la demanda.

En esa medida, como se tiene establecido, corresponde al demandante identificar la actuación cuya revisión se reclama, los juzgadores que intervinieron en ella, las conductas punibles investigadas y juzgadas, las decisiones censuradas, la causal invocada, los fundamentos de hecho y de derecho en que se funda la acción, así como la relación de pruebas aportadas para demostrar los supuestos fácticos en que se apoya la petición.

Adicionalmente, el actor debe allegar copia de las sentencias de primera y segunda instancias con la respectiva constancia de ejecutoría y en las mismas condiciones deberá hacerlo en punto de las demás decisiones con efectos de cosa juzgada, si son el fundamento de la causal invocada.

3. En el caso sub judice, se impone inadmitir la demanda de revisión en la medida en que el demandante no aportó constancia o certificación de la ejecutoria de la resolución de acusación proferida por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Villavicencio el 11 de marzo de 2003.

La certificación sobre la ejecutoria de las decisiones cuya revisión se incoa resulta apenas elemental, cuando quiera que la acción tiende precisamente a remover la cosa juzgada.

En el presente caso, dado que la invocada causal segunda de revisión, se constata habría tenido lugar en la etapa de juzgamiento, esto es, en el estanco procesal que transcurre ante el juez de conocimiento, que comprende la ejecutoria de la resolución de acusación y la sentencia que pone fin al proceso, resultaba imprescindible allegar la constancia de ejecutoria de la aludida resolución de acusación, en cuanto, a partir de ella, se reinicia y comienza a contabilizarse un nuevo término extintivo de la acción penal.

Como lo ha expuesto la Corte:

“Para la contabilización del término de prescripción en fase de juzgamiento, los extremos temporales los marcan la ejecutoria de la resolución de acusación para su iniciación y la ejecutoria de la sentencia para su finalización. Tal consideración es requisito esencial cuando se acude a esta causal, incluir dentro de la relación de las pruebas que se aportan la resolución de acusación con la respectiva constancia de ejecutoria, pues ese, el único documento que tiene aptitud jurídica para contabilizar el término prescriptivo de la acción”(1).

Dado que, en el sub examine se echa de menos la constancia referida, se dispondrá la inadmisión de la demanda.

4. No obstante, por economía procesal desde ya advierte la Corte la improcedencia de la revisión deprecada, según se explica a continuación:

Se fundamenta la demanda, tal como se ha explicado, en la causal prevista en el numeral 2º del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, como quiera se expone en la demanda, el fenómeno de la prescripción tuvo ocurrencia antes de que quedara en firme la sentencia por medio de la cual la Corte decidió no casar el fallo de segunda instancia emitido por el Tribunal Superior de Villavicencio.

6. Dígase de una parte que, no cabe duda, la prescripción de la acción penal y de la pena, en el Estado de Derecho constituye o supone un límite a la potestad punitiva, en tanto le señala al órgano represor que esa función no puede ejercerse más allá de determinados y razonables tiempos. Las investigaciones indefinidas, intemporales, contravienen derechos fundamentales, de manera que se impone fijar límites a las mismas.

7. La causal segunda de revisión procede, tal como lo aduce el defensor, y, conforme lo tiene sentado la Corte, no solo respecto de decisiones producidas después de haber operado el fenómeno de la prescripción, sino también respecto de resoluciones que, habiendo sido proferidas en término, su ejecutoria se logra después de cumplidos los términos prescriptivos, es decir, en aquellos casos en que el término extintivo de la acción sucede en el tiempo que va entre la expedición de la decisión y la firmeza de la misma.

8. El caso examinado se centra en determinar si, conforme los mandatos del inciso segundo del artículo 187 de la Ley 600, y tal como lo decidió la Corte en auto del 23 de abril de 2008, la sentencia que denegó las pretensiones de casación quedó ejecutoriada al ser suscrita por los magistrados integrantes de la sala, es decir el 29 de febrero de 2008, y por lo tanto interrumpió el término prescriptivo de la acción penal; o, si por el contrario, era menester, según lo pregona el demandante en revisión, que la decisión fuese debidamente notificada para que interrumpiese la prescripción.

9. Destáquese que la Corte Constitucional en Sentencia C-641 de 2002, al revisar la exequibilidad del inciso segundo del artículo 187 de la Ley 600, declaró la norma ajustada a la Carta, es decir, exequible, siempre y cuando se entienda que los efectos jurídicos se surten a partir de la notificación de las providencias.

Las sentencias de constitucionalidad condicionada, como aquella referida en este caso, contrariamente a lo argumentado por el demandante, no comportan el retiro de la norma del ordenamiento jurídico, sino todo lo contrario, es el principio de permanencia o de conservación de la norma lo que lleva a mantenerla, pero de manera que, al aplicarse deba ser interpretada de la forma como el fallo de constitucionalidad lo indica. Esto es, la Corte en el juicio de constitucionalidad decide preservar o mantener vigente la norma en el ordenamiento, prescribiendo o direccionando la manera como debe ser aplicada para que resulte ajustada a la Carta Política, y no se quebranten derechos fundamentales. Es inadecuado en tales casos, ensayar, o postular una redacción de lo que podría ser el texto de la norma, como lo sugiere el demandante, por cuanto la misma se mantiene tal cual fue creada por el legislador.

Así lo ha entendido la propia Corte Constitucional cuando desde dos lustros atrás ha sostenido:

“4. (...) En cambio, la constitucionalidad condicionada consiste en que la Corte delimita el contenido de la disposición acusada para, en desarrollo del principio de conservación del derecho, poder preservarla en el ordenamiento. Así, la sentencia condicionada puede señalar que solo son válidas algunas interpretaciones de la misma, estableciéndose de esta manera cuáles sentidos de la disposición acusada se mantienen dentro del ordenamiento jurídico y cuáles no son legítimos constitucionalmente. Pero si la Corte no limita el alcance de la cosa juzgada, entonces ese pronunciamiento material de constitucionalidad condicionada tiene efectos jurídicos definitivos y erga omnes”(2).

10. Igualmente, en aras de la lealtad argumentativa, resulta oportuno señalar que en decisiones del 13 de marzo de 2008 (radicado 25547) y julio 10 de 2008 (radicado 28047), la Sala de Casación Penal expuso:

“4. De conformidad con lo señalado en el inciso 2º del artículo 187 del Código de Procedimiento Penal, las sentencias de casación, al igual que las providencias interlocutorias de segunda instancia, la consulta y la acción de revisión, quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por los funcionarios correspondientes, a menos que el fallo de casación haya sustituido la sentencia materia del recurso.

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-641 de 13 de agosto de 2002, condicionó la declaración de exequible de dicha norma, en el sentido de excluir del ordenamiento jurídico la interpretación según la cual se entendía que estaban excluidas del deber de notificación las providencias en mención por cuanto al ser suscritas quedaban ejecutoriadas.

Por el contrario, el máximo tribunal en sede de control de constitucionalidad adujo que la única interpretación de la norma susceptible de armonizarse con el debido proceso y con el principio de publicidad era la que consistía en que todas las decisiones judiciales de que trata el inciso 2º del artículo 187 de la ley 600 de 2000 tienen que ser notificadas, pues de no ser así sería imposible que produjeran efectos jurídicos.

Lo anterior representaba que, para la Corte Constitucional, el término de prescripción de la acción penal que se cuenta a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación o su equivalente “no se extingue por la imposición de la pena mediante una decisión en firme y ejecutoriada, sino hasta que dicha providencia sea efectivamente notificada”. En otras palabras,

“una vez efectuada la notificación personal o realizada la notificación por edicto (en caso de no ser posible la primera), se entiende que los sujetos procesales conocieron la decisión judicial, y a partir de ese momento se extingue el término de prescripción de la acción y empieza a contar la prescripción de la pena”.

5. En el asunto que centra la atención de la Sala, la resolución por medio de la cual la Fiscalía acusó a Jorge Norberto Arbeláez Castaño y a Nelson José Fernández Felizzola de la conducta punible de homicidio culposo cometida en contra de Luz Margarita Marín Ocampo quedó ejecutoriada el 5 de julio de 2000, fecha en la que fue suscrita la decisión que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la providencia que calificó el mérito del sumario.

Ello implicaba que el término de prescripción de la acción, por tratarse de un delito cuya pena máxima era de seis años de prisión, no podía ser inferior a los cinco años y, por lo tanto, dicho plazo expiraba en el presente caso a las cuatro de la tarde del 5 de julio de 2005, según lo establecido en el inciso 2º del artículo 86 del Código Penal (D.-L. 100/80, art. 84, inc. 2º).

Sin embargo, para el 5 de julio de 2005, no se había agotado el trámite de notificación del fallo que casó parcialmente la sentencia de segunda instancia, en la medida en que el edicto para los sujetos procesales que no se habían enterado personalmente de dicha decisión fue fijado por la secretaría de la Sala el 7 de julio de 2005, es decir, cinco años y dos días después de la ejecutoria de la resolución de acusación.

En otras palabras, como para la época en comento ya habían entrado a operar los efectos erga omnes de la Sentencia C-641 de 2002 de la Corte Constitucional, que señala que el término de que trata el inciso 2º del artículo 86 de la Ley 599 de 2000 se extingue cuando quede debidamente notificado el fallo de casación, y como además se trataba de una decisión que casaba parcialmente y modificaba la providencia de segunda instancia impugnada, es lógico concluir que los cinco años para la prescripción de la acción penal se vencieron sin que cobrase firmeza la providencia que le daba fin a la actuación”.

11. No obstante, tal como fuera destacado por la Sala en decisión de fecha 23 de abril de 2008, si la sentencia de constitucionalidad no retiró del ordenamiento el inciso segundo del artículo 187, el entendimiento que debe seguir dándosele a la disposición es el de que las decisiones allí mencionadas de segundo grado y de casación, quedan ejecutoriadas una vez sean suscritas por el juez o magistrado.

Ahora bien, una cosa es el fenómeno de la ejecutoria, y otra los actos de notificación o de comunicación y de publicidad de la decisión. Sobre este punto conviene no perder de vista que, las decisiones de segundo grado son, por regla general, inimpugnables, lo cual conlleva a entender que las notificaciones de las mismas surten apenas el efecto de publicidad y comunicación.

Si bien la ejecutoria es de ordinario un efecto que sucede a la notificación, ello no siempre debe ocurrir así, como en el caso que nos ocupa, en donde la ejecutoria se produce, sin perjuicio de la notificación, comunicación o publicidad de la decisión. En la decisión de constitucionalidad que se comenta, el juicio de reproche que se le hace a la norma de cara a la Carta Política y al principio del debido proceso y otras garantías es el de que no garantiza el principio de publicidad, de allí la orientación que se da, para que las decisiones no obstante quedar ejecutoriadas, deban ser comunicadas o publicitadas.

Frente a decisiones que no admiten recursos, la notificación no tiene, como lo pretende el demandante, efecto alguno relacionado con la ejecutoria de la decisión, ni con el derecho de contradicción hacia la misma, sino que se encamina únicamente, a hacer conocer la decisión por parte de los sujetos procesales.

12. Con fundamento en el razonamiento que se acaba de hacer, nada se opone a concluir que, en el presente caso, aun considerando los actos de notificación que se hicieron por parte de la secretaría de la Sala, la acción penal no se encontraba prescrita, dado que, si como se anotó en precedencia, la notificación tan solo tiene un efecto comunicativo, y el edicto, como último acto de comunicación se fijó el 7, impónese concluir, que la acción penal no había prescrito, cuando quiera que los cinco años, contados a partir del día siguiente de la ejecutoria de la resolución de acusación (mar. 11/2003) se cumplirían el 12 de marzo de 2008. Téngase en cuenta además que, el edicto que notifica o entera de la sentencia fue desfijado el 11 de marzo de 2008. No es preciso en este caso, contar tres días más de ejecutoria por cuanto, tal término es inane, inocuo, irrelevante, si se considera que la decisión es inimpugnable.

13. Enseña el fallo C-641 que, no obstante quedar ejecutoriadas las decisiones referidas en el inciso segundo del artículo 187 una vez son suscritas por el funcionario competente, no podrán surtir efecto jurídico alguno hasta tanto no sean debidamente notificadas. Para el caso, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, importa destacar que la notificación solo tiene efecto publicitario y que no tiene incidencia sobre la ejecutoria. Desde esa perspectiva, en razón a que el fenómeno de la prescripción se interrumpe es con la ejecutoria de la sentencia, bien puede igualmente concluirse que, en el presente caso, no alcanzó a cumplirse el término prescriptivo.

En otras palabras, si la prescripción se interrumpe con la ejecutoria de la sentencia, y, esta se entiende ejecutoriada una vez suscrita por el funcionario competente, la conclusión no puede ser otra que la de la interrupción de la prescripción.

Los efectos a que alude la decisión de la Corte Constitucional que no pueden cumplirse o surtirse sino después de notificada o publicitada la decisión, deben entenderse referidos a asuntos que tienden al cumplimiento o efectivización de la decisión, pero no a la prescripción en cuanto esta no es un efecto o consecuencia de la sentencia o algo que deba implementarse con ocasión de dicha sentencia.

14. A pesar de lo anotado, la Sala considera oportuno realizar algunas reflexiones adicionales con el propósito de señalar que la postura que sobre la ejecutoria de las sentencias se sostiene aquí, es la que más se aviene a los institutos del debido proceso, la casación, el principio de publicidad y la cosa juzgada.

En relación con el proceso penal el estatuto adjetivo establece un conjunto de etapas que se desarrollan progresiva y preclusivamente bajo el cumplimiento de unos requisitos de forma, contenido y oportunidad, como también en medio de una serie de cargas y derechos para los intervinientes, las cuales son inherentes a un Estado de derecho y que se engloban en el concepto de debido proceso.

Descendiendo a lo que interesa en este asunto, las determinaciones que tienen efectos de cosa juzgada, por antonomasia la sentencia, pero también decisiones como la preclusión de la instrucción y la cesación de procedimiento, se deben adoptar por juez competente, dentro de una actuación respetuosa de los derechos fundamentales y en la oportunidad fijada en la ley.

Expresión de ese respeto irrestricto por las garantías debidas a las partes dentro del proceso penal es el de que las actuaciones se cumplan dentro de la vigencia de la acción, presupuesto necesario para la validez de la actividad estatal en materia punitiva.

Al efecto se han consagrado un conjunto de normas orientadas a fijar límites temporales para el ejercicio de la acción penal, cuyas fronteras inician con la epoca de comisión de los hechos como primer lindero, luego lo es la resolución acusatoria y, finalmente, la ejecutoria de la sentencia, lo cual se ve gobernado decididamente por la sanción máxima que corresponda a la conducta punible por la que se proceda (C.P., art. 83).

Importa señalar entonces, que cuando el límite en relación con la vigencia de la acción penal se busca con vista en la sentencia, ha de tenerse en cuenta en qué momento esta cobra ejecutoria, sin dejar de lado obviamente el momento en que opera lo propio en relación con la resolución acusatoria, como quiera que constituye el otro extremo de la frontera que ha de tenerse en cuenta, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 86 del Código Penal.

En relación con la ejecutoria de las sentencias es preciso advertir que solo adquieren efectos de cosa juzgada cuando se resuelvan todos aquellos recursos que sea posible interponer contra ellas y que efectivamente se intenten por los legitimados dentro del término correspondiente.

Ahora, en relación con los recursos que proceden contra las sentencias y de cara a la consolidación de la cosa juzgada, es preciso señalar que se pueden presentar las siguientes alternativas.

Como quiera que la posibilidad de impugnar es un derecho del cual pueden hacer uso o no autónomamente las partes, bien puede ocurrir que se guarde silencio sobre el particular, caso en el cual la ejecutoria del fallo se produce una vez agotado el trámite previsto en el artículo 180 del Código de Procedimiento Penal, es decir, queda en firme al tercer día de haber sido desfijado el edicto, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 187 ibídem.

Ahora, si se interpone el recurso de apelación pero no se sustenta, la sentencia quedará ejecutoriada una vez se declare desierta la impugnación, conforme el trámite previsto en los artículos 176 y 194 de la Ley 600 de 2000, es decir, incumplido el deber de sustentación se dicta auto que se notifica y, de acuerdo al artículo 187 ibídem, el mismo queda en firme tres días después.

En cuanto a la sentencia de segunda instancia, es preciso advertir que su ejecutoria se produce si pasados 15 días de su notificación por edicto, no se interpone el recurso de casación, según se desprende de lo consagrado en el artículo 180 del Código de Procedimiento Penal en concordancia con el artículo 223 del Decreto 2700 de 1991, norma última a la cual se acude según criterio pacífico de la Corte(3).

A su vez, en lo que toca con el recurso de casación se verifican dos situaciones claramente definidas en relación con la ejecutoria de la sentencia.

En primer término, si presentada la demanda oportunamente por el legitimado y allegada a la Corte se evidencia que no satisface los requisitos contenidos en el artículo 212 de la Ley 600 de 2000, se procede según lo establece el artículo 213 ibídem, es decir, se inadmitirá, caso en el cual la sentencia quedará en firme una vez sucrito el auto donde se adopte tal determinación. Así mismo, la sentencia proferida en sede de casación, queda en firme en la misma oportunidad.

Las razones de esta consecuencia no solo surgen del contenido del artículo 187 del Código de Procedimiento Penal, como se ha venido manifestando en esta providencia, sino que motivos de organización constitucional también llevan a esa conclusión. Véase:

La mejor doctrina(4), al referirse a las “decisiones recurribles”, expresa que: “Toda sentencia (no dictada por la casación) es impugnable, inclusive en cuanto a los capítulos extrapenales [se refiere a la parte civil]: en qué forma, es asunto que depende de algunas variedades: grado (las decisiones de apelación quedan sometidas solo a recurso), procedimiento o contenido (algunas son inapelables)” (destacado fuera de texto).

El mismo autor puntualiza:

“Sentencias. Son todas impugnables, a menos que haya juzgado la Corte de casación (subraya fuera de texto).

Agrega igualmente:

“Inadmisibilidad. Es una especie de invalidez de las solicitudes, legalmente conminada. Resulta admisible la impugnación oportunamente propuesta por el legitimado, que tenga interés en ella, contra las decisiones impugnables, en los modos y con las formalidades prescritas (...). Si falta uno de los requisitos o cuando el recurrente haya renunciado (...) el órgano ad quem la declara inadmisible de oficio, con resolución notificada al impugnante (así como al defensor del imputado que hubiera recurrido personalmente) y sometida a recurso, cuando no haya sido dictada por la Corte (...) o lo decide en la sentencia una vez haya terminado el debate (...)”(5) (subraya fuera de texto).

De otra parte, se señala a propósito del momento de la formación de la cosa juzgada:

“Cuando la sentencia es recurrible en casación y ha sido impugnada, se hace irrevocable desde el día en que se ha hecho irrevocable (por no declaración de impugnación [es decir, porque es inopugnable]) la ordenanza de inadmisibilidad pronunciada por el juez a quo, o bien es pronunciada la sentencia de casación de inadmisibilidad (que, por lo demás, puede ser declarada también por ordenanza) o de rechazamiento”(6) (destacado fuera de texto).

El contenido de la doctrina anotada revela dos conclusiones: la primera es que cuando nos encontramos frente a un órgano límite o de cierre, como lo es la Sala de Casación Penal de la Corte, ello supone que la controversia se agotó allí, en cuanto no existe otro al cual someterle el asunto.

La segunda deriva de la voluntad del legislador en cuanto que en ejercicio de la facultad de configuración legislativa de ninguna manera previó otro medio de impugnación contra la decisión del órgano de la casación.

De esto se concluye que no se precisa de la notificación (entendida como la oportunidad para impugnar) para tener como ejecutoriadas las decisiones aludidas.

Esto a su vez nos lleva a entender que cuando el fallo C-641 de 2002 precisa de la notificación de aquel tipo de decisiones lo hace únicamente con el propósito de comunicarlas, de darlas a conocer, a efectos de garantizar la publicidad, el conocimiento y hacerlas exigibles.

Es decir, es una razón sencilla de teoría del conocimiento, según la cual, si no se conoce algo, no se puede hablar de ello, a fortiori, si no se sabe de la decisión no es posible darle cumplimiento por el afectado o demandar su ejecutabilidad.

En el sub judice, lo que enervó la prescripción fue la emisión y concomitante ejecutoria del fallo que negó la casación, el cual, como en este caso lo acepta el demandante, se produjo antes de que se cumpliera el término prescriptivo.

Otra visión que permite avalar la postura de la Sala en torno a que la ejecutoria de las sentencias se produce al suscribir el auto que inadmite la demanda de casación o el fallo de esta índole, se encuentra en el hecho de que la Corte Constitucional, tras señalar la necesidad de comunicar este tipo de decisiones, precisó que a partir de su enteramiento, y no antes, habrían de producir sus efectos.

Esta es una elemental consideración, por cuanto si la sentencia es la decisión que pone fin a la acción penal, es de su naturaleza que consagre consecuencias para las partes e intervinientes.

Así, en el caso de la absolución, se consolida la presunción de inocencia para el procesado.

Pero, si hay condena, ella trae aparejada la imposición de deberes para el sentenciado en relación con las penas principales y accesorias, así como respecto de la reparación de los perjuicios, amén de otras derivadas de la eventual concesión o negación de subrogados penales.

Por esta razón, era necesario que la Corte Constitucional a pesar de declarar la exequibilidad del artículo 187 del Código de Procedimiento Penal, que como se ha señalado, consagra que las decisiones allí referidas quedan ejecutoriadas una vez suscritas por los funcionarios correspondientes, era preciso su enteramiento para dar lugar a que produjera efectos frente a los sujetos procesales.

En términos generales los efectos a que se refiere la sentencia de constitucionalidad, no son otros que los que tienen que ver con el cumplimiento del fallo en cualquiera de sus dos sentidos, sea absolutorio o condenatorio.

A título enunciativo más no taxativo, señálese lo que se relaciona con librar órdenes de captura, notificar a las autoridades correspondientes, inicio de cobros fiscales, o del término del periodo de prueba, o de la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, la contabilización de plazos cuando se conceden en punto del cumplimiento de obligaciones pecuniarias.

Se insiste entonces que el Estado a través de la administración de justicia, de una parte, prodigó todos los escenarios posibles para que el sentenciado promoviera la actividad que era factible desarrollar en relación con los medios de impugnación y, de otro lado, lo hizo dentro de los límites del debido proceso, esto es, y para el objeto de la discusión aquí planteada, antes de que prescribiera la acción penal.

15. Así las cosas, como la postulación de la causal segunda de revisión fundada en el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal debe emerger diáfana y exclusivamente de los hechos y pruebas conocidos, estudiados, controvertidos y valorados en las instancias, mas no de la particular visión del demandante respecto de la ley en orden a realizar cómputos prescriptivos sin fundamento serio, ello conduce, inexorablemente, a la inadmisión de la demanda.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. INADMITIR demanda de revisión presentada por el apoderado del sentenciado Camilo Alberto Caballero Esquivel, de conformidad con las razones consignadas en esta determinación.

2. ADVERTIR que contra esta providencia procede el recurso de reposición.

Notifíquese y cúmplase».

(1) CSJ auto 19 de noviembre de 2009 Radicación 32721

(2) C-492 de 2000, en igual sentido C-304 de 2001, C-203 de 2001, C-663 de 2004.

(3) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 11 de abril de 2007, Radicación 27070, entre otros.

(4) Cordero Francisco, Procedimiento penal, traducción del italiano por Guerrero, Jorge, Bogotá, Editorial Temis S.A., tomo II, página 351.

(5) Obra citada, página 361.

(6) Leone, Giovanni, Tratado de derecho procesal penal, traducción del italiano Sentis Melendo, Santiago, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa - América.