Auto 311-04 de julio 15 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

DELEGACIÓN DE FUNCIONES

REQUIERE UN ACTO FORMAL DEL DELEGANTE

EXTRACTOS: «El asunto controvertido se centra en dilucidar si la decisión de improbar el acuerdo conciliatorio celebrado entre la señora Gilma Isabel Rodríguez Chaparro y el departamento de Boyacá, se encuentra ajustada a derecho.

El tribunal improbó tal acuerdo al considerar que el departamento de Boyacá fue indebidamente representado, que se incumplió con la obligación de asistencia de las partes a la audiencia y que los documentos que se aportaron para probar los hechos que sustentaron las pretensiones, se aportaron en copia simple debiendo haber sido autenticados.

Al respecto debe decir esta corporación que comparte la decisión del a quo y que basta el análisis de la primera razón aducida, para confirmar el auto apelado:

Indebida representación del departamento de Boyacá.

De conformidad con las órdenes de servicio obrantes a folios 14 a 34 del expediente, la señora Gilma Isabel Rodríguez Chaparro fue vinculada al departamento de Boyacá con el objeto de prestar sus servicios como docente.

La señora Rodríguez Chaparro presentó en la procuraduría judicial ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 7 de mayo de 2003, solicitud de conciliación prejudicial con el fin de obtener el reconocimiento y pago de las sumas de dinero correspondientes a la diferencia resultante entre los honorarios por ella devengados en virtud de órdenes de prestación de servicio y lo reconocido y pagado por concepto de salarios a los educadores oficiales vinculados al departamento como empleados públicos.

Así como el pago de prestaciones sociales, intereses por el no pago oportuno de las cesantías, de las suma de dinero deducidas por retención en la fuente y de los valores cancelados a la entidad promotora de salud.

En representación del departamento de Boyacá compareció a la audiencia de conciliación llevada a cabo el 4 de junio de 2003, el doctor Jorge Armando Castaño Álvarez a quien el secretario de educación del departamento le confirió poder para representar a la entidad territorial (v. fl. 41).

Ahora bien, como es sabido, la secretaría de educación departamental funciona como una dependencia del departamento, es decir, que no tiene personería jurídica ni capacidad para representarse a sí misma. El departamento es la entidad territorial que cuenta con autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio (C.P., art. 298).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 303 de la Constitución Política, el gobernador es el jefe de la administración seccional y representante legal del departamento, representación que puede delegar en cabeza de otro funcionario.

La delegación es un fenómeno de transferencia de competencias a personas o funcionarios para que actúen de manera independiente y definitiva, pudiendo el delegante resumir la competencia y revocar la decisión, según lo determine la ley que lo permita. La titularidad de la función no se pierde por parte del delegante y tampoco se rompe con su responsabilidad, que se radica entonces en quien la delega como en quien se delega.

Los requisitos para llevar a cabo la mencionada delegación son los siguientes:

a) Constancia siempre por escrito. 

La delegación requiere de un acto formal de delegación en el cual se exprese la decisión del delegante, el objeto de la delegación, el delegatorio y las condiciones de tiempo, modo y lugar para su ejercicio. La posibilidad de transferir la competencia en algún campo, se perfecciona con la manifestación positiva del funcionario delegante de su intención de hacerlo, a través de un acto administrativo motivado en el que determina si su voluntad de delegar la competencia es limitada o ilimitada en el tiempo, o general o específica.

b) Precisión de la autoridad que delega. 

El delegante es designado por la Constitución o la ley. El artículo 211 de la Constitución otorga la calidad de delegante al Presidente de la República y faculta al legislador para que señale las “autoridades administrativas” que pueden actuar como delegantes. Adicionalmente, el carácter de delegante está reservado al titular de la atribución o del empleo público, pues, ninguna autoridad puede “delegar funciones que no tiene”, es decir, se requiere “que las funciones delegadas estén asignadas al delegante”.

La Ley 489 de 1998 ha facultado a los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa, para delegar los asuntos a ellos confiados por la ley o en los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor, vinculados al respectivo organismo. Igualmente, los representantes legales de entidades descentralizadas podrán hacerlo de conformidad con los criterios impuestos por esta ley y atendiendo los requisitos y condiciones previstos en sus estatutos.

Aunque se disponga de la autorización para delegar, al delegante se le garantiza un amplio margen de discrecionalidad para decidir si delega o no el ejercicio de funciones propias de su empleo o cargo y, en caso de hacerlo, para fijar los parámetros y condiciones que orientarán el ejercicio de la delegación por parte del o de los delegatarios. En este punto debe considerarse que en aplicación de los artículos 209 y 211 de la Constitución, el delegante no podrá tomar decisiones en asuntos cuyo ejercicio haya sido delegado.

c) Debe precisarse el empleado o funcionario ante quien se delega. 

Al delegar se establece un vínculo funcional especial y permanente entre delegante y delegatario para el ejercicio de las atribuciones delegadas. En especial en cuanto surge a partir del acto de delegación, de forma adicional a la relación jerárquica o funcional que exista entre ellos y es permanente en cuanto permanece activo mientras rija el acto de delegación. En virtud de tal vinculación, el delegante conserva y ejerce la facultad para reformar o revocar los actos o resoluciones del delegatario y para revocar el acto de delegación (C.P., art. 211). Estas particularidades se desprenden del principio de unidad de acción administrativa, de la aplicación de los principios de la función administrativa a que hace referencia el artículo 209 de la Carta y del deber de dirección, instrucción y orientación que corresponden al jefe de la entidad u organismo estatal. Es necesario entonces que se haga claridad sobre la persona a quien se delega.

d) Debe estipularse claramente las atribuciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se trasfieren o delegan. 

La delegación es una técnica de manejo administrativo de las competencias que autoriza la Constitución en diferentes normas (arts. 209, 211, 196, incs. 4º y 305), Algunas veces de modo general, otras de manera específica, en virtud de la cual, se produce el traslado de competencias de un órgano que es titular de las respectivas funciones a otro, para que sean ejercidas por éste, bajo su responsabilidad, dentro de los términos y condiciones que fije la ley.

Entonces, es claro para la Sala que en el presente asunto, no se allega al expediente el acto mediante el cual el gobernador del departamento de Boyacá haya delegado al secretario de educación del departamento la función de representar a la entidad territorial en los asuntos que tengan que ver con conciliaciones prejudiciales.

Así las cosas, el departamento de Boyacá fue indebidamente representando por el abogado que intervino en la audiencia de conciliación prejudicial en virtud del poder conferido por el secretario de educación del departamento.

No puede admitirse el argumento esgrimido por la actora, en el sentido de que la delegación se presume, dadas las razones anteriormente expuestas.

En este orden de ideas, se impone confirmar la providencia apelada que improbó el acuerdo conciliatorio celebrado entre el doctor Jorge Armando Castaño Álvarez y la señora Gilma Isabel Rodríguez Chaparro».

(Auto de 15 de julio de 2004. Expediente 0311-04. Consejera Ponente: Dra. Ana Margarita Olaya Forero).

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