Auto 3151 de septiembre 18 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN ELECTORAL

EL TÉRMINO SE CUENTA A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DEL ACTO

EXTRACTOS:«De conformidad con lo establecido en los artículos 128, numeral 3º; 132, numeral 8º; 134B, numeral 9º; 136, numeral 12; 227; 228; 229; 231 y 233, numeral 3º, ibídem, la acción pública de nulidad electoral, está prevista para que cualquier persona pueda controvertir la validez de los actos administrativos por medio de los cuales se declara una elección o se hace un nombramiento, y se adelanta por el trámite especial del proceso electoral señalado en los artículos 233 a 251 del Código Contencioso Administrativo. Al respecto se precisa que los actos de elección consisten en designaciones por votos y son de dos clases: elección por voto popular y elección por corporaciones públicas, tales como el Congreso de la República, las asambleas departamentales, concejos municipales y, en general, por cuerpos colegiados y los actos de nombramiento, por su parte, consisten en designaciones por un nominador simple (1) .

(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 24 de octubre de 2002, dictada en el expediente 2819.

En el presente asunto la señora Diana Patricia Estrada Vergel interpone demanda en ejercicio de la acción electoral, a fin de que se declare la nulidad del acto administrativo por medio del cual el Concejo Municipal de Puerto Concordia, Meta, declaró la elección del señor Omar Orlando Ibáñez Quintero como personero de dicho municipio. La demanda fue rechazada por el Tribunal Administrativo del Meta por considerar que la misma se presentó una vez vencido el término de caducidad de la acción electoral, el cual contabilizó a partir del día siguiente a la fecha de sesión del concejo municipal en que se declaró la elección.

El artículo 136, numeral 12, del Código Contencioso Administrativo establece que la acción electoral caduca en 20 días, contados a partir del día siguiente a aquel en el cual se notifica legalmente el acto por medio del cual se declara la elección o se expide el nombramiento cuya nulidad se pretende.

En el presente asunto el Tribunal Administrativo del Meta consideró que el acto acusado se notificó en estrados en el entendido de que “la declaratoria de la elección se hace en audiencia pública y la notificación de los actos que así lo dispongan se surte en forma inmediata en estrados”. Sobre el punto, es decir, en relación con la notificación de los actos administrativos por medio de los cuales se declara una elección o se expide un nombramiento, la Corte Constitucional en sentencia C-646 del 31 de mayo de 2000 dispuso:

“DECLARAR EXEQUIBLE la expresión “...y no será necesaria su publicación” del parágrafo del artículo 95 del Decreto-Ley 2150 de 1995, en el entendido de que los actos administrativos de carácter subjetivo de las autoridades del orden nacional, y especialmente aquellos a los que se refiere el numeral 12 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, cuya acción de nulidad tiene caducidad, se publicarán debidamente en el Diario Oficial o en otro medio oficial destinado para el efecto; ...” (las negrillas no pertenecen al texto original).

El referido parágrafo del artículo 95 del Decreto-Ley 2150 de 1995 establece:

“PAR.—Los actos administrativos de carácter particular y concreto surtirán sus efectos a partir de su notificación y no será necesaria su publicación”.

Con fundamento en la anterior decisión, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado:

“... que, conforme a la interpretación constitucional de la norma transcrita, los actos de elección o nombramiento de las autoridades del orden nacional, no obstante contemplar situaciones subjetivas, requieren publicación en el Diario Oficial.

Lo anterior por cuanto los actos administrativos particulares ordinariamente constituyen la culminación de una actuación regulada por la ley, dentro de la cual está autorizada la intervención de terceros y que conforme al Código Contencioso Administrativo se notifican personalmente (arts. 44 y ss.), para satisfacer los dos objetivos que se persiguen con la publicidad, a saber, determinar la fecha de entrada en vigencia de sus decisiones, como también garantizar y facilitar que los ciudadanos legitimados para hacerlo puedan oponerse a ellas mediante los recursos y trámites legales; pero tratándose de actos electorales, que pueden ser controvertidos por cualquier ciudadano con el uso de la acción pública, la mera notificación no satisface este segundo objetivo, por lo que es necesario activar el mecanismo de la publicación, a partir de la cual se presumen conocidos por todos y quedan sometidos a la censura de la comunidad mediante el ejercicio de la acción de nulidad electoral, dentro del término de veinte días, vencido el cual opera la caducidad(2) .

(2) Sentencia de 24 de octubre de 2002, expediente 2833.

No obstante, como ya se anotó, “la mera notificación” al interesado del acto administrativo que declara una elección, no es suficiente para garantizar a los ciudadanos la posibilidad de oponerse a dicho acto mediante los recursos y acciones judiciales pertinentes, salvo que la elección de que se trate se declare en audiencia pública, lo cual no está demostrado en el presente proceso y no puede inferirse, como lo hizo el a quo, porque no existe en el ordenamiento jurídico disposición alguna que así lo permita; así se evidencia de lo dispuesto en los artículos 23 a 40 de la Ley 136 de 1994, en relación con las sesiones de los concejos municipales en cuanto no establecen que las mismas sean públicas. Por lo tanto la conclusión del tribunal según la cual, la elección que del personero municipal de Puerto Concordia, Meta, la hizo el Concejo de dicho municipio en audiencia pública, carece de fundamento.

Por otra parte, el acto administrativo cuya nulidad se pretende fue expedido por la referida corporación, entidad colegiada a quien por mandato del artículo 313, numeral 8º, de la Constitución Política, le corresponde elegir al personero por el tiempo que determine la ley; la elección se hizo durante sesión ordinaria del concejo municipal el día 31 de mayo de 2003, tal como consta en el Acta 48 visible a folio 31 a 32. Sin embargo, no existe en el expediente constancia de su publicación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 139, numerales 1º y 4º, del Código Contencioso Administrativo y 95 del Decreto-Ley 2150 de 1995, con el alcance que le dio la Corte Constitucional en la sentencia C-646 del 31 de mayo de 2000. Ello evidencia un defecto formal de la demanda que debió ser corregido previo al estudio de admisión y verificación sobre la caducidad de la acción y, por lo tanto, la demanda no debió rechazarse por razones de caducidad sino inadmitirse, concediendo a la demandante el término legal establecido para la corrección de los defectos formales de la misma.

En efecto, conforme a las disposiciones citadas, el demandante debe acompañar a la demanda una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, si son del caso, y cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o la certificación sobre su publicación así debe manifestarlo, bajo juramento que se considerará prestado con la presentación de la demanda, con la indicación de la oficina donde se encuentre el original o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el ponente antes de la admisión de la demanda.

En ese orden de ideas, la providencia recurrida se revocará.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

RESUELVE:

1. REVÓCASE el auto del 22 de julio de 2003, dictado por el Tribunal Administrativo del Meta.

2. Notificada y ejecutoriada esta providencia, vuelva el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

(Auto de septiembre 18 de 2003. Expediente 3151. Consejero Ponente: Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá).

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