Auto 3171 de abril 26 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

PROCESOS DE NULIDAD DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADORES

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA

EXTRACTOS: «Es claro que el Consejo de Estado, por intermedio de esta sección, sí es competente para conocer de los procesos de nulidad de la elección de los gobernadores, pues las razones que esta Sala ha expuesto para dirimir esa competencia siguen siendo válidas, como se indica a continuación:

Se plantea la nulidad de lo actuado en el proceso que se promovió para obtener la nulidad del acto que declaró la elección del señor Eduardo Marcelo Zúñiga Erazo como gobernador del departamento de Nariño bajo la consideración que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132, numeral 8º, del Código Contencioso Administrativo, la competencia para conocer del mismo está asignada al Tribunal Administrativo de Nariño en primera instancia.

Ocurre que, efectivamente, esa disposición del Código Contencioso Administrativo, con la modificación introducida por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998, señala que los tribunales administrativos conocen en primera instancia de los procesos relativos a la acción de nulidad, entre otros, de los actos de elección de los gobernadores.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en virtud de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998, “mientras entran a operar los juzgados administrativos continuarán aplicándose las normas de competencia vigentes a la sanción de la presente ley”. Y como constituye un hecho notorio que hasta la fecha de esta providencia no han entrado a operar los juzgados administrativos, forzoso es concluir que para efectos de determinar la competencia deben aplicarse las reglas señaladas en la versión original del actual Código Contencioso Administrativo.

El artículo 128, numeral 16, del Código Contencioso Administrativo dispone que el Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso administrativo, conocerá privativamente y en única instancia de todos los procesos de carácter administrativo para los cuales no exista regla especial de competencia. De esa norma se deriva la competencia de esta Sala para conocer de los procesos de nulidad de naturaleza electoral relacionados con la elección de gobernadores, pues antes de la vigencia de la Ley 446 de 1998 el conocimiento de esos procesos no estaba atribuido a ningún juez de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en particular.

El apoderado del demandado plantea que en relación con la competencia asignada a los tribunales administrativos por el artículo 132, numeral 8º, del Código Contencioso Administrativo, con la modificación que le hizo el artículo 40, numeral 8º, de la Ley 446 de 1998 para conocer en primera instancia de la demanda de nulidad de la elección de los gobernadores, no es aplicable el parágrafo del artículo 164 de esa ley, porque la operancia de los jueces administrativos no altera ni aplaza la competencia de los tribunales, pues en ningún caso dichos jueces tendrían competencia para conocer del asunto y, por consiguiente, en ese punto la Ley 446 de 1998 debe aplicarse por tratarse de una norma de orden público.

Ese argumento no es válido, en primer lugar, por la razón de que el citado parágrafo del artículo 164 es una disposición que establece, de un lado, una condición para la aplicación de las nuevas normas de competencia establecidas en esa Ley 446 de 1998, esto es que entren a operar los juzgados administrativos, y, de otra, contiene una previsión consecuencial en el sentido de que mientras no ocurra esa condición, se aplicarán las normas de competencia vigentes a la sanción de dicha ley, y, en parte alguna, establece excepciones a esas disposiciones que permitan, entonces, la aplicación de la norma de competencia establecida en la Ley 446 para el conocimiento de las demandas de nulidad de la elección de gobernadores de departamento, ni tampoco surgen del contexto de la ley. En segundo lugar, porque si se tiene en cuenta que la finalidad de la Ley 446 de 1998 en materia de modificaciones a las normas del Código Contencioso Administrativo es la de descongestión de la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante la creación de los juzgados administrativos y la redistribución de competencias entre sus órganos, incluidos dichos juzgados, encuentra explicación que el legislador hubiere dictado el parágrafo del artículo 164, pues solo en la medida en que, efectivamente, esos nuevos órganos entren a operar pueden servir de apoyo a los otros dos actualmente en funcionamiento —Consejo de Estado y tribunales administrativos— en las tareas propias de la jurisdicción y, por tanto, solo en ese momento se pueden aplicar las nuevas normas que redistribuyen las competencias. Es decir que la aplicación de las normas que trasladan competencias del Consejo de Estado a los tribunales administrativos y de estos a los juzgados exige el funcionamiento de estos últimos, independientemente de que en el primer caso las nuevas competencias no correspondan a los juzgados, pues dentro de lo previsto en la ley, esos propósitos de descongestión no se satisfacen con el solo traslado de competencias entre los órganos actualmente existentes sino que exige de la operancia de los últimamente creados. De aplicarse las normas que establecen las nuevas competencias de los tribunales administrativos sin que entren en funcionamiento los juzgados administrativos, se incrementaría la congestión en aquellas corporaciones, produciéndose un desequilibrio en las cargas laborales actualmente existentes respecto del Consejo de Estado.

En esta forma, la Sala llega a la conclusión de que se deben negar las solicitudes de nulidad procesal formuladas».

(Auto de 26 de abril de 2004. Expediente 3171 Consejero Ponente: Dr. Darío Quiñones Pinilla).

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