Auto 32096 de diciembre 13 de 2007 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

DEMANDA LABORAL CONTRA UNA EMBAJADA

Competencia de la Corte Suprema de Justicia en única instancia.

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Radicación 32096

Bogotá, D.C., trece de diciembre de dos mil siete.

Resuelve la Corte sobre la admisión de la demanda ordinaria laboral instaurada por Adelaida García de Borrisow contra la “Misión diplomática Embajada del Líbano en Colombia”.

Antecedentes

Mediante apoderado judicial, Adelaida García de Borrisow, presentó demanda contra la misión diplomática de la Embajada del Líbano en Colombia, representada por el señor embajador Munir Khreich, para que, por los trámites de un juicio ordinario laboral, sea condenada al reconocimiento y pago de la indemnización por despido sin justa causa, las mesadas pensionales causadas pero no pagadas desde la fecha del despido y hasta la ejecutoria de la sentencia, debidamente indexadas, “como consecuencia de no haber sido afiliada al sistema general de pensiones y por no pagar los aportes respectivos entre abril de 1981 y diciembre de 1990”, la indemnización moratoria desde el día 1º de abril de 1981 hasta la fecha en que quede ejecutoriada la providencia que ponga fin al proceso, así como “al pago de cualquier otra suma de dinero que pudiere generarse por concepto de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos a los aquí pedidos, siempre que los hechos que los fundamenten hayan sido debatidos en el juicio y se encuentren debidamente probados”, además de las costas del proceso.

En forma subsidiaria, solicitó “que por la omisión en la afiliación y pago al sistema general de pensiones (...) se condene a la misión diplomática Embajada del Líbano en Colombia, a reconocer y trasladar al ISS el bono pensional o título pensional según el cálculo actuarial respectivo, a efectos de que se computen como semanas cotizadas aquellas causadas entre abril de 1981 y diciembre de 1990, para que a su vez dicho instituto pueda reconocer a la demandante la pensión de vejez, en virtud de lo establecido por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003”, al igual que la pensión sanción establecida en el artículo 267 del Código Sustantivo de Trabajo, subrogado por los artículos 37 de la Ley 50 de 1990 y 133 de la Ley 100 de 1993.

En sustento de sus pretensiones, adujo que se vinculó a la demandada desde el 1º de abril de 1981, mediante un contrato de trabajo a término indefinido; que el oficio desempeñado fue el de secretaria de misión diplomática, para lo cual atendía las instrucciones del empleador y cumplía con el horario de trabajo señalado; que la relación laboral se mantuvo por el término de 23 años, 7 meses y 24 días, hasta el 25 de noviembre de 2004, cuando la empleadora decidió terminar unilateralmente el contrato de trabajo, con fundamento en que la legislación laboral de la República del Líbano, solo permite que las personas trabajen hasta el momento en que cumplan los sesenta (60) años de edad.

Expone que, previo a su retiro, solicitó al señor embajador de la misión diplomática del Líbano que gestionara ante el Instituto de los Seguros Sociales el estudio actuarial, con el fin de establecer las sumas que se debían poner a disposición para la pensión de vejez, dado que, en el período comprendido entre abril de 1981 y diciembre de 1999 no se realizaron dichos aportes, y que, pese a haber obtenido respuesta por parte de la entidad, hizo caso omiso a tales exigencias y procedió a despedirla sin satisfacer sus requerimientos.

Consideraciones

Pretende la gestora de la acción incoada, llamar a responder ante la jurisdicción ordinaria laboral colombiana, a la misión diplomática de la Embajada del Líbano en Colombia, representada por el señor embajador Munir Khreich.

Frente a la anterior solicitud, innegablemente de gran trascendencia, como también lo que aquí se decidirá, es preciso recordar lo que sobre el punto ha estimado la jurisprudencia colombiana.

Esta Sala de la Corte, de tiempo atrás, ha sido del criterio de la impertinencia de la admisión de demanda y trámite de proceso laboral, contra embajadas de países extranjeros acreditados en Colombia, bajo el argumento de que ello contrariaría los principios de independencia, soberanía y libertad con que el derecho internacional ha rodeado a los representantes nacionales en otros Estados.

No obstante lo anterior, en torno a la discusión de si la jurisdicción laboral era la competente para conocer de asuntos en los que interviniera un agente diplomático extranjero, han gravitado dos tesis diametralmente opuestas: la primera, referida a la interpretación del artículo 31 de la Convención de Viena de 1961, aprobada por el Estado colombiano a través de la Ley 6ª de 1972, que predica la existencia de la inmunidad de jurisdicción en materia laboral, al equiparar la jurisdicción del trabajo a la civil, y que la citada convención se encargó de regular; la segunda, según la cual el derecho laboral goza de plena autonomía como disciplina jurídica, por lo que, al no aparecer mencionada dentro de las consagradas en la Convención de Viena, en una interpretación restrictiva de la norma, se podía, válidamente, someter a la jurisdicción del trabajo, el conocimiento de los asuntos laborales que comprometieran a agentes diplomáticos extranjeros. Así, esta última recibió aceptación de la Sección Primera de la Sala, en providencia del 9 de julio de 1986, en la que, después de reproducir las competencias otorgadas a la Sala de Casación Laboral y su similar civil, por las normas legales de procedimiento, y el 151-3 de la anterior Constitución Nacional, dijo:

“La norma internacional aplicable, o sea la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas hecha en Viena el 18 de abril de 1961 y aprobada por Colombia mediante la Ley 6ª de 1972, consagra únicamente la inmunidad de los agentes diplomáticos en materia penal —sin excepción alguna— y la inmunidad frente a la jurisdicción civil y administrativa con algunas excepciones (artículo XXX Convención).

Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con una regla universal de lógica jurídica, las excepciones (a lo cual equivale la exención o inmunidad) deben ser expresas y taxativas, y están sujetas a la interpretación restrictiva. Entonces, si la citada Convención de Viena hubiese querido consagrar la inmunidad diplomática en relación con la jurisdicción laboral o del trabajo, así lo hubiera consagrado expresamente.

Considérese también que el derecho laboral, derecho obrero o derecho del trabajo es rama autónoma desde fines del siglo pasado, plenamente reconocida como tal por la doctrina y la legislación. Y ello principalmente y en primer lugar en el campo internacional, gracias a las organizaciones profesionales de carácter internacional, a los congresos y conferencias internacionales especializados, y a los tratados o convenios internacionales de derecho obrero o del trabajo. No es dable entonces pensar que los redactores de la Convención de Viena de 1961 ignoraran tal hecho, y hubiesen pretendido englobar en la jurisdicción civil o administrativa, lo correspondiente específicamente al nuevo derecho laboral o del trabajo. No se olvide que desde 1919 la OIT inició la elaboración de un verdadero Código Internacional del Trabajo, reconocido universalmente en el mundo jurídico, a nivel internacional especialmente, de importancia tal que ha merecido la calificación de “estatuto del siglo XX”.

Confirma lo anterior el hecho de que el artículo XXXIII de la citada Convención Internacional regula de modo especial lo atinente a las responsabilidades del agente diplomático en materia de seguridad social, que como es sabido es materia afín al derecho laboral, hasta el punto que en ocasiones se confunden. Y a tal respecto, en cuanto a “criados particulares” al servicio del agente diplomático que sean nacionales del Estado receptor, establece expresamente la obligación del agente diplomático de cumplir con las disposiciones vigentes en este (num. 3º).

Y no podía ser de otro modo a juicio de la Sala, teniendo en cuenta que la necesidad de proteger el trabajo humano (consagrado en nuestra Constitución) ha sido plenamente reconocida por el derecho internacional. Al punto de que tal reconocimiento, históricamente considerado, se convirtió en el principal estímulo para el pleno desarrollo de los regímenes nacionales de derecho laboral. Sin olvidar que esta dimensión internacional del derecho del trabajo se ha visto reforzada notablemente por fenómenos tales como migraciones laborales (objeto desde hace muchos años del derecho internacional), y las empresas multi o transnacionales más recientemente.

En conclusión teniendo en cuenta la naturaleza del asunto y las normas de derecho internacional aplicables, no encuentra razón alguna para excluir al demandado en este caso de la jurisdicción colombiana”.

Sin embargo, el 2 de julio de 1987, la Sala Plena de Casación Laboral rectificó la tesis, con las siguientes reflexiones, pertinentes:

“(...) los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno colombiano gozan de inmunidad frente a toda especie de litigios entre particulares, sean ellos mercantiles, laborales o puramente civiles, desde luego que, cuando el artículo XXXI de la convención emplea las palabras “jurisdicción civil” no es para restringir el término “civil” al ámbito exclusivo de ese derecho sino para diferenciar la rama de la justicia que dirime los conflictos de intereses que se presenten dentro del ámbito de las leyes que regulan las conductas recíprocas de los habitantes del país en el aspecto patrimonial y del estado civil de las personas, de aquellas otras ramas de la justicia que tienen a su cargo reprimir los delitos o juzgar sobre la validez de los actos o hechos de la administración pública.

De lo anterior se desprende necesariamente que conforme a las disposiciones que acaban de mencionarse, esta Sala carece de competencia para conocer de la presente demanda, por cuanto el agente diplomático extranjero contra el cual se dirige goza de inmunidad ante la justicia del trabajo, como parte que es manifiestamente de la llamada “jurisdicción civil”.

Si a ello se agrega que dicha demanda no se refiere siquiera a unos presuntos servicios prestados personalmente al embajador Guillespie sino a unas labores cumplidas en beneficio de una agencia oficial de gobierno extranjero, esa demanda viene a equivaler un intento de que la justicia colombiana, cuyo ámbito se circunscribe al de nuestro propio territorio, llame a juicio al gobierno de otro Estado soberano y eventualmente profiera sentencia contra él como consecuencia de actos oficiales de aquel país extranjero, intento este que resulta inadmisible a todas las luces.

Con esta tesis queda rectificada la tesis sostenida por la Sección Primera de esta Sala en auto de 9 de julio de 1986 (...)”.

Resulta ahora, para esta Sala, de imperiosa necesidad reestudiar el tema, pues en estos últimos veinte años, múltiples argumentos han surgido, para revaluar las vigentes consideraciones con relación a la inmunidad de jurisdicción de los Estados en materia laboral, los cuales, por su importancia, no pueden desconocerse, ya que hacen parte del proceso dialéctico, que se ha construido para dotar de realismo y eficacia los derechos de los trabajadores, en todas las latitudes.

En verdad, con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, se construyó la tesis jurisprudencial respecto del carácter fundamental del derecho al trabajo, como atributo inalienable de la personalidad jurídica, y como factor preponderante en el desarrollo del individuo y de la sociedad, dentro del marco del Estado social de derecho.

En esa medida, el artículo 25 de la Carta edificó al trabajo como un derecho y una obligación social, con plenas garantías y con protección especial del Estado, en condiciones dignas y justas, y lo dotó de unos principios mínimos fundamentales que debe reconocer la ley, como lo prevé el artículo 53 ibídem.

Lo anterior, desde luego, permite señalar que el derecho del trabajo, al ostentar el carácter de fundamental, y en atención al mandato contenido en el artículo 93 de la Constitución Política, debe interpretarse de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos, y con plena observancia de los valores y principios que lo protegen y garantizan. Sin dejar de lado que el artículo 9º superior también impone al Estado el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.

El Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, aprobado mediante la Ley 74 de 1968 dispone:

“ART. 5º (...).

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado”.

ART. 6º—1. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas, para garantizar este derecho”.

En el precedente orden de ideas descrito, surge palmario que, al tener el trabajo la entidad de derecho humano, mediante el cual se dignifica a la persona y se contribuye al desarrollo de la sociedad, deba ser objeto de protección, indistintamente, por todas las naciones. Dentro de este contexto, no resulta ahora apropiado desconocer derechos y prerrogativas de los trabajadores, con grave menoscabo en su condición humana, con afectación a la credibilidad que la sociedad debe tener en la justicia que, en últimas, es la encargada de dirimir las controversias, sin distinción alguna, como lo pregona al unísono la comunidad internacional.

Esta realidad es tan elocuente que, en lo que concierne a nuestro país, el propio ejecutivo, al advertir la desigualdad en el trato dado por la jurisprudencia nacional, hasta hoy vigente, a los trabajadores que prestan sus servicios a misiones diplomáticas, ha mostrado su inquietud. Producto de ello, a través de su Ministro de Relaciones Exteriores, en marzo de 2004, elaboró una nota verbal, dirigida a todas las embajadas, consulados y organismos internacionales acreditados en Colombia, en la cual les informó sobre la obligación de cumplir las normas laborales internas.

Si bien, como algunos lo sostienen, para señalar la competencia de la Corte, respecto del conocimiento de demandas laborales, bastaría con predicar que la misma Convención de Viena de 1961, aprobada por el Estado colombiano por la Ley 6ª de 1972, no se ocupó de la inmunidad de jurisdicción de los Estados en materia laboral, dada la autonomía de esta rama del derecho adquirida desde comienzos del siglo pasado, existen otras consideraciones que en el momento actual cobran vigencia.

En efecto, ante tal ausencia normativa, la referida convención afirmó que:

“(...) las normas del derecho internacional consuetudinario han de continuar rigiendo las cuestiones que no hayan sido expresamente reguladas en las disposiciones de la presente convención”.

Lo anterior fue corroborado por el artículo 38, numeral 1º, literal b) del estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que determinó, entre otras, como fuentes interpretativas del derecho, “la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho”, y en el literal c) “los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas”.

Innegablemente, si durante el siglo XIX imperó la tesis de la inmunidad de los Estados “par in parem not habet imperium”, con el advenimiento del siglo XX, tal postura se ha morigerado ante la irresistible necesidad de mejorar las relaciones comerciales entre los Estados, quienes no solo empezaron a actuar conforme a las potestades soberanas que les correspondían, sino que asumieron un rol como si se tratara de cualquier otro individuo.

Esta modificación en el universo jurídico, indudablemente, generó diversas diferencias en el ámbito internacional, que debieron ser discutidas y zanjadas, pasándose de una concepción de la inmunidad absoluta de jurisdicción, a una aplicación relativa, en la que el Estado debía responder por los actos que, como particular, hubiera realizado.

Y no podría ser de otra manera, pues surgía evidente que, de seguirse admitiendo la referida inmunidad absoluta, el individuo acreedor, quedaría en situación de desigualdad y desventaja, al no poder obtener una respuesta eficaz frente a la eventual demanda que llegase a presentar, acorde con los ordenamientos legales internos.

Así por ejemplo en materia laboral, distintos países, con fundamento en la costumbre internacional, han admitido su sujeción a las normas laborales internas. Entre ellos se encuentran: Estados Unidos, Polonia, Chile, República Islámica de Irán, Grecia, Rusia, Rumania, Francia, Tailandia, Indonesia, Brasil, Perú, Panamá, Guatemala, Suráfrica, Kenia, Honduras, Nueva Zelanda, Nicaragua, India, Italia, Austria, Hungría, Bulgaria y Argentina. De ello dan cuenta las comunicaciones pertinentes que estos han enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Lo anterior pone de manifiesto, que la tesis de la inmunidad absoluta de jurisdicción de los Estados se ha debilitado, dando paso a otra —inmunidad relativa—, que no puede ignorarse, pues sería tanto como estar de espaldas ante un episodio de la humanidad que reclama su propio tratamiento.

Si en el ámbito de las relaciones comerciales, esta última práctica adquirió relevancia, en un tema tan sensible como el derivado de las controversias laborales, se ha venido convirtiendo en la única forma de efectivizar aquellos derechos hasta ahora ilusorios; tanta es su trascendencia que la redacción de la Convención de las Naciones Unidas, sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, de diciembre 2 de 2004, se ocupó del tema, al delimitar los conceptos respecto de las inmunidades, y su aplicación en el tema de los contratos laborales ejecutados en el país del Estado foro.

Bien es sabido que los tratados materializan los postulados que los Estados han creado a través de la costumbre internacional, o el ius cogens, por lo que, pese a no estar ratificado el aludido convenio en nuestro ordenamiento, en el momento actual se constituye en el instrumento idóneo para pregonar que, en la praxis de las naciones, la inmunidad de jurisdicción de los Estados ha sido revaluada, lo que impone la adopción de las medidas pertinentes.

Esta nueva orientación, conlleva la necesidad de responder a los ciudadanos del Estado, cuando, como en este caso, a pesar de ser habitantes nacionales, y haber prestado servicios a misiones diplomáticas de otros países, esta Corte ha venido negando la posibilidad de verificar mediante un proceso, si les asiste un derecho salarial o prestacional, basada en el respeto a la soberanía inviolable de los Estados. Realmente, en la actualidad no existe fundamento alguno de orden constitucional o legal para persistir en dicha tesis, porque de esta forma, eventualmente, se desconocerían los enunciados beneficios, y las normas del derecho laboral. Ello es así, dado que, frente a una relación laboral, acorde con las normas del trabajo del Estado receptor, para este asunto el de Colombia, ese servicio es distinto de las actividades que el país extranjero desarrolla dentro del ámbito de sus funciones soberanas, es decir, que aquellas no son gubernamentales.

Precisado lo anterior, respecto de la inexistencia de inmunidad absoluta de jurisdicción de los Estados, en materia laboral, deben puntualizarse otros aspectos, con el objeto de no generar confusiones, en el procedimiento a seguir.

Primeramente, debe aclararse que el demandado, según lo invoca la demandante, es a quien efectivamente le prestó el servicio, esto es, a la “Misión diplomática Embajada del Líbano en Colombia representada por el señor embajador”, es decir, el Estado extranjero, representado por el agente diplomático.

Además, es oportuno predicar que lo hasta aquí afirmado corresponde a reflexiones de carácter general, aplicables al caso analizado, pero sin que ello signifique reconocimiento alguno, hasta este momento, de que a la actora le asiste razón en las pretensiones que reclama.

En lo que tiene que ver con la competencia para el conocimiento de la acción, la remisión a esta Corte que hace la Constitución Política en su artículo 235, resuelve cualquier duda:

“Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: (...).

5. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el derecho internacional”.

Es incuestionable que cuando el ordenamiento superior, impone el conocimiento a esta corporación, como textualmente lo prevé la disposición en comento, debe entenderse que dentro de los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados en nuestro país, ya comparezcan por si o por representación del Estado, están incluidos los contratos bilaterales de orden laboral que celebran con habitantes nacionales, para la ejecución de sus fines en el Estado receptor; de tal manera, entonces, que esta Corte, por regulación expresa constitucional, está en la obligación de admitir la demanda presentada por la señora Adelaida García de Borrisow y darle el curso correspondiente; además, porque al hacerlo se armoniza la decisión con la costumbre internacional.

A su vez, al someterse el trámite a esta corporación, como órgano límite, deberá surtirse el procedimiento ordinario de única instancia, de conformidad con los artículos 70 y siguientes del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social; no obstante, deberá tenerse en cuenta el contenido del artículo 41 de la Ley 6ª de 1972, aprobatoria de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, suscrita en Viena el 18 de abril de 1961, en el sentido de que las gestiones se efectuarán a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Lo precedente, en tanto que el agente diplomático, en representación de su Estado, ostenta un fuero especial, que le permite que sea la Corte Suprema de Justicia la que averigüe y decida si, eventualmente, el Estado acreditante ha cumplido con las normativas que en punto al derecho laboral colombiano le impone acatar.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,

RESUELVE:

1. ADMITIR la demanda instaurada por Adelaida García de Borrisow contra la misión diplomática - Embajada del Líbano en Colombia.

2. Reconocer personería al abogado Carlos Vásquez Lobo, como apoderado de la demandante, en los términos y para los efectos del poder que obra a folio 138 del expediente.

3. Notifíquese la presente demanda, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, al señor embajador de la misión diplomática del Líbano en Colombia. Así mismo, para que comparezca a contestarla el día décimo (10) siguiente a la fecha de la notificación, a las 10:00 a.m., acorde con lo previsto por los artículos 70 y ss. del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social.

Notifíquese y cúmplase.

Camilo Tarquino Gallego—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Isaura Vargas Díaz. 

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.

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