Auto 32499 de agosto 3 de 2006

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 76001-23-31-000-2005-03993-01(32499)

Consejero Ponente:

Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez

Ref.: nulidad y restablecimiento del derecho

Actor: Ruby Mariela Preciado y otros

Demandado: Empresas Municipales de Cali, Emcali

Bogotá, D.C., tres de agosto de dos mil seis.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 14 de octubre de 2005, mediante el cual rechazó la demanda por indebida escogencia de la acción y falta de jurisdicción.

I. Antecedentes

El 21 de septiembre de 2005, la señora Ruby Mariela Preciado y otros, por intermedio de apoderado judicial, presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Empresas Municipales de Cali Emcali, con el objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“Primera: que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por las Empresas Municipales de Cali - Emcali - EICE - ESP: a) 110-SG-1370-MILV, de fecha 31 de mayo de 2005; b) 110-SG-1544-MILV, de fecha 15 de junio de 2005; y c) 110-SG-0541-MILV, de fecha 21 de junio de 2005, por medio de los cuales se negó el pago de los intereses moratorios a que tiene derecho mis poderdantes al tenor de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y que emanan de la Sentencia 301 de fecha 1º de diciembre de 2000, proferida por la Sección segunda del Tribunal Contencioso Administrativo según los hechos que se expondrán más adelante.

Segunda: que como consecuencia de la declaración anterior y a manera de restablecimiento del derecho se condene a las Empresas Municipales de Cali - Emcali - EICE ESP a pagar los demandantes por concepto de intereses moratorios la suma de $ 160.104.065,82 M/cte., debidamente actualizados por la fecha de la ejecutoria de la sentencia, más los intereses legales a partir de la fecha en que se causaron hasta la fecha que (sic) se verifique el pago, o la suma de dinero que fije el honorable tribunal por concepto de intereses moratorios a que fue condenada Emcali por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, según Sentencia 301 de fecha 1º de diciembre de 2000, debidamente actualizada, con intereses legales a partir de la fecha en que se hicieron exigibles y hasta cuando se verifique el pago de la obligación (...)” (fls. 48 a 57, cdno. ppal. 1).

1. Auto impugnado.

El 14 de octubre de 2005, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca rechazó la demanda por indebida escogencia de la acción y falta de jurisdicción puesto que las pretensiones de la demanda de la referencia son propias de una acción ejecutiva cuyo título está constituido en una sentencia, la que debe tramitarse ante la jurisdicción ordinaria (fls. 61 a 62, cdno. ppal. 2).

2. Recurso de apelación.

El 4 de noviembre de 2005, la parte demandante presentó recurso de apelación contra el auto mencionado, con el argumento que, en este caso, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca es competente para conocer del asunto de la referencia puesto que la demanda pretende la nulidad de unos actos administrativos respecto de los cuales se agotó la vía gubernativa.

Por otra parte, manifestó que, en casos de falta de jurisdicción y competencia, el juez de instancia debe remitir el expediente al competente tal y como dispone el inciso 4º del artículo 143 del Código Contencioso Administrativo (fls. 63 a 64, cdno. ppal. 2).

II. Consideraciones

1. Jurisdicción y competencia.

La jurisdicción es la potestad propia de la función jurisdiccional del poder público, que se concreta en la posibilidad de impartir justicia sobre los diferentes conflictos o situaciones que deban tramitarse y resolverse de conformidad con los principios, parámetros y disposiciones del ordenamiento jurídico. En ese contexto, corresponde al constituyente definir quiénes ejercen jurisdicción, cómo se divide y en qué forma se ejerce, dependiendo, en cada caso en concreto, de los supuestos de hecho que sean sometidos a definición judicial (C.P., art. 116).

Según el profesor Devis Echandía, la jurisdicción corresponde a:

“[la] soberanía del Estado, aplicada por conducto del órgano especial a la función de administrar justicia, principalmente para la realización o garantía del derecho objetivo y de la libertad y de la dignidad humanas, y secundariamente para la composición de los litigios o para dar certeza jurídica a los derechos subjetivos, o para investigar y sancionar los delitos e ilícitos de toda clase o adoptar medidas de seguridad ante ellos, mediante la aplicación de la ley a casos concretos de acuerdo con determinados procedimientos y mediante decisiones obligatorias”(1).

Así las cosas, debe precisarse el carácter único, exclusivo y excluyente de la jurisdicción, en tanto que no es factible su división como función estatal; cosa distinta es la repartición que el propio ordenamiento jurídico hace de la misma según las diversas ramas del derecho para racionalizar adecuadamente su prestación.

En esa perspectiva, el legislador por razones metodológicas y de especialidad jurídica asigna la función de administración de justicia en diferentes jurisdicciones(2), correspondiendo esta repartición, técnicamente, a una distribución de competencias entre los diversos campos del conocimiento jurídico(3).

Como se aprecia, el fraccionamiento que hace el ordenamiento jurídico en materia de jurisdicción y de competencia, tiene fundamento en los principios de pragmatismo y de especialidad, por cuanto permite facilitar el acceso de las personas a jueces especializados en las diferentes materias del derecho, circunstancia que contribuye a solucionar, de manera más eficiente y expedita, las controversias sometidas a consideración de la administración de justicia.

En ese orden, el legislador, en principio, a través de los códigos o estatutos sustantivos y procesales distribuye propiamente la competencia entre las Cortes, tribunales y jueces que integran la rama judicial del poder público; es en virtud de dicha distribución que se radica en cabeza de la jurisdicción contencioso administrativa una serie de materias y asuntos propios de su conocimiento.

Con ocasión del anterior procedimiento surge jurídicamente el fenómeno procesal de la competencia, es decir, la determinación en sentido estricto del juez que debe conocer, específicamente un determinado litigio o controversia sometida a decisión judicial.

2. Posibilidad de ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para el cobro de sumas contenidas en una condena judicial originada en una sentencia proferida por la jurisdicción contencioso administrativa.

El derecho de acción es la facultad de naturaleza subjetiva, en virtud de la cual toda persona instrumentaliza el acceso a la administración de justicia. En ese contexto, cada acción particular diseñada por el legislador tiene propósitos y finalidades específicas en torno a la obtención o materialización de una pretensión, es decir, un fin determinado.

En esa medida, cada cauce procesal tiene un objetivo contenido en la propia ley, dirigido principalmente a la materialización de un derecho, razón por la que el juez cuenta con la posibilidad, en algunos casos, de adecuar el trámite a la vía procesal idónea para ventilar la respectiva litis (CPC, art. 85).

Para el asunto en concreto, es pertinente resaltar que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho tiene como fundamento dos grandes objetivos: el primero, restaurar el ordenamiento jurídico trasgredido con ocasión de la expedición de un acto administrativo que quebranta los postulados legales y, el segundo, obtener la reparación de un derecho de orden subjetivo vulnerado por el acto censurado; por ende, no es de recibo la tesis según la cual es viable pretender por la vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el pago de sumas de dinero contenidas en una sentencia judicial, por cuanto, para esos designios el ordenamiento jurídico consagra una vía más expedita para hacer efectivo el pago de los respectivos valores, concretamente, a través de la acción ejecutiva.

Ello es así porque la sentencia ejecutoriada constituye, a términos de lo dispuesto en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, un verdadero título ejecutivo, en tanto que contiene una obligación clara, expresa y exigible en virtud de un pronunciamiento judicial con efectos de cosa juzgada.

El mencionado artículo 488 ibídem preceptúa:

Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia” (resalta la Sala).

El anterior postulado permite inferir con precisión, que la acción para obtener el cobro de sumas contenidas en una sentencia o providencia judicial es la ejecutiva, cuya regulación genérica se encuentra contenida en detalle en el estatuto procesal civil (CPC, arts. 488 y ss.).

3. El proceso ejecutivo en materia contencioso administrativa.

En principio, el conocimiento de los procesos ejecutivos iniciados como consecuencia de una condena contencioso administrativa era de competencia de la jurisdicción ordinaria, tal y como se precisó en repetidas ocasiones por parte del Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria(4), salvo que se tratara de condenas proferidas en el trámite de procesos contractuales, dado que, por expresa disposición del artículo 75 de la Ley 80 de 1993(5), la ley radicó el conocimiento de dichos procesos ejecutivos a la propia jurisdicción contencioso administrativa; así mismo, se ha reconocido que los procesos ejecutivos derivados del incumplimiento de actas de conciliación debidamente aprobadas corresponde a esta última jurisdicción.

Ahora bien, el artículo 42 de la ley 446 de 1998 adicionó el artículo 134B del Código Contencioso Administrativo para establecer los asuntos de competencia funcional en primera instancia de los jueces administrativos, disposición en la que el numeral 7º dispone:

“De los procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por la jurisdicción contencioso administrativa, cuando la cuantía no exceda de mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales”

Así mismo, el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998 en el numeral 7º, asigna competencia a los tribunales administrativos, en primera instancia, para conocer de procesos ejecutivos, en los siguientes términos:

“De los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la jurisdicción contencioso administrativa, cuando la cuantía exceda de mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales”.

De las normas antes trascritas, se colige que, con la entrada en vigencia de las disposiciones sobre competencia contenidas en la Ley 446 de 1998, como consecuencia de la expedición de la Ley 954 de 2005, a partir del 28 de abril de este último año, los tribunales administrativos empezaron a conocer de los asuntos señalados en el artículo 42 de la Ley 446 de 1998 hasta tanto entren en funcionamiento los juzgados administrativos.

Por consiguiente, los procesos ejecutivos iniciados con fundamento en condenas impuestas por la propia jurisdicción contencioso administrativa, independientemente de la cuantía, deben ser asumidos en primera o en única instancia, por los distintos tribunales administrativos del país hasta el momento en que los jueces administrativos inicien actividades, fecha a partir de la que, todos aquellos procesos que no superen los 1500 salarios mínimos legales mensuales deberán ser asumidos por éstos en primera instancia.

En esos términos, dada la readecuación de competencias contenida en la Ley 446 de 1998 y los parámetros de implementación señalados por la Ley 954 de 2005, a partir de la entrada en vigencia de esta última ley, todos los procesos ejecutivos originados en providencias judiciales condenatorias proferidas por la justicia contencioso administrativa deberán ser ventiladas ante la misma jurisdicción, situación que contrasta diametralmente con la que se venía presentando hasta el 27 de abril de 2005.

4. Caso concreto.

En el caso que ocupa la atención de la Sala, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca rechazó in limine la demanda de la referencia, con fundamento en la falta de jurisdicción y de competencia de la citada corporación, para conocer de la demanda de la referencia, en tanto que las pretensiones esbozadas en el libelo de la demanda son las propias de un proceso ejecutivo, razón por la que la competencia corresponde a la jurisdicción ordinaria.

Analizado el contenido y alcance de la decisión objeto de apelación, la Sala la revocará para, en su lugar, inadmitir la demanda(6) y, por consiguiente, ordenar que se readecue la acción impetrada y se constituya el título ejecutivo complejo que sirva de fundamento para iniciar la acción procedente para tramitar las pretensiones deprecadas.

A la anterior conclusión se arriba con fundamento en el siguiente razonamiento:

a. Con el proceso de la referencia, la parte actora pretende la anulación de un conjunto de actos administrativos que negaron el pago de los intereses moratorios causados con el incumplimiento en el pago de la condena contenida en la sentencia de reparación directa proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de 1º de diciembre de 2001 (fls. 13 a 27, cdno. ppal. 1).

b. A título de restablecimiento del derecho se solicitó por la parte demandante el pago de los intereses moratorios de la providencia señalada en el literal anterior, suma que asciende al valor de $ 160.104.065,82 m/cte. (fl. 49, cdno. ppal. 1).

c. La demanda de nulidad y restablecimiento pretende, por la vía de una acción ordinaria contencioso administrativa, que sean canceladas sumas que fueron reconocidas en una sentencia judicial que, en la actualidad, se encuentra ejecutoriada y que hizo tránsito a cosa juzgada, motivo por el que presta mérito ejecutivo (CPC, art. 488).

d. La sentencia de 1º de diciembre de 2001 fue complementada mediante providencia de 27 de septiembre de 2002, mediante la cual, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca adicionó, a la parte resolutiva del fallo, un párrafo en el que se ordenó dar cumplimiento a la sentencia dentro de los términos y condiciones puntualizados en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

e. En ese orden de ideas, para la Sala es claro que las pretensiones contenidas en la demanda presentada el día 21 de septiembre de 2005, típicamente, corresponden a las de un proceso ejecutivo singular, motivo por el que le asiste parcialmente razón al a quo en cuanto evidenció en la providencia recurrida, una falencia procesal por indebida escogencia de la acción (fl. 61, cdno. ppal. 2).

f. De otra parte, es pertinente indicar que yerra el tribunal de primera instancia cuando dispuso el rechazo in limine de la demanda, pues, dicha decisión tuvo soporte en los lineamientos del inciso cuarto del artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, precepto éste que no resulta aplicable al asunto de la controversia, pues, de conformidad con lo analizado anteriormente, la jurisdicción contencioso administrativa sí cuenta con jurisdicción y competencia para conocer de las acciones ejecutivas derivadas de condenas contencioso administrativas, todo lo anterior de acuerdo con los criterios y factores de competencia contemplados en la Ley 446 de 1998 en concordancia con la regulación contenida en la Ley 954 de 2005.

g. Así las cosas, para la Sala es claro que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ostenta competencia funcional para conocer de un proceso ejecutivo promovido de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 134B del Código Contencioso Administrativo, en correlación con lo preceptuado con el parágrafo del artículo 1º de la Ley 954 de 2005, disposición del siguiente tenor literal:

“ART. 1º—Readecuación temporal de competencias previstas en la Ley 446 de 1998. El parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998, quedará así:

“PAR.—Las normas de competencia previstas en esta ley se aplicarán, mientras entran a operar los juzgados administrativos, así:

Los tribunales administrativos conocerán en única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta de 100, 300, 500 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes previstas en el artículo 42, según el caso, y en primera instancia cuando la cuantía exceda de los montos. Asimismo, en única instancia del recurso previsto en los artículos 21 y 24 de la Ley 57 de 1985, en los casos de los municipios y distritos y de los procesos descritos en el numeral 9º del artículo 134b adicionado por esta ley, salvo los relativos a la acción de nulidad electoral de los alcaldes de municipios que no sean capital de departamento, que serán revisados en primera instancia”.

Los tribunales administrativos continuarán, en única y primera instancia, con el ejercicio de las competencias de que tratan los artículos 39 y 40.

Las competencias sobre jurisdicción coactiva asignadas en segunda instancia a los tribunales administrativos según el artículo 41, corresponderán en segunda instancia al Consejo de Estado. Y las competencias sobre jurisdicción coactiva asignadas en segunda instancia a los jueces administrativos según el artículo 42, corresponderán en segunda instancia a los tribunales administrativos.

El Consejo de Estado asumirá en única y segunda instancia, las competencias asignadas en los artículos 36, 37 y 38.

Las competencias por razón del territorio y por razón de la cuantía, previstas en el artículo 43 de la Ley 446 de 1998, regirán a partir de la vigencia de la presente ley” (negrillas adicionales de la Sala).

En consecuencia, la Sala revocará el auto impugnado en el sentido de inadmitir la demanda de la referencia y, en su lugar, en aplicación del inciso segundo del artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, ordenará a la parte actora que adecue la demanda de nulidad y restablecimiento a la acción apropiada y procedente y, por tanto, que con el ejercicio de aquella acompañe el título ejecutivo compuesto, en donde se constate, efectivamente, que la sociedad demandada canceló el capital ordenado en la sentencia pero que ha sido renuente en el pago de los respectivos intereses moratorios, circunstancia que permitirá, en su momento, analizar la posibilidad de librar o no mandamiento ejecutivo de pago; lo anterior so pena de rechazo de la demanda de acuerdo con lo precisado en el inciso segundo del artículo 143 del Código Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. REVÓCASE el auto de 14 de octubre de 2005, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2. INADMÍTESE la demanda presentada a través de apoderado judicial por Ruby Mariela Preciado en nombre propio y en representación de Mónica Rocío Caicedo Preciado, Albin Segundo Caicedo Preciado, Lizeth Geraldin Riascos Preciado y Carlos Andrés Riascos Preciado; en consecuencia:

CONCÉDESE un término de cinco (5) días hábiles a la parte actora para que subsane los defectos formales señalados en la parte motiva de esta providencia, so pena de rechazo de la demanda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo.

3 ORDÉNASE al tribunal de origen que cumpla con las disposiciones señaladas en los ordinales anteriores.

4. RECONÓCESE al doctor Oscar Marino Tobar Niño como apoderado de la parte actora, en los términos de la sustitución del poder a él conferido que obra de folio 74 del expediente.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Mauricio Fajardo Gómez—Alier E. Hernández Enríquez—Ruth Stella Correa Palacio—Ramiro Saavedra Becerra—Fredy Ibarra Martínez.

(1) Devis Echandía, Hernando “Teoría general del proceso”, Ed. Universidad, 2004, pág. 97.

(2) El artículo 11 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 1º de la Ley 585 de 2000, dispone expresamente: “La rama judicial del poder público está constituida por:

1. Los órganos que integran las distintas jurisdicciones:

a) De la jurisdicción ordinaria:

1. Corte Suprema de Justicia.

2. Tribunales superiores de distrito judicial.

3. Juzgados civiles, laborales, penales, agrarios, de familia, de ejecución de penas, y los demás especializados y promiscuos que se creen conforme a la ley;

b) De la jurisdicción de lo contencioso administrativo:

1. Consejo de Estado.

2. Tribunales administrativos.

3. Juzgados administrativos:

c) De la jurisdicción constitucional: Corte Constitucional;

d) De la jurisdicción de la paz: jueces de paz;

e) De la jurisdicción de las comunidades indígenas: autoridades de los territorios indígenas.

2. La Fiscalía General de la Nación.

3. El Consejo Superior de la Judicatura.

(3) “Sin embargo, la práctica ha generalizado el empleo del vocablo jurisdicción para referirse a las más importantes ramas del ordenamiento jurídico, a través de las que realiza el Estado la actividad jurisdiccional, y es así como se habla de jurisdicción civil, jurisdicción penal, laboral, contencioso-administrativa, de familia, agraria, constitucional, indígena, de paz, etc., terminología en la que el vocablo jurisdicción se emplea como sinónimo de competencia por ramas; lo técnico es decir competencia penal, civil, laboral, etc., ya que jurisdicción no hay sino una”. López Blanco, Hernán Fabio “Instituciones de derecho procesal civil - Parte general”, Ed. Dupré, 2002, pág. 130.

(4) Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria sentencias de 11 de mayo de 2005, Exp. 200500011 01; 21 de septiembre de 2001, Exp. 20001698 A 86, y 13 de diciembre de 2004, Exp. 200402644 00/195.IV.04.

(5) “ART. 75.—Del juez competente. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa”.

(6) Al respecto es pertinente señalar que, en el asunto analizado, se inadmite la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, y no la demanda ejecutiva, lo anterior, por cuanto, es concretamente la primera de ellas la que permite, en supuestos fácticos como los aquí señalados, la figura procesal de la inadmisión procesal.

Salvamento de voto

Respeto y acato la decisión adoptada por la mayoría de la Sala en el asunto de la referencia pero, por las razones que a continuación se exponen, no la comparto:

1. A juicio de la Sala, es claro que las pretensiones de la demanda corresponden, típicamente, a las de un proceso ejecutivo singular antes que a las de uno de nulidad y restablecimiento del derecho, motivo por el que, es evidente el yerro de indebida escogencia de la acción en el que incurrió la actora, tal como en su momento lo declaró el tribunal de primera instancia, valoración esta de la que, en ese preciso aspecto, participo plenamente.

2. Sin embargo, disiento de la consideración y decisión, según las cuales, la jurisdicción contencioso administrativa sí tiene jurisdicción y competencia para conocer de las acciones ejecutivas derivadas de condenas proferidas por esta jurisdicción, indistintamente de la acción procesal en la que tales condenas hayan tenido lugar, debido a que tal competencia se circunscribe, únicamente, a la ejecución de condenas impuestas en procesos de naturaleza contractual.

El fundamento del anterior aserto, es el siguiente:

a) En primer lugar, es necesario precisar, como bien lo estableció la Sala, que la pretensión real de la parte actora es obtener el pago de intereses moratorios causados por el incumplimiento del pago efectivo de una condena impuesta en su favor y en contra de la entidad demandada, por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como conclusión de un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa de que trata el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, circunstancia por la cual, el título base para la ejecución será la respectiva sentencia.

b) Este tema ha sido objeto de estudio y plurales pronunciamientos tanto por el Consejo de Estado como por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, corporaciones estas que han adoptado, en forma similar, una posición clara acerca de la competencia de esta jurisdicción en tratándose del conocimiento y trámite de procesos ejecutivos.

c) En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en providencia de 12 de agosto de 1999, asumió el estudio de la competencia con ocasión de los procesos ejecutivos derivados de la ejecución de sentencias proferidas por esta jurisdicción, en el sentido de establecer que dicha competencia estaba radicada, por regla general, en la jurisdicción ordinaria, conforme a lo establecido en los artículos 177 del Código Contencioso Administrativo y 16 numeral 1º del Código de Procedimiento Civil y, que sólo por excepción, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, tal atribución corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuando quiera que se trate de asuntos de orden contractual, es decir, de acciones ejecutivas con base en sentencias condenatorias dictadas por esa misma jurisdicción especializada.

En otros términos, el Consejo de Estado señaló que, si bien a la jurisdicción contenciosa administrativa le está atribuida la competencia para la ejecución de sentencias proferidas por ella misma, dicho conocimiento se circunscribe a materias propias de los contratos estatales, dejando claro que respecto de los asuntos restantes, esto es, de condenas impuestas en procesos distintos a los de la acción contractual y sobre asuntos diferentes, como ejemplo, reparación directa, laborales, tributarios y, en general, de nulidad y restablecimiento del derecho ajenos a los contratos estatales, el conocimiento de tales controversias es atribución de la jurisdicción ordinaria.

En esa oportunidad el Consejo de Estado puntualmente precisó:

“En efecto, como antes se expuso, la jurisdicción contencioso administrativa tiene una regla de competencia para conocer de los procesos de ejecución que se susciten con ocasión de controversias derivadas de un título ejecutivo cuya fuente es un contrato estatal y, de los procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en desarrollo de la acción contractual”.

Posteriormente, en auto de 7 de octubre de 1999, aún bajo la consideración de las nuevas normas de competencia introducidas por la Ley 446 de 1998 —­aunque no vigentes para la época-, fijó el siguiente criterio sobre el particular:

“El análisis conjunto de los artículos 75 de la Ley 80 de 1993, 32, 40, 42 de la Ley 446 de 1998, ha permitido concluir a la Sala que la jurisdicción contencioso administrativa únicamente tiene competencia para conocer de los procesos de ejecución que se susciten cuya fuente es un contrato estatal y, de los procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en desarrollo de la acción contractual”.

d) En esa misma directriz de interpretación normativa, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con ocasión de dirimir un conflicto negativo de jurisdicción suscitado entre el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio, estableció que la ley no ha asignado de forma expresa a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de los procesos de ejecución contra entidades estatales cuyos temas no se relacionen con los contratos estatales, es decir, que existía un vacío y, que por ello, debía acudirse a la regla general que establece el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, según el cual: “corresponde la jurisdicción civil todo asunto que no esté atribuido por la ley a otras jurisdicciones”.

Así mismo, es relevante anotar que, en una situación similar a la precitada, en el año 2001 la misma Corporación ya había resuelto, con igual perspectiva y alcance, un conflicto presentado entre el Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Segundo laboral de Sincelejo, originado en el ejercicio de la acción ejecutiva para obtener el cumplimiento efectivo de un fallo condenatorio dictado por el mencionado tribunal, con el que se decidió un proceso promovido en uso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de índole laboral.

En esa otra ocasión, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, luego de hacer referencia a los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia, expuestos por la Sección Tercera del Consejo de Estado como por esa otra corporación, e inclusive con referencia explícita al contenido de las normas de competencia que en materia de ejecución de condenas contencioso administrativas consagra la Ley 446 de 1998, concretamente el artículo 40, modificatorio del artículo 132 del código procesal del ramo, definió lo siguiente:

“En ese sentido, el alcance real de la Ley 446 de 1998, se refiere a la jurisdicción de lo contenciosa administrativa (sic) de las condenas proferidas por ella en los procesos de carácter contractual, como se analizó en los anteriores apartes.

De lo anterior, en relación con el asunto específico objeto de análisis, categóricamente concluyó lo siguiente:

“Como lo dejan demostrado las anteriores razones, podemos concluir que se trata de la existencia de una relación laboral que fue reconocida a través de un sentencia proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo más la orden de pago por la suma de $ 20.618.217,00: por consiguiente, es un asunto que corresponde a la JUSTICIA LABORAL ORDINARIA” (negrillas y mayúsculas fijas del original).

e) Bajo ese criterio jurisprudencial, si bien es cierto que la jurisdicción de lo contencioso administrativo se encuentra instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado (CCA, art. 82), también lo es que, cuando dichas controversias versan o consisten en el cobro ejecutivo de obligaciones insolutas impuestas en condenas judiciales de esa misma jurisdicción, la competencia en tales eventos es de la jurisdicción ordinaria, salvo cuando dichas condenas tengan origen en procesos nacidos del ejercicio de la acción contractual, toda vez que, en ese aspecto, los artículos 40 y 42 de la Ley 446 de 1998 no cambiaron esa reparto de competencias.

Por consiguiente, no obstante que en el momento las normas de competencia contenidas en la Ley 446 de 1998 están en plena vigencia por mandato de la Ley 954 de 2005 y la puesta en funcionamiento de los juzgados administrativos, la definición legal sobre el punto y el criterio jurisprudencial sobre el mismo no han variado, en especial si se tiene en cuenta que, los pronunciamientos hechos sobre la materia por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura antes citados, tuvieron por fuente, precisamente, conflictos de jurisdicción en los que su resolución comprendió el estudio del contenido y alcance de los artículos 40 y 42 de la primera de tales leyes.

Por lo tanto, dado que esta jurisdicción no es la competente para conocer del proceso ejecutivo vislumbrado por la Sala en la demanda presentada, ha debido confirmarse el auto impugnado en cuanto rechazó la demanda por ausencia de jurisdicción y competencia.

Atentamente,

Freddy Ibarra Martínez