Sentencia 33642 de junio 18 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 33642

Magistrado Ponente:

Dr. Sigifredo Espinosa Pérez

Bogotá, D.C., dieciocho de junio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Previo a auscultar de fondo la decisión controvertida, estima necesario la sala pronunciarse respecto de la nulidad deprecada por la representación del Ministerio Público, referida a la falta de convocatoria de la víctima para que acudiese a la audiencia celebrada en primera instancia por el Tribunal de Yopal.

Al efecto, debe señalar la Corte que de la verificación de lo contenido en la carpeta y, particularmente, las actas de diligencia, bien poco se extracta para definir si el denunciante fue o no citado a esa audiencia, como quiera que no se incluyeron los respectivos soportes y el registro oral tampoco permite elucidar el tópico.

Es claro, sí, que la víctima, sea porque no fue citada adecuadamente o en razón a su querer, no acudió a ese trámite de primera instancia.

Entonces, si con largueza se dijera que, en efecto, la víctima dejó de llamarse a la audiencia de preclusión de primera instancia, lo primero que surge es que esa irregularidad emergió, como así lo acepta la procuradora, intrascendente, pues, sobra recordar, sus intereses fueron plenamente protegidos, al punto que el tribunal decidió negar la solicitud de preclusión.

En consecuencia, es claro que ningún derecho fue afectado y, por tal razón, actuante el principio de trascendencia, mal puede ahora decretarse la nulidad de una diligencia que, se repite, le fue plenamente favorable.

Por lo demás, si alguna inquietud quedara sin resolver, ella se disipa cuando se conoce que a la audiencia de segunda instancia acudió e intervino la víctima, sin que siquiera por asomo advirtiese que lo realizado por el a quo, generó algún tipo de afectación a su derecho, convalidando en la práctica ese diligenciamiento.

Y, por último, debería anotarse que, conforme la naturaleza de la decisión que se anuncia, confirmatoria de lo decidido por el tribunal, el asunto parece zanjado, sin vulneración alguna de derechos de la víctima.

En consecuencia, no se decretará la nulidad de lo actuado, aunque, como lo resalta la procuradora, se llama la atención al tribunal, para que no solo verifique a futuro la notificación de todas las partes e intervinientes, sino que deje expresa constancia en la carpeta de ello.

Hecha la precisión, entrando de fondo en el objeto de discusión, lo primero que cabe resaltar es la impropiedad en que incurre el impugnante, pues, si se tiene claro que ante el tribunal adujo como causal de preclusión la de inexistencia del delito, mal puede ahora, en sede de apelación de lo decidido por el a quo, alegar que lo ocurrido remite mejor a la materialización de una causal de inculpabilidad por error manifiesto.

No sobra recordar al apelante que la discusión en sede de la segunda instancia necesariamente debe remitir a lo presentado, alegado y decidido por el a quo, pues, de lo contrario, se desquicia no solo la naturaleza del recurso, sino el debido proceso y consecuentes derechos de defensa y contradicción, evidente como se hace que ese, el de la nueva causal, no fue un tópico examinado de fondo por el tribunal.

Asiste por ello la razón a la procuradora delegada, cuando advierte de la impropiedad.

Empero, como en la práctica lo discutido por los intervinientes en la audiencia de argumentación oral dice relación directa con lo discutido en primera instancia, la Sala abordará de fondo el asunto.

En consecuencia, se tiene establecido que ante el fallador de primer grado, expresamente anunció el solicitante que recurría a la causal tercera del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, que remite a la “inexistencia del hecho investigado”.

No soslaya la Corte que la circunstancia delimitada como propia de la solicitud de preclusión adviene si se quiere objetiva, pues, parece claro que para separarla de otras causales insertas en la norma, dígase la atipicidad del hecho o la existencia de una causal que excluya responsabilidad, el numeral remite a que fenoménicamente eso que se denunció o conoce el funcionario por virtud de su facultad oficiosa, tenga manifestación material, concreta o perceptible por los sentidos.

Entonces, para que la solicitud compagine con la causal, el argumento de fondo debería establecer que, en efecto, no se materializó ese hecho fenoménico que trascendió al entorno objetivo, en otras palabras, que no fue expedida ninguna resolución, o un dictamen o concepto a partir de los cuales advertir si se halla o no conforme a derecho.

En otras palabras, la causal de preclusión se encontraría técnicamente alegada cuando, por ejemplo, los bienes no fueron sustraídos, y se atribuye un hurto, o se pregona un secuestro y se demuestra que la persona voluntariamente huyó de su casa o, en fin, todos aquellos casos en los que objetivamente la conducta básica, acción u omisión, no tuvo ocurrencia objetiva.

En el delito de prevaricato ocurre que a la par con la acción básica —proferir resolución, dictamen o concepto— se alza el elemento normativo de que ese actuar sea “manifiestamente contrario a la ley”, lo que implica una valoración eminentemente subjetiva acerca del contenido y alcances de la acción.

Cuando lo pretendido es que se precluya porque la resolución, dictamen o concepto no son manifiestamente contrarios a la ley, el mecanismo no puede ser el de la causal tercera del artículo 332 en cita, por lo ya anotado, sino el de la atipicidad, contemplado en el numeral 4º, precisamente, porque se demuestra que no se configura ese elemento normativo del tipo penal.

Ello indica evidente que el solicitante erró de manera profunda cuando significó avenirse con la causal tercera, su solicitud de preclusión.

Desde luego, no conduce lo anotado a desestimar de entrada lo deprecado, pues, de lo argumentado por él fácil se puede verificar cuál es su pretensión y en qué se basa ella.

Empero, no puede la Corte, para decirlo desde ya, acompañar la tesis repetida por el fiscal delegado ante el tribunal, basada en que lo resuelto por el fiscal local indiciado se aviene completamente con la ley, por la potísima razón, suficientemente expresada en primera instancia, prohijando la tesis del representante del Ministerio Público, que la simple verificación objetiva del contenido de la decisión y las circunstancias que a ello llevaron, permite arribar a otra conclusión.

En efecto, la Sala observa, para limitarse a lo alegado por el recurrente, que de ninguna manera lo decidido en el auto inhibitorio por el doctor José Manuel Rodríguez Castro, asoma completamente apegado a la ley.

Todo lo contrario, independientemente de que se actuase o no con dolo, se conocieren o no las normas, se tuviese consciencia o no de lo que ellas reflejan, o lo adelantado comportase buena fe, circunstancias que no fueron el objeto de pronunciamiento de la primera instancia y, desde luego, tampoco de la Corte, es lo cierto que el trámite adelantado por el fiscal local con ocasión de la denuncia instaurada por Primitivo Figueroa Díaz, dista mucho de avenirse con la normatividad regulatoria del tema, y estas son las razones:

1. Los hechos denunciados por el presunto afectado ocurrieron los días 18, 19 y 20 de enero de 2008, en el predio Buenos Aires, jurisdicción del municipio de Maní, circuito judicial de Yopal, Casanare.

Ello significa, dado que el sistema acusatorio se implementó en el distrito judicial de Yopal, el 1º de enero de 2006 (véase la corrección que del art. 530 de la L. 906/2004, realizó el D. 2770/2004), que el trámite adelantado por el funcionario indiciado es contrario a la ley y comporta evidente afectación al debido proceso, en la práctica, pues, cabe recordar, en la nueva sistemática la facultad de precluir el proceso, que en la práctica fue lo determinado por él cuando en el numeral segundo del auto interlocutorio reprochado dispuso “extinguir la acción penal”, no corre de su resorte, demediadas como han sido sus facultades judiciales, sino del juez de conocimiento correspondiente, por solicitud que presente el fiscal.

2. Resulta abiertamente contrario a la ley, si como ejercicio hipotético se dijera que era posible acudir a la sistemática del Código de Procedimiento Penal del 2000, decidir al mismo tiempo abstenerse de abrir investigación, conforme lo determinado en el numeral primero de la parte resolutiva del interlocutorio cuestionado, y a la par “extinguir la acción penal”, acorde con lo establecido en el numeral segundo, sencillamente, para no ahondar en disquisiciones innecesarias, porque la primera manifestación tiene efectos limitados que no hacen tránsito a cosa juzgada —si se hallan nuevas pruebas o elementos de juicio es posible reabrir la investigación— y la segunda tiene una evidente vocación definitoria que no torna factible reabrir el debate.

3. Cuando es claro que el denunciante hace relación a acciones concretas realizadas por los denunciados —fijadas modal y temporo-espacialmente—, que estima delictuosas, cuando menos apresurado se aprecia que el fiscal local, sin practicar ningún tipo de prueba que permitiese verificar la naturaleza y alcances de los hechos puestos en su conocimiento, de buenas a primeras decida emitir la decisión que ahora se le reprocha, en tanto, carece ella de soporte fáctico y probatorio, independientemente de la validez que puedan comportar las lucubraciones jurídicas allí contenidas.

4. No es cierto, como lo aduce el indiciado y lo prohíja el fiscal delegado ante el tribunal, que se trate, lo denunciado, de los mismos hechos atinentes al contrato de compraventa de inmuebles celebrado por el denunciante y los denunciados, o que ello sea consecuencia directa de ese negocio jurídico, o que las otras denuncias por diferentes delitos instauradas por el afectado, comporten esa similitud.

Desde luego que el denunciante y los denunciados celebraron un contrato de compraventa respecto de unos lotes de terreno de propiedad del primero, y que incluso se registró ese negocio jurídico, con lo cual la tradición jurídica se perfeccionó.

No se discute tampoco, o mejor, no se ha demostrado lo contrario, pues, solo se cuenta, en la incipiente investigación adelantada por el indiciado, con la versión del denunciante, que este no hizo entrega material de los predios vendidos, dado que no recibió el precio pactado. Ello significa que continuó de manera ininterrumpida con la posesión o goce efectivo de los lotes.

Precisamente en atención a que se le incumplió, el denunciante inició procesos civiles y dos penales por los delitos de estafa y fraude procesal, en contra de los compradores.

Pues bien, de entrada se verifica que, en efecto, esos procesos civiles encaminados a obtener la resolución del contrato y pago de perjuicios, sí comportan nexo directo con este, en cuanto desarrollo jurídico de su incumplimiento.

Pero, de ninguna manera puede significarse que lo denunciado por el presunto afectado: que los compradores ingresaron a los lotes sin su autorización y que además dañaron u ocasionaron la pérdida de cerca de treinta semovientes vacunos, representa ese nexo inconcuso con el negocio jurídico, por la potísima razón que se trata, no cabe duda, de verdaderas vías de hecho que jamás ampara la normatividad civil.

Si de verdad los compradores estimaban que el precio había sido pagado o que el vendedor tenía para ese momento la obligación jurídica de hacerles entrega material de los predios vendidos, lo adecuado jurídicamente, consecuencia directa del contrato, era iniciar la correspondiente acción civil que se denomina entrega del tradente al adquirente, instituida cabalmente para amparar ese tipo de derechos, acorde con lo establecido en el artículo 417 del Código de Procedimiento Civil, así redactado en su inciso primero:

“El adquirente de un bien cuya tradición se haya efectuado por inscripción del título en el registro, podrá demandar a su tradente para que le haga la entrega material correspondiente”.

Pero si ellos, motu proprio, ingresaron sin autorización judicial a los terrenos cuyo posesión ostentaba el denunciante, ese comportamiento resulta por entero ajeno al contrato y sus resultas legales, pudiendo perfectamente encajar en un tipo penal, simplemente porque la motivación o sustento primigenio en el negocio jurídico no convierte por sí misma en civil la acción o vía de hecho destacada.

Si así fuera, para citar un ejemplo pedestre pero asaz ilustrativo, el que los compradores dieran muerte al vendedor porque no quiso entregar materialmente los predios (o lo secuestran para obtener esa entrega), también debería considerarse asunto civil, dado que se inserta, en el campo motivacional y dada su finalidad, en ese negocio jurídico incompleto en sus efectos.

Para el caso concreto, si hasta el presente se tiene determinado que el denunciante conservó la posesión o disfrute de los terrenos, el que los compradores invadieran esos lotes sin consentimiento suyo o autorización judicial, torna en delictuosa la conducta, no tanto dentro de la égida de la invasión de tierras —que connota, conforme el artículo 263 del Código Penal, el ingreso de un número amplio de personas y exige de “ajenidad” como elemento normativo bastante difícil de auscultar cuando se dice que los “invasores” son quienes aparecen registrados como dueños—, sino bajo los rigores del artículo 264 de la Ley 599 de 2000, rotulado “perturbación de la posesión sobre inmueble”.

Pero, con mayor rigor, si el afectado advierte que quienes ingresaron a sus terrenos se ocuparon de abrir los corrales para que huyeran los semovientes, que nunca fueron encontrados, para la Sala es evidente —aunque ni el fiscal local indiciado en el auto que se le critica, ni el delegado ante el tribunal en su intervención oral deprecando la preclusión se refieren al tema— que la conducta se enmarca, objetivamente, en el tipo penal de daño en bien ajeno, en cuanto, acorde con el artículo 265 del Código Penal, sanciona al “... que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble”.

De otra parte, si el afectado instauró sendas denuncias penales, en otros despachos judiciales ajenos al gobernado por el indiciado, por los delitos de estafa y fraude procesal, ello de ninguna forma habilita para que, como de manera apresurada lo analiza el peticionario de la preclusión, se advierta temeraria su actuación o signifique que se trata de los mismos hechos. El solo nomen iuris de los delitos que se denunciaron en otras dependencias judiciales, verifica que no se trata de tópicos fácticos siquiera similares, aunque no se conozcan los textos de esas denuncias, dado que el fiscal delegado ante el tribunal poco hizo para soportar probatoria o jurídicamente sus afirmaciones.

Lo anotado en precedencia permite ver cómo asistió la razón al Tribunal Superior de Yopal, cuando decidió negar la solicitud de preclusión instaurada por el fiscal delegado, pues, es lo cierto, en un plano eminentemente objetivo, único asumido por el solicitante, que el contenido del auto proferido por el indiciado el 18 de abril de 2008, sí es manifiestamente contrario a derecho.

Cosa diferente es que se demuestre después que el indiciado no actuó con dolo o en su favor concurren circunstancias eximentes de responsabilidad penal, pero esa es una manifestación que aquí no cabe hacer y obliga de la fiscalía adelantar la correspondiente investigación.

Conforme lo anotado, la Sala confirmará en su integridad lo decidido por el Tribunal Superior de Yopal.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

Confirmar la decisión impugnada.

Esta decisión se notifica en estrados y contra ella no cabe ningún recurso».