Auto 33740 de abril 13 de 2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 33740

Magistrado Ponente:

Dr. Sigifredo Espinosa Pérez

Aprobado Acta Nº 130.

Bogotá, D.C., trece de abril de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

De conformidad con lo consagrado en el numeral 3º del artículo 235 de la Constitución Política, en concordancia con el numeral 7º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, es competente la Sala para adoptar la decisión que corresponda en relación con la denuncia formulada contra los aforados Manuel Antonio Carebilla Cuéllar y Juan Lozano Galdino, quienes tal como consta en la certificación expedida por el secretario general de la Cámara de Representantes allegada a los autos, fueron elegidos por la circunscripción electoral del Amazonas para el periodo constitucional 2006-2010.

En armonía con lo dispuesto en el artículo 322 de la Ley 600 de 2000, la investigación previa tiene como finalidad, entre otras, establecer si la conducta puesta en conocimiento de las autoridades ocurrió y si está descrita en la ley penal como delito.

Por su parte, la iniciación de una investigación penal no solo exige el conocimiento serio y confiable de la probable ocurrencia de una conducta punible, sino que, además, desde el punto de vista del imputado, ante la prevalencia constitucional del principio de presunción de inocencia, conforme lo ha reiterado la Sala,(18) resulta abusiva cuando no existe ese mismo conocimiento en relación con su posible participación en el delito que se le endilga, pues el ciudadano tiene derecho a no ser sometido a investigación, sino por las causas y dentro de las circunstancias que expresamente autorice la ley.

Ahora bien, con fundamento en las pruebas aportadas a las diligencias, no se vislumbra en manera alguna que los representantes a la Cámara Carebilla Cuéllar y Lozano Galdino, como integrantes de la Comisión Cuarta, hubiesen recibido del Gobierno Nacional una partida presupuestal para ser asignada en inversión social en el departamento del Amazonas y que esta, con autorización de los aforados, se hubiese trasladado a un departamento de la Costa Atlántica, a cambio de una “comisión o mordida” tal como lo afirmó el denunciante.

En efecto, los congresistas no tienen la posibilidad de recibir partidas presupuestales específicas para invertir a su capricho en las regiones que representan, toda vez que las inversiones a ejecutar con el presupuesto de la Nación, deben ser justificadas con los respectivos proyectos de inversión, para asegurar que los dineros del Estado sean empleados efectivamente en las inversiones aprobadas previamente por el Gobierno Nacional, de acuerdo al plan nacional de desarrollo.

Con la vigencia de la Constitución de 1991, desapareció la antigua práctica de los “auxilios parlamentarios” como respuesta al abuso derivado de su implementación, toda vez que la erogación fiscal no tenía un control posterior a su transferencia, dando lugar a la utilización de recursos del Estado a favor de particulares o de apetitos políticos que iban en contravía con la obligación del Estado de hacer inversiones en acciones propias del Estado social de derecho.

Como consecuencia de ello, no solo se presentó la prohibición expresa de los auxilios en el artículo 355 de la Carta Política, sino que igualmente se intensificó por parte del Gobierno Central una supervigilancia sobre los dineros a invertir o erogar por el Estado en los diferentes entes territoriales a niveles nacional, departamental, distrital y municipal, a través de la expedición del estatuto orgánico del presupuesto o Decreto 111 de 1996.

De acuerdo al mencionado estatuto, concierne al Gobierno Nacional preparar anualmente el proyecto de presupuesto general de la Nación, para presentarlo a las comisiones económicas de Senado y Cámara cada año, por conducto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante los primeros diez días de cada legislatura, correspondiendo al Congreso decidir sobre el monto definitivo del presupuesto.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del estatuto orgánico, el Ministro de Hacienda y Crédito Público es el único funcionario que puede solicitar a nombre de Gobierno, la creación de nuevas rentas u otros ingresos, el cambio de las tarifas de las rentas, la modificación o el traslado de las partidas para los gastos incluidos por el Gobierno en el proyecto de presupuesto, las consideraciones de nuevas partidas, y las autorizaciones para contratar empréstitos. Y si a juicio de las comisiones del Senado y Cámara de Representantes se advierte la necesidad de modificar una partida del proyecto de presupuesto, formularán la correspondiente solicitud al Ministerio de Hacienda.

Señala igualmente el estatuto que la competencia de distribución del presupuesto está en cabeza de cada uno de los ministerios, teniendo en cuenta el plan nacional de desarrollo y de inversión pública,(19) los que girarán los dineros para su ejecución, previa presentación del proyecto de inversión, el cual debe ser evaluado por el órgano competente y registrado en el banco nacional de programas y proyectos(20).

Con base en las disposiciones legales y constitucionales anotadas en párrafos anteriores, resulta inviable creer en la manifestación aducida por el denunciante, respecto a que el Gobierno Nacional entregó a los aforados una partida presupuestal específica para invertir en la región del Amazonas, por ser integrantes de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, y estos a cambio de una “comisión o mordida” autorizaron su traslado para el departamento de Sucre.

En primer lugar, el Gobierno Central debe cumplir a cabalidad el plan nacional de desarrollo aprobado por el Congreso y también con el presupuesto anual de la Nación. Y, en segundo término, de los dineros apropiados por el Gobierno Nacional para el departamento del Amazonas en la vigencia del 2008,(21) no aparece ninguna suma asignada para inversión, que se hubiese apropiado a favor de los congresistas —contrariando las disposiciones constitucionales y legales— para invertir en la región que representan, lo que deja sin peso alguno la imputación hecha por Moreno Godoy.

Por lo demás, resulta un exabrupto que el denunciante pretenda hacer creer que el Gobierno Nacional tiene a disposición de los integrantes de las comisiones económicas del Congreso, dineros o partidas del presupuesto general de la Nación “como costumbre clientelista para manejar el apetito de las mayorías afines al Gobierno”, cuando la obligación constitucional de los parlamentarios es la de aprobar el presupuesto general de la Nación antes de la media noche del 20 de octubre del respectivo año, pues, de no hacerlo, regirá el proyecto presentado por el Gobierno, incluyendo las modificaciones que hayan sido aprobadas en primer debate, de acuerdo al contenido del artículo 59 del Decreto 111 de 1996.

Además, como se adujo con anterioridad, los auxilios parlamentarios permitidos antes de la Constitución de 1991 se encuentran totalmente prohibidos y, por tanto, ningún congresista de la República de Colombia puede recibir partidas presupuestales para invertir en su departamento o autorizar traslados de los mismos a otras regiones.

En consecuencia, la entrega de las supuestas partidas presupuestales a los aforados se desvirtúa no solo con los documentos aportados por el director general del Presupuesto Público Nacional respecto a los ítems de apropiaciones para el presupuesto general de la Nación con vigencia del 2008, donde no aparece una específica partida a favor de los congresistas denunciados, sino también con la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales que señalan la forma como se proyecta el mismo, su aprobación global por parte del Congreso y su distribución a las regiones del país a través de los ministerios correspondientes, con la acreditación previa del proyecto en el cual se van a invertir los dineros transferidos por la Nación.

Tampoco resultó respaldada la aseveración que hizo el quejoso respecto al diálogo que tuvo con el gobernador Félix Francisco Acosta Soto, según la cual le aseguró que tuvo un encuentro con los congresistas para ofrecerle las partidas presupuestales entregadas específicamente a ellos por el Gobierno Nacional, comoquiera que el hecho fue negado categóricamente por este, al rechazar que se hubiese reunido con los aforados con ese fin, y considerando imposible que “... partidas con destinación específica para la región sean negociadas por parlamentarios de otras regiones o desviadas a otro departamento del país”.

Por el contrario, de las disposiciones legales y constitucionales aducidas y de los documentos aportados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, resultan confirmadas las explicaciones dadas por los aforados en sus versiones libres, al igual que los hechos expuestos por el congresista Musa Besaile Fayad respecto a que los congresistas no reciben del ejecutivo ninguna partida presupuestal para invertir en las regiones que representan y, menos aún, tienen la facultad para hacer modificaciones y traslados de las partidas del presupuesto general de la Nación, pues, dicha facultad la tiene única y exclusivamente el Ministro de Hacienda y Crédito Público.

En suma, de las pesquisas hasta ahora adelantadas, no se vislumbra la comisión de ninguna conducta punible por parte de los investigados Carebilla Cuéllar y Lozano Galdino, considerando la Sala que el cargo de cohecho que se le enrostra a los congresistas, no tiene fundamento probatorio alguno que respalde su veracidad, careciendo por tanto de la fuerza persuasiva que amerite proseguir con la presente averiguación, lo que de suyo conllevaría un desgaste inútil de la administración de justicia.

Por tanto, la acción penal no puede iniciarse y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal, se impone proferir resolución inhibitoria.

No obstante, cabe precisar que, si con posterioridad surgen “nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos” de la presente decisión, se procederá de oficio o a petición del denunciante, a la revocatoria de la resolución inhibitoria, como lo tiene previsto el artículo 328 del estatuto procesal penal.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. INHIBIRSE de abrir investigación penal en contra de Manuel Antonio Carebilla Cuéllar y Juan Lozano Galdino en relación con el hecho aquí denunciado, de conformidad con las razones expuestas en la anterior motivación.

2. Contra esta decisión procede el recurso de reposición.

3. En firme esta providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(18) Entre otros, en el Radicado 20.206 del 11 de mayo de 2005.

(19) Artículo 341 Constitución Política.

(20) Artículo 68 Decreto 111 de 1996.

(21) Visibles a folios 155 del cuaderno o. 1.