Auto 33778 de mayo 12 de 2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Sigifredo Espinosa Pérez

Aprobado Acta 164.

Bogotá, D.C., doce de mayo de dos mil once.

Vistos

Estudia la Corte la posibilidad de inhibirse de abrir investigación al aforado Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, con ocasión de la denuncia presentada por Reinaldo Giagrekudo Pacaya.

Antecedentes y actuación procesal

1. En escrito presentado a la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 12 de marzo de 2010, Reinaldo Giagrekudo Pacaya solicitó se investigara al representante a la cámara por el departamento del Amazonas Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, por hechos que consideró vulneraban el ordenamiento jurídico penal.

La queja objeto de investigación en contra del congresista, la anuncia el denunciante dentro de los tipos penales que protegen el bien jurídico de los mecanismos de participación democrática, consistente en la comisión de los delitos de constreñimiento al sufragante y corrupción del Sufragante, contemplados en los artículos 387 y 390 del Código Penal, respectivamente.

En el escrito, el denunciante partió por señalar que es un indígena Huitoto con domicilio en el corregimiento Chorrera del departamento del Amazonas, y con estudios en la Escuela de Granjeros Técnicos “Loyola”, ubicada en Madrid —Cundinamarca—, en la que obtuvo el diploma de técnico profesional agropecuario el 29 de noviembre de 1970.

Así, por ser una persona preparada dentro de su comunidad, tuvo la oportunidad de ejercer la docencia en el Colegio Indígena Casa de Conocimiento de Chorrera, a través de varios contratos de prestación de servicios suscritos con la Gobernación del Amazonas, terminando su labor a finales del año 2009.

Sin embargo, para el año 2010 no le fue renovado el contrato porque “... se dieron cuenta que yo no era de su política, ya que en las elecciones pasada para la gobernación en el mes de septiembre de 2009 habíamos votado, según ellos —Manuel Carevilla (sic) y el gobernador— por Octavio Benjumea Acosta, enemigo para la gobernación y a la Cámara de Representantes y que el (sic) la había perdido con el nuevo gobernador electo Olbar Andrade, que era de su grupo político y por ende era el jefe político. Que el nuevo gobernador de “Cambio Radical” había dispuesto no darle más el contrato en “El Colegio Indígena Casa de Conocimiento”, que esos cargos son de su grupo político y pertenecen a él”(1).

Señaló, también, que el 26 de febrero de esa anualidad, el Representante a la Cámara Carebilla Cuéllar le manifestó que si quería ingresar nuevamente al cargo de docente en el Colegio Indígena Casa de Conocimiento, debía trabajar para su campaña por su propia cuenta, propuesta que aceptó, como quiera que no tenía nada mas que hacer que “agachar la cabeza y humillarse”, debido al poder que tenía el congresista en la gobernación.

Frente al compromiso asumido, manifestó el denunciante, acordó con el aforado hacer su trabajo proselitista, en los corregimientos y comunidades que bordean el río por el bajo Putumayo, labor que le demoraría aproximadamente doce días, iniciando el recorrido desde Bogotá hacia Florencia —Caquetá—, hasta llegar al Corregimiento de Chorrera —Amazonas—, utilizando vías carreteable y fluvial.

De acuerdo al itinerario programado, aseguró Giagrecudo Pacaya, el Parlamentario le pagó un tiquete aéreo para su desplazamiento Leticia-Bogotá, ciudad a la que llegó el 27 de febrero de 2010, comprometiéndose a entregarle los viáticos de la correría política, los cuales ascendían a la suma de tres millones de pesos.

Sin embargo, cuando se encontraba en la ciudad de Bogotá no pudo comunicarse con el Congresista, ni tampoco con sus asesores, dejándolo abandonado en esta metrópoli, lo que considera “... no solo que fue un delito el que se cometió contra mi y mi familia además de una burla contra una autoridad indígena. No solo es un constreñimiento para quienes vamos a votar, sino también una limitante o corrupción al sufragante y un cohecho”(2).

Agregó que las actuaciones de parte del congresista investigado y del gobernador del Amazonas Olbar Andrade, son actitudes delincuenciales que no solo tienen como finalidad la retaliación, porque pensaron que era amigo del ex gobernador Félix Acosta y de su sobrino Octavio Benjumea, sino también atentatorias de la transparencia electoral, pues, su afán era que no participara en el evento electoral en Chorrera.

Finalmente, asegura que “el solo hecho de dejarme tirado en Bogotá y lejos de mi hábitat como cacique indígena de autoridad tradicional, y el haberme dejado sin trabajo al no renovarme mi contrato cuando era una excepción a la ley de garantías porque se trataba de educación, es más que un irrespeto un abuso de poder y un acoso laboral humillante que se encuadra en violación de normas disciplinarias y penales ...”(3).

2. Acreditada la calidad de representante a la cámara del denunciado Manuel Antonio Carebilla(4), se ordenó ampliar la queja por parte de Reinaldo Giagrekudo Pacaya, así como aportar los contratos de prestación de servicios suscritos por el denunciante con el departamento del Amazonas, en el Colegio Indígena Casa del Conocimiento de Chorrera.

2.1. En efecto, a través de la documentación allegada por el departamento jurídico de la gobernación de ese departamento, se pudo constatar que el denunciante indígena Giagrekudo Pacaya suscribió tres contratos de prestación de servicios, para cumplir con el objeto de auxiliar de apoyo en esa institución educativa.

El primero de ellos, radicado con el número 001068, por un valor de $ 3.750.000 y plazo de ejecución de cinco meses, con iniciación el 23 de julio de 2008(5); el segundo, suscrito el 2 de marzo de 2009, identificado con el Nº 000572, por un valor de $ 4.000.000 y término de ejecución de cinco meses(6) y, el último, firmado el 16 de septiembre de 2009 bajo el número 001390, cuantía de $ 2.400.000 y plazo de ejecución de tres meses.

2.2. Respecto a los motivos que tuvo para denunciar al aforado, en ampliación de la denuncia Reinaldo Giagrekudo Pacaya(7) manifestó que lo hizo por que así se lo aconsejó un periodista, del cual solo sabe que se llama Fernando, conocido del municipio de Leticia, como empleado de la emisora Ondas del Amazonas y del periódico Sin Fronteras, contradictor político de Carebilla Cuéllar, al que se encontró por casualidad en esta ciudad y lo contactó con un abogado de la defensoría pública, quien le redactó la denuncia.

Aseguró que lo que pretendió dar a conocer con la queja, fue el abuso cometido a una autoridad tradicional indígena, como lo es él, en su calidad de cacique, toda vez que el congresista, sin ninguna consideración, le dio los medios para trasladarse hasta la capital con el fin de colaborarle en su campaña política para las elecciones del 14 de marzo de 2010, y sin embargo, no le aportó los viáticos necesitados para el recorrido por las vías carreteable y fluvial por partes lejanas del Amazonas, tal y como se lo había prometido.

Hecho reprochable, añadió, que le ocasionó graves perjuicios, pues, no solamente sufrió por la falta de dinero, sino también que atentaron contra su dignidad indígena. Pese a ello, logró regresar al corregimiento Chorrera, ejerciendo el derecho al voto en las elecciones parlamentarias.

Expresó, contrario a lo consignado en la denuncia, que de parte del aforado no se dio un constreñimiento o intimidación para aceptar el compromiso de ayudarle en su campaña política por las regiones lejanas del Amazonas, ya que lo hizo de manera voluntaria, una vez Jairo Ruiz Medina, político del Amazonas, lo llamó a su oficina para que acompañara a Carebilla Cuéllar en la parte final de su campaña política. En efecto, textualmente afirma “... yo quise porque el doctor Medina me llamó y me dijo este candidato lo vamos hacer ganar, Carebilla no me llamó...el no me obligó para que trabajara políticamente con él, no me constriñó”(8).

Aseveró sí, que después de terminar el último contrato de prestación de servicios en el Colegio Indígena Casa de Conocimiento, no volvieron a llamarlo para la renovación del contrato por parte de la Gobernación del Amazonas; en su opinión, por cuanto no apoyó para la campaña de la gobernación al candidato Olbar Andrade del grupo Cambio Radical cercano al parlamentario Carebilla Cuéllar.

Sin embargo, dicha manifestación no la supo directamente por el primer mandatario del departamento, ni tampoco porque así se lo hubiese dado a conocer el Representante a la Cámara Carebilla Cuéllar, pues, el comentario de la no renovación del contrato surgió de Wilson Teteye, miembro de su comunidad Indígena.

Reconoce, entonces, que el cargo ocupado en el Colegio Indígena Casa del Conocimiento por contrato de prestación de servicios, no ha sido provisto por otro contratista desde el año 2009, cuando terminó el último de ellos.

Señaló, además, que pese a ello, está seguro que el contrato no se lo darían a él, toda vez que no acompañó políticamente al gobernador electo, ni al congresista Carebilla Cuéllar.

Consideraciones

De conformidad con lo consagrado en el numeral 3º del artículo 235 de la Constitución Política, en concordancia con el numeral 7º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, es competente la Sala para adoptar la decisión que corresponda en relación con la denuncia formulada contra Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, quien tal como consta en la certificación expedida por el secretario general de la Cámara de Representantes allegada a los autos, es un representante a la cámara por la circunscripción electoral del Amazonas.

Ahora bien, en armonía con lo dispuesto en el artículo 322 de la Ley 600 de 2000, la investigación previa tiene como finalidad, entre otras, establecer si la conducta puesta en conocimiento de las autoridades ocurrió y si está descrita en la ley penal como delito.

Por su parte, la iniciación de una investigación penal no solo exige el conocimiento serio y confiable de la probable ocurrencia de una conducta punible, sino que, además, desde el punto de vista del imputado, ante la prevalencia constitucional del principio de presunción de inocencia, conforme lo ha reiterado la Sala(9), resulta abusiva cuando no existe ese mismo conocimiento en relación con su posible participación en el delito que se le endilga, pues, el ciudadano tiene derecho a no ser sometido a investigación, sino por las causas y dentro de las circunstancias que expresamente autorice la ley.

En este orden de ideas, tiénese que con fundamento en las pruebas aportadas al instructivo, no se vislumbra en manera alguna que el aforado Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, hubiese vulnerado bienes jurídicos que sean objeto de investigación por la Sala, de acuerdo a la denuncia presentada por Reinaldo Giagrekudo Pacaya.

En efecto, los supuestos hechos delictivos denunciados que protegen los mecanismos de participación democrática, se encuentran tipificados en el estatuto punitivo, en los artículos 387 y 390 del Código Penal, del siguiente tenor:

Constreñimiento al sufragante. El que utilice las armas o amenace por cualquier medio a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos, o voto en blanco, o por los mismos medios le impida el ejercicio del derecho al sufragio, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años.

En igual penal incurrirá quien por los mismos medios pretenda obtener en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, apoyo o votación en determinado sentido, o impida el libre ejercicio del derecho al sufragio.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público”.

“Corrupción de sufragante. El que prometa, pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley para que consigne su voto a favor de determinado candidato, partido o corriente política, vote en blanco, o se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) años y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En igual pena incurrirá quien por los mismos medios obtenga en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato votación en determinado sentido.

El sufragante que acepte la promesa, el dinero o la dádiva con los fines señalados en el inciso primero, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público”.

De acuerdo con lo anterior, la descripción típica el delito de constreñimiento al sufragante apunta a que es realizado por sujeto activo indeterminado, que ejecuta la conducta de amenazar o intimidar por cualquier medio, a una persona habilitada para votar, con el fin de obtener votación en un determinado sentido, o imposibilitar que el ciudadano ejerza su derecho al sufragio.

Para su consumación, el aludido tipo penal no requiere que se obtenga el propósito buscado, pues, basta con que se intimide o amenace al sufragante con la finalidad dispuesta en la norma, viciando la voluntad del elector, utilizando violencia física o moral.

La conducta realizada por el sujeto activo, entonces, se despliega en el desarrollo de varios de los mecanismos de participación ciudadana dispuestos en el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia(10).

El reproche del accionar ilícito tiene su razón de ser en la preservación del sufragio, definido por la Corte Constitucional como el instrumento para “configurar las instituciones estatales, formar la voluntad política, y mantener el sistema democrático, a través de decisiones legítimas y vinculantes que resultan necesarias para su sostenimiento”(11).

La protección del bien jurídico contemplado en la norma citada, ha dicho la Sala:

“Explican la necesidad de proteger las instituciones estatales que se legitiman en la libertad de opción política, de amenazas mediante las armas o por cualquier otro medio, encaminadas a obtener el apoyo ciudadano por determinado candidato o lista de candidatos, como lo prevé la norma en mención.

No puede ser de otra manera, pues el delito de constreñimiento al sufragante que se define en el texto penal citado, permite “garantizar que la decisión contenida en el voto sea una genuina expresión de la voluntad individual y no el producto del ejercicio de poderes sobre la persona”(12).

Frente a los anteriores planteamientos, dicha conducta punible no puede predicarse del aforado, toda vez que la decisión del denunciante, de ayudar en la campaña electoral de Manuel Carebilla Cuéllar, fue voluntaria, como quiera que no se supeditó a ninguna forma de intimidación moral o real que impidiese el libre ejercicio del derecho al sufragio o lo sometiese ilícitamente a que la votación se hiciese a favor del investigado.

Pues, ha sido categórico el quejoso en sostener, en su ampliación de denuncia, que de manera libre y voluntaria aceptó participar en la campaña electoral de Carebilla Cuéllar, con el fin de conseguir votación a su favor, pretendiendo hacer al final de la misma, una visita por la región selvática del Amazonas, misma que no se pudo llevar a cabo por la falta de provisión de fondos de parte del aforado, para cubrir los gastos de transporte en el recorrido programado.

Aseveración anterior que deja sin respaldo la afirmación que hizo en el escrito presentado ante la Sala el denunciante, en el sentido de que la ayuda que pretendió hacer en la campaña a la aspiración de Carebilla Cuéllar a la Cámara de Representantes, en los comicios electorales de marzo de 2010, fue obligada, con el afán de obtener la renovación del contrato de prestación de servicios, en el Colegio Indígena Casa de Conocimiento, dado que, éstas no fueron las circunstancias por las cuales procuró participar en dicha contienda electoral.

Por lo tanto, no aparece por parte alguna el elemento normativo exigido por el tipo penal, consistente en la intimidación o coacción, con la intención de obtener apoyo o votación a favor de un candidato, o voto en blanco, o que se le impidiese el libre ejercicio del derecho al sufragio a Giagrekudo Pacaya.

Tampoco se observa en la denuncia, la posible comisión del delito de corrupción al sufragante contemplado en el artículo 390 del Código Penal, ya que su estructuración requiere que de parte del sujeto activo, se prometa, pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano para que vote en determinado sentido o de abstenga de hacerlo.

Elementos normativos del tipo que no se deducen de la queja presentada por Giagrekudo Pacaya, quien, en conclusión, lo único que denuncia es la falta de respeto ante una autoridad indígena, al no aportarle el aforado Carebilla Cuéllar los viáticos acordados para hacer el recorrido de la campaña política por la región del Amazonas, y dejarlo a la deriva en la ciudad de Bogotá.

Así las cosas, de los hechos dados a conocer por Giagrekudo Pacaya no se deduce —ni tampoco él lo afirma— que Carebilla Cuéllar hubiese prometido, pagado o entregado dinero o cualquier obsequio para que votara a favor o le ayudara en la campaña política, pues, se reitera, el recorrido que proyectó hacer por el Amazonas a través del río Putumayo conforme a su dicho, fue voluntario y sin ninguna forma de coacción, intimidación, o promesa.

En suma, de las pesquisas hasta ahora adelantadas, no se vislumbra la comisión de ninguna conducta punible por parte del investigado Carebilla Cuéllar, considerando la Sala que los cargos que se le enrostran al congresista, supuestamente lesivos de los mecanismos de participación democrática, no tienen fundamento probatorio alguno que respalden su veracidad, careciendo por tanto de la fuerza persuasiva que amerite proseguir con la presente averiguación, lo que de suyo conllevaría a un desgaste inútil de la administración de justicia.

De esta manera, como la acción penal no puede iniciarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal se impone proferir resolución inhibitoria.

No obstante, cabe precisar que, si con posterioridad surgen “nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos” de la presente decisión, se procederá de oficio o a petición del denunciante, a la revocatoria de la resolución inhibitoria, como lo tiene previsto el artículo 328 del estatuto procesal penal.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. INHIBIRSE de abrir investigación penal en contra de Manuel Antonio Carebilla Cuéllar en relación con el hecho aquí denunciado, de conformidad con las razones expuestas en la anterior motivación.

2. Contra esta decisión procede el recurso de reposición.

3. En firme esta providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Sigifredo Espinosa PérezAlfredo Gómez QuinteroAugusto J. Ibáñez Guzmán.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

(1) Fls. 2. c.o.

(2) Fls. 4.

(3) Fls. 5.

(4) Fls. 36

(5) Fls. 131.

(6) Fls. 76.

(7) Llevada a cabo el 17 de marzo de 2011.

(8) Record 1.47.17 y ss. Reinaldo Giagrekudo Pacaya.

(9) Entre otros, en el Rad. 20.206 del 11 de mayo de 2005.

(10) El voto, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato.

(11) Sentencia T-603 de 2005.

(12) Sentencia 26.470 del 16 de mayo de 2008.