Auto 33780 de junio 10 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 33780

Aprobado Acta 183

Magistrado Ponente:

Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

Bogotá, D.C., diez de junio de dos mil diez.

Vistos

Define la Sala la competencia para conocer de la actuación que se adelanta en contra de los agentes de la Policía Nacional Oswaldo Villamil Torralba, Ferney Enrique Galvis Rojas, Aldo Francisco Pérez Yosa y Edwin Nicolás Acuña Chitiva.

Antecedentes

1. Los precedentemente nombrados fueron acusados por la Fiscalía General de la Nación ante el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá, por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, cohecho propio, violación ilícita de comunicaciones agravada y concierto para delinquir.

2. En desarrollo de la audiencia de formulación de acusación la defensa impugnó la competencia del juez de conocimiento por (i) el fuero militar de los acusados y (ii) el factor territorial, agregando que la decisión relacionada con los señalados aspectos debía ser adoptada por una Sala de Conjueces, toda vez que una de las víctimas ostentaba la condición funcional de magistrado auxiliar adscrito a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El titular del despacho arriba citado, en principio, tras escuchar el concepto de los delegados de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, se atribuyó la competencia, empero, luego, en ejercicio de la corrección de actos irregulares, dispuso el envío del expediente a esta corporación para lo pertinente.

3. Esta Sala, al advertir que el motivo principal de la impugnación de competencia era el relacionado con el fuero militar, se abstuvo de resolver y después de controvertidas decisiones el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el pasado 20 de mayo resolvió lo correspondiente designando el conocimiento al Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá.

4. Una vez recibidas las diligencias por el citado estrado judicial, envió la actuación a esta Sala con miras a resolver la definición de competencia territorial de conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004.

5. Esta corporación, el 25 de mayo de 2010, al considerar que por la condición funcional de dependencia de una de las víctimas que en ejercicio de sus funciones fue sujeto pasivo de la conducta punible de interceptación ilícita de comunicaciones agravada, manifestó su impedimento conjunto, con el fin de garantizar la objetividad e imparcialidad y remitió las diligencias a una Sala de Conjueces, la cual por pronunciamiento de 9 de junio siguiente lo declaró infundado, en razón de que del estudio de la actuación no encontró relación concreta de los ilícitos por los cuales han sido acusados los procesados “con la actividad funcional o la conducta personal de los señores magistrados de la Sala Penal de la Corte, sus cónyuges o demás personas a las que se refiere la causal de impedimento invocada”.

Consideraciones de la Corte

1. El artículo 32, numeral 4º de la Ley 906 de 2004 dispone que la Corte conoce el incidente de “definición de competencia cuando se trate de aforados constitucionales y legales, o de tribunales, o de juzgados de diferentes distritos”, hipótesis última a la cual se acomoda la situación planteada en este asunto, en cuanto la defensa manifiesta que la competencia radica en el juez penal del Circuito de Fusagasugá pues allí se cometió la primera conducta delictiva atribuida a los acusados.

Igualmente, el artículo 54 del mismo ordenamiento regula el trámite del incidente de definición de competencia señalando que “cuando el juez ante el cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber a las partes en la misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al funcionario que deba definirla, quien en el término improrrogable de tres (3) días decidirá de plano. Igual procedimiento se aplicará cuando se trate de lo previsto en el artículo 286 de este código y cuando la incompetencia la proponga la defensa” (destaca la Sala).

2. En relación con el juez competente para adelantar el juzgamiento, el artículo 43 de la Ley 906 de 2004, dispone:

“Es competente para conocer el juzgamiento el juez del lugar donde ocurrió el delito.

“Cuando no fuere posible determinar el lugar de ocurrencia del hecho, este se hubiere realizado en varios lugares, en uno incierto o en el extranjero, la competencia del juez de conocimiento se fija por el lugar donde se formule acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, lo cual hará donde se encuentren los elementos fundamentales de la acusación.

“Las partes podrán controvertir la competencia del juez únicamente en audiencia de formulación de acusación.

“[...]”.

A su vez, el artículo 52 del mismo ordenamiento, en relación con la competencia por conexidad, regula:

“Cuando deban juzgarse delitos conexos conocerá de ellos el juez de mayor jerarquía de acuerdo con la competencia por razón del fuero legal o de la naturaleza del asunto; si corresponden a la misma jerarquía será factor de competencia el territorio, en forma excluyente y preferente, en el siguiente orden: donde se haya cometido el delito más grave; donde se haya realizado el mayor número de delitos; donde se haya producido la aprehensión o donde se haya formulado primero la imputación.

En el caso que ocupa la atención de la Sala, le asiste razón a los señores agentes del Ministerio Público y de la Fiscalía General de la Nación, al precisar que el Juzgado Penal del Circuito de Fusagasugá no es competente para adelantar el juicio, pues acorde con el escrito de acusación presentado, la génesis de los hechos que se les atribuyen a los procesados tuvo ocurrencia en la ciudad de Bogotá, indistintamente del hecho punible supuestamente atribuido a Ferney Enrique Galvis Rojas, adscrito al Gaula de aquella localidad, quien en su condición de investigador incluyó en el informe por solicitud de Acuña Chitiva el número de teléfono celular 3002414480 del magistrado auxiliar Iván Velásquez, y así lograr la autorización para su interceptación por parte del fiscal 20 especializado.

3. En este sentido para efectos de determinar la competencia, los numerales 1º y 3º del artículo 51 de la Ley 906 de 2004 establecen que hay conexidad cuando el delito ha sido cometido en coparticipación criminal, se impute a una persona la comisión de varios delitos, respecto de los cuales unos se han realizado con el fin de facilitar la ejecución o procurar la impunidad de otros, o con ocasión o como consecuencia de otro.

De otra parte, debe tenerse de presente que las diligencias con miras a obtener los suficientes elementos materiales probatorios y evidencia física, entre estos la búsqueda selectiva de datos, prórroga, control posterior, seguimiento a personas, solicitud de órdenes de captura, emisión de las mismas y su ejecución, así como las audiencias preliminares y finalmente la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad, acontecieron en Bogotá.

Seguidamente y conforme al ordenamiento procesal, el escrito de acusación fue presentado ante el Centro de Servicios Judiciales de esta capital, correspondiéndole en reparto al juzgado octavo penal del circuito de conocimiento.

El hecho de que uno de los comportamientos delictivos presuntamente haya sido ejecutado en el municipio de Fusagasugá, no significa que allí sea el lugar donde se deba resolver el presente asunto, dado que ese no es el único aspecto que sustenta la acusación, sino que se trata de un acto ejecutivo autónomo mediante el cual se avanzó en la ilicitud, esto es, de una conducta realizada dentro del plan concertado en orden a la materialización del fin criminal perseguido en común designio.

De acuerdo con lo anteriormente precisado, resulta evidente que la competencia para seguir conociendo del proceso, y en consecuencia del juicio, recae en el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Conocimiento de la ciudad de Bogotá.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. DECLARAR que el competente para conocer de la presente actuación adelantada en contra de Oswaldo Villamil Torralba, Ferney Enrique Galvis Rojas, Aldo Francisco Pérez Yosa y Edwin Nicolás Acuña Chitiva, es el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, a donde se enviarán las diligencias.

2. COMUNICAR lo decidido al juez penal del Circuito de Fusagasugá y a las partes intervinientes.

Contra esta providencia no proceden recursos.

Cúmplase.

Magistrados: María del Rosario González de Lemos—José Leonidas Bustos Martínez—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Augusto J. Ibáñez Guzmán—Jorge Luis Quintero Milanes—Yesid Ramírez Bastidas—Julio Enrique Socha Salamanca—Javier Zapata Ortiz.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.