Auto 33807 de julio 2 de 2013

 

Auto 33807 de julio 2 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Aprobado acta Nº 205

Bogotá, D.C., dos de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Se considera

1. Competencia.

La Corte es competente para conocer de la acción propuesta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.2 de la Ley 600 de 2000, por estar dirigida contra una sentencia dictada en segunda instancia por un tribunal de distrito, que hizo tránsito a cosa juzgada.

2. Decisión.

La causal segunda de revisión, que el demandante invoca como fundamento de la pretensión rescisoria, exige probar que la acción penal prescribió antes de que el fallo de condena que motiva la acción hubiera causado ejecutoria, sea que el fenómeno se haya presentado antes de su proferimiento, con ocasión del mismo, o en el trámite de su ejecutoria,

“La causal segunda de revisión, tal como ha sido concebida en el estatuto procesal penal, pareciera regular exclusivamente hipótesis de extinción de la acción penal anteriores al fallo, dejando fuera de previsión situaciones que por igual pueden llegar a presentarse como consecuencia del mismo o en el trámite de su ejecutoria.

“Es esta la situación que acontece con la prescripción que, como se sabe, puede producirse antes, con ocasión o después de la sentencia. Es antecedente, cuando para la fecha de su proferimiento, la acción se halla prescrita; consecuencial, cuando el fenómeno acaece por virtud de las decisiones adoptadas; y sobreviniente, si el término prescriptivo se cumple después de haberse dictado y antes que la decisión quede en firme”(1).

De estas hipótesis, el demandante plantea la última, pues considera que la acción penal por el delito de estafa agravada, por el cual fue condenada María del Pilar Teresa Rodríguez Pardo, prescribió antes de que el fallo quedara en firme, concretamente en el trámite de notificación del auto de inadmisión del recurso de casación, dictado el 22 de febrero de 2008.

De acuerdo con la normatividad legal, la prescripción de la acción penal opera en un término igual al máximo de la pena privativa de la libertad fijada para el delito por el que se procede, contados a partir de su consumación, y en la mitad de ese tiempo cuando media resolución de acusación en firme, contabilizados a partir de su ejecutoria, sin que en ningún caso pueda ser inferior de cinco (5) años(2).

En el evento que se estudia existe consenso en torno a la fecha de ejecutoria de la resolución de acusación y al tiempo requerido para la prescripción de la acción penal, pues el accionante reconoce, al igual que lo hizo la Corte en su momento, que la resolución de acusación causó ejecutoria el 22 de febrero de 2002, y que el término de prescripción para el delito de estafa agravada, frente a la Ley 599 de 2000, aplicable al caso por favorabilidad, es de seis (6) años en el juicio.

La discrepancia se presenta alrededor de la fecha de la ejecutoria de la providencia mediante la cual la Corte inadmitió el recurso de casación y declaró la prescripción de la acción penal por el delito de falsedad en documentos, pues el accionante es del criterio que esta decisión exigía ser notificada a los sujetos procesales para que alcanzara ejecutoria material, de acuerdo con lo previsto en el artículo 187 de la Ley 600 de 2000 y los términos de la declaración de exequibilidad condicionada que de su contenido hizo la Corte Constitucional en la Sentencia C-641 de 2002.

La temática debatida no ha tenido solución uniforme en esta Sala, pues existen decisiones, dictadas por Salas integradas por magistrados y conjueces, en las que se ha acogido la tesis planteada en la demanda(3), y otras, adoptadas por Salas igualmente mixtas(4), o por Salas de magistrados(5), que han tomado partido por la tesis de que las providencias relacionadas en el artículo 187 de la Ley 600 de 2000 causan ejecutoria con la firma.

En los años recientes, sin embargo, la postura de la Sala viene siendo constante en el sentido de que las providencias enumeradas en el artículo 187 de la Ley 600 de 2000 quedan ejecutoriadas el día que son suscritas por el funcionario que las dicta, independientemente del cumplimiento del trámite de la notificación, que solo tiene por objeto servir de acto condición para que la decisión adoptada pueda surtir plenos efectos jurídicos.

En respaldo de esta tesis, que hoy se reitera, se ha dicho que la Corte Constitucional, en el fallo de exequibilidad del artículo 187 de la Ley 600 de 2000(6), no excluyó del ordenamiento jurídico la expresión “quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente”, que la norma contiene, situación que impone concluir que continúa teniendo plenos efectos, y por tanto, que es en ese momento, y no en otro, que las providencias allí mencionadas adquieren firmeza.

Esta interpretación guarda total correspondencia con lo expuesto por la Corte Constitucional en el cuerpo de la decisión, en la que, al delimitar los términos en que debía ser entendida la norma demandada, precisó,

“Conforme a lo expuesto, es pertinente concluir que la norma es constitucional en el sentido que efectivamente dichas sentencias y providencias interlocutorias quedan ejecutoriadas el día en que son suscritas por el funcionario correspondiente. Sin embargo, como la notificación de las mismas es indispensable y solamente a partir de dicho conocimiento, es posible imponer voluntaria o coactivamente el cumplimiento de las órdenes proferidas en la decisión judicial, la Corte considera que la ejecutoria de dichas sentencias y providencias no produce efectos jurídicos mientras no se surta su notificación. Por eso, en la parte resolutiva de esta sentencia se declarará exequible la disposición acusada, en el sentido que los efectos jurídicos se surten a partir de la notificación de las providencias respectivas”.

Como puede claramente advertirse, la Corte Constitucional parte de aceptar expresamente que las providencias relacionadas en el artículo 187 de la Ley 600 de 2000 quedan efectivamente ejecutoriadas con la firma del funcionario que las dicta, el día que las profiere, siendo esta la razón por la cual la expresión demandada no fue retirada del ordenamiento jurídico.

Cuestión distinta es que las referidas providencias, ya ejecutoriadas, solo produzcan efectos jurídicos a partir de su notificación a los sujetos procesales, hermenéutica que es la que se extrae del estudio contextualizado de la decisión de la Corte, y que significa, en términos rasos, que las decisiones que contienen no pueden cumplirse o ser ejecutadas mientras este acto procesal no se realice.

El agregado que el fallo de la Corte Constitucional contiene en su parte final, donde se indica que el término prescriptivo de la acción penal solo se “extingue” (sic) a partir del momento en que se cumple el acto de notificación, que sirve de sustento a la pretensión del demandante, encierra una contradicción, porque desconoce el núcleo central de la fundamentación del fallo, donde se reconoce que la expresión demandada, en cuanto dispone que las providencias relacionadas en el artículo 187 quedan ejecutoriadas el día que son suscritas por el funcionario que las profiere, es constitucional, como ya se dejó visto.

Una interpretación como la que propone el demandante, implicaba tener que excluir del ordenamiento jurídico la expresión demandada, o parte de ella, para no generar una contrariedad jurídica en los términos de la decisión, pues no es posible postular, por un lado, que las providencias quedan ejecutoriadas con la firma, y de otro, que no adquieren firmeza mientras no se cumpla el trámite de notificación, por traducir una contradicción.

Frente a esta ambigüedad del fallo, la Sala privilegia la interpretación que más se aproxima a sus fundamentos fácticos y jurídicos, y que concilia además el texto de la norma con el principio de publicidad, consistente, como ya se dijo, en que las providencias relacionadas en el artículo 187 de la Ley 600 de 2000 quedan ejecutoriadas el día que son suscritas por el funcionario que las dicta, como lo dispone el precepto, pero que su ejecución queda supeditada al cumplimiento del trámite de notificación. Sobre el particular, la Sala ha dicho,

“Se advierte entonces que la exequibilidad condicionada del citado fragmento del inciso 2º del artículo 187 de la Ley 600 de 2000, no modifica el momento a partir del cual queda ejecutoriada la providencia que decide la casación, cuando no se sustituye la sentencia materia de la misma, sino simplemente que su eficacia jurídica está subordinada a su notificación, la cual debe hacerse a través de los métodos legalmente previstos, sin necesidad de que una vez realizada, sea necesario surtir el término de ejecutoria de los tres (3) días que reclama el defensor, porque esta opera en el momento en que se suscribe la sentencia, de modo que los actos de notificación en tales circunstancias tienen como finalidad única comunicar lo resuelto a las partes, momento a partir del cual el fallo tiene plena eficacia jurídica o dicho de otro modo, es ejecutable(7).

En el presente caso la providencia que inadmitió la demanda de casación y declaró la prescripción de la acción penal por el delito de falsedad en documentos, fue suscrita el 22 de febrero de 2008, lo que significa, de acuerdo con el texto del inciso segundo del artículo 187 de la Ley 600 de 2000 y lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-641 de 2002, que en esa fecha causó ejecutoria, y por tanto, que hasta ese momento corrió el tiempo de prescripción.

Esto permite concluir que el término de seis (6) años, necesario para la consolidación del fenómeno prescriptivo de la acción penal en relación con el delito de estafa agravada por la cuantía, no alcanzó a materializarse, porque dicho quantum, contabilizado desde la ejecutoria de la resolución de acusación, se cumplía al terminar el día que la Sala suscribió la decisión de inadmitir la demanda de casación, situación que impone declarar infundada la causal de revisión invocada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR INFUNDADA la causal de revisión planteada por el apoderado de la señora María del Pilar Teresa Rodríguez Pardo.

2. Devuélvanse las diligencias al juzgado de origen.

Contra esta decisión no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Corte Suprema de Justicia, Revisión 11519, sentencia de 29 de julio de 1997.

(2) Artículos 80 y 86 del Decreto 100 de 1980 y 83 y 86 de la Ley 599 de 2000.

(3) Corte Suprema de Justicia, Revisión 28047, fallo de 10 de julio de 2008. Revisión 23162, fallo de 30 de septiembre de 2009.

(4) Corte Suprema de Justicia, Revisión 30823, auto de 27 de julio de 2011. Revisión 34391, auto de 26 de noviembre de 2012.

(5) Corte Suprema de Justicia, Casación 24345, auto de 23 de abril de 2008. Casación 31448, auto de 10 de febrero de 2010. Casación 38126, auto de 12 de septiembre de 2012, entre otras.

(6) Sentencia C-641 de 13 de agosto de 2002.

(7) Revisión 24345 de 23 de abril de 2008. Revisión 30823 de julio 27 de 2011. Y Revisión 34391 de 26 de noviembre de 2012.