Auto 33891 de mayo 26 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Auto 33891

Magistrado Ponente

Dr. Javier Zapata Ortiz

Aprobado: Acta 168

Bogotá, D.C., veintiséis de mayo de dos mil diez.

Motivo de la decisión

La Sala se pronuncia sobre la solicitud presentada por la Juez Promiscuo del Circuito de Riosucio —Chocó— de cambio de radicación del proceso seguido contra el señor Camilo Ernesto Guzmán Rodríguez,por la presunta comisión del delito de rebelión y desplazamiento forzado.

Antecedentes

Mediante oficio 188 del 10 de febrero de 2010, la Juez Promiscuo del Circuito de Riosucio —Chocó— solicita al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, cambio de radicación del proceso seguido contra Camilo Ernesto Guzmán Rodríguez, por cuanto en su condición de funcionaria, se encuentra amenazada en su vida e integridad personal.

Relata que en ese juzgado se adelantó en el año 2007 proceso agrario de lanzamiento por ocupación de hecho, donde figura como demandante Claudia Ángela Argote Romero y demandados Liria Rosa García, Fernando Pérez, Manuel Gregorio M. Cuerto González, Dina Luz Restrepo, Marcelina Sandoval y Manuel Galarcha.

La demanda se admitió y ordenó la notificación a los demandados, sin embargo estos se negaron a recibirla cuando el escribiente del juzgado la llevó hasta el predio objeto de litigio, ubicado en la finca La Tuteka, debiéndose entonces entregar el aviso a la señora Liria Rosa García quien también se rehusó a firmar, siendo necesario recurrir a un testigo con tal fin.

Prosiguiendo con el trámite, el juzgado ordenó la práctica de pruebas, citó en interrogatorio a los demandados sin que acudieran a pesar de haber recibido la comunicación; realizó diligencia de inspección judicial al predio con intervención de perito y en presencia del Ministerio Público.

Vencido el término probatorio y corrido el traslado de ley, el juzgado emite sentencia el 28 de agosto de 2008 ordenando el lanzamiento de los ocupantes de hecho, sin que tal decisión haya sido recurrida.

Afirma que a partir de este momento, los demandados, a través de una ONG llamada Justicia y Paz, se han opuesto al cumplimiento de la sentencia, utilizando toda clase de estrategias, entre ellas acudir a la Corte Constitucional solicitando medidas cautelares, las cuales consiguieron, induciéndola en error, mutando la realidad del proceso y creando en el predio ocupado una zona humanitaria la cual no se encontraba cuando la funcionaria, en presencia de perito y Ministerio Público practicó la inspección judicial, al contrario, halló una invasión y los invasores no acreditaron ser propietarios del predio, ni que pertenecieran a comunidad negra o desplazada, o que lo ocuparan con el aval del consejo comunitario de Curvaradó, situación esta última que ahora alegan los integrantes de la ONG.

Con ocasión a dicho proceso, Gloria Teresa Cifuentes, asesora adscrita a la dependencia de la dirección de asuntos para las comunidades negras afro descendientes y raizales de Ministerio del Interior, presentó acción de tutela ante el Tribunal Superior de Quibdó, contra la Juez de Riosucio, por violación al debido proceso, mínimo vital, trabajo, dignidad humana, siendo negado su amparo en el tribunal como en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

De otra parte, en la fiscalía 14 especializada de Derechos Humanos y DIH, bajo el radicado 2022 se adelantó una investigación por los delitos de rebelión, desplazamiento forzado, homicidio en persona protegida, y concierto para delinquir, de donde se desprendieron varios procesos, cuyo juicio ha conocido el Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio, entre ellos el de Camilo Ernesto Guzmán y Willington Cuesta Córdoba.

Sin embargo, refiere la juez, que a partir de la decisión del proceso agrario, ha sido objeto de toda clase de persecución por parte de Sara María Botero, integrante de la ONG Justicia y Paz, apoderada de Willington Cuesta Córdoba, uno de los sindicados, quien la ha acusado de realizar acciones que atentan contra las comunidades y del delito de prevaricato; inclusive, apoyada en situaciones falsas e inexistentes, consiguió de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (radicado 32553), el cambio de sede del proceso de Willington Cuesta Córdoba, a Bogotá, en decisión de fecha treinta (30) de septiembre de dos mil nueve (2009).

Refiere que con ocasión del cambio de radicación mencionado, el señor Manuel Moya Lara, representante del consejo comunitario de Curvaradó en el año 2004, “Víctima de las FARC y denunciante dentro del proceso radicado bajo el número 2022, que cursa en la unidad nacional de DD.HH.”, el 24 de noviembre de 2009, presentó derecho de petición ante la Juez Promiscuo del Circuito de Riosucio, con el propósito que le certificara si allí cursaban los procesos contra Willington Cuesta, Maria Ligia Chaverra y Manuel Denis Blandón, en caso cierto, en que etapa se encuentra o cual es la razón para no estar conociendo de ellos; días después, el 17 de diciembre de 2009, el señor Moya Lara fue asesinado junto con el señor Graciano Blandón Borja, testigo de cargo dentro del mismo proceso.

Atendiendo los anteriores hechos, la Juez Penal del Circuito de Riosucio, expresa que encuentra expuesta su seguridad e integridad personal, en una zona donde la violencia ha recrudecido por la presencia de grupos armados al margen de la ley, aunado al trayecto que debe recorrer aún para cobrar su salario en la ciudad de Turbo, la cual dista a tres horas por el río Atrato.

Además considera que si la Corte Suprema de Justicia cambió la radicación del proceso de Willington Cuesta Córdoba que ella estaba tramitando en el juzgado, por lealtad con la administración de justicia debe ser separada del conocimiento del proceso contra Camilo Ernesto Guzmán Rodríguez, pues se trata de los mismos hechos, las mismas víctimas y los mismos denunciantes, tan solo que ha habido ruptura de la unidad procesal.

Solicita se tenga como pruebas:

a. Copia del fallo de tutela proferido en primera instancia por el Tribunal Superior de Quibdó, el 20 de mayo de 2009, en donde se niega el amparo solicitado por la dirección de asuntos para las comunidades negras afro descendientes y raizales del Ministerio del Interior y de Justicia, dentro del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho fallado por la Juez Promiscuo del Circuito de Riosucio.

b. Copia de la decisión proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el 9 de agosto de 2009 en sede de impugnación, donde confirma en su integridad la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Quibdó.

c. Copia del derecho de petición presentado ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio, por el líder comunitario y denunciante dentro de la investigación 2022, Manuel Moya Lara, quien posteriormente fuera asesinado.

d. Fotocopia de las páginas 1 y 10 del periódico “Chocó 7 días”, de fechas 15 y 21 de enero de 2010, donde se informa las muertes violentas de los señores Manuel Moya Lara y Graciano Blandón Borja.

e. Fotocopia del oficio 23889, con fecha 6 de octubre de 2009, dirigido al Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio —Chocó— de la secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde se comunica el cambio de radicación del proceso seguido contra Willington Cuesta Córdoba.

f. Copia del auto 274 de octubre 28 de 2009, en donde acata la orden de esta corporación y envía el expediente de Willington Cuesta Córdoba, con destino a los jueces penales del Circuito de Bogotá.

g. Copia de la declaración rendida por Manuel Moya Lara en el año 2004, que obra como prueba dentro del proceso cuyo cambio de radicación se solicita, en donde relata que es el representante legal del consejo comunitario de Curvaradó, creado en junio de 1998, para proteger la flora y la fauna específicamente; su fundamento es la Ley 70 de 1993, la cual en uno de sus capítulos reglamenta la titulación de tierras de las comunidades negras y la facultad para la creación de los consejos comunitarios y sus directivas, dicha junta está compuesta por el presidente en cabeza de Manuel Moya, vicepresidente, tesorero, secretario, fiscal y vocal, elegida por una organización base para un periodo de 3 años.

Precisa que el frente 57 de las FARC invitó a una reunión en Churima de Jiguamiandó, y allí creó el nuevo consejo comunitario mayor, donde el grupo subversivo impuso a Ligia María Chaverra como representante de la cuenca del Curvaradó, sin ella pertenecer a ningún concejo local; terminada la reunión, el grupo guerrillero le dio un plazo de 8 días a Manuel Moya Lara para que entregara el “título colectivo”, consistente en una escritura pública en donde el Incora adjudica tierra en la cuenca del río Curvaradó a las comunidades negras en razón a sus ancestros, son cuarenta y seis mil hectáreas de tierra colectiva inembargables, imprescriptibles e inalienables, en donde todos los de dicha comunidad tienen derecho.

Afirma el denunciante que empresas como Urapalma S.A., Palmura, Palmas de Curvaradó, Palmas S.A., y Palmas Ochoa son empresas privadas que cultivan en terrenos colectivos, han hecho compras que llama ilegales, pues le compran a terceros sin consultar la comunidad. Concluye afirmando que “Ligia María es la que lleva y trae las informaciones y va a negociar con el gobierno, quienes la mandan son los de la FARC y por eso queremos pedir claridad sobre el acompañamiento que hace justicia y paz en una zona de tan alto riesgo de conflicto”.

h. Copia de la declaración rendida por Graciano Blandón, quien narra que el concejo mayor de Jiguamiandó, está conformado por varias personas entre ellas Manuel Denis Blandón como representante y Willington Cuesta como vicepresidente; dicho concejo actúa atendiendo las ordenes de alias “Becerro”, comandante 57 de las FARC; la ONG Justicia y Paz es la que presenta las denuncias ante el gobierno apoyados por este subversivo y no permiten que la comunidad directamente haga reclamaciones.

Decisión del Tribunal Superior de Quibdó

El Tribunal Superior de Quibdó, resuelve favorablemente el pedimento bajo los siguientes argumentos:

“Fluye de la resolución de acusación emanada de la unidad nacional de derechos humanos y DIH en contra de Camilo Ernensto(sic) Guzmán Rodríguez, que el mentado grupo rebelde, ha venido cometiendo delitos de homicidio (siendo víctimas entre otros, Josué Padilla Montier, Jamer Marlon Roldán Vargas, Camilo N.N., Edwin Ortega Tordecillas, Petrona Sánchez) y desplazamiento forzado. Tales ilícitos han sido judicializados a través de las denuncias presentadas por algunas de las víctimas, entre las que se mencionan a los señores Manuel Moya Lara y Graciano Blandón.

(...).

Cabe anotar que en el pliego acusatorio elevado en contra de Guzmán Rodríguez, la fiscalía 14 especializada de la unidad de Derechos Humanos y DIH, hace eco de tales afirmaciones al indicar que “allí organizaron cuerpos de milicias cuya base se encuentra en las comunidades desde donde apoyan las operaciones e incursiones de las poblaciones y los enfrentamientos con la fuerza pública; se caracterizan los cuerpos de milicias por manejar armas, en ocasiones visten uniformes, sirven de informantes, transportadores de armas y alimentos, cultivadores, hasta llegar a establecer vínculos con miembros del consejo mayor del río Jiguamiandó, organismo este que tiene origen en la Ley 72 de 1993”.

(...).

En similares términos vierte su denuncia Graciano Blandón Borja resaltando la Sala que en ella se hacen sindicaciones contra Willington Córdoba (vicepresidente del CCM de Curvaradó), Manuel Denis Blandón (representante del CCM de Curvaradó) y María Ligia Chaverra (miembro del CCM de Curvaradó y Jiguamiandó) personas estas que aparecen como procesados en el derecho de petición elevado por el señor Moya Lara ante la Juez Promiscuo del Circuito de Riosucio, siendo el primero de dichos procesos el que originó el cambio de radicación ordenada por la Corte Suprema de Justicia mediante providencia de 30 de septiembre de 2009, radicado 32553.

(...).

De todo lo expuesto se concluye que la Juez Promiscuo del Circuito de Riosucio Chocó, demostró con creces las causas que motivan su solicitud, a saber, la difícil situación de orden público que se vive en la zona donde debe administrar justicia, que a no dudarlo, conspira contra su seguridad e integridad personal, dada la índole de los negocias que debe juzgar y fallar, y además, las serias y graves acusaciones lanzadas en su contra por la asesora de la ONG Justicia y Paz dentro del proceso adelantado por la fiscalía radicada con el número 2022, las que ponen en tela de juicio su independencia e imparcialidad en los aludidos procesos. Es por ello que esta colegiatura encuentra procedente su pedimento”.

Con base en los anteriores presupuestos, el Tribunal Superior de Quibdó, solicita el cambio de radicación a otro distrito judicial de conformidad con el inciso final del artículo 88 de la Ley 600 de 2000 y lo remite por competencia a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Consideraciones

1. De conformidad con el numeral 8º del artículo 75 del Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000), la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para decidir la solicitud de cambio de radicación, toda vez que se pretende remitir a un distrito judicial diferente de aquel donde se está tramitando el asunto, y el proceso se halla en la etapa de juzgamiento.

2. Debe la Corte recordar que el cambio de radicación de un proceso penal, como excepción a las reglas de competencia por el factor territorial, procede cuando se acredita, en debida forma, que en el lugar donde se ventilan las diligencias existen circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad o integridad personal de los sujetos procesales o de los funcionarios judiciales, tal como lo contempla el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal.

Por lo tanto, su carácter teleológico es asegurar que el fallo sea proferido por un juez que esté en las condiciones adecuadas para que pueda dispensar una recta, cumplida y eficiente administración de justicia, cuando por confluir alguna de las circunstancias anteriores, la ecuanimidad del funcionario judicial competente se hubiere quebrantado.

3. La petición que se formule debe estar “sustentada y a ella se acompañarán los elementos cognoscitivos pertinentes”, so pena de ser rechazada de plano(1).

4. El cambio de radicación es una medida residual y extrema que se concede cuando definitivamente ya no existan mecanismos jurídicos alternativos destinados a neutralizar las causas que lo generan, o cuando pese a haber acudido a otras formas de prevenir o remediar el conflicto latente y extraño al proceso penal, no se hubieren obtenido los resultados esperados.

Del caso concreto

Importa mencionar inicialmente que si bien es cierto, por razones opuestas(2) a las que sustentan la presente solicitud, la Sala de Casación Penal, con auto del 30 de septiembre de 2009 (rad. 32553), y por solicitud de la defensa del sindicado Willington Cuesta Córdoba, acusado por el delito de rebelión y homicidio agravado como miembros del grupo ilegal FARC, dispuso el cambio de radicación al Distrito Judicial de Bogotá del proceso que venía adelantando el Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio, Chocó, tal situación per se no es el soporte de la decisión que se adopta, pues si bien es cierto los hechos son los mismos, al igual que las víctimas, cada proceso tiene una evolución particular y propia que es la que se analiza a continuación.

5. En el caso bajo estudio, los lineamientos esenciales que caracterizan el cambio de radicación, previstos en el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal se verifican en la petición elevada por la funcionaria de conocimiento, quien en debida forma expone los motivos y presenta las pruebas por las cuales la serenidad y ecuanimidad ideal que debe concurrir en el administrador de justicia y las garantías de seguridad para su vida e integridad personal, están siendo actualmente afectadas en la causa que se adelanta contra el implicado Guzmán Rodríguez, de quien se dice forma parte de las células subversivas del frente 57 de las FARC que operan en la región de Carmen del Darién, Chocó, especialmente por las tierras de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó.

Es evidente que la decisión adoptada en el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, donde se ordena el desalojo de las personas que se encontraban dentro del predio ubicado en la finca La Tuteka y que ahora, luego de haber cobrado ejecutoria el fallo, la ONG Justicia y Paz reclama como del consejo comunitario de Curvaradó, tiene injerencia en los procesos penales que luego adelantara el juzgado promiscuo de Riosucio, pues de conformidad con la declaración de Moya Lara, líder comunitario asesinado en diciembre de 2009 y en dos oportunidades representante legal del consejo comunitario de Curvaradó, el frente 57 de las FARC comandado por alias “Becerro” a través de la nueva representación del consejo comunitario, maneja las cuarenta y seis mil hectáreas de tierra adjudicadas por el Incora para la comunidad raizal negra y afro descendiente.

Se advierte claro el interés del grupo subversivo en dichas tierras, con el propósito de gestionar ante el gobierno diferentes auxilios o programas, en el entendido que son para la comunidad negra y raizal de Curvaradó, expectativa que se vio alterada con la decisión de la Juez Promiscuo de Riosucio cuando, para amparar una posesión, dispone el lanzamiento de los ocupantes de hecho del predio que se dice está ubicado dentro de los terrenos colectivos adjudicados al consejo comunitario del Río Curvaradó.

En consecuencia, la seguridad para la vida e integridad personal de la Juez Promiscuo del Circuito de Riosucio se encuentra en riesgo, cuando a más de los recientes asesinatos cometidos en las personas de Moya Lara y Blandón, denunciante y testigo dentro de la causa que motiva el estudio de cambio de radicación, la representante de la ONG Justicia y Paz, Sara Mejía Botero, organismo que según lo expresan las declaraciones de los occisos, pertenece a las FARC, la denuncia por prevaricato y además la tilda de no ser parcial, y atentar contra las comunidades, dentro del radicado 32553.

La Sala, en atención a las características singulares del presente asunto, y en aras de preservar la independencia e imparcialidad de la administración de justicia, así como la seguridad e integridad personal de los funcionarios judiciales y las partes, declarará fundada la solicitud elevada por la Juez que hasta ahora venía conociendo del asunto, y analizada positivamente por el Tribunal del Distrito de Quibdó, y dispone la radicación del juicio en los jueces penales del Circuito de Bogotá (reparto), pues por ubicación y distancia al área de acción del presuntamente implicado, es factible neutralizar la interferencia de los factores de perturbación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

ORDENAR el cambio de radicación del proceso que adelanta el Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio (Chocó) contra Camilo Ernesto Guzmán Rodríguez al Distrito Judicial de Bogotá. En consecuencia, remítase de inmediato el expediente al reparto de los jueces penales del circuito competentes de esta ciudad, según la naturaleza de las conductas punibles investigadas.

Comuníquese esta decisión al Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio (Chocó) y a los sujetos procesales.

Contra esta determinación no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase.

Magistrados: María del Rosario González de Lemos—José Leonidas Bustos Martínez—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Augusto J. Ibáñez Guzmán—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Julio Enrique Socha Salamanca—Javier Zapata Ortiz.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

(1) Corte Suprema de Justicia, auto cambio de Radicación 32212, julio 31 de 2009.

(2) En aquella ocasión se solicitó el cambio de radicación en razón a la situación de orden público en dicho municipio y su incidencia en la seguridad de los intervinientes en el proceso, así como por la falta de imparcialidad de la aludida funcionaria judicial en temas relacionados con las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó.