Auto 34238 de julio 29 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso Nº 34238

Aprobado Acta 239

Conjuez Ponente:

Dr. Diego Eugenio Corredor Beltrán

Vistos

Bogotá, D.C., veintinueve de julio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Precisa esta sala de conjueces que la acción de revisión procede únicamente contra providencias que hayan cobrado ejecutoria; que es una acción esencialmente rogada, y que por ende es deber del actor anexar a la demanda no solo la copia de los fallos cuya revisión se pretende, sino la respectiva constancia de ejecutoria.

Tiene esta acción como fin, remover la cosa juzgada para evitar una injusticia, y considerando que las sentencias gozan de la doble presunción de acierto y legalidad, el legislador dispuso como condición de admisibilidad de la demanda dirigida a tal finalidad, el cumplimiento de exigentes y específicos requisitos contenidos en el artículo 222 de la Ley 600 de 2000, por la cual se rige esta actuación y debe adecuarse adicionalmente la demanda, a los parámetros establecidos por el artículo 220 de la misma normatividad.

No es aceptable en esta excepcional acción, volver a la controversia probatoria ya agotada en las instancias. Por ello, en primer lugar nos referiremos a los requisitos formales señalados por el artículo 222 de la Ley 600 de 2000, para dejar expresamente consignado que el revisionista no acompañó a las sentencias condenatorias contra su mandante, la constancia de ejecutoria de las mismas, tal como lo ordena el último inciso de dicha norma.

En cuanto a la causal que invoca y los fundamentos de hecho y de derecho en que apoya su solicitud tal como se transcribió y que denomina segunda de las indicadas en el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, señalando primero una inexistente, pues tal norma por parte alguna contempla que se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso que no podía iniciarse dado que la competencia era de la justicia penal militar y no de la justicia ordinaria, no podemos menos que expresar nuestro desconcierto porque el libelista pretende generar confusión, subestimando la capacidad de quienes resolverían. Por lo expuesto esta Sala dispondrá compulsar copias para que se investigue disciplinariamente al señor apoderado en razón a que ha citado la norma correspondiente incluyendo como causal de la acción un motivo que ajusta a sus intereses lo que deja de ser un simple error constituyendo una presunta falta de lealtad procesal.

Sea el momento también para indicarle al libelista, que la nulidad que pretende de todo lo actuado en razón a que el juez que profirió el fallo no era competente para ello, fue algo debatido en las instancias, y en la casación recurso extraordinario que en este caso se interpuso, no se invocó, siendo esta la oportunidad para hacerlo y no la revisión, lo que nos releva de más análisis en lo atinente a su argumentación al respecto.

Valga la pena aclararle que la causal segunda prevista en el artículo 220 de la Ley 600 de 2000 textualmente reza: “cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria o que imponga, medida de seguridad en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente formulada o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal”. Esta es muy diferente de la que el revisionista transcribió como causal segunda.

También invoca el libelista la causal tercera de la norma en cita: prueba nueva sobreviniente, limitándose a explicar que Albino Coronado Ávila es un vigilante que no declaró en el proceso y a quien le consta que el muchacho civil era el conductor del vehículo; que el uniformado de la policía estaba en el puesto del pasajero. Indica la dirección en que se lo localiza y solicita en el desarrollo de la acción se le recepcione testimonio; no adjunta declaración de este ante notario, versión o documento por él suscrito ante autoridad competente en el que conste lo que asevera, “asegura” tal testigo.

No se puede olvidar que cuando se invoca como causal de revisión el surgimiento de prueba nueva después de la sentencia condenatoria, prueba no conocida al tiempo de los debates es decir en actuación preliminar si la hubo, en el sumario o en la etapa probatoria de juzgamiento, debe el revisionista conforme a lo ordenado en los numerales 3º y 4º del artículo 222 del Código de Procedimiento Penal allegar materialmente la prueba que alega como nueva y demostrar su trascendencia probatoria en frente de los fundamentos de la sentencia.

En esta demanda brilla por su ausencia como ya se expresó, la prueba tan siquiera sumaria que solicita el libelista practicar a la corte y adicionalmente lo que este dice que el testigo declarará, en nada nos hace deducir cómo cambiaría la sentencia considerada esta integralmente con la de primero y segundo grado en lo que respecta a la inocencia del condenado.

En caso similar a este, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal se ha pronunciado recientemente reiterando anterior jurisprudencia que se transcribe en los apartes correspondientes:

“… La Sala viene sosteniendo que cuando, como en el presente caso, el soporte de la pretensión es la tercera de las causales previstas en el artículo 220 del estatuto procesal penal, ya por la aparición de hechos nuevos, ora por pruebas de similar naturaleza que apuntan a acreditar la inocencia del condenado, o su inimputabilidad, corresponde al actor probar no solo el surgimiento de aquellos o de estas, sino, esencialmente, que el fallador no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre tales elementos de convicción, y que de haber sido conocidos u oportunamente incorporados al expediente, la solución del asunto hubiera sido sustancialmente distinta y opuesta a la adoptada… Y por prueba nueva, todo medio probatorio —documental, pericial o testimonial— no incorporado al proceso, que da cuenta de un hecho desconocido, o de una variante sustancial de un hecho conocido en las instancias, cuyo aporte ex novo tiene la virtualidad de derruir el juicio positivo que se concretó en la decisión de condena. Sin embargo —como también lo tiene dicho la Sala, entre otros pronunciamientos, en el realizado el 3 de noviembre de 2004, Radicado 22.658—, no es cualquier hecho, ni cualquier prueba que permite cumplir el cometido establecido por el legislador respecto del motivo de revisión invocado por el actor, “(…) sino solo aquellos o aquellas que tienen la capacidad y la suficiencia necesaria para derruir la intangibilidad de la decisión y su fuerza vinculante.

“En efecto, los hechos o pruebas nuevas deben tener tal solidez que perturben el imperio de la cosa juzgada, pues la acción de revisión no puede constituirse en una simple continuación del juicio realizado en las instancias o en una oportunidad adicional para revivir el debate probatorio, como ocurriría de aceptarse que cualquier prueba o toda situación fáctica, relacionada con el delito, tuviese la virtualidad de servir como fundamento de la acción.

“En ese orden y con miras a establecer la pertinencia de la acción, es necesario, como lo ha dicho la Sala, ‘verificar si entre las pruebas no conocidas sobre determinado hecho que a través de ella se aducen y aportan —así ostenten calidad de sumarias— y los hechos básicos de la petición existe la necesaria relación causal, por virtud de la cual resulta razonable la tramitación de la acción o, dicho en otros términos, es preciso que aquellas ab initio surjan eficaces, contundentes y trascendentes a la demostración de la injusticia alegada, pues no otro puede ser el entendimiento de las exigencias formales de viabilidad contenidas en los numerales 3º y 4º del artículo 234 del estatuto procesal penal’ —artículo 222 de la Ley 600 de 2000, se aclara—”.

De ninguna manera, entonces, el accionante ha allegado la prueba nueva que por su magnitud implique necesario derrumbar el principio de cosa juzgada, una vez advertida su trascendencia en frente de los medios probatorios tomados en cuenta para emitir la sentencia condenatoria.

En este sentido, dos son las exigencias básicas que ha de cumplir el libelista, para que su propuesta permita adelantar el trámite propio de la acción intentada: allegar materialmente, respecto de la causal alegada de prueba nueva, este novedoso elemento de juicio; y demostrar su trascendencia probatoria en frente de los fundamentos de la sentencia.

Respecto de lo primero, debe referenciarse huérfana de soporte la causal alegada, por la potísima razón que no existe, en estricto sentido, ninguna prueba nueva que permita a la Corte adelantar la confrontación con los fundamentos de la sentencia, en aras de definir si estos han sido derrumbados o no.

En reemplazo de tan precisa carga procesal, que incluso se entiende connatural a la causal propuesta —allegar el elemento suasorio concreto que determine necesario variar la definición de responsabilidad consagrada en el fallo de segundo grado—, propone que se practiquen determinadas pruebas, para lo que el accionante apenas alcanzó a elaborar algunos comentarios sobre lo que podrían declarar las personas que, según lo sostiene, pueden establecer la inocencia del condenado Calderón Vargas, pero sin que hiciese el menor esfuerzo por explicar por qué de haber sido practicadas o, mejor, de llegarse a escuchar los testimonios que menciona surge manifiesta la injusticia del fallo condenatorio.

Es, la anotada, una patente omisión que por sí misma conduce a la inadmisión de la demanda, pero si se quisiera ser exhaustivos, aún de haber allegado el accionante las pruebas que apenas enunció, ello por sí mismo no tiene la contundencia necesaria para derruir el soporte de la sentencia de segundo grado que condenó a su patrocinado legal, en tanto ni siquiera aborda cómo desvirtuarían las pruebas en las que el fallo se soportó… Sobre el particular, es necesario reiterar, acerca de lo que debe entenderse como prueba nueva en términos de la acción de revisión, lo expresado por la Sala en ocasión anterior:

“Ha construido el concepto de prueba nueva en materia de revisión bajo dos parámetros que constituyen los principios basilares de tal causal: 1. Que se trate de un mecanismo probatorio no incorporado al proceso, y; 2. Que su aporte ex novo tenga el valor de modificar sustancialmente el juicio de responsabilidad penal concretado en la condena impuesta al accionante”.

La prueba aportada o prueba nueva en lo que hace a su mérito o capacidad probatoria, debe contener, pues, elementos de juicio que de manera inequívoca permitan concluir la inocencia del condenado o su inimputabilidad; se trata, nada más y nada menos, de pretender desvirtuar con ella las presunciones de acierto y legalidad que ampararon el fallo cuya revisión se pide.

Acerca de lo examinado, ha señalado pacíficamente la Sala:

“El análisis del juez que debe decidir sobre la admisibilidad de la demanda de revisión incluye entonces no solo el carácter novedoso de la prueba, sino el de su aptitud probatoria, pues el concepto de prueba nueva se integra con los dos factores, a falta de uno —por lo menos— la demanda debe inadmitirse. No basta entonces la mera alegación de la injusticia material de la decisión que pretende removerse sino que deben demostrarse de entrada unas circunstancias tales que creen en el funcionario competente la convicción de que ha ocurrido una real afectación al contenido de justicia del fallo, auto o resolución cuya inmutabilidad busca derrumbarse. La idea de prueba nueva, entonces, no se limita a la circunstancia de que el medio probatorio no figure aportado al proceso cuya revisión se pretende o sea posterior a la sentencia. Se exige, además, que la evidencia que se presenta como novedosa, de haber sido conocida en su momento por el juzgador lo habría llevado con seguridad a la absolución del procesado. Eso es precisamente lo que le otorga carácter de novedoso”.

En conclusión, no solo no se aportó prueba nueva, sino que la reclamada practicar por el accionante, carece del efecto demostrativo necesario para determinar los hechos que soportan la manifestación de inocencia del condenado en la conducta delictiva por la cual se emitió sentencia en su contra…”(1).

Igual que en el caso que nos ocupa se inadmitirá la demanda de revisión porque como ya se analizó no se acompañó constancia de ejecutoria del fallo cuya revisión demanda el accionante, requisito formal contenido expresamente en el artículo 222 del Código de Procedimiento Penal por el que se rige esta actuación.

Así mismo se inadmitirá la demanda, porque se invocó como causal la número dos que como ya se explicó no corresponde a la misma numeración contemplada por el artículo 220 de la Ley 600 de 2000, ni a otra.

Y en cuanto a la causal tercera invocada relativa al surgimiento de prueba testimonial no conocida al tiempo de los debates, no se aportó la prueba para demostrar la procedencia de la causal invocada (CPP, tercera del art. 220), tal como lo ordenan los numerales 3º y 4º del artículo 222 del Código de Procedimiento Penal aplicables.

Como claramente se consignó, el testimonio que se demanda recibir, no fue aportado como prueba sumaria tan siquiera, lo que además nos releva de hacer análisis adicional al respecto como se indicó también en lo relativo a la causal de nulidad invocada por incompetencia que debió hacerse en sede de casación y no en esta acción de revisión, todo lo cual ha sido debidamente explicado y avalado en casos anteriores por reiterada jurisprudencia, de la que transcribimos apartes de una sentencia atinente a un caso similar a la demanda aquí propuesta, cuya inadmisión se ordenará por todo lo argumentado.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Conjueces de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia

RESUELVE:

1. INADMITIR la demanda de Revisión presentada por el apoderado judicial del condenado Jorge Eliécer Higuera Santiago. Conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

2. COMPULSAR las copias referidas en la parte motiva de esta decisión.

Contra esta decisión procede el Recurso de Reposición.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Revisión Nº 31566, de 29 de julio de 2009, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez.