Sentencia 34329 de junio 9 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Sigifredo Espinosa Pérez

Aprobado Acta Nº 178.

Bogotá, D.C., nueve de junio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Resuelve la Corte la colisión de competencia negativa suscitada entre los Juzgados Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga (Santander) y su homólogo Tercero de Cúcuta (Norte de Santander), en virtud de la cual ambas dependencias se niegan a conocer de la fase de ejecución de la pena impuesta a José William Chaín Castellanos, condenado por la conducta punible de homicidio agravado.

Consideraciones de la Corte

Como el presente conflicto se suscitó entre juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad pertenecientes a diferentes distritos judiciales, es la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la llamada a dirimirlo, conforme lo consagra el numeral 4º del artículo 75 del Código de Procedimiento Penal de 2000.

Ahora bien, los juzgados trabados en el conflicto rechazan la competencia para vigilar el cumplimiento de la pena impuesta al sentenciado José William Chaín Castellanos, quien pese a que fue condenado por un juzgado penal del circuito de Cúcuta, actualmente se encuentra privado de la libertad, en razón de proceso diferente, en la cárcel del circuito de Girón, adscrito al Distrito Judicial de Bucaramanga.

Para marginarse del conocimiento del asunto, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad argumenta que el procesado no está privado de la libertad por este proceso y en apoyo de sus asertos cita el artículo 1º del Acuerdo 054 de 1994 del Consejo Superior de la Judicatura, el cual establece:

“Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, conocen de todas las cuestiones relacionadas con la ejecución punitiva de los condenados que se encuentren en las cárceles del respectivo Circuito donde estuvieren radicados, sin consideración al lugar donde se hubiere proferido la respectiva sentencia.

Así mismo conocerán del cumplimiento de las sentencias condenatorias, donde no se hubiere dispuesto el descuento efectivo de la pena, siempre y cuando que el fallo de primera o única instancia se hubiere proferido en el lugar de su sede.

En los sitios donde no exista aún, Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, continuará dándose cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 transitorio del Código de Procedimiento Penal”.

Sobre el alcance que tiene el citado precepto, la Sala se ha pronunciado en varias oportunidades, entre otras, en los autos del 29 de julio de 2003 y 21 de marzo de 2007, radicados 21.228 y 27.033, respectivamente, en los cuales se precisó:

“En esos términos, un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad debe conocer del cumplimiento de todas las sentencias condenatorias que se hayan proferido en su jurisdicción, salvo que el sentenciado se encuentre recluido en un establecimiento penitenciario por fuera de ella. En sentido contrario, no conocen de la ejecución de sentencias de primera o única instancia que no hayan sido proferidas en el lugar de su sede, salvo que los respectivos condenados se encuentren recluidos dentro de su ámbito territorial.

La Sala ha pregonado con insistencia que cuando el condenado se encuentra privado de su libertad la competencia de los jueces de ejecución de penas está determinada por un factor personal relativo al lugar donde se surte la reclusión…”.

Lo dicho quiere significar que la ejecución de la sentencia atañe al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, cuya competencia, cuando el condenado se halla privado de la libertad, no depende de la naturaleza de la conducta punible, o del territorio donde se cometió, o del despacho judicial que dictó el fallo, ni el número de condenas, ni cuál de ellas se encuentra descontando el sentenciado, ni de peticiones que se hallen pendientes de resolver, sino de un factor personal relativo al lugar donde se encuentre descontando la pena y si en ese lugar existe o no un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.

Así lo ratificó la Sala en posteriores pronunciamientos, de los que vale la pena mencionar el citado por el juzgado que aceptó la colisión y el auto del 15 de julio de 2008 (Rad. 30.095), en el primero de los cuales se precisa que:

“5. De acuerdo a lo anterior y al constatarse que el condenado se encuentra recluido en un centro penitenciario por cuenta de otro asunto, la ejecución de la nueva pena corresponde al juez de penas del lugar en el que se está cumpliendo la condena impuesta en forma previa.

6. Lo anterior es así porque tan pronto concluya el término legal de ejecución de la pena que cumple por el otro asunto, deberá ejecutarse la pena de prisión establecida en el presente proceso.

7. La argumentación elaborada por el juez de penas para no aceptar la competencia que legalmente le corresponde, es inadmisible tanto desde la perspectiva jurídica como ontológica porque el condenado Édgar Orlando Pico Monroy sí está privado de la libertad en un centro carcelario, circunstancia que no se altera por el hecho de estar descontando la pena de prisión impuesta en otro asunto”.

Así las cosas, establecido lo que la Corte ha determinado frente a la ejecución de los fallos, poco tiene para agregar ahora respecto del caso concreto.

En efecto, al margen de que el procesado José William Chaín Castellanos haya sido condenado por una dependencia judicial de Cúcuta, es lo cierto que actualmente se encuentra privado de la libertad en una cárcel de municipio adscrito al Distrito Judicial de Bucaramanga.

De ahí que la competencia para conocer de la vigilancia de sus sanciones, corresponda al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, al cual se le asignará el asunto, informando lo pertinente a su homólogo Tercero de Cúcuta.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE

ASIGNAR el conocimiento para conocer de la fase de la ejecución de las penas impuestas a José William Chaín Castellanos, al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Seguridad de Bucaramanga, despacho al que se ordena remitir inmediatamente la actuación, conforme con las motivaciones plasmadas en el cuerpo del presente proveído.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cúmplase».