Auto 34382 de septiembre 15 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán

Aprobado: Acta 293

Bogotá, D.C., quince de septiembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala aceptará el desistimiento del recurso de apelación presentado por la Fiscalía y corolario a ello, se abstendrá de desatar el interpuesto por la defensa. Las razones de la decisión son las siguientes:

1. Oportunidad.

El artículo 331 de la Ley 906 de 2004 señala que en cualquier momento el fiscal puede solicitar al juez de conocimiento la preclusión de la investigación(8) si no existe merito para acusar.

En sede de juicio se habilita, además, al Ministerio Público y a la defensa, para que eleven similar solicitud pero por dos motivos únicamente: i) imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal (causal primera); ii) inexistencia del hecho investigado (causal tercera). El parágrafo del artículo 332 de la ley 906 de 2004 precisa:

“Durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales contempladas en los numerales 1º y 3º, el fiscal, el Ministerio Público o la defensa, podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión”.

La regla es clara: antes del juzgamiento, es potestad exclusiva del fiscal reclamar la preclusión por la totalidad de las causales previstas en el artículo 332, facultad que en sede de juicio se extiende, al Ministerio Público y a la defensa, aun cuando en forma restringida como viene de verse.

2. La legitimación en el proceso y el interés jurídico para recurrir la solicitud de preclusión.

En relación con el tema, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dicho(9):

1. Para determinar quiénes están facultados para recurrir deben dilucidarse dos factores: la legitimación dentro del proceso y el interés jurídico para recurrir.

Lo primero, legitimación dentro del proceso, hace referencia a que el impugnante sea una parte o interviniente procesal, esto es, a quien el legislador, conforme a los lineamientos del Código de Procedimiento Penal del 2004 (L. 906), reconoce como sujeto procesal para esos efectos. El estatuto faculta a la defensa para interponer y sustentar los recursos ordinarios (art. 125.7), por manera que si el representante del indiciado fue quien acudió a esa vía, no queda duda de que se trata de una parte habilitada para hacerlo.

Por lo segundo, interés jurídico para recurrir o legitimación en la causa, se requiere no sólo que la parte o el interviniente se encuentren autorizados por la ley para recurrir, sino que con la providencia motivo de la impugnación se les hubiese ocasionado un daño, un perjuicio. Si, por el contrario, la decisión no les causa ningún agravio no puede importarles su contenido al extremo de pretender su revocatoria y, en consecuencia, una pretensión con ese alcance está llamada al rechazo.

Con ese entendimiento se tiene, que en las fases previas al juicio oral los sujetos procesales, distintos al fiscal, carecen de legitimidad para solicitar la preclusión, por lo que su intervención en la audiencia es accesoria y limitada, siendo por ello que la ley solo los faculta para oponerse(10) a la solicitud que es objeto de decisión.

Respecto a la interposición de recursos la limitación es idéntica: en la etapa de instrucción el Fiscal es el único llamado para ello; los demás intervinientes (considerados accesorios) en esta instancia, pueden respaldar la postura u oponerse a ella, pero sin adicionarle elementos nuevos y sin que les sea permitido —insiste la Sala— hacer uso en forma autónoma de los medios de impugnación.

Ello tiene su explicación: si la preclusión de la investigación invocada por la Fiscalía es negada por el Juez con argumentos que convencen al ente acusador o peticionario, ello equivale a decir que la Fiscalía retira su petición y en consecuencia, ningún otro sujeto procesal quedaría habilitado para invocar pretensión diversa o insistir en la ya negada(11).

El 10 de septiembre de 2010, el fiscal designado informa que al revisar los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas recaudadas DESISTE del recurso presentado contra la providencia del 1º de junio de 2010.

En tales condiciones, y toda vez que el único llamado a postular la preclusión declina su pretensión, ello le impide a la Sala estudiar el recurso a cargo de la defensa, pues como viene de verse, de hacerlo se estaría habilitando una solicitud de preclusión invocada por sujeto procesal distinto.

Acorde con lo anotado la Sala aceptará el desistimiento presentado por la Fiscalía y se abstendrá de conocer el recurso de apelación invocado por la defensa contra la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, que negó la preclusión de la investigación, dado que este sujeto procesal carece de legitimidad para postularlo.

Estas breves consideraciones impiden la realización de la audiencia de sustentación oral programada para el próximo 16 de septiembre de 2010 a las cuatro de la tarde (4:00 p.m.). Por secretaría infórmese a las partes.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. ACEPTAR EL DESISTIMIENTO al recurso de apelación presentado por el Fiscal Décimo Delegado ante esta corporación contra la decisión del 1º de junio de 2010 mediante la cual el Tribunal Superior de Tunja negó la preclusión solicitada dentro de la investigación adelantada contra Juan Carlos Cabana Fonseca.

2. ABSTENERSE DE CONOCER el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la misma decisión.

3. DEVOLVER en forma inmediata las diligencias a la Fiscalia General de la Nación.

4. Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase».

(8) Las causales de preclusión están enunciadas en el artículo 332 de la Ley 906 de 2004.

(9) Auto de segunda instancia del 1º de julio de 2009 radicado 31763.

(10) El artículo 333 inciso 3 de la Ley 906 de 2004 señala: “Acto seguido se conferirá el uso de la palabra a la víctima, el agente del Ministerio Publico y el defensor del imputado, en el evento en que quisieren oponerse a la decisión del fiscal”.

(11) Se mantiene la misma línea de decisión expuesta por la Sala en auto del 27 de julio de 2010, radicado 34043.