Auto 34.694 de octubre 16 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta Nº 343

Bogotá, D.C, dieciséis de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Primero. De acuerdo con el artículo 235 de la Constitución Política y el numeral 7º del artículo 75 de la ley 600 de 2000, la Corte es competente para investigar a Yahir Fernando Acuña Cardales por la conducta de concierto para delinquir agravado que se le imputa (L. 599/2000, art. 340, inc. 2º), teniendo en cuenta la condición de congresista que ostenta en la actualidad, conforme se demuestra con la constancia signada por Jesús Alfonso Rodríguez Camargo, secretario general de la Cámara de Representantes (fl. 249 cdno. 3).

De manera que siendo actualmente Representante a la Cámara en ejercicio, la Corte es competente para conocer de la investigación en su contra.

Debe indicarse, además, que el proceso se inició por parte de la Fiscalía de la General de la Nación cuando Yahir Acuña Cardales no ostentaba la condición de congresista con fundamento en el artículo 74 de la Ley 600 de 2000, según el cual: “corresponde a la Fiscalía General de la Nación dirigir, realizar y coordinar la investigación e instrucción en materia penal”(3). Por consiguiente, las pruebas y diligencias practicadas hasta el día 20 de julio de 2010, fecha en la cual el sindicado tomó posesión del cargo como congresista, fueron oportuna y legalmente allegadas a la actuación y por lo tanto válidas y legítimas, razón por la cual la Corte las apreciará y valorará junto a las practicadas por la Sala, a partir del día 22 de julio del mismo año, fecha en la cual el asunto fue remitió a esta corporación(4).

Segundo. Según el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, desde el punto de vista probatorio, se impondrá medida de aseguramiento de detención preventiva,

“… cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente aportadas al proceso”.

Con tal propósito debe la Sala verificar si concurren tales presupuestos en orden a determinar si se impone medida de aseguramiento.

De acuerdo con la línea jurisprudencial que ha elaborado la Corte en relación con el delito de concierto para delinquir, se debe señalar que el núcleo de la conducta cuando el consenso ilegal surge entre actores armados y políticos, debe mirarse no tanto en la creación de disfunciones institucionales —que desde luego le agregan un mayor grado de ilicitud al injusto— sino en la creación o incremento del riesgo contra la seguridad pública al favorecer o fortalecer la acción o dominio del grupo ilegal(5).

Bajo esa idea esencial, la Sala acerca de la estructura de la conducta y la protección del bien jurídico de la seguridad pública, ha señalado que en el injusto de concierto para delinquir descrito en el artículo 340 de la Ley 599 de 2000 se describen diferentes modalidades de ataque al bien jurídico y ha definido que:

“… se diseñaron en el Código Penal de 2000 tres propuestas dogmáticas para enfrentar distintos tipos de riesgo para el bien jurídico: en la primera se mantuvo la fórmula tradicional para el concierto simple, o para cometer delitos indeterminados, con la que se enfrenta la llamada delincuencia común o convencional. En la segunda se delineó el concierto para delinquir agravado, diseñado estratégicamente para sancionar, entre otras conductas, el acuerdo para promover, financiar, armar u organizar grupos armados al margen de la ley, y en la tercera un tipo especial que si bien no conserva la misma técnica penal, se refiere a la efectiva materialización del acuerdo(6).

Luego, en orden a destacar una lectura comprensiva del contenido de injusto que surge de las alianzas entre la política y los grupos armados ilegales paramilitares, expresó:

“De ese modo se confirma la idea de que las fórmulas típicas deben corresponder a la manera como se manifiestan relaciones delincuenciales esencialmente dinámicas, las cuales dentro de una nueva elaboración del sentido del bien jurídico, permiten incluir novedosos comportamientos compatibles con la idea de promover grupos armados al margen de la ley, como corresponde al sentido y teleología contemporáneas del tipo penal.

“Por esa razón, estas nuevas modalidades de ilegalidad que colocan en riesgo la seguridad pública, le han permitido a la Sala en la hora actual, al interpretar el concierto entre grupos armados y representantes de la institucionalidad, sostener lo siguiente:

“Teniendo en cuenta lo anterior y lo que de ordinario sucede en aparatos organizados de poder —todo para no desconocer el bien jurídico, el sentido del tipo penal, o los contenidos de la conducta—, el aporte del político a la causa paramilitar cuando coloca la función pública a su servicio debe mirarse no tanto en la creación de disfunciones institucionales —que, claro, le agregan mayor gravedad al injusto—, sino en la medida que con esa contribución se incrementa el riesgo contra la seguridad pública al potenciar la acción del grupo ilegal, como puede ocurrir cuando por la influencia de las autodefensas se crean condiciones materiales mediante inversión estatal en lugares donde la acción del paramilitarismo es evidente”(7).

A partir de la elaboración jurisprudencial indicada, la Sala analizará si se configura la prueba mínima requerida por el artículo 354 de la Ley 600 de 2000, para dictar medida de aseguramiento contra el congresista sindicado.

Tercero. En cuanto a la conformación de grupos armados al margen de la ley en el departamento de Sucre, región en donde ha desarrollado su actividad política el congresista, se debe decir que es evidente la presencia del autodenominado Frente “Héroes de los Montes de María”, organización delincuencial que interfirió los procesos colectivos e institucionales de esa región bajo órdenes de Rodrigo Mercado Pelufo (alias Cadena) y Edward Cobos Téllez (A. Diego Vecino), quienes asumieron por su cuenta y riesgo que mediante la violencia podían desde sus particulares e ilegales puntos de vista, conservar el orden en una sociedad sometida por cuenta de la ilegalidad al criterio de sus particulares percepciones.

Al respecto, Edward Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”, jefe de esa organización, Edelmiro Anaya González, alias el “Chino Anaya”; Miguel Ángel Berrocal Doria, alias “Cocha”; Marco Tulio Pérez Guzmán, alias “El Oso”; José Oswaldo Tavera Blanco, alias “El Paisa”; Manuel Contreras Baldovino, alias “Peluca”, Nelson Stand Berrío y Rigoberto Lara, declararon que la agrupación armada ilegal influyó la vida social de la comunidad, al punto de promover candidatos a los cargos de elección popular, incluso a través de la presión a los votantes, con el fin de ampliar el escenario para una causa ilegal mediante la construcción de una artificiosa e inaceptable cohesión social.

Por lo tanto, la incidencia del grupo paramilitar en la región no se puede desconocer, entre otras razones porque con las versiones de los integrantes de esa organización ilegal, pertenecientes unos a la estructura militar y otros a la política, se pudo conocer la injerencia del paramilitarismo en la realidad social y política del departamento. En ese sentido, Nelson Stand Berrío relató la manera como el grupo armado ilegal llegó a posicionarse en el escenario local y reconoció el respaldo que recibió para alcanzar una curul en la asamblea departamental, como consecuencia de una relación que surgió desde cuando fungió como abogado de buena parte de los integrantes de esa organización; y en el mismo sentido Rigoberto Lara aceptó que logró por segunda vez un escaño en el concejo municipal de Sincelejo, gracias al apoyo de las autodefensas.

En consecuencia, sería insensato negar la presencia de grupos armados al margen de la ley y las alianzas entre el paramilitarismo y ciertos sectores de la clase política en el departamento de Sucre, pues por lo que han dicho algunos de sus integrantes y entre ellos cabecillas de primer nivel de la estructura militar y política de las autodefensas, la relación entre política y paramilitarismo es un axioma en el proceso.

Cuarto: En el anónimo que sirvió de fundamento para abrir investigación formal contra el congresista, se asegura que el doctor Yahir Acuña Cardales fue una ficha de las autodefensas en la Universidad de Sucre, establecimiento oficial en el cual fue representante de los estudiantes ante los consejos académico y superior, en el concejo municipal de Sincelejo y por último en la asamblea departamental de Sucre, instituciones en las cuales, según se dice, habría puesto la función pública al servicio de la causa paramilitar.

Pues bien:

Aún cuando en ese escrito se hace alusión a los nexos del doctor Yahir Acuña Cardales con el paramilitarismo con ocasión de su elección a la asamblea del departamento, la apreciación sistemática de la prueba y la realidad histórica impide que en ciertos eventos se pueda hablar con exactitud de acuerdos para promover grupos armados de autodefensa. En efecto, si el hoy congresista fue elegido diputado para el periodo constitucional 2007-2011, y el bloque “Héroes Montes de María” se desmovilizó el 14 de julio de 2005, el posible apoyo a esa aspiración por ese grupo, o la alianza para promover esa estructura a cambio de apoyo político, desde el punto de vista lógico y de la tipicidad es insostenible, salvo que se demuestre que esa organización se desmovilizó formal pero no materialmente, cuestión que con la prueba que obra en el proceso por ahora no se puede sustentar.

En cuanto a ese tema no se puede pasar por alto que en la fecha indicada se desmovilizaron 594 hombres del Bloque “Héroes de Montes de María” bajo el mando de Edward Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”, de manera que desde este punto de vista resulta problemático adecuar la conducta al tipo de concierto para delinquir con la finalidad de promover a un grupo armado al margen de la ley, salvo que como se ha dicho, se demuestre la continuidad de la organización, sea bajo la misma membrecía o bajo una nueva nomenclatura, cuestión que sin embargo no se ha probado en el proceso.

Por el contrario, antes que contar con elementos de juicio que permitan inferir un acuerdo posterior a la desmovilización del grupo ilegal con el cual se asocia al acá investigado cuando ejerció como diputado, obran documentos en el proceso que controvierten la información. Así, en el Acta 061 correspondiente a la sesión del 30 de octubre de 2008 de la asamblea departamental, el doctor Acuña Cardales fustigó ese tipo de comportamientos y recriminó a los diputados por su silencio frente al debate que propuso entre política y paramilitarismo en los siguientes términos:

“(…), En algún momento querían hacer un debate acerca de parapolítica y yo lo propuse y lo negaron porque no convenía y no sé qué cosas; yo lo propuse, vamos a debatir acerca de parapolítica, vamos a ver quiénes son los paramilitares en Sucre, quienes son los políticos que coadyuvaron al paramilitarismo en Sucre y lo negaron. (…)”.

Este hecho, debidamente probado, pues corresponde a un documento histórico acerca de un debate suscitado en la asamblea departamental, permite inferir conforme a la regla de la experiencia que un debate de esa naturaleza contrasta con las finalidades inherentes a un acuerdo para promover una organización ilícita, y por lo tanto no es usual que lo proponga precisamente quien se dice fue apoyado por un grupo ilegal para alcanzar esa dignidad.

Por esas razones, la noticia acerca de eventuales acuerdos entre el hoy congresista y grupos armados de autodefensas para alcanzar la diputación en la asamblea departamental, no puede ser el soporte de un juicio afirmativo de tipicidad en relación exclusivamente con el delito que se analiza.

Quinto: En cuanto a los presuntos nexos entre el congresista Yahir Acuña Cardales y el apoyo que habría recibido del Bloque “Héroes de Montes de María” con ocasión de su aspiración al concejo municipal de Sincelejo durante el año 2003, la principal alusión al tema proviene de Edward Cobos Téllez, comandante de la organización ilegal indicada y según él, máximo líder político de ese grupo de autodefensas, quien en declaración ante la Corte afirmó que por referencia conocía de supuestos vínculos entre el político y la organización ilegal, mas no porque hubiese participado de ese tipo de consensos ilegales.

Al respecto, Cobos Téllez, alias Diego Vecino, manifestó:

[1:05:52] “… yo ya tenía referencia del doctor Yahir Acuña Cardales, que es lo que me mencionaba el honorable magistrado al inicio de esta diligencia, (…), había escuchado de él como concejal, y que había tenido alguna cercanía y alguna relación con Willer, Fraser, con el mismo Cadena a partir de su condición de concejal, pero básicamente la referencia que tenía era que era una persona que tenía un trabajo importante en la Universidad de Sucre, (…)”.

Y en seguida expresó:

[1:54:36] “… No conocí de apoyo a la elección directa de que dijera se hizo un trabajo en tal sectores (sic), no, no, no, no recuerdo. No recuerdo haber tenido ese elemento, tengo las precisiones de su relación a partir de su cargo como concejal, (…)”.

Debido a que por su desaparición o muerte no es posible obtener la versión de Willer Cobos y de Humberto Frazzer, miembros de la llamada ala política de las autodefensas, y de Rodrigo Mercado Pelufo, alias “Cadena”, jefe máximo de la organización ilegal, las menciones de Edward Cobos Téllez no se pueden corroborar por ese medio, en el entendido que el testigo de “oídas” o de “referencia” no percibe directamente los hechos, sino que su conocimiento lo deriva de lo que le dicen o le dijeron otros; sin embargo, como su mérito no puede quedar vinculado exclusivamente a ese tipo de verificaciones, será el análisis conjunto de la prueba el que permitirá definir el grado de persuasión del testimonio del excomandante paramilitar.

En cuanto a ese tema resulta pertinente señalar que a Edward Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”, jefe de primera línea de las autodefensas del Bloque “Héroes de Montes de María”, según se acabó de anotar, no le consta directamente de apoyos que hubiese recibido Yahir Acuña Cardales por parte del grupo ilegal, dicho que coincide con lo expresado por Nelson Stand, abogado de los principales jefes de la autodefensa y diputado confeso de esa organización ilegal. En efecto, Stand declaró que Acuña Cardales no hizo parte de la estructura política de las autodefensas ni fue apoyado por ese grupo ilegal(8) cuando el hoy congresista se postuló al concejo municipal de Sincelejo, aspiración que por lo demás coincide históricamente con la época en la cual Nelson Stand se convirtió en diputado con el respaldado del grupo ilegal, y por lo cual pudo conocer de acuerdos o alianzas entre la política y el paramilitarismo.

Por esas circunstancias, y por ser abogado del contingente de las autodefensas y del jefe máximo de la organización ilícita, el exdiputado aseguró que Yahir Acuña Cardales no fue cuota de la autodefensa, como si lo fueron otros, según el testimonio de Edelmiro Anaya, alias “Cocha”, Miguel Ángel Berrocal Doria, Marco Tulio Pérez Guzmán, alias “el Oso” y Oswaldo Tavera Blanco, alias “El Paisa”, allegados a Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena”, miembros de su cuerpo de seguridad y quienes por esa condición corroboran la versión de Nelson Stand.

En ese orden, véase que las alusiones de Diego Vecino, según lo declaró Ángel Miguel Berrocal Doria(9), corresponden en buena parte a una reconstrucción colectiva de los integrantes del grupo armado, tanto así que el desmovilizado aseguró:

“[30:09] … ahora que me toca ese tema, “Diego Vecino” me llamo a que le confirmara si yo conocía a Yahir Acuña y si Yahir era el concejal nombrado por “Cadena”, y yo con los urbanos míos que ya nos habíamos reunido nos dimos cuenta que el concejal era Rigoberto Lara…

“Bueno, “Diego Vecino” ya me acuerdo que me llama a preguntarme si conocía a Yahir Acuña, el concejal que nombró “Cadena”. Le dije, Diego, a él no lo nombró Cadena, él nombró a Nelson Stand y Rigoberto Lara, porque el otro concejal que nombró, nosotros lo matamos, que ya se confesó en justicia y paz…”.

Esas expresiones, por lo menos hasta ahora, corresponden a una versión que incluso Edward Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”, aceptó, pues en efecto acerca de ese tema expresó:

“No recuerdo haber conocido alguna de estas personas de manera personal o directa. Con el señor Yahir Acuña tengo entendido que fue o es concejal de Sincelejo o diputado de Sucre. Para mi versión libre estoy tratando de aclarar información que da cuenta de alguna relación del señor Acuña con el doctor Willer Cobo, extinto jefe regional de Sucre e incluso alguna relación del mismo señor con el excomandante “Cadena” directamente. Hoy no tengo suficiente claridad para dar cuenta de lo anterior, tengo conocimiento de alguna declaraciones de desmovilizados que se refieren al tema…”.

En lo que sí hay consenso es en el apoyo a la aspiración de otras personas al concejo municipal y decididamente a favor de Rigoberto Lara e incluso de José David González, ambos de partidos políticos diferentes(10). Sin embargo, no existe suficiente información para vincular a Acuña Cardales con ese respaldo, pese a que el congresista hizo parte de la lista del Movimiento Nacional Progresista bajo la modalidad de voto preferente, sistema de elección en la cual el partido tiene el monopolio para determinar quién pertenece a la lista pero no para asignar un orden jerárquico entre candidatos; esta función de ordenamiento de preferencias es ejercida por el elector.

En ese sentido, por la manera como se conformó la lista y por el sistema de elección, la vinculación de Acuña Cardales a la misma no es por sí sola un elemento del cual surja un indicio grave que permita deducir la existencia de acuerdos ilícitos con el paramilitarismo, pues su comportamiento como diputado al proponer agudos debates contra las autodefensas y el hecho de que los principales mandos de la organización ilegal, los “jefes políticos” y los operarios de ese grupo ilegal nieguen ese tipo de relaciones, minimizan la inferencia que pudiese surgir del solo hecho de haber sido parte de la lista del Movimiento Nacional Progresista.

En ese contexto, Rigoberto de Jesús Lara, cabeza de lista del Movimiento Nacional Progresista al concejo municipal, declaró que no conoció de convenios entre Acuña Cardales y las Autodefensas y que el congresista no hizo parte del grupo de políticos aliados e incluso, en cuanto a lo que a él le consta, “nunca tuvo ningún tipo de vínculo ni relación con ningún miembro de las AUC que antes estaban en Sucre”, situación de la cual da razón porque “yo era una persona muy cercana a las autodefensas que estaban antes en Sucre, en especial con el comandante Cadena”(11). En cambio, manifestó saber de relaciones de otros políticos, acerca de quienes hablará en su momento con el fin de obtener rebajas punitivas, pero en todo caso no de Acuña Cardales.

De otra parte, los integrantes de la autodefensa atribuyen a José Oswaldo Tavera Blanco, alias “El Paisa”, una fuerte influencia en el corregimiento de La Arena del municipio de Sincelejo, lugar en el cual el confeso Rigoberto de Jesús Lara, candidato al concejo apoyado por las Autodefensas, obtuvo 588 votos en su aspiración a dicha corporación, mientras que en el mismo lugar, Yahir Acuña Cardales solo logró 2. Este dato objetivo controvierte el supuesto apoyo en el corregimiento de la Arena a favor de Acuña Cardales y por consiguiente el presunto respaldo desde el punto de vista electoral no se ofrece veraz.

En ese contexto y vistas en conjunto, las declaraciones de Edward Cobos Téllez y Nelson Stand, ambos líderes del grupo armado ilegal, no son contradictorias ni se contraponen entre sí, pues Cobos Téllez manifestó no conocer acuerdos a favor de Yahir Acuña y Nelson Stand aseguró que no los hubo, lo cual de haber ocurrido el exdiputado por haber sido parte de las autodefensas debía conocer, sobre todo si en el periodo constitucional en el cual Acuña Cardales aspiró al concejo de Sincelejo, él también lo hizo a la asamblea departamental.

Fredy Villa Uparela, exalcalde del municipio de Galeras y exdiputado del departamento de Sucre, quien fuera apoyado en sus aspiraciones políticas por las autodefensas, inclusive, fue coordinador “político” del Bloque “Héroes de Montes de María”, por ello fue condenado por el delito de concierto para delinquir, manifestó conocer por razón de sus “funciones”, “en un 90% quienes participaban en las reuniones en la parte política”(12), y por esa razón, según dijo, podía asegurar que Acuña Cardales no fue parte del programa político de las autodefensas.

En ese marco, el testimonio de Sady Ríos —un personaje a quien los mercenarios del grupo ilegal no reconocen como parte de la estructura del grupo armado—, quien refirió que Yahir Acuña Cardales participó de alianzas con las autodefensas, es una declaración que no ofrece serios motivos de credibilidad como prueba de posibles relaciones ilegales del procesado con el paramilitarismo. En efecto, en lo que concierne a las eventuales relaciones del procesado con las autodefensas, señaló que ese tema lo pueden confirmar alias “Peluca” y el “Oso”(13). Sin embargo, pese a la mención superficial y sin mayores detalles de contexto, Marco Tulio Pérez, alias el “Oso”, miembro del cuerpo de seguridad de alias “Cadena”, desmintió ese tipo de imputaciones.

Es más, en declaración del 6 de julio de 2010, Sady Ríos aceptó inicialmente que no fue parte de la organización de autodefensas y por lo tanto manifestó no conocer de vínculos entre Acuña Cardales y el grupo armado ilegal, entre otras razones porque vivió hasta el año 2002 en Bogotá y de allí que su relación con alias “Cadena” obedeció, según él, a la relación sentimental que tuvo con una hermana del jefe paramilitar, de manera que eso explica porque los miembros de la guardia de alias “Cadena” aseguraron que Sady Ríos no perteneció al grupo ilegal y por lo tanto no podía saber o conocer de alianzas ilícitas.

De manera que en el ámbito de imputaciones que tienen como escenario un periodo vinculado con la aspiración y desempeño de Acuña Cardales en el concejo municipal, la prueba no ofrece serios motivos de credibilidad en orden a demostrar un posible “acuerdo para promover una estructura armada ilegal”. Es más, las acusaciones en torno al flujo de capital que se la atribuye para esas épocas e incluso para el periodo en el cual se desempeñó como diputado, como indicio de posibles acuerdos o de apoyos indebidos, el peritaje al patrimonio del congresista y al de su núcleo familiar, descartó ese tipo de menciones(14).

En cuanto al supuesto papel que habría desempeñado en la Universidad de Sucre a favor del proyecto paramilitar, las pruebas practicadas no permiten, por ahora, obtener indicios graves de responsabilidad en orden a establecer un acuerdo ilegal con las autodefensas. En primer lugar, porque de acuerdo con documentos que obran en el expediente, Yahir Acuña Cardales no participó como miembro del consejo superior universitario en la elección de ningún rector(15) y menos como representante de los egresados(16), debido a que nunca lo fue, lo cual descarta que en ese específico propósito hubiese participado el congresista, como lo sugirió alias “Diego Vecino” en su declaración, al sugerir que como representante de los egresados en el consejo superior fue determinante en ese tipo de designaciones.

Esta situación junto a la denuncia que en su momento realizó el señor Acuña Cardales contra rectores de la Universidad de Sucre por su relación con grupos ilegales(17), permite inferir, por ahora, que no fungió como una cuota de las autodefensas en la institución educativa y menos en la designación de directivas desde una función que no desempeñó.

Es más, alias “Diego Vecino” mencionó a Jáder Castilla como parte del equipo de estudiantes que desde la universidad y que como tal habría colaborado en el proyecto de expansión de las Autodefensas, pero está demostrado que Castilla no fue estudiante de la Universidad de Sucre, lo cual controvierte el testimonio del jefe paramilitar.

Conforme a lo anterior, no existe la prueba requerida por el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, para afirmar que el doctor Yahir Acuña Cardales tuvo acuerdos o nexos con miembros de las Autodefensas, de manera que por ahora la Sala se abstendrá de imponerle medida de aseguramiento.

Decisión

En mérito de lo expuesto, La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Abstenerse de imponer de medida de aseguramiento de detención preventiva contra el doctor Yahir Fernando Acuña Cardales, de condiciones civiles y personales conocidas, por las razones expuestas en esta decisión.

2. Continuar con la presente investigación.

3. Contra esta decisión procede el recurso de reposición.

Notifíquese y cúmplase».

(3) Artículo 74 de la Ley 600 de 2000.

(4) La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia del 1º de febrero de 2012, Radicado 34.232 dijo: — En primer lugar, se recuerda que el sistema regido por la Ley 600 de 2000, normativa aplicable al caso concreto, contempla un indiscutible principio de permanencia de la prueba —por contraposición a la sistemática diseñada en la Ley 906 de 2004, que considera prueba únicamente la practicada o aportada en curso de la audiencia de juicio oral—, por virtud del cual, los elementos suasorios aportados de manera legal, regular y oportuna en la investigación previa, la instrucción o el juicio, tienen plena capacidad probatoria y, por consecuencia, dado el principio de libertad probatoria que con el anterior entronca, perfectamente pueden servir para soportar una decisión de condena.

(5) Corte Suprema de Justicia, sentencia del 1º de abril de 2001, Radicado 27.918.

(6) Cfr., Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicado 26.942, auto del 14 de mayo de 2007, reiterada en la sentencia del 25 de noviembre de 2008, en la cual se indicó:

“En la escala progresiva de protección de bienes jurídicos, el acuerdo que da origen al concierto para organizar, promover, armar o financiar grupos al margen de la ley, se diferencia de la efectiva organización, fomento, promoción, dirección y financiación del concierto, moldeando diferentes penas según la ponderación del aporte que se traduce en un mayor desvalor de la conducta y en un juicio de exigibilidad personal y social mucho más drástico para quien efectivamente organiza, fomenta, promueve, arma o financia el concierto para delinquir, que para quien sólo lo acuerda”.

(7) Cfr. Proceso 27.918, sentencia del 1º de abril de 2011.

(8) Acerca del conocimiento que pudo tener de las relaciones entre Yahir Acuña y las Autodefensas, sostuvo:

[6:52] “Si, y a mí me llamó, (…), me llamaron a un testimonio, (…), y en esa ocasión fui claro y categórico en afirmar que no lo conocí, que no hizo parte, no hizo parte de ningún movimiento al margen de la ley, ni tuvo relación con nosotros, y lo manifiesto porque yo fui un hombre de confianza, abogado de Rodrigo Mercado Pelufo, (…)”.

(9) Preguntado: ¿Después de desmovilizados ha tenido reuniones para tomar datos con fines de justicia y paz?

Contestó: [25:59] Aquí con Diego Vecino, en la Iglesia de aquí se tocaron varios temas de filiaciones políticas. Eso fue posteriormente verificado si las informaciones de los urbanos eran ciertas… Yo hablo con él casi él todos los días, cuando llegué aquí hicimos dos reuniones e incluso de esas reuniones es que tengo datos de políticos de Sucre.

(10) Rigoberto Lara aspiró por el Movimiento Nacional Progresista y José David González por el partido Colombia Viva.

(11) Declaración del 2 de julio de 2010, cuaderno 3, folio 225.

(12) Declaración del 26 de mayo de 2010.

(13) [22:58] “Lo que sé es que él si tuvo vínculos y lo apoyaron las autodefensas y si quieren confirmar lo que le estoy diciendo que le pregunten a alias “El Peluca” y a alias “El Oso”.

(14) Informe Nº 087 del CTI (fls. 119 y ss. cdno. 5).

(15) Yahir Acuña Cardales se desempeñó como representante de los estudiantes al consejo superior, entre el 5 septiembre de 2002 (fl. 225) y desde el 10 de julio de 2002 hasta el 15 de julio de 2003 por renuncia para aspirar al concejo (fls. 197 y ss. c. 4).

(16) En el folio 193 del cuaderno 5 obra constancia en la cual se certifica que Yahir Acuña Cardales no representó a los egresados en el consejo superior de la Universidad de Sucre.

(17) En el periódico “El Heraldo” del día 12 de abril de 2010 aparece un escrito en donde el señor Yahir Acuña Cardales denuncia que Rafael Peralta auxilió a las autodefensas con 80 millones de pesos. Peralta fue dos veces rector de la Universidad de Sucre (219 cdno. 1).