Sentencia 34780 de septiembre 24 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta Nº 354

Magistrado Ponente:

Dr. Javier Zapata Ortiz

Bogotá, D.C., veinticuatro de septiembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De conformidad con lo estipulado en el numeral 3º del artículo 32 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, compete a la Sala de Casación Penal resolver las apelaciones de los autos y sentencias que profieran en primera instancia los tribunales superiores de distrito judicial. En este caso, se trata de la apelación presentada por el defensor del imputado (Jorge Alberto Chaparro Serrano —fiscal delegado ante los jueces municipales—), durante el desarrollo de la audiencia de formulación de acusación, en contra de la decisión proferida por la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, a través de la cual denegó su solicitud de nulidad.

El recurrente solicitó la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de formulación de imputación, por haberse incurrido en violación del debido proceso y del derecho de defensa.

La petición del impugnante esta soportada en la atipicidad del comportamiento atribuido al fiscal Chaparro Serrano, en la medida en que no se configuran los delitos de prevaricato por omisión, abuso de autoridad por omisión de denuncia y prevaricato por acción, referidos a la actuación desplegada como fiscal delegado ante los jueces penales municipales de Santa Rosa de Viterbo, en el proceso penal adelantado contra Carlos Julio Moreno Suárez por el delito de hurto calificado.

El defensor, a partir de su personal criterio y sin un serio análisis, considera que al fiscal no le correspondía presentar el escrito de acusación para que el juez de conocimiento procediera a individualizar la pena ante el allanamiento a cargos, sino que era el juez de control de garantías el que tenía que remitir la actuación al funcionario competente, omisión que si bien pudo ser irregular no es constitutiva de delito, pues a lo sumo lo sería de una falta de carácter disciplinario, aspecto que aún no ha sido resuelto por la oficina de recursos humanos de la fiscalía.

Tampoco puede constituir conducta ilícita del fiscal Chaparro Serrano el no haber denunciado ante la autoridad competente la falsedad personal en que pudo haber incurrido el capturado Carlos Julio Moreno, así como las amenazas que este efectuó en contra de uno de sus captores, porque, según el recurrente, no se hallan legalmente demostradas tales conductas; de una parte, y por la otra, el fiscal lo que hizo fue informar o relatar los hechos tal y como sucedieron al juez con función de control de garantías. Además, que con su actuación, el fiscal no ocasionó daño al ordenamiento jurídico o a la administración de justicia, porque finalmente Carlos Julio Moreno fue condenado, luego entonces, el comportamiento del funcionario implicado es atípico, concluyó el recurrente.

Semejante postura, estima la Corte, no podía ser más desacertada, razón por la cual confirmará la decisión denegatoria de nulidad proferida por la Sala Única de Decisión del Tribunal de Santa Rosa de Viterbo.

Ello, porque está claro que detrás de la petición de nulidad formulada por el defensor del fiscal acusado Chaparro Serrano, se enmascara una inviable solicitud de preclusión, totalmente ajena al objeto de la audiencia de formulación de acusación, tal como lo señala el tribunal a quo, y lo pone de presente el representante de la Fiscalía, al igual que el del Ministerio Público.

En estricto sentido, el apoderado del implicado ninguna irregularidad denunció y se limitó solamente a hacer una deshilvanada enunciación de la afectación del derecho de defensa y del debido proceso bajo el supuesto de haberse imputado unos hechos que considera atípicos, pero que ni siquiera especifica cuál debe ser el acto afectado con la invalidez, ni mucho menos señala en que consistió la lesión sustancial del debido proceso o del derecho de defensa, ignorando por completo el deber de demostrar no sólo la ocurrencia de la violación, sino el menoscabo sustancial y cierto de las garantías o las bases fundamentales del proceso; demostración a la cual no se puede aproximar de cualquier manera y con cualquier discurso con el que se pretenda su declaratoria, en tanto que las nulidades encierran unos presupuestos mínimos de argumentación, precisión y alcance, acorde con los principios que orientan dicho instituto, sin los cuales, la arremetida contra la legalidad del proceso queda huérfana, solitaria y carente de sentido. Además, en este propósito, el impugnante debe cuidarse de no combinar violaciones al debido proceso entre sí, o al derecho de defensa.

Ahora bien, si lo pretendido por el recurrente es que el juez de conocimiento invada la competencia y el campo de acción propio de la fiscalía, cuyo representante estimó que contaba con elementos materiales o evidencia física suficientes no solo para formular imputación, sino también para acusar al implicado y demostrar su responsabilidad en el juicio, no es este el escenario adecuado para ventilar tal situación, porque es improcedente que al amparo de una solicitud de nulidad, el juez de conocimiento se ocupe del estudio de unos medios de convicción que no han sido legalmente incorporados al proceso (ello sucede en el juicio oral), con el fin de que se pronuncie acerca de la supuesta atipicidad de la conducta investigada.

La audiencia de formulación de acusación, como bien lo señaló el tribunal de instancia citando la jurisprudencia de esta corporación, tiene como objetivo fundamental el saneamiento del proceso, tanto en relación con el juez como con la estructura procesal, de suerte que “la posibilidad que se tiene por la defensa y los intervinientes frente al escrito de acusación, es verificar la existencia y satisfacción de sus requisitos, pero no el control sustancial de los mismos, cuya definición es de competencia autónoma de la Fiscalía”(2).

En efecto, reitera la Sala, si la acusación pertenece a la Fiscalía pues, como “parece existir consenso acerca de la función tanto sustantiva como instrumental que en el sistema consagrado por la Ley 906 de 2004, cumple la formulación de acusación, en cuanto, además de representar la pretensión punitiva del Estado, decantada por la Fiscalía General de la Nación, implica la iniciación de la fase enjuiciatoria”(3), es al ente acusador a quien corresponde una vez formulada la imputación y presentado el escrito de acusación ante el juez de conocimiento probar su teoría del caso y procurar la demostración de la responsabilidad del acusado en el juicio oral (aspectos entre los que se halla obviamente la tipicidad de la conducta), oportunidad dentro de la cual el procesado puede igualmente ejercer de manera plena su derecho a la defensa, no solo presentando sus propios elementos materiales de prueba, sino también alegando y sustentando las causales de ausencia de responsabilidad y atipicidad que vana —y desatinadamente— pretende introducir ahora.

En este evento, si el fiscal del caso optó por proceder de tal manera, es decir, con acatamiento a la sistemática procesal de la Ley 906 de 2004, le formuló imputación al fiscal delegado ante los jueces penales municipales de Santa Rosa de Viterbo doctor Jorge Alberto Chaparro Serrano y presentó escrito de acusación en su contra por los delitos de prevaricato por acción, abuso de autoridad por omisión de denuncia y prevaricato por omisión, es porque de acuerdo con su propio análisis, los elementos materiales probatorios y evidencia física, le permitían establecer que cuenta con suficientes medios incriminatorios para lograr demostrar la responsabilidad del acusado.

A este respecto, recientemente la Corte puntualizó que el acto “de acusación, en la legislación colombiana, opera complejo, como reiteradamente lo ha sostenido la Sala, pues, demanda, a manera de requisito de validez, que previo a la celebración de la audiencia de formulación de acusación, se presente por la Fiscalía un escrito de acusación que contenga aspectos básicos referidos a las partes, la delimitación fáctica de lo ocurrido, así como su denominación jurídica, y el anexo que contiene la relación completa e identificación de los elementos materiales probatorios, evidencia física e informes que ha recolectado en su labor investigativa la Fiscalía.

Por ello, el examen permitido adelantar al juez de conocimiento en Colombia opera apenas formal, sin que sea viable que verifique aspectos tales como la contundencia de las pruebas, su legalidad o las posibilidades de que se pueda obtener condena.

En este sentido, el artículo 339 de la Ley 906 de 2004, acerca del trámite de la audiencia de formulación de acusación, estatuye:

“Abierta por el juez la audiencia, ordenará el traslado del escrito de acusación a las demás partes; concederá la palabra a la Fiscalía, Ministerio Público y defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusación, si no reúne los requisitos establecidos en el artículo 337, para que el Fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato.

Resuelto lo anterior concederá la palabra al fiscal para que formule la correspondiente acusación.

El juez deberá presidir toda la audiencia y se requerirá para su validez la presencia del fiscal, del abogado defensor y del acusado privado de la libertad, a menos que no desee hacerlo o sea renuente a su traslado.

También podrán concurrir el acusado no privado de la libertad y los demás intervinientes sin que su ausencia afecte la validez”.

Así las cosas, los requisitos consagrados en el artículo 337, al que alude la norma citada, son enteramente formales, evidenciándose inconcuso que de ninguna forma el juez de conocimiento puede adelantar la tarea de controvertir los cargos en su esencia, ni mucho menos, verificar el contenido, legalidad o alcance de los elementos materiales probatorios, evidencia física o informes allegados por la Fiscalía, entre otras razones, porque el anexo que se pide al funcionario encargado de la investigación no representa allegar efectivamente esos medios suasorios, sino relacionarlos e identificarlos, dado que, a renglón seguido, la defensa o los demás intervinientes podrán pedir al juez que ordene dejar conocer específicamente uno o varios de los elementos referenciados”(4).

En este caso, se advierte claramente que el defensor tanto en la solicitud de nulidad como en la sustentación del recurso no denunció irregularidad alguna, ni cuestionó formalmente el escrito de acusación, sino que limita su alegación a un enunciado que se encamina a controvertir, sin fundamento, el soporte probatorio tenido en cuenta por el fiscal para formular la imputación y sustentar, por ahora, la acusación.

Por lo anterior, encuentra la Sala acertada la decisión del Tribunal de Santa Rosa de Viterbo al negar la nulidad planteada por el defensor del procesado Jorge Alberto Chaparro Serrano, en consecuencia será confirmada la providencia materia de apelación.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la providencia del 3 de agosto de 2010, mediante la cual el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, negó la nulidad deprecada en el curso de la audiencia de formulación de acusación.

2. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Devuélvase al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Auto del 15 de julio de 2008, Radicado 29994.

(3) Sentencia del 13 de diciembre de 2010, Radicado 34370.

(4) Auto del 27 de junio de 2012, Radicado 39296.