Auto 3482 de julio 5 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

COPIA DEL ACTO ACUSADO COMO ANEXO DE LA DEMANDA

CASO EN QUE SE ACEPTA COPIA SIN AUTENTICAR

Consejero Ponente: Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado

Bogotá, D.C., julio cinco (5) de dos mil uno (2001).

Ref.: Expediente (3176)-3482-2000

Decide el despacho el recurso de apelación del auto de fecha 28 de julio de 2000, proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante el cual se rechazó la demanda.

Antecedentes

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, Beatriz Vargas de Amézquita demanda del Tribunal Administrativo del Cauca, la nulidad de las resoluciones 2822 del 29 de diciembre de 1999 y 0309 del 18 de febrero de 2000, por medio de las cuales le fue negado el reconocimiento de la prima técnica.

El auto apelado

El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante auto proferido el 14 de junio de 2000, concedió 5 días a la demandante con el fin de que allegara copia auténtica de los actos demandados con la constancia de su notificación o comunicación.

Transcurrido el término concedido, la parte actora no se pronunció, razón por la cual procedió al rechazo de la demanda.

Razones de la apelación

Expresa el recurrente que en la demanda elevó petición previa con el fin de que se oficiara a la entidad demandada para que remitieran los actos administrativos objeto de la acción impetrada. Señala que por los días en que debía cumplir con la obligación impuesta por el tribunal, lo aquejaron quebrantos de salud que le impidieron trasladarse a la ciudad de Popayán, pues su sede de trabajo es la ciudad de Bogotá.

Invoca el principio de la confianza legítima, “para confiar en actuaciones procesales, anteriores; mi proceder fue honesto, leal y sincero para con la justicia (principio de la buena fe), y por último invoco el principio de primacía del derecho sustancial sobre el meramente formal...” (sic).

En término el libelista eleva el recurso de alzada solicitando se admita la demanda, teniendo en cuenta la primacía del derecho sustancial sobre el formal, argumentando que de conformidad con el principio del efecto útil que enseña que “entre dos posibles sentidos de un precepto, uno de los cuales predice consecuencias jurídicas y el otro a nada conduce, debe preferirse el primero”.

Finalmente allega copia auténtica de los actos demandados y copia de una incapacidad médica.

Para resolver, se

CONSIDERA:

El tribunal de conocimiento, concedió al interesado un término de cinco días con el fin de que allegara a la demanda copia auténtica de los actos administrativos demandados con la constancia de notificación de los mismos de conformidad con lo preceptuado por el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo.

Transcurrido el término, el interesado no dio cumplimiento a lo ordenado en auto anterior y en consecuencia, la demanda fue rechazada.

La Sala revocará la decisión del a quo por las razones que a continuación se exponen:

El artículo 139 del Código Contencioso Administrativo, señala que a la demanda debe acompañarse una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución si son del caso.

Más adelante el mismo artículo expresa:

“Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o la certificación sobre su publicación, se expresará así en la demanda bajo juramento que se considerará prestado por la presentación de la misma, con la indicación de la oficina donde se encuentre el original o del periódico ...a fin de que se solicite por el ponente antes de la admisión de la demanda”.

En el caso presente, la actora, como anexo de la demanda trajo copia simple de los actos acusados, es decir que por este aspecto no había lugar a ordenar la corrección de la misma, pues la norma no ordena que éstos deban venir autenticados.

Lo anterior tiene su razón de ser en el hecho de que dichas copias son para aducir en proceso en el que la autoridad que los expidió va a ser parte y dentro del cual puede hacer uso de los mecanismos de defensa que le brinda la ley.

Además de lo anterior, la exigencia que consagra el inciso 1º del precitado artículo, se hace indispensable para determinar ciertos aspectos procesales tales como caducidad, legitimación en la causa, etc., los cuales en este caso en particular, se podía hacer con las copias allegadas.

Así mismo, a pesar de no existir constancia de notificación de dichos actos, de ellos se puede deducir claramente que la acción no está caducada, por cuanto el último de los actos tiene como fecha de expedición la del 18 de febrero de 2000 y la demanda fue presentada el 9 de mayo del mismo año, es decir, dentro del término legal.

En conclusión, no había lugar a ordenar la corrección, pues las copias del acto acusado fueron acompañadas con la misma y de ellas se deducían los aspectos procesales necesarios para el estudio de la procedencia de su admisión.

El rechazo de la demanda en los términos indicados, se traduce en un excesivo formalismo que atenta contra el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia que garantiza la Carta Política, pues no se puede pasar por inadvertido que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en la ley y que en las actuaciones judiciales prevalece el derecho sustancial, de tal suerte que se revocará el auto apelado ordenando que se provea sobre la admisión de la demanda.

No sobra agregar que el tribunal basó su decisión en el inciso cuarto del artículo 139 del Código Contencioso Administrativo, según el cual: “Cuando el acto no ha sido autenticado o se deniega...”, sin que la parte resaltada corresponda a lo señalado por dicha disposición que en su lugar expresa “Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega...”.

Así mismo, considera importante la Sala traer a esta providencia un aparte del auto proferido por la Subsección “A” de esta Sección, con ponencia de la doctora Margarita Olaya Forero, en asunto igual al aquí debatido:

“Aunque en este caso no se dio cumplimiento a tal requisito, omisión que podría entenderse como negligencia del apoderado a solicitar las respectivas copias a la administración, trasladando al a quo dicha carga, la Sala considera que en aras de la prevalencia del derecho sustancial y el derecho de acceso a la justicia (C.P., arts. 228 y 229), no puede aplicarse la norma con el rigorismo y en la forma restrictiva en que se hizo, pues, se repite, las copias aportadas no ofrecen duda y de ellas puede inferirse que los actos demandados empezaron a surtir efectos jurídicos el 18 de febrero de 2000 (fl. 15) y que la demanda se presentó dentro del término de caducidad de cuatro meses consagrado en el artículo 136 para el ejercicio de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho".

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda del Consejo de Estado,

RESUELVE:

REVÓCASE el auto de julio 28 de 2000, proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio del cual rechazó la demanda impetrada por Beatriz Vargas de Amézquita. En su lugar se ordena al tribunal proveer sobre su admisión.

Cópiese y notifíquese. Ejecutoriada la presente providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el día 5 de julio de 2001.

Alberto Arango Mantilla—Tarsicio Cáceres Toro, salvo voto—Ana Margarita Olaya Forero—Alejandro Ordóñez Maldonado—Nicolás Pájaro Peñaranda.

Eneida Wadnipar Ramos, Secretaria.

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «En cuanto a los actos acusados en nulidad, en ejercicio de las acciones correspondientes en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se encuentra:

a) El Código Contencioso Administrativo en su artículo 139 inicialmente al referirse a la forma de aportar el acto acusado con la demanda contencioso administrativa señala que debe contener las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según el caso. En efecto, dicha norma dice textualmente:

“ART. 139.—La demanda y sus anexos. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, si son del caso; ...” (inc. 1º).

b) Y en los dos incisos siguientes del mismo artículo 139 se refiere a “otro requisito” del acto acusado, para que se tenga como copia hábil vale decir, para que cumpla con otro presupuesto de la demanda en forma y que en este caso tiene que ver con la autenticación de copias.

“Se reputan copias hábiles para los efectos de este artículo las publicaciones en los medios oficiales, sin que para el efecto se requiera la autenticación”. (Art. 139-2).

Cuando la publicación se haya hecho por otros medios la copia tendrá que venir autenticada por el funcionario correspondiente”. (Art. 139-3)

Pues bien, estos dos incisos se refieren a un mismo requisito del acto administrativo acusado y que es el de la autenticación. En otras palabras, el inciso 2º determina claramente que no se requiere la autenticación cuando se anexa la publicación —del acto acusado— de un medio oficial, vale decir, como pueden ser el Diario Oficial, las gacetas o anales departamentales o municipales, etc. que se hallan reglados en nuestro ordenamiento jurídico. Y, en el inciso tercero, para el caso contrario, vale decir, cuando el acto ha sido publicado en un medio no oficial, determina que “Cuando la publicación se haya hecho por otros medios la copia tendrá que venir autenticada por el funcionario correspondiente”. De lo anterior se puede colegir, que si el acto administrativo no ha sido publicado su copia debe venir autenticada.

(...).

Además, nótese que el Decreto-Ley 01 de 1984, en su libro primero o de los procedimientos administrativos, se regla la petición y autorización de copias de documentos en poder de las autoridades estatales, que si van a hacer parte de un proceso, para que tengan el valor probatorio, deben cumplir con las exigencias de ley. Y específicamente, en cuanto a actos administrativos particulares, esta misma disposición en el penúltimo inciso del artículo 44 ordena: “Al hacer la notificación personal se entregará al notificado copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión; si ésta es escrita”. Pues bien, si el mismo legislador ordena entregar al interesado copia auténtica del acto particular tal mandato tiene una finalidad posterior, la cual se puede colegir y es que permita la utilización de dicha copia para fines ulteriores, como pueden ser su impugnación en sede jurisdiccional, sin tener que recurrir a solicitar una copia hábil para ese cometido. De otro lado, este mismo estatuto, el artículo 5º respecto de las peticiones en interés general (y también aplicables a las de interés particular) dispone que la petición puede venir acompañada de una copia que, autenticada por el funcionario respectivo, en la forma que señala, tiene el mismo valor que el original y ya sabemos que, cuando se invoca un silencio administrativo y se reclama la nulidad del acto presunto, como consecuencia de dicho fenómeno procesal, la copia de esa petición tiene alcance demostrativo.

Por todo lo anterior, se infiere que las copias de documentos, entre ellos actos administrativos, requieren de autenticación para alcanzar su valor probatorio y por ende, su trascendencia en el proceso.

Se agrega que no es posible, so pretexto de interpretar una norma clara, dejar de aplicarla, más cuando el juez debe preferir y buscar el efecto de la norma procesal, antes que impedir su eficacia.

En esas condiciones, las copias simples o informales de los actos administrativos acusados no cumplen la formalidad para su anexión trascendente de la demanda contencioso administrativa; por ello, el juez deberá inadmitir la demanda y conceder el término de ley para su aporte en debida forma. El artículo 143 del Código Contencioso Administrativo prevé que cuando se presente una demanda que carezca de los requisitos y formalidades previstos en la ley, se otorgará al demandante un término de cinco días para corregirla, “Sí así no lo hiciera, se rechazará la demanda”.

No es posible que no se exijan requisitos de ley de los anexos de la demanda (v. gr. la autenticidad de copias de documentos) con el argumento que después las partes contra las cuales se aduce el documento podrán tacharlos de falsos, actuación con la cual tácitamente se busca subsanar la falla de la demanda. De esta manera se desconoce el debido proceso, se altera el valor probatorio que señalan las normas y se impone a la parte demandada una carga que no le corresponde (tachar de falso el documento) como fruto de la condescendencia con la parte actora a quien se le exonera gratuitamente de su obligación.

Si el juez actúa de otra manera, dejaría de cumplir mandatos procesales, que son de orden público, que hacen parte del debido proceso que es un derecho fundamental protegido en la Constitución Política y los cuales debe hacer cumplir el juez director del proceso, salvo cuando ellos sean manifiestamente contrarios a la Constitución o la ley, en cuyo caso puede dejar de aplicarlos con los razonamientos del caso por la vía de la excepción correspondiente».

Tarsicio Cáceres Toro. 

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