Auto 3482 de septiembre 22 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

SEGUNDA INSTANCIA DE PROCESOS ELECTORALES

TRASLADO AL MINISTERIO PÚBLICO POR CINCO DÍAS

EXTRACTOS: «En relación con el marco jurídico de la intervención del Ministerio Público en los procesos contencioso administrativos, y específicamente en los procesos electorales, se observa:

a) En primer lugar, el artículo 251 del Código Contencioso Administrativo, que al establecer el trámite de la segunda instancia de los procesos administrativos omite señalar el traslado al Ministerio Público para que emita su concepto, como sí lo prevé para el proceso ordinario el artículo 212 del mismo código, fue objeto de control constitucional, por parte de la Corte Suprema de Justicia, junto con los artículos 185 a 214, 217, 221, 232 a 243 y 250 del Código Contencioso Administrativo, con motivo de la demanda, por violación de los artículos 143 y 63 de la Constitución Política de 1886, motivada en el hecho de que en ellos no se prescribía la forma ni la oportunidad de la intervención del Ministerio Público como representante de los intereses de la sociedad, en contraposición con el precepto constitucional que prevé dicha intervención con carácter obligatorio y no meramente facultativo.

El cargo fue desestimado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 122 del 17 de octubre de 1984, en que dijo lo siguiente:

“... el Título XIII del Código Contencioso Administrativo, integrado por los artículos 121 a 127, versa precisamente sobre el Ministerio Público, del cual determina lo relativo al ejercicio de sus funciones, a las calidades de los fiscales, a su designación, a prohibiciones e incompatibilidades, y al objeto de la actuación del Ministerio Público (...).

Está, pues, establecida la competencia legal (diríase que como cláusula general) del Ministerio Público para intervenir en todas “las actuaciones y procesos que se sigan ante el Consejo de Estado y los tribunales administrativos“. Agrégase que lo hará “en interés del orden jurídico” y que “podrá actuar como parte”. Con ello está por demás garantizada su participación, en concordancia con las disposiciones del artículo 143 constitucional. Y cuando la Corte, como ya se dijo, declaró inexequible la expresión “y procesos” (3) del segundo inciso del mismo artículo, eliminó la posibilidad facultativa de esa intervención en los procesos, para que esta sea siempre obligatoria en ellos, como corresponde al carácter institucional del Ministerio Público” (se resalta).

Si bien el fundamento constitucional de la intervención del Ministerio Público en los procesos judiciales es el contenido en el artículo 277 numeral 7º de la Constitución Política de 1991, y el artículo 251 del Código Contencioso Administrativo fue expedido en vigencia de la Constitución Política anterior y no ha sufrido modificaciones, puede afirmarse sin dubitaciones que es válida la interpretación sobre su alcance dada por el juez constitucional en la aludida sentencia, según la cual la intervención del Ministerio Público en los procesos contencioso administrativos siempre es obligatoria.

b) La anterior afirmación encuentra respaldo además en el artículo 127 del Código Contencioso Administrativo, en los términos en que fue modificado por el artículo 35 de la Ley 446 de 1998, es decir en vigencia de la nueva Constitución, según el cual el Ministerio Público es parte en todos los procesos contencioso administrativos, pudiendo intervenir en todos ellos.

c) No existe una regla que establezca el traslado especial al procurador delegado para que emita concepto de fondo en la segunda instancia en los procesos electorales, pues ella no se deduce del artículo 251 del texto mismo del Código Contencioso Administrativo. Sin embargo la viabilidad de dicho traslado especial se halla sustentada en el principio constitucional de la intervención del Ministerio Público en los procesos contencioso administrativos consagrado en el artículo 277-7, así como en su desarrollo legal contenido en el artículo 30 numeral 3º del Decreto-Ley 262 de 1990, específicamente en los procesos electorales que se tramitan ante esta corporación, y en la previsión específica de ese procedimiento tanto en el proceso ordinario como en la primera instancia del proceso especial electoral.

d) Esta Sala, en forma constante hasta ahora, ha reconocido la existencia de un vacío de procedimiento que tradicionalmente ha suplido aplicando el mismo trámite previsto para los demás casos antes aludidos, consistente en dar un traslado de diez (10) días para que emita su concepto, con respaldo en la regla hermenéutica establecida en el artículo 5º del Código de Procedimiento Civil, según la cual, cualquier vacío en las disposiciones procesales se debe llenar con las normas que regulen casos análogos.

e) Considera la Sala que, habiéndose mantenido inmutable el régimen jurídico en materia de la intervención judicial del Ministerio Público, no existe una razón que justifique la eliminación de ese trámite que tradicionalmente ha adoptado para que pueda ejercer la atribución que le otorga la Constitución, particularmente en la segunda instancia de los procesos electorales, en los que por su naturaleza es de la mayor relevancia el respeto a la legalidad y la guarda de los derechos políticos fundamentales de los ciudadanos así como de los principios de transparencia y participación democrática.

f) Sin embargo, siguiendo la misma regla de hermenéutica según la cual, cuando se presentan vacíos legales se deben aplicar las normas procesales que regulan casos similares, conforme al artículo 5º del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, y teniendo en cuenta que los asuntos electorales requieren una pronta definición para precaver situaciones precarias en el ejercicio del poder público, por lo que el proceso especial electoral se caracteriza por la brevedad de sus términos, la Sala ha considerado que el del traslado al Ministerio Público en la segunda instancia, para que emita su concepto, debe reducirse a la mitad del que señala para la primera instancia el inciso final del artículo 236 ibídem, modificado por el artículo 70 de la Ley 96 de 1985, tal como lo prevé el artículo 251 del Código Contencioso Administrativo con respecto al término para fallar.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

RESUELVE:

Se revoca auto del 30 de agosto de 2004, proferido por la consejera ponente, por el cual se denegó la intervención del Ministerio Público en el proceso de la referencia; en su lugar se dispone correrle el correspondiente traslado de cinco (5) días para que emita su concepto.

Notifíquese».

(Auto de 22 de septiembre de 2004. Expediente 3482. Consejero Ponente: Dr. Filemón Jiménez Ochoa).

(3) El texto original del Decreto 1 de 1984 decía: “ART. 127.—Objeto de la actuación del Ministerio Público. Atribuciones. En las actuaciones y procesos que se sigan ante el Consejo de Estado y los tribunales administrativos, el Ministerio Público intervendrá en interés del orden jurídico y, para ello, podrá actuar como parte. Todas las providencias se le notificarán personalmente y él decidirá en cuáles actuaciones (y procesos) se requiere su intervención. El Ministerio Público podrá incoar cualquiera de las acciones consagradas en este código, cuando las circunstancias lo ameriten”. (Expresión entre paréntesis declarada inexequible por sentencia de la Corte Suprema de Justicia, por Sent. 70, jul. 19/84, rad. 1140).

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