Auto 34848 de agosto 31 de 2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 34848

Aprobado Acta 311

Magistrado ponente:

Dr. Augusto J. Ibañez Guzmán

Bogotá, D.C., treinta y uno de agosto de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. La competencia

De conformidad con el numeral 3º del artículo 235 de la Carta Política, en concordancia con el numeral 7º del artículo 75 del Código de Procedimiento Penal(7), la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, es competente para investigar y juzgar a los miembros del Congreso, calidad que en la actualidad ostenta el señor Honorio Galvis Aguilar.

Las razones que legitiman la aprehensión del conocimiento por parte de la Corte están referidas a:

Toda sentencia judicial podrá ser apelada, salvo las excepciones legales.

La Sala en reciente decisión, recogió su antigua postura en cuanto a que imposibilitaba que la Corte conociera de un recurso de apelación interpuesto oportunamente contra la sentencia proferida por un juez de inferior categoría cuando el acusado no tenía fuero constitucional(8):

“... 34. Estos son motivos adecuados y suficientes para que la Sala imprima un cambio a su propia jurisprudencia, insistiendo en que sus sentencias son inapelables, pero nunca las proferidas por jueces de menor jerarquía”.

(...).

De esta forma, bien puede decirse que en tratándose de procesos contra aforados, que en principio son de única instancia, la Corte Suprema de Justicia en su Sala Penal está facultada sobre plenas atribuciones constitucionales, para cumplir esa fase de transición generada ipso jure tras el reconocimiento del fuero, de una competencia inferir a la del mayor nivel, acabando lo iniciado sin dejar indefiniciones en la jurisdicción, lo que significa resolver las impugnaciones pendientes, legal y oportunamente presentadas, sea horizontales o de alzada, trátese de autos o de sentencias, al punto de que en esa fase de adecuación el proceso quede saneado, listo para asumir su nueva dinámica”.

La tesis así presentada se ofrece respetuosa y armónica del modelo de Estado social y democrático de derecho que rige a partir de la Constitución Política de 1991, cimentado en valores supremos que buscan asegurar la justicia, la igualdad, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático garantizador de un orden social justo, dentro del cual las autoridades tienen el deber de materializar la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Carta, entre otros, el debido proceso y los derechos de contradicción e impugnación como garantías cuya salvaguarda es ineludible para evitar potenciales anulaciones de la actuación.

Esta postura ha de ser ratificada en la presente decisión cuando el asunto, por virtud de la calidad foral adquirida a última hora por el acusado debe pasar a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia y ajustarse, por consiguiente, al trámite de única instancia, y que la Sala en esta decisión ratifica, comporta una postura armoniosa de respeto por todos los intervinientes dentro del proceso penal.

Igual, privilegia garantías tales como el principio del juez natural establecido en el artículo 29 de la Constitución Política como parte integrante de un debido proceso y que constituye un garante para el aforado constitucional en cuanto a que sea su juez natural, en este caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, máximo organismo de la jurisdicción ordinaria en materia penal, quien zanje la discusión jurídica y le garantice un examen integral de la decisión aludida.

En pos de la protección por antonomasia de los principios acabados de mencionar es que justamente se produjo el cambio jurisprudencial que la Corte impuso en cuanto a la necesidad de asumir el conocimiento de los recursos de apelación contra las sentencias, los que fueran debidamente interpuestos por las partes ante el funcionario competente y que por razón del fuero constitucional sobreviniente le impidieran al juez de inferior categoría abordarlos.

Y es que ahí no se queda la protección que se demanda de las autoridades, pues por virtud del expreso mandato contenido en el artículo 2º de la Constitución Política(9), dentro de los fines esenciales del Estado y de las autoridades que lo representan, está la carga de armonizar todos los derechos del individuo, propiciando el bien común, la garantía de valores supremos como la dignidad humana, la igualdad, la participación activa del ciudadano en todas y cada una de las actividades de su vida dentro de la sociedad, como que es, función de las autoridades velar por el irrestricto cumplimiento de las libertades y garantías del ciudadano dentro de un marco justo y equitativo.

Como viene de verse, la única excepción legal y constitucional admisible que coloca una cortapisa a la viabilidad del recurso de apelación contra las sentencias, está circunscrita a las proferidas por el órgano de cierre de la jurisdicción penal ordinaria, esto es, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, como la decisión que es objeto de controversia no fue proferida por esta Sala, sino por el Juzgado 5 Penal del Circuito de Bucaramanga, la excepción no la cubre y de ahí que se haga necesario que la Corte aborde su conocimiento como ya lo dijo la Sala(10):

“Desde esta perspectiva, sería incorrecto abstraerse de una realidad inocultable, como asumir que la Corte Suprema de Justicia profirió una decisión judicial que en realidad no fue suya, para de ahí desembocar en la carencia de instancias y fijar en ella un carácter que le es extraño, como lo el de inapelable o de única instancia”; ese sería un sofisma inaceptable”.

Las razones expuestas llevan a la Sala a declarar que la sentencia emitida por el Juez 5 Penal del Circuito de Bucaramanga en contra del senador honorario Galvis Aguilar no ha cobrado firmeza.

II. El trámite que gobierna la presente actuación se rige por la Ley 600 de 2000

Una vez posesionado —20 de julio de 2010— el doctor Honorio Galvis Aguilar como miembro del Congreso de la República, todas las actuaciones penales que se le adelantaran cambian su naturaleza, y tienen que ajustarse al trámite especialmente establecido para el juzgamiento de los altos dignatarios del Estado, por virtud del fuero constitucional que los cobija, “implicando el trámite foral un juzgamiento en única instancia por parte del órgano límite de la jurisdicción ordinaria”(11).

III. Competencia del juez que profirió el fallo de primera instancia

1. El principio del juez natural integrante de un debido proceso se satisfizo pues el fallo proferido por el Juez 5 Penal del Circuito de Bucaramanga de fecha 23 de junio de 2010, fue dictado por un funcionario con competencia para hacerlo tanto por razón del lugar de la comisión del hecho, como por la naturaleza del asunto, pues la sentencia que benefició al ahora aforado lo fue por hechos cometidos cuando fungió como alcalde del municipio de Bucaramanga y no se había posesionado como miembro del Congreso de la República.

Por ello, el conocimiento en primera instancia le correspondió al Juez 5 Penal del Circuito, como lo dispone el artículo 36, numeral segundo de la Ley 906 de 2004 aplicable al caso, en atención a la fecha en que se cometieron las ilicitudes materia de juzgamiento.

2. Sin embargo, con posterioridad a ese primer fallo, el procesado tomó posesión como senador de la República(12), lo que implicaba la pérdida de competencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga para pronunciarse en segunda instancia frente a la impugnación presentada por el señor representante de las víctimas, pues, como ya se dijo, adquirida la calidad foral por aquel deviene de inmediato la pérdida de competencia para cualquier otra autoridad del país, diferente a la Corte Suprema de Justicia, ya que por mandato constitucional es esta Corporación el juez de los congresistas(13).

IV. De las irregularidades que quebrantan el debido proceso que dan lugar a decretar la nulidad de oficio

Precisión inicial

1. Es necesario señalar que aun cuando la Sala previo a abordar el recurso de apelación interpuesto contra el fallo absolutorio avocó competencia y ordenó el traslado a las partes para efectos de la sustentación, ahora, al examinar de fondo el asunto y advertir la manifiesta trasgresión de la garantía debida a la víctima, inherente al debido proceso, se ve avocada a decretar la nulidad parcial de la actuación, solución extrema al no existir otra vía que remedie el yerro.

2. La medida planteada no se contrapone con la jurisprudencia trazada por la Sala en cuanto a que se debe privilegiar la absolución del procesado frente a aquellas fallas que comporten nulidad de la actuación, siempre y cuando no afecten los derechos de las partes, pues justamente, en el presente trámite están seriamente comprometidas en la decisión del juez de primera instancia las garantías debidas a las víctimas. Este es el pensamiento reciente de la Corte(14):

“... 2. Prevalencia de la absolución sobre la declaración de nulidad. Línea jurisprudencial. Relativización del principio de prioridad.

La doctrina reciente de la Corte ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que la tensión que pueda llegar a presentarse entre las alternativas de declarar una nulidad por vicios que afectan exclusivamente los derechos del procesado, y la de eximirlo de responsabilidad, debe resolverse a favor de la que le reporte mayor significación sustancial, que no es otra que el derecho a la absolución, como finalidad suprema perseguida por la garantía fundamental de defensa. Sobre el particular, ha dicho:

“Si el derecho de defensa tiene como fin brindar al sujeto pasivo de la acción penal herramientas jurídicas para oponerse a la pretensión punitiva estatal y buscar, de esa forma y por regla general, desvirtuar las pruebas de cargo y, por consiguiente, obtener la declaración judicial de su inocencia, ninguna razón tiene invalidar la actuación con el único objetivo de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa cuando las pruebas recaudadas imponen el proferimiento de una absolución. En este caso, la mejor garantía de protección del derecho de defensa es la adopción en este momento de la decisión favorable a los intereses del acusado”(15).

En sentido similar se orienta la línea de pensamiento del representante del Ministerio Público, quien en su concepto le propone a la Corte la necesidad de que prescinda de la aplicación de las consecuencias que legalmente se derivarían de la prosperidad del cargo de nulidad, y que en su lugar se incline por la absolución del procesado, teniendo en cuenta que la censura por errores de apreciación probatoria está llamada a prosperar, y que en las anotadas condiciones resultaría un sinsentido anular el proceso.

El reconocimiento de la absolución como expresión máxima de la garantía del derecho de defensa del procesado y su elevación a objeto de protección prevalente, implica que frente a varios planteamientos de la defensa, debe preferirse el que propone la absolución, por encima de los que plantean nulidades que solo afectan garantías de quien las propone, es decir, de vicios que no aparejan vulneración simultánea de derechos de las otras partes o comprometan situaciones de interés general”...

El argumento no es distinto a que una sentencia definitiva, cualquiera sea el sentido de la misma, será válida en la medida en que haya sido respetuosa de las garantías debidas a todas las partes.

3. El proceso penal concebido por el legislador de la Ley 906 de 2004 es un escenario de controversia en el cual debe prevalecer la efectividad de los derechos fundamentales. El derecho al debido proceso constituye pilar fundamental de la actuación judicial, que de no observarse torna el proceso inconstitucional y obliga al juez que advierta tal irregularidad, a declarar la nulidad en procura de restablecer los derechos quebrantados.

4. De la actuación procesal consignada en los antecedentes de esta providencia se tiene que, concluida la práctica probatoria la defensa invocó al juez la figura de la absolución perentoria consagrada en el artículo 442 de la Ley 906 de 2004, que señala:

“... Petición de absolución perentoria. Terminada la práctica de las pruebas, el fiscal o del defensor podrán solicitar al juez la absolución perentoria cuando resulten ostensiblemente atípicos los hechos en que se fundamentó la acusación, y el juez resolverá sin escuchar alegatos de las partes e intervinientes”.

5. Dígase entonces, que la pretensión de interrumpir una parte fundamental del juicio por vía de esta especial absolución, solo resulta posible cuando la atipicidad se predique sobre el aspecto objetivo del tipo, que no requiere de la valoración que se impone finalizado el juicio oral con el agotamiento de todas las fases que lo componen y con la participación de los sujetos procesales e intervinientes.

6. Sin embargo, el juez sobrepasó el marco permitido al abordar en esa sede el tipo subjetivo. La muestra es evidente(16):

“... igualmente la atipicidad subjetiva a que hace referencia la defensa se hecha de menos en el presente caso, como quiera que como lo han dicho quienes han vertido su declaración en este procedimiento...”.

(...).

“... Si consideramos de acuerdo a la teoría finalista el dolo se encuentra dentro de la tipicidad, también por esta vía como da cuenta la defensa la conducta se tornaría atípica y por ende considera el despacho que ha de aceptarse la petición de la defensa en el sentido de proferir sentencia absolutoria a favor del doctor Honorio Galvis Aguilar por atipicidad del comportamiento...

7. Y, es que, la literalidad e interpretación que corresponde al instituto en cita no permite conclusión distinta, luego su análisis se ceñía a establecer si la resolución cuestionada traslucía ruptura patente y grave con lo mandado por la ley; lo cual encontraba comprobación a través del simple cotejo entre la decisión y la norma(s) contenida(s) en las disposiciones aplicables al caso, sin desconocer el elemento normativo del tipo.

8. De ahí que la actuación adelantada por el juzgador constituye un defecto de garantía trascendente que truncó el desarrollo normal de la audiencia y le impidió al representante de las víctimas presentar sus respectivos alegatos para que el juez en la sentencia los valorara, pues la solicitud de absolución perentoria imposibilita la intervención de los sujetos procesales para clausurar el juicio.

9. La postura asumida por la Sala guarda perfecta armonía con los derechos de las víctimas consagrados en instrumentos internacionales(17):

“... 3. La Corte permitirá, en las fases del juicio que considere conveniente, que se presenten y tengan en cuenta las opiniones y observaciones de las víctimas si se vieren afectados sus intereses personales y de una manera que no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni sea incompatible con estos. Los representantes legales de las víctimas podrán presentar dichas opiniones y observaciones cuando la Corte lo considere conveniente y de conformidad con las reglas de procedimiento y prueba”.

Así como con la línea trazada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional ante el advenimiento de la Ley 906 de 2004, donde se destaca(18):

“Derechos de las víctimas a participar en el proceso penal, se encuentra ligado al respeto de la dignidad humana. Al tenor de lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución, que dice que “Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana”, las víctimas y los perjudicados por un hecho punible pueden exigir de los demás un trato acorde con su condición humana”.

Es por ello, que se impone su restablecimiento a través de la figura de la nulidad, la que se hará extensiva a partir del momento en que el juez adoptó tal determinación, conservando plena validez las pruebas.

10. Esta determinación bien puede generar inconformismo por la pérdida de tiempo y de actividad judicial, sin embargo, es forzosa para la Corte pues no puede rehuir el deber oficioso de corregir las irregularidades sustanciales que afecten el proceso dentro del más estricto ceñimiento a la Constitución y a la ley.

V. Sobre el instituto de la absolución perentoria

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se ocupará de estudiar los alcances de este reciente instituto en su condición de máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria con el propósito de orientar a los operadores judiciales en su justa comprensión. Así tenemos:

1. La figura tuvo su consagración legal en el artículo 442 de la Ley 906 de 2004, que señala:

“... Petición se absolución perentoria.Terminada la práctica de pruebas, el fiscal o el defensor podrán solicitar al juez la absolución perentoria cuando resulten ostensiblemente atípicos los hechos en que se fundamentó la acusación, y el juez resolverá sin escuchar alegatos de las partes e intervinientes”.

2. La expresión literal contenida en el precepto apunta a que los hechos en que se fundamentó la acusación “resulten ostensiblemente atípicos”.

A voces del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la acepción “ostensiblemente” representa un adverbio “De un modo ostensible”, y esta por su parte proviene del latín ostendére, mostrar, y se traduce en un adjetivo que puede manifestarse o mostrarse. Ha de entenderse como, claro, manifiesto, patente”(19).

Por su parte, el término atípico, se dice del adjetivo que por sus caracteres se aparta de los modelos representativos o de los tipos conocidos(20); expresión de marcado acento penal que hace alusión en su modalidad de tipicidad a uno de los escaños(21) que conforman la conducta punible(22); o en su sentido positivo lo típico penalmente consiste en el actuar contra derecho.

Luego el sentido natural de la expresión “ostensiblemente atípica” hace referencia a un quehacer que de manera palpable, demostrable, o manifiesto no colinde en la esfera del derecho penal al no adecuarse a la descripción típica que previamente ha efectuado el legislador.

3. Con el propósito de desentrañar el espíritu del legislador cuando concibió el novísimo instituto, se tiene de los antecedentes legislativos(23):

“... 5. Alegatos de los sujetos procesales. Agotada la práctica de pruebas, si de ella surge que los hechos son manifiestamente atípicos, el defensor podrá solicitar la absolución perentoria y el juez la resolverá de inmediato...”.

La modificación que tuvo la ponencia con el precepto finalmente aprobado apunta a dos temas: i) la inclusión del fiscal para efectos de su invocación y, ii) el reemplazo de la palabra “manifiestamente” por “ostensiblemente”, lo que a juicio de la Sala anuncia la intención clara del legislador para que este instituto no pudiera ser invocado frente a cualquier fenómeno de atipicidad, sino frente a circunstancias tales que ameriten la interrupción de una importante fase procesal ante la abierta atipicidad de la conducta investigada.

4. Teniendo en cuenta que la disertación que convoca a la Sala descansa sobre la tipicidad, primer estanco que conforma la conducta punible a voces del artículo 9º del Código Penal, es importante realizar una precisión previa: con la expedición de la Ley 599 de 2000, se ha entendido superado el esquema causalista del delito, temática frente a la cual la Sala ha tenido la oportunidad de sentar su criterio(24):

“... El legislador del año 2000 (L. 599) adoptó un concepto en algo finalista de la acción y, así, el dolo, la culpa y la preterintención pasaron al tipo a formar parte de la acción (el denominado tipo subjetivo), pero ese dolo que, se dice, el finalismo “trasladó” desde la culpabilidad hasta la tipicidad, comporta un dolo natural, “avalorado”, en cuanto se estructura solamente con el conocimiento y la voluntad, en tanto que la conciencia de la antijuridicidad “se quedó” en sede de culpabilidad como parte del juicio de reproche en que consiste esta.

En la legislación vigente el dolo no es forma de culpabilidad, sino una modalidad de la conducta punible, según se lee con precisión en el artículo 21 del Código Penal. Pero, en contra de lo planteado dentro de las diligencias estudiadas, la conducta dolosa no implica el conocimiento de un simple hecho, sino que, según enseña el artículo 22, “la conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización”. Por tanto, el conocimiento que se exige para la estructuración del dolo, como tipo subjetivo, es el relativo a hechos que tengan relevancia típica”.

5. Bajo tal entendimiento, la tipicidad está compuesta por dos aspectos, el objetivo y subjetivo. En el primero yacen los elementos descriptivos y normativos que cada tipo penal consagra(25), en tanto que el segundo abarca el dolo(26)en su doble manifestación: conocimiento de los hechos que tengan relevancia típica y voluntad, con lo cual resulta evidente que la atipicidad de un comportamiento se puede predicar por ausencia de cualquiera de los elementos objetivos o subjetivos del tipo, circunstancias en las que en todo caso se predica la atipicidad del comportamiento.

6. Ahora bien, el legislador estableció que la absolución perentoria solo será procedente frente a hechos “ostensiblemente atípicos”, luego la pregunta que surge de cara a la situación planteada en este proceso es: en qué condiciones resulta viable?

Para dar respuesta a este interrogante tenemos que la expresión ostensiblemente atípica consagrada en el artículo 442 de la Ley 906 de 2004, sugiere como conclusión válida que tal calificativo esté referido exclusivamente a aquellos casos en los que faltan uno o varios de los elementos objetivos del tipo; es decir cuando no hay tipicidad en relación con la figura en concreto, como cuando falta el sujeto pasivo o cualquier otro elemento de la conducta típica(27). Así por ejemplo no existirá daño en bien ajeno, si el bien es propio, o fuga de presos si el presunto autor no se encuentra privado de la libertad.

De donde deviene, que ante la ausencia de alguno de los elementos estructurales del tipo objetivo, aquellos que como viene de verse no requieren un especial proceso valorativo para su comprensión por parte del juzgador, la conducta se torne manifiestamente atípica; siendo por ello que resulta excusada la intervención de los sujetos procesales para sus alegaciones finales, pues aquellas resultarían inanes ante la evidencia de la conclusión, siendo en tales casos en los que resulta posible invocar la absolución perentoria.

En forma sencilla dígase que, sostener una tesis contraria, lo ostensible dejaría de serlo si abarcara el tipo subjetivo, porque en tal caso el juicio de atipicidad estaría sometido a un proceso de valoración extraño a la perentoriedad que este tipo de absolución demanda; pues en el caso de los comportamientos dolosos, se transitaría por la fase del conocimiento y la comprensión de la tipicidad objetiva, y, se impondría valorar el querer, la voluntad de realizar ese comportamiento que se sabe ilícito; proceso intelectivo que impone al juzgador estudiar la controversia probatoria que plantean las partes, así como las pruebas que en uno u otro sentido hayan sido incorporadas, lo que resulta contrario a lo “ostensible” de la atipicidad que soporta esta figura.

7. La Sala advierte, que la propuesta interpretativa que traza, se muestra coherente con los planteamientos realizados por autores extranjeros en cuanto su ámbito de aplicación, sin soslayar que el sistema acusatorio implementado en Colombia contiene rasgos diversos a los sistemas acusatorios de otras latitudes, entre estos el anglosajón; no obstante, ello no impide que en el proceso de construcción del sistema y con pleno respeto a nuestro modelo de Estado social de derecho, se acuda a desarrollos científicos foráneos frente a tal instituto con el único propósito de desentrañar su verdadero alcance, para ajustarlo a nuestra legislación.

Así, en el sistema procesal acusatorio que rige en Puerto Rico y Estados Unidos, el instituto de absolución perentoria se puede invocar con un fin específico(28):

“B) El criterio de insuficiencia de la prueba. El criterio establecido en la regla 135 para que el tribunal decrete la absolución perentoria es que la prueba “fuere insuficiente para sostener una convicción”. Se trata, pues, de insuficiencia de prueba. (...) El expresado artículo tiene un alcance más limitado. Su aplicación por parte del juez está dentro de su radio de acción como juez de derecho. (...) lo único que hace el juez es explicar la ley, sin invadir las atribuciones del jurado. Pero cuando se presenta prueba de todos los elementos esenciales del delito, y lo único que existe es que tal prueba ha sido contradicha, entonces, no se trata de un caso de evidencia insuficiente, sino de evidencia contradictoria, y el jurado, y no el juez, es el llamado a resolver el conflicto”.

Nótese, cómo en tal legislación el mencionado instituto, aunque disímil con nuestro sistema en cuanto solo opera por insuficiencia probatoria(29), aporta luces sobre el verdadero alcance de esta figura pues descarta de plano cualquier proceso intelectivo que comprometa valoración probatoria.

8. La tesis así expuesta frente a la figura de la absolución perentoria, implementada por primera vez en territorio patrio procura descubrir el verdadero alcance del precepto, sus desarrollos y la intención del legislador al consagrarla.

9. Adviértase, que si bien en la Ley 906 de 2004, artículo 332, numeral 4º, se consagró la preclusión por “atipicidad del hecho investigado”, tal posibilidad difiere de la absolución perentoria en cuanto que esta última posee características especiales derivadas del sujeto que tiene la iniciativa y el estadio procesal en que se realiza la solicitud el que corresponde al final de la etapa probatoria del juicio.

10. Entonces, el examen del juez de la causa por vía de la solicitud de absolución perentoria está atado al tipo objetivo de prevaricato por acción, cuya descripción típica comporta la siguiente estructura básica:

i) Tipo penal de sujeto activo calificado, para cuya comisión se requiere la calidad de servidor público en el autor, y,

ii) Que se profiera una resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, es decir que exista una contradicción evidente e inequívoca entre lo resuelto por el funcionario y lo mandado por la norma.

Como lo tiene dicho la Sala, la adecuación típica en su aspecto objetivo debe surgir de un simple cotejo de las determinaciones adoptadas y la ley, sin que se requiera acudir a “complejas elucubraciones o a elocuentes y refinadas interpretaciones”(30), siendo este el marco al que estaba plegado el juez de la sentencia, pues en sede de juicio oral, cuando las pruebas ya se han practicado y la discusión abarca el análisis o valoración sobre el tipo subjetivo del comportamiento, se entiende, en principio, superado el aspecto objetivo del tipo y por tanto era necesario realizar un análisis probatorio ajeno a la absolución perentoria invocada, en donde se atendiera el debate propuesto por los sujetos procesales, lo cual solo resultaba posible, una vez clausurado el juicio.

11. Corolario de lo expuesto, se dispone que una vez adquiera firmeza esta decisión, se señalará fecha y hora para la continuación de la audiencia pública ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en los términos consagrados en el artículo 407 de la Ley 600 de 2000.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Declarar la nulidad de la actuación adelantada por el Juzgado 5 Penal del Circuito de Bucaramanga en contra del doctor Honorio Galvis Aguilar a partir del momento en que el juez declaró la absolución perentoria invocada por la defensa, conservando plena validez las pruebas.

En consecuencia, una vez adquiera firmeza esta decisión, se señalará fecha y hora para la continuación de la audiencia pública ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en los términos consagrados en el artículo 407 de la Ley 600 de 2000.

2. Adecuar el trámite del presente proceso a las normas establecidas por la Ley 600 de 2000.

3. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(7) Léase Ley 600 de 2000.

(8) Cfr. Radicación 33.054.

(9) “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. (...) Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

(10) Interlocutorio de fecha, 19 de enero de 2011, Radicación 33.054.

(11) Frente a este tema, la Corte Constitucional, en Sentencia T-1320 de diciembre 10 de 2001, indicó: “En apoyo de la aserción anterior, en relación con el fuero otorgado a los congresistas para ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, ha de tenerse en cuenta que dicho fuero no se instituye como un privilegio de carácter personal, sino en razón de la investidura y con una finalidad protectora de la integridad y la autonomía del Congreso de la República. Por eso no puede admitirse que solo tenga operancia respecto de hechos presuntamente delictuosos que sean cometidos por el sindicado cuando ostente la calidad de miembro del Congreso, pues, aun cuando en este caso tiene fuero, también este se extiende a hechos anteriores a su posesión como Senadores de la República o representantes a la Cámara si el proceso penal se adelanta cuando se encuentran en ejercicio de sus funciones. Es decir, si el hecho se cometió antes de que el sindicado ostentara la calidad de miembro del Congreso pero el proceso penal respectivo se inicia después de que adquiera dicha calidad, el fuero ha de aplicarse necesariamente para cumplir con la finalidad constitucional que se le asigna que, se repite, no es de carácter individual no en beneficio personal sino institucional” (no está en negrilla en el texto original).

(12) 20 de julio de 2010.

(13) Artículo 235.3 de la Carta Política.

(14) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, fallo de mayo 5 de 2010, Radicación 30948.

(15) CSJ. Casación 28693 de 10 de junio de 2008 y Casación 27816 de 17 de junio de 2009, entre otras.

(16) Cfr. folio 370 de la carpeta.

(17) Artículo 68 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

(18) Cfr. Sentencia C-228 del 3 de abril de 2002.

(19) Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición.

(20) Ib.

(21) “ART. 10.—Tipicidad. La ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal...”.

(22) “... ART. 9º— Conducta punible. Para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable...”.

(23) Confrontar Gaceta del Congreso 564 31/10/2003 informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 01 de 2003 Cámara.

(24) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 1º de julio de 2009, Radicación 31763.

(25) Son los referidos a la exterioridad de la conducta.

(26) Denominado avalorado.

(27) Si bien las circunstancias de agravación o de atenuación son elementos objetivos del tipo, de su ausencia no deviene la atipicidad del comportamiento.

(28) Chiesa Aponte, Ernesto L., Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, volumen III, páginas 304 y 305.

(29)Tema que solo puede analizar el juez de derecho y no el jurado quien decide sobre el fondo del debate propuesto.

(30) Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Penal, sentencia de 4 de febrero de 2009, Radicado 30542.