Sentencia 34959 de febrero 9 de 2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 34959

Aprobado Acta 36

Magistrado Ponente:

Dr. Jose Leonidas Bustos Martínez

Bogotá, D.C., nueve de febrero de dos mil once.

Vistos

La Sala se ocupa de la definición de competencia propuesta por el Juez Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Mocoa, para resolver la solicitud de Preclusión formulada por el Fiscal 39 de esa seccional, a favor del señor Pedro Nectalí Álvarez Montenegro, investigado por el delito de rebelión.

Hechos y actuación procesal

El episodio fáctico aparece reseñado en el formato de solicitud de preclusión en los siguientes términos:

“El día 7 de febrero de 2010, el señor Pedro Nectalí Álvarez Montenegro se presentó ante unidades del Ejército Nacional, batallón Domingo Rico Díaz, con sede en Villagarzón (Putumayo), manifestando su deseo de acogerse al programa de atención humanitaria al desmovilizado, dice haber militado en la compañía Luis Carlos Cárdenas Árbelaez, Frente José Maria Becerra del ELN, quien se desempeñó en calidad de cabecilla de escuadra por un término de treinta y dos (32) meses.

La Fiscalía General de la Nación solicitó al Comité Operativo para la dejación de las armas estudiar la viabilidad de certificar al señor Pedro Nectalí Álvarez Montenegro en calidad de desmovilizado, para lo cual se anexó la documentación e información pertinente (informe de entrega voluntaria, entrevistas militares, órdenes de batalla), es así como el comité para la dejación de las armas expidió el certificado número 0488-2010 fechado 25 de marzo de 2010, mediante el cual certifica que Pedro Nectalí Álvarez Montenegro perteneció a una organización armada al margen de la ley, se desmovilizó y manifestó su voluntad de abandonarla...”.

El Fiscal 39 Seccional de Mocoa, bajo las formas del procedimiento establecido en la Ley 906 de 2004, le presentó al Juez Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, una solicitud de preclusión de la investigación preliminar que adelanta en contra de Álvarez Montenegro.

Dicho juez remitió la actuación al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, a efectos de que determinara cuál era la autoridad llamada a ocuparse de la preclusión; Corporación que a su vez envió el expediente a esta Sala con el mismo propósito.

Consideraciones

La definición de competencia formulada por el Juez Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Mocoa, debe ser resuelta por la Sala, de acuerdo con lo normado en los artículos 32.4 y 341 de la Ley 906 de 2004.

La definición de competencia es el mecanismo previsto por la Ley 906 de 2004 para precisar, en caso de duda, cuál de los distintos jueces es el indicado para presidir el juzgamiento de ciertos asuntos, de acuerdo con los factores que determinan la competencia.

El problema jurídico que subyace en esta definición de competencia es, en el contexto de la justicia transicional, establecer cuál es el funcionario llamado a proferir la decisión judicial por medio de la cual se renuncia al ejercicio de la acción penal de quien debiendo responder de rebelión y de los delitos conexos a ella, se desmoviliza y manifiesta su voluntad de reincorporarse a la sociedad.

Al efecto, vale la pena señalar que los múltiples esfuerzos realizados por nuestro país orientados a consolidar el monopolio de la fuerza en cabeza del Estado y la marcha hacia la pacífica convivencia, han dejado, en la realidad jurídica reciente(1), tres plexos normativos diferentes, cada uno con propósitos específicos, en atención, principalmente, a la categoría de delitos que se pueden imputar a sus destinatarios, a saber:

1. El marco comprendido por la Ley 418 de 1997 y sus posteriores prórrogas y reformas, contenidas en las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010; destinado exclusivamente a resolver la situación de quienes solo deben responder por delitos políticos y los conexos a ellos.

El título III de la Ley 418 de 1997, dedicado a las “causales de extinción de la acción y de la pena en casos de delitos políticos” prevé dos posibilidades mediante las cuales se puede resolver definitivamente la situación jurídica de los desmovilizados que enfrenten cargos por esta categoría delictual, siendo ellas, el indulto y la amnistía.

1.1. La concesión del indulto corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional, según se lee en el artículo 50(2) de la mencionada Ley 418 de 1997:

“El Gobierno Nacional podrá conceder, en cada caso particular, el beneficio del indulto a los nacionales que hubieren sido condenados mediante sentencia ejecutoriada, por hechos constitutivos de delito político, cuando a su juicio, el grupo armado organizado al margen de la ley con el que se adelante un proceso de paz, del cual forme parte el solicitante, haya demostrado su voluntad de reintegrarse a la vida civil.

También podrá conceder dicho beneficio a los nacionales que, individualmente y por decisión voluntaria abandonen sus actividades como miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley y así lo soliciten, y hayan además demostrado, a criterio del Gobierno Nacional, su voluntad de reintegrarse a la vida civil.

No se aplicarán los beneficios jurídicos dispuestos en este título y los socioeconómicos que en el marco del proceso de reintegración establezca el Gobierno Nacional, a quienes hayan incurrido en delitos de genocidio, secuestro, lesa humanidad, crímenes de guerra o en los tipificados en el título II del libro II, capítulo único del Código Penal, conforme a los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado colombiano. Estas personas podrán acogerse al régimen transicional consagrado en la Ley 975 de 2005 y demás normas complementarias o acudir a la jurisdicción ordinaria para recibir los beneficios jurídicos ordinarios por confesión y colaboración con la justicia”.

1.2. A su turno, la amnistía, entendida genéricamente como la disposición de la acción penal, está contemplada en el artículo 60 de la misma ley(3), precepto que a efectos de atribuir competencias para que se adopten las decisiones correspondientes, discrimina si el delito se investiga mediante el procedimiento previsto en la Ley 600 de 2000, o si la actuación se adelanta por los cauces de la Ley 906 de 2004, en virtud del momento y del lugar del territorio nacional en que se produce la desmovilización.

En el primer evento, esto es, cuando la actuación transita por el sendero procesal marcado por la Ley 600 de 2000, el llamado a proferir la resolución inhibitoria y la preclusión de la investigación, es directamente el fiscal que dirige la indagación preliminar o la investigación, según el caso; y el auto de cesación de procedimiento corresponde ser emitido por el juez quien de acuerdo con las normas generales de competencia tenga asignado el trámite del juicio en cuestión.

A su vez, cuando se trate de delitos cometidos durante la vigencia de la Ley 906 de 2004, el competente para proferir la preclusión de la investigación será en todos los casos (sin importar el estado del proceso), el juez con funciones de conocimiento de acuerdo con las reglas generales de competencia que atribuyen dicha función.

Así, el artículo 60 de la Ley 418 de 1997 dispone que:

“ART. 60.—Se podrán conceder también, según proceda de acuerdo con el estado del respectivo proceso penal, la cesación del procedimiento, la resolución de preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria cuando la actuación se adelante conforme al procedimiento establecido en la Ley 600 de 2000, o preclusión por el juez de conocimiento en los términos de la Ley 906 de 2004, a quienes confiesen y hayan sido o fueren denunciados o procesados por hechos constitutivos de delitos a que se refiere este título, según el estadio procesal, y no hayan sido aún condenados mediante sentencia ejecutoriada.

Expedida la certificación correspondiente por el comité operativo para la dejación de las armas, CODA, o a la acreditación de que trata el Decreto 3360 de 2003, deberá ser enviada por la autoridad competente al fiscal delegado que adelante el trámite respectivo, quien procederá a solicitar al juez de conocimiento, que decida sobre la preclusión de la investigación, cualquiera sea el estado del proceso o se inhibirá si el desmovilizado es investigado solo por delitos políticos y los conexos.

Si la persona se encuentra privada de la libertad, las citadas autoridades deberán dar trámite preferencial a las solicitudes de beneficios jurídicos, y en la decisión en la cual se otorgue el beneficio jurídico, deberá revocarse la medida de aseguramiento, disponerse la libertad inmediata del beneficiario, cancelarse las órdenes de captura en su contra y ordenar oficiar a los organismos competentes”.

2. El contexto previsto por la Ley 1424 de 2010, destinada exclusivamente a los desmovilizados de los grupos organizados al margen de la ley que deban responder solo por los delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares o de defensa personal, como consecuencia de su pertenencia a dichos grupos.

En la discusión del proyecto legislativo que condujo a la expedición de la Ley 1424 de 2010, se afirmó(4):

“La situación abordada por el texto del proyecto, y que se pretende solucionar es, entonces, la continuidad efectiva de la política de reintegración a la vida civil de los desmovilizados que no tengan pendientes deudas con la justicia penal por conductas diferentes a las que se configuran por su sola pertenencia a los grupos armados ilegales (concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o de defensa personal), sin que ello limite el ejercicio de la acción punitiva por parte del Estado y la materialización de los derechos de las víctimas a la verdad, a la reparación y a las garantías de no repetición”.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de dicha normativa la investigación y juzgamiento de las conductas punibles que le dan alcance a dicha ley, se adelantarán con fundamento en la normatividad vigente en el momento de su comisión.

Es de aclarar que en la esencia de la mencionada Ley 1424 de 2010, está la imposición de condenas por las conductas antes señaladas, y la posibilidad de suspensión de su ejecución, a condición del cabal cumplimiento del “acuerdo de contribución a la verdad y la reparación” que suscriban quienes a ella se acojan.

3. El marco previsto por la Ley 975 de 2005, destinado a los desmovilizados de los grupos organizados al margen de la ley que deban responder por todo tipo de delitos; en cuyo horizonte solo se prevé la imposición de una pena alternativa como ventaja punitiva; tal como lo dejó claro la Corte Constitucional al advertir:

“No contiene la Ley 975 de 2005 una disposición que exonere al delincuente del cumplimiento de la sanción penal. Si bien es verdad que se le hace objeto de un tratamiento jurídico penal menos riguroso que el existente en el Código Penal —si se cumplen por el infractor unos requisitos determinados en relación con las víctimas y por la colaboración con la administración de justicia—, lo cierto es que, aun así, no desaparece la pena. Esta se impone, pero el procesado puede —con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que el legislador señaló— hacerse acreedor a un beneficio que podría reducirle la privación de la libertad por un tiempo sin que este desaparezca, beneficio que será objeto de análisis detenido posteriormente en esta providencia”(5).

Las autoridades jurisdiccionales llamadas a adoptar las decisiones en el marco de esta normatividad, son en primera instancia las salas con funciones de control de garantías y las de conocimiento de justicia y paz de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial; y excepcionalmente las fiscalías de justicia y paz, y en segunda instancia, esta corporación.

Así pues, son tres los escenarios de la justicia transicional: uno ofrecido a los guerrilleros que solo deban responder de los delitos políticos y conexos; otro, creado para los desmovilizados rasos de los grupos paramilitares, que solo cometieron infracciones calificadas como menores; y otro, más amplio, dirigido a los combatientes de todos los bandos, que perpetraron toda clase de punibles y que manifestaron su decisión voluntaria y sincera de cesar su accionar armado y cumplir con las exigencias previstas en la legislación a la que se acogen.

Estos tres tipos de legislación, concebidos en la esperanza de una paz duradera y justa, tienen en común: a) que están dirigidos a desestimular el accionar armado, esto es, a seducir a los integrantes de grupos organizados al margen de la ley a que de manera individual o colectiva, voluntaria y sinceramente abandonen las armas, reivindiquen los derechos de las víctimas y se reintegren a la civilidad; b) que como consecuencia se les concede una serie de “beneficios legales”; c) que a cambio de las ventajas judiciales les imponen una serie de cargas, vinculadas esencialmente con la reivindicación de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación; d) que en el evento de incumplir los compromisos asumidos por los ex combatientes, prevén la expulsión del procedimiento con los efectos propios de que la investigación y el juzgamiento se adelanten por los cauces previstos por la legislación ordinaria.

El caso concreto

Como el señor Pedro Nectalí Álvarez Montenergro se desmovilizó el 7 de febrero de 2010 en el municipio de Villagarzón Putumayo, el rito procesal por el que se le investiga es el dispuesto en la Ley 906 de 2004; por lo que en aplicación de lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley 418 de 1997, modificado por la Ley 1421 de 2010, el competente para decidir si lo favorece con la pretendida preclusión, es el ya asignado Juez Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Mocoa.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. DISPONER que el competente para conocer de la solicitud de preclusión elevada por el Fiscal 39 Seccional en favor del señor Pedro Nectalí Álvarez Montenegro, es el Juez Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Mocoa, a donde se remitirá la actuación.

2. Comunicar esta decisión al señor Pedro Nectalí Álvarez Montenegro, a la Fiscalía y al representante del Ministerio Público e intervinientes en este trámite judicial.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase.

(1) Sin dejar de recordar que entre las leyes que anteriormente consagraban mecanismos para tal fin, estaban: la 77 del 22 de diciembre de 1989 “por medio de la cual se faculta al Presidente de la República para conceder indultos y se regulan casos de cesación de procedimiento penal y de expedición de autos inhibitorios en desarrollo de la política de reconciliación”; y la 104 de 1993 “por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”, en desarrollo de la cual se indultaron a los ex miembros de la agrupación subversiva M-19.

(2) Modificado por el artículo 11 de la Ley 1421 de 2010.

(3) Modificado por el artículo 17 de la Ley 1421 de 2010.

(4) Como se precisa en el informe de ponencia para primer debate del proyecto de Ley 202 de 2010 Senado y 149 de 2010 Cámara; Gaceta del Congreso 981 de 30 de noviembre de 2010.

(5) Corte Constitucional, Sentencia C-370 de2006.