Auto 35072 de abril 17 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Expediente: 110010326000200800011 00

Número interno: 35.072

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Actor: Departamento de Antioquia

Demandado: Teruel Constructora de Obras y otra.

Proceso: Expropiación judicial.

Bogotá D.C., diecisiete de abril de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

De conformidad con los planteamientos expuestos, se evidencian dos problemas jurídicos que deben ser resueltos, para efectos de tomar una decisión en la presente providencia: (1) Si la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de los procesos de expropiación judicial desarrollados en virtud de lo establecido en las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997; y (2) en caso de resolverse lo anterior de manera afirmativa, si la competencia de tales procesos, le corresponde al Consejo de Estado en única instancia. Como se aprecia, solo habrá lugar al análisis del segundo de los problemas jurídicos planteados, en caso de que se resuelva que la jurisdicción de lo contencioso administrativo sí es competente para el conocimiento de este tipo de procesos.

Para desarrollar lo anterior, en este aparte de la providencia, se hará, en primer lugar, un análisis de los alcances del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, CCA, principalmente en lo que respecta, al cambio introducido por la Ley 1107 de 2006 (punto 1); y en segundo lugar, se analizarán algunos aspectos puntuales del caso concreto (punto 2).

1. Los alcances del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo fue modificado el 27 de diciembre de 2006, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1107 de ese año, la cual introdujo, según el entendimiento general, un criterio orgánico en sustitución del tradicional criterio material. Esta aseveración es susceptible de verificarse, con la simple constatación semántica de las expresiones “funciones propias de los entes públicos” (texto original) y “controversias y litigios (...) de las entidades públicas” (texto modificado) (2) .

De manera independiente a las posibles dificultades teóricas y conceptuales que este cambio pudo haber ocasionado, en términos prácticos, podría pensarse que la jurisdicción de lo contencioso administrativo va a afrontar un sin número de envíos de procesos por parte de la jurisdicción ordinaria, que no solamente resultan atípicos en relación con su conocimiento tradicional, sino que parecieran desvirtuar la naturaleza de una jurisdicción que probablemente debe comprenderse para otras cosas, y que además, no cuenta con experiencia ni conocimiento sobre esta novedad.

Esta apariencia, sin embargo, debe revisarse con debido cuidado, y con este propósito, este despacho considera pertinente hacer algunas consideraciones sobre la naturaleza de esta disposición legal y los alcances de la misma, en la comprensión del modelo de justicia administrativa que detenta Colombia:

En no pocos escenarios académicos (3) , se ha discutido sobre la naturaleza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Colombia, aspecto éste de vital importancia, dada la originalidad del caso colombiano, al menos en confrontación con los Estados vecinos, y aquellos que han ejercido mayor influencia jurídico – administrativa en términos históricos (4) .

Se constata un error recurrente de comparación de nuestro modelo de justicia administrativa, con otros que detentan mayores o menores diferencias, pero que sin duda, no coinciden con: un control judicial contemplado en la Constitución Política, desarrollado por una jurisdicción de lo contencioso administrativo, perteneciente a la rama judicial.

Si el modelo en sí mismo, pareciera contener ciertos visos de originalidad, lo relativo al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo es aún más. En efecto, mientras que en aquellos escenarios donde no existe tal jurisdicción, sino por el contrario jueces especializados en “lo administrativo” que hacen parte de una única jurisdicción, la justificación de éstos, es por excelencia, el conocimiento especializado en una específica disciplina jurídica o un subsistema normativo: el derecho administrativo; en el caso colombiano, en cambio, esto no es así, porque desde la Constitución Política se configura una forma de decir el derecho (juris dictio) distinta a la ordinaria, a la constitucional y a las especiales, es decir, una jurisdicción de lo contencioso administrativo (5) .

En este panorama se deriva entonces una pregunta obvia: ¿Qué es lo contencioso administrativo?, a la que desde una perspectiva conceptual simplificada, se podría contestar con base en un criterio orgánico y uno material así: Al entender del primero, la jurisdicción de lo contencioso administrativo sería aquella de las entidades públicas; y al entender del segundo, la de un tipo específico de función o un conjunto determinado de funciones.

En este contexto de amplísima importancia, se inserta el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Como se observa, éste no es tan solo, la disposición que sirve para delimitar desde una perspectiva formal las competencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en relación con las otras, en especial con la ordinaria (civil) que constituye la regla general (6) ; sino sobre todo, la base conceptual de una jurisdicción que detenta naturaleza constitucional, y cuya comprensión en buena parte, le corresponde darla al legislador, para que con base en ella, su mismo desarrollo jurisprudencial, le permita atribuir y complementar su esencia.

Un artículo como el 82 del actual Código Contencioso Administrativo entonces, tiene un gran sentido práctico, pero también teórico, toda vez que se encarga de indicar el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y éste a su vez, constituye el nudo duro de la comprensión de ésta. El cambio de esta disposición, supone, como consecuencia, un replanteamiento de la idea misma de jurisdicción de lo contencioso administrativo que se tenga, y por ese motivo, no puede ser coyuntural, ni ausente de un profundo análisis y estudio.

Lejos de entrar a revisar la conveniencia o inconveniencia de los criterios orgánico y material, desde una perspectiva histórica, lo cual trasciende los objetivos de la presente providencia, debe advertirse sin embargo, que bajo una lógica orgánica, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se justificará por el simple hecho de que en una controversia haga parte una entidad pública, mientras que, en el contexto de una consideración material, ésta conocerá de una función o unas funciones específicas que pueden ser desarrolladas tanto por entidades administrativas, en estricto sentido, públicas en general, e inclusive particulares.

El artículo 82 original del Código Contencioso Administrativo contenía, sin duda alguna, un criterio material, que aunque de dudosa interpretación, fue comprendido tradicionalmente como relativo al ejercicio de la función administrativa. En este sentido, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se comprendía, como aquella que conocía de las controversias en que resultara presente el ejercicio de una “función administrativa”, y como consecuencia, se podían ventilar conflictos, inclusive, entre particulares, por una parte, y por la otra, algunas controversias entre entidades públicas, podían ser excluidas (siempre que estas no estuvieran en ejercicio de la función administrativa).

Esta lógica, que indiscutiblemente implicaba un riguroso análisis de cada caso, pero también la comprensión de un concepto (función administrativa) de no pacífico tratamiento en la jurisprudencia y doctrina nacional, delimitaba su ambigua aplicación con la lectura de la totalidad de las normas del mismo código, que hacían alusión a las competencias de los distintos órdenes de la jurisdicción: Consejo de Estado, tribunales administrativos, y más recientemente, jueces administrativos.

En efecto, distintas son las disposiciones del Código Contencioso Administrativo relativas a la repartición de competencias entre el Consejo de Estado, tribunales administrativos y jueces administrativos, y si bien, muchas de estas han sido modificadas desde su consideración original (D. 1/84), su esencia se ha fundado en un referente conceptual inequívoco: la existencia de un criterio material consignado en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

El artículo 82, contemplaba, como se indicó, la naturaleza y esencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pese a que por disposición de otras normas, se atribuyera el conocimiento específico a los distintos órdenes de ésta, en razón del mismo criterio o de otros distintos. En este sentido, se trataba de normas complementarias, que hacían más fácil la comprensión práctica de las competencias del Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los jueces administrativos, que en muchas oportunidades coincidían con el espíritu de la jurisdicción, y en otras no; en el caso de los actos administrativos y los contratos estatales por ejemplo, estos eran concebidos como instrumentos para el cumplimiento de la función administrativa (acciones de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho y de controversias contractuales), mientras que en el caso de la responsabilidad extracontractual del Estado, se evidenciaba un espíritu orgánico, antes que material, evitando el conocimiento fraccionado de dos jurisdicciones, en atención a que el hecho dañino se hubiera producido o no, en ejercicio de la función administrativa.

Lo cierto, era, que al margen de consideraciones conceptuales y teóricas de este tipo, los distintos órdenes de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, debían conocer de los negocios, que expresamente la ley les atribuyera su conocimiento, y solo en caso de existir dudas de ello, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo trascendía su lógica de esencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y adquiría una connotación práctica, al permitir establecer desde su contenido (material), si se estaba o no, en ejercicio de una función administrativa y por consiguiente, correspondía a esta jurisdicción su conocimiento.

Como se aprecia, el artículo 82 detentaba un sentido práctico, pero solo como instrumento de interpretación y como complemento, de las lagunas normativas, relativas a la atribución específica de competencias. Su importancia más trascendental, era, se insiste, el constituir el referente normativo de la esencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el cual servía, las más de las veces, para la comprensión de las singulares disposiciones relativas a las competencias de los distintos órdenes de la jurisdicción, así como para cubrir los eventuales vacíos normativos y poder determinar si un proceso era del conocimiento o no, de la jurisdicción que se analiza.

En este sentido, si existían dudas en la aplicación de una norma específica de competencia, el artículo 82 servía para resolverlas, y si la duda de competencia se fundaba en una ausencia de norma, la jurisdicción de lo contencioso administrativo debería avocar conocimiento, siempre que se estuviera en presencia de una función administrativa, en virtud del criterio material que caracterizaba a esta disposición.

Esta interpretación con un sentido lógico, resultaba extensiva a disposiciones normativas de atribución de competencias, contenidas en otros estatutos procesales y relativas a jurisdicciones distintas. Si existía, por ejemplo, una disposición que le atribuyera competencia a un órgano específico de la jurisdicción ordinaria, o a la Corte Constitucional, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, nada podía hacer allí, pese a que los casos de conocimiento de las otras jurisdicciones guardaran relación con el concepto de función administrativa. La función administrativa, como consecuencia, constituía el concepto justificador de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero debía concebirse de manera respetuosa, en consideración de las normas de competencia de las otras jurisdicciones, también de rango constitucional, así como de las normas de competencia alusivas a su organización interna.

Como consecuencia de lo referido, se puede advertir, que la modificación al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo tiene una trascendencia enorme, toda vez que desde una perspectiva de análisis eminentemente práctica, su contenido debe servir para interpretar las reglas específicas de competencia, en caso de resultar esto necesario, por una parte, y por la otra, para llenar de contenido, las lagunas legislativas en materia de asignación de competencias.

La modificación que se introdujo a esta disposición con la expedición de la Ley 1107 de 2006, implica desde un plano conceptual entonces, que las dudas sobre las disposiciones específicas de competencias de los distintos órdenes pertenecientes a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, deben interpretarse, en caso de ser esto necesario, con apoyo del criterio orgánico introducido; y del mismo modo, en caso de presentarse dudas sobre el conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en una hipótesis ausente de referente jurídico – positivo, ello se resolverá, también con la aplicación de un criterio orgánico, según el cual, todo dependerá de la naturaleza pública o no, de las entidades que hagan parte.

Esta conclusión, como se aprecia, resulta más que problemática, al menos tratándose de lo relativo a las acciones de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, y de controversias contractuales; toda vez que, como se advirtió, la lógica de éstas había llevado a su consideración, a partir del análisis de comportamientos administrativos, a través de los cuales se manifestaba una función (administrativa). En síntesis, puede señalarse, que las singulares disposiciones relativas a competencias de los órdenes de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, detentaban una lógica material mas que orgánica, o al menos, se habían consagrado con este espíritu, y por consiguiente, su obligado referente orgánico, riñe si no con su esencia, al menos sí, con su comprensión.

Por otra parte, la función aludida del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, de llenar los vacíos producidos por la ausencia de referentes jurídico – positivos, en materia de competencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, entra también en una contradicción conceptual de más fácil constatación, toda vez que, el silencio de unas disposiciones de marcado talante material, es suplido con un criterio orgánico, que como se dijo, aunque “novedoso”, riñe con un amplio espectro de la redacción de la segunda parte del Código Contencioso Administrativo.

El análisis teleológico de la Ley 1107 de 2006, tampoco ayuda a la solución de estos problemas conceptuales de no poca envergadura; de la lectura de la exposición de motivos de la misma, se aprecia una evidente preocupación por las dificultades al momento de establecer la jurisdicción que debe conocer de las controversias suscitadas en el sector de los servicios públicos domiciliarios, y con ocasión de la ausencia de referentes normativos al respecto, en las leyes que disciplinan este sector, se considera que la introducción de un criterio orgánico en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, ayuda a resolver de manera definitiva estos problemas.

Si esta era la intención de la Ley, o al menos la principal, hubiera bastado que se contuviera un artículo que señalara: “Salvo disposición en contrario, las controversias judiciales relativas al sector de los servicios públicos domiciliarios serán de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”; con esto se hubiera evitado la dificultad conceptual, con los efectos prácticos anotada.

No es tampoco, la intención de esta providencia, hacer alusión a críticas sobre el contenido de la ley, ni propuestas legislativas; los anteriores razonamientos, se incluyen, solamente con la intención de ofrecer un escenario crítico de la reforma, que conduzca a reconocer que la inclusión de criterios orgánicos o materiales al Código Contencioso Administrativo, debe guardar en la medida de lo posible, coherencia con otras disposiciones del mismo estatuto, principalmente las relativas a las competencias asignadas a los distintos órdenes de la jurisdicción.

Como esto no se hizo así, y por el contrario, se desconoció el contenido de otras disposiciones que resultan al menos incoherentes en términos conceptuales, así como los alcances en toda la jurisdicción de un artículo como el 82; le corresponde a la propia jurisdicción de lo contencioso administrativo, hacer interpretaciones que atribuyan coherencia a las normas sobre competencia, en consideración con la modificación introducida con la expedición de la Ley 1107 de 2006.

2. Análisis del caso concreto.

Pese a que el nuevo artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, hace también alusión al conocimiento de ejercicio de funciones administrativas por parte de particulares, según se indicó, contiene un criterio orgánico, que implica la determinación de si se es o no entidad pública, para efectos del conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En el caso objeto de análisis, debe determinarse la competencia de esta corporación, para conocer de un proceso que fue enviado por el Juzgado 22 Administrativo de Medellín, el que a su vez conoció del mismo, con ocasión de la remisión que le hiciera el Juzgado Décimo Civil del Circuito, luego de rechazar la demanda promovida por el Departamento de Antioquia que aquí se estudia.

En atención a lo anterior, como se indicó, en este numeral se analizará, en primer lugar, lo relativo a la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer del presente proceso, y solo en caso de que dicha situación se resuelva de manera afirmativa, se procederá a analizar, como resulta lógico, si al interior de esta jurisdicción, le corresponde el conocimiento del proceso, al Consejo de Estado en única instancia.

El Departamento de Antioquia, en desarrollo de la obra de la “doble calzada Las Palmas”, promovió una “acción civil de expropiación”, en contra de las empresas demandadas, en virtud de lo establecido en el artículo 60 y siguientes de la Ley 388 de 1997, para efectos de que se expropiara una franja de terreno de propiedad de Teruel Constructora de Obras S.A, sobre la que existe una servidumbre para el paso de redes eléctricas a favor de EPM ESP.

Dada la naturaleza de lo pedido en la demanda, este despacho estima conveniente hacer algunas precisiones sobre la expropiación a la que se hace referencia: La Ley 9ª de 1989 “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”, en parte modificada por la aludida Ley 388 de 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”, consagra la posibilidad de que las entidades públicas competentes puedan adquirir bienes por enajenación voluntaria y por expropiación.

En lo que respecta a esta última, se distingue, en estos instrumentos legales, entre expropiación judicial (7) y expropiación administrativa (8) , modalidades éstas, que se diferencian, como su nombre lo indica, por la necesidad o no de la mediación de un proceso judicial para su reconocimiento, toda vez que una y otra, presuponen procedimientos administrativos para su configuración.

Como lo ha sostenido en otras oportunidades la Sección Tercera de esta corporación, esta distinción principal, de ninguna manera, excluye a la expropiación administrativa de un control judicial, toda vez que el acto administrativo mediante el cual se declara, es susceptible de ser cuestionado a través de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho especial (9) . Como se observa, la distinción no es que en una participe la autoridad judicial y en otra no, sino en que el “reconocimiento” de la expropiación, en la modalidad judicial, se hará por providencia de esta naturaleza, y en la modalidad administrativa, se hará a través de acto administrativo.

En lo referente a la expropiación judicial, que es la que ocupa la atención del despacho en esta ocasión, como se señaló, existe un procedimiento administrativo previo al que se surte en sede jurisdiccional. En efecto, el artículo 62 de la Ley 388 de 1997 que introdujo algunas “modificaciones al procedimiento para la expropiación previsto en la Ley 9ª de 1989 y en el Código de Procedimiento Civil”, antes de hacer referencia al trámite estrictamente judicial, consagra:

“1. La resolución de expropiación se notificará en los términos previstos en el Código Contencioso Administrativo.

2. Contra la resolución que ordene la expropiación solo procede el recurso de reposición. Transcurridos quince (15) días sin que se hubiere resuelto el recurso se entenderá negado”.

Como se observa, el proceso judicial, está precedido de un procedimiento administrativo, consistente en expedir una resolución, la cual puede ser recurrida en vía gubernativa. Se hace alusión a esta característica de esta modalidad de expropiación, para resaltar que, una cosa es el proceso judicial orientado al cuestionamiento de esta resolución en su comprensión de un típico acto administrativo, y otra cosa muy distinta, es el proceso judicial promovido por la entidad pública que expropia, que, según se anotó, está precedido del acto administrativo al que se hace referencia.

En lo que respecta, al proceso judicial que se adelantaría en contra del acto administrativo en comento, no existen dudas, de que la jurisdicción de su conocimiento es la contencioso administrativa, ya que se trataría de una acción de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, situación ésta, referida expresamente por la Ley 9ª de 1989 (10) .

En lo atinente, en cambio, al proceso judicial de expropiación promovido por la entidad pública (expropiante), si bien la Constitución Política no ha señalado nada al respecto (11) lo que obsta para una libre configuración legislativa, la ley, ha indicado, expresamente, que su conocimiento, le corresponde a la jurisdicción ordinaria.

En efecto, el artículo 22 de la Ley 9ª de 1989, relativo a la posible coincidencia en el tiempo de los dos procesos judiciales que se comentan, señala:

“El proceso civil de expropiación terminará si hubiere sentencia del tribunal administrativo favorable al demandante en fecha previa a aquella en la cual quedare en firme la sentencia del juez civil, quien se abstendrá de dictar sentencia con anterioridad al vencimiento del término establecido en el inciso anterior. En este evento, se procederá a la restitución del bien demandado y a la indemnización de perjuicios en los términos del artículo 459 del Código de Procedimiento Civil” (negritas fuera de texto).

Y en el numeral 4º del artículo 16 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el artículo 6º de la Ley 794 de 2003), también se precisa:

“Sin perjuicio de la competencia que se asigne a los jueces de familia, los jueces de circuito conocen en primera instancia de los siguientes procesos:

3. Los de expropiación, salvo los que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y de pertenencia que no correspondan a la jurisdicción agraria, estos últimos cualquiera que sea su cuantía”.

Según lo señalado, no existen dudas, entonces, en la legislación nacional, de que la expropiación judicial disciplinada por las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997, en lo atinente al trámite judicial, es de conocimiento de la jurisdicción ordinaria y más específicamente de los jueces civiles del circuito. Para una correcta interpretación de la última disposición transcrita, ya se indicó, que en lo que respecta a esta modalidad de expropiación, le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, únicamente, el conocimiento de las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho que se interpongan contra los actos administrativos, a través de los cuales ésta se inicia.

En el caso objeto de análisis, se está entonces, frente a una hipótesis que por expreso mandato legal, debe ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, y pese a ello, el Juez Décimo Civil del Circuito de Medellín, envió su conocimiento a los jueces administrativos, quienes a su vez (12) , lo remitieron a esta corporación. El argumento central, para la remisión de este proceso a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, fue, como se anotó, la existencia del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006.

Según se indicó en el anterior numeral, el artículo 82 desde una perspectiva práctica, sirve para interpretar dudas relacionadas con las reglas de competencia, así como, para cubrir lagunas normativas. En el proceso de conocimiento, se insiste, no existen dudas, en cuanto la remisión legal que se hace a la Jurisdicción Ordinaria, y por ende, mal haría esta corporación en su comprensión de máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo en admitir la presente demanda.

Se insiste en la argumentación contenida en el numeral que precede, consistente en que si bien el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006, introduce un criterio orgánico, según el cual, basta identificar que en una controversia, haga parte una entidad pública, para que el conocimiento de la misma, sea de la jurisdicción de lo contencioso administrativo; esto de ninguna manera significa, una derogatoria de las normas relativas a la competencia de los distintos órdenes jurisdiccionales, toda vez que estas son disposiciones también vigentes, que deben en la medida de lo posible ser interpretadas conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, pero que, la falta de técnica legislativa, nos presenta hoy un escenario, en que muchas de estas detentan una lógica material, antes que orgánica, aunque ésta última sea la de la cláusula general de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, contenida en el mencionado artículo 82.

Resulta difícil, sin lugar a dudas, comprender una jurisdicción de lo contencioso administrativo que se fundamenta en un criterio orgánico, pese a existir un sinnúmero de disposiciones relativas a competencias de distintos órdenes jurisdiccionales que detentan fundamentación distinta, probablemente por el momento histórico, en que fueron concebidas. Le corresponde, sin embargo, al interprete, construir una argumentación, capaz de hacer coherente la situación, con el pleno respeto del principio de legalidad y de la comprensión de las fuentes normativas vigentes a las que se someten y deben someterse todos los jueces del territorio nacional, en virtud de lo establecido en el artículo 230 constitucional.

Como consecuencia de lo anterior, se considera que el presente proceso no es del conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y habida consideración, de que el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín, en su condición de entidad judicial de la jurisdicción ordinaria, lo consideró de la misma manera, se dispondrá su envío al Consejo Superior de la Judicatura, para efectos de que se sirva disponer de manera definitiva sobre el conflicto negativo de jurisdicciones.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

Envíese por Secretaría, el presente proceso, al Consejo Superior de la Judicatura, para efectos de que éste se pronuncie sobre el conflicto negativo de jurisdicciones, que con esta providencia se promueve.

Notifíquese y cúmplase».

(2) El texto original del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo antes de la reforma aludida (Modificado parcialmente por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998) era: “Objeto de la jurisdicción en lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado (...)” y el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006 expresamente modificó el anterior, dejándolo en los siguientes términos: “Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley” (...).

(3) Cfr. Manuel Urueta. El Consejo de Estado. En: Revista de la Universidad Externado de Colombia. Vol. XVII Nº 2. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1976. Jaime Orlando Santofimio. Tratado de derecho administrativo. Tomo III. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005. Alberto Montaña. Dimensión teórica de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Colombia. Serie Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho. Nº 36. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005.

(4) Colombia es el único Estado en América Continental, que posee una jurisdicción de lo contencioso administrativo, y su modelo es distinto al de otros Estados que tradicionalmente son estudiados de manera insistente en nuestra experiencia nacional. Verbigracia: Francia y España.

(5) Artículos 236 a 238 de la Constitución Política.

(6) Se establece en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil: “Negocios que corresponden a la jurisdicción civil. Corresponde a la jurisdicción civil todo asunto que no esté atribuido por la ley a otras jurisdicciones”.

(7) Capítulo VII de la Ley 388 de 1997.

(8) Capítulo VIII de la Ley 388 de 1997.

(9) Consejo de Estado, Sección tercera. Sentencia de 30 de agosto de 2007. Expediente 19.528. Consejero Ponente: Enrique Gil Botero.

(10) Se establece en el artículo 22 de esta ley, modificado por el numeral 2º del artículo 62 de la Ley 388 de 1997: “Contra la resolución que ordene una expropiación en desarrollo de la presente ley procederán las acciones contencioso administrativas de nulidad y de restablecimiento del derecho, ante el Tribunal Administrativo competente, en única instancia”.

(11) Este asunto ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en los siguientes términos: “Es claro que la Constitución no se ocupa en definir la jurisdicción a la cual habrá de pertenecer el juez que resuelva lo relativo a la expropiación, pues ello compete al legislador, según el artículo 29 de la Carta, que deja en sus manos el señalamiento de las reglas propias de cada juicio, en concordancia con el 230 ibídem, que sujeta a los jueces al imperio de la ley, y con el 150, numerales 1º y 2º, en cuya virtud corresponde al Congreso, por medio de las leyes, ejercer las funciones de interpretar, reformar y derogar las leyes, expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones”. Sentencia C-531 de 1996. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández.

(12) Juzgado 22 Administrativo de Medellín.

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