Auto 35089 de febrero 16 de 2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 35089

Acta 49

Conjuez Ponente:

Dr. Diego Eugenio Corredor Beltrán

Bogotá, D.C., dieciséis de febrero de dos mil once

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La acción de revisión es una figura existente en el sistema jurídico de un Estado social y democrático de derecho que pretende remover el principio de cosa juzgada que ampara toda sentencia proferida por la rama judicial del poder público, cuando esta ha quedado debidamente ejecutoriada, cuando la misma fue proferida dentro de una actuación viciada y que por lo tanto debe procurarse una nueva decisión con el objeto que esta sea totalmente fiel entre lo que aconteció en la realidad y lo que se debe plasmar en esa determinación. Así entonces cuando se produce esa situación, en ese instante, se tiene que la única manera para retrotraer dicha sentencia considerada injusta o ilegal debe ser por medio de la interposición de esta acción de revisión que debe intentarse ante un juez altamente cualificado, siendo normalmente los altos tribunales los llamados a conocerla y atendiendo además unas exigentes causales previstas expresamente por el legislador.

Como lo ha indicado la Corte, “la acción... es un derecho que surge antes o después del proceso para cambiar o modificar un status que en la revisión es el que establece la sentencia condenatoria. Por ser la acción un derecho y no un mero incidente del proceso no hay continuidad procesal predicable pues la revisión simplemente busca un nuevo proceso ya fenecido.

En este nuevo proceso (juicio rescindente) no se discuten intereses privados, se cuestiona la presunción de verdad que ampara la cosa juzgada, es decir se ataca el interés público a que cualquiera que sea la sentencia judicial que se tenga por definitiva se repite justa. La defensa de este interés público le compete de manera exclusiva al Estado, porque va en ello su prestigio, y su impugnación, a quien se cree condenado injustamente”(1).

Se observa que al interponerse la presente acción de revisión se argumenta por parte del accionante que la misma debe operar en razón a que presuntamente la acción penal se encontraba prescrita al momento en que el tribunal de Ibagué profirió su sentencia, pues se había sucedido un término que considera como suficiente para obtener la aplicación de ese mecanismo que inhibe al Estado de seguir conociéndola y que surge afín con la tesis que hasta ese momento venía aplicándose en dicha corporación.

En atención a que dentro de nuestro sistema jurídico el conocimiento de esta acción de revisión es competencia de esta corporación es por lo que al resolverse hubo de ocuparse esta sala del estado de la cuestión en sede de la misma y específicamente de la evolución que la teoría de la prescripción de la acción penal ha tenido, cuando además compromete en la misma a un servidor público.

La sala no puede aceptar el argumento del recurrente cuando indica que la Corte se equivocó en su análisis, por cuanto debió ocuparse de examinar el estado de la discusión que sobre esa temática existía en el tribunal referido antes del pronunciamiento proferido dentro de este proceso el 29 de enero de 2007, al estarse sosteniendo una tesis más favorable a sus intereses, y no lo puede aceptar por cuanto tal y como lo precisamos la Jurisprudencia de esta Corte, que se erige en órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria desde el año 2004 es otra y por lo tanto eso basta para no aceptar el planteamiento del actor de estar ante una vía de hecho.

Múltiples han sido los pronunciamientos en los cuales esta sala mayoritariamente ha reiterado el criterio sobre prescripción de delitos cometido por servidor público en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellas, tal como lo referimos en el auto del pasado 1º de diciembre. Si el tribunal de ese distrito judicial solo vino a reconocer por medio de esta providencia lo que la Corte venía diciendo desde el año 2004 mal puede erigirse como vía de hecho tal omisión, pues fácil es entender que los pronunciamientos de esta Corporación por provenir de la misma, son lo que dentro del espectro de la interpretación tienen mayor jerarquía y que ahora por medio de esta decisión reafirmamos en su importancia y valor.

Es importante además poner en conocimiento que la Corte con providencia del 7 de septiembre de 2005 puso de presente que la variación sucedida en la jurisprudencia de esta Sala “no se trató de un simple cambio de opinión carente del suficiente fundamento, sino que, por el contrario se sustentó en el reconocimiento de no haber acertado en el entendimiento que la jurisprudencia de esta Corte venía dándole al fenómeno de la prescripción de la acción penal por delito cometido por servidor público, y la variación se produjo en el marco de sus facultades constitucionales de ser el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, por ende, encargado de unificar la jurisprudencia nacional e interpretar el ordenamiento jurídico y más cuando en Providencia C-836 de 2001 la Corte Constitucional indicó: “En estos casos también está justificado que la Corte Suprema cambie su jurisprudencia para evitar prolongar en el tiempo las injusticias del pasado, haciendo explícita tal decisión””.

Ahora respecto al segundo de los argumentos presentados por el recurrente en torno a que la Corte Constitucional ha establecido la obligatoriedad del precedente judicial, precisamente en el ámbito del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley como limitante de la autonomía judicial, esta es una posición que no es absoluta, tal y como tuvimos oportunidad de precisarlo en nuestra decisión anterior al mencionarse la Sentencia SU 047 de 1999 y al discurrir sobre el particular de la manera como allí se dejó sentado.

Sin embargo, ahora acudimos a otro aparte de esta misma providencia que es supremamente diciente y clara sobre el particular. En efecto se lee: “El respeto al precedente es entonces esencial en un Estado de derecho: sin embargo, también es claro que este principio no debe ser sacralizado puesto que no solo puede petrificar el ordenamiento jurídico sino que, además, podría provocar inaceptables injusticias en la decisión de un caso. Así, las eventuales equivocaciones del pasado no tienen porqué ser la justificación de inaceptables equivocaciones en el presente y en el futuro. O, en otros eventos, una doctrina jurídica o una interpretación de ciertas normas pueden haber sido útil y adecuada para resolver ciertos conflictos en un determinado momento pero su aplicación puede provocar consecuencias inesperadas e inaceptables en casos similares, pero en otro contexto histórico, lo cual en tal evento resulta irrazonable adherir a la vieja hermenéutica. Es entonces necesario aceptar que todo sistema jurídico se estructura en torno a una tensión permanente entre la búsqueda de la seguridad jurídica —que implica unos jueces respetuosos de los precedentes— y la realización de la justicia material del caso concreto —que implica que los jueces tengan capacidad de actualizar las normas a las situaciones nuevas—”.

Es igualmente importante recabarle al impugnante, que en la decisión que hoy es objeto del recurso, esta Sala se ocupó de mencionar distintos argumentos que ha esbozado la corporación para haber cambiado de posición, que creemos no se hace necesario reiterar en esta decisión, todo ello para afirmar, que la posición de la Corte no fue caprichosa sino que consultó importantes criterios de política criminal tal y como allí quedó dicho y que desde el año 2004 ha sido la línea jurisprudencial de esta corporación.

Como quiera entonces que no existe motivo fundado para que la Corte proceda a reponer la providencia recurrida, se confirmará aquella en todas sus determinaciones y se le mantendrá incólume.

Este auto no es susceptible de recurso, pues no contiene puntos que no hayan sido decididos anteriormente, ni otorga interés jurídico a otros sujetos procesales para impugnar.

En merito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal

RESUELVE:

NO REPONER la providencia objeto del recurso. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación penal, Auto de noviembre 13 de 1980, citado por Pavón Gomez, Germán “De la casación y la revisión penal en el Estado social y democrático de derecho” Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, pág. 669.