Auto 35451 de abril 13 de 2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Aprobado Acta Nº 130

Bogotá, D.C., trece de abril de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.3 de la Carta Política, es la Corte competente para pronunciarse en este asunto, por cuanto se trata de hechos presuntamente cometidos por congresistas en ejercicio de sus funciones.

2. Analizado el contenido de la denuncia y las pruebas que la acompañan, encuentra la Sala que en esta oportunidad, como en tantas otras en las que ya se ha pronunciado en relación con denuncias promovidas por el señor Conta Marinelli, el tema objeto de debate se basa, a la postre, en el ejercicio del voto que emiten los congresistas con ocasión de sus funciones, el cual, así sea en desarrollo de una actividad de carácter judicial, como ocurre en este asunto, es inviolable a la luz de los parámetros que sobre la materia ha sentado la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

3. En efecto, para claridad del denunciante es menester recordar que en la Sentencia C-245 del 3 de junio de 1996, cuando la Corte Constitucional se ocupó del análisis del artículo 131 de la Ley 5ª del Congreso, relativo al voto secreto, precisó que en el ejercicio de la función judicial por parte del Congreso para investigar a los altos funcionarios de que trata el artículo 174 del Estatuto Superior, los congresistas estaban sujetos a las mismas responsabilidades de cualquier juez de la República, razón por la cual en esos eventos el voto que emiten debe ser público.

Lo anterior, por cuanto:

“(…) la inviolabilidad opera en los casos en que los congresistas están ejerciendo su función legislativa, su función constituyente derivada, su función de control político sobre los actos del Gobierno y de la Administración y, eventualmente, su función administrativa, como es la de provisión de ciertos cargos. Pero cosa muy distinta ocurre cuando los congresistas, revestidos de la calidad de jueces, ejercen función jurisdiccional, como ocurre en los juicios que se adelanten contra funcionarios que gozan de fuero constitucional, especial (arts. 174, 175, 178-3, 178-4 y 199). Dichos juicios son, por definición constitucional, públicos, así lo establece el artículo 175 numerales 1º y 4º. Para la Corte es claro que en este caso los congresistas asumen la calidad de jueces, tal como la Corte lo explicó en reciente jurisprudencia (Sent. C-222/96)”.

Sin embargo, ese criterio fue recogido en la Sentencia de Unificación de Tutela SU-047 del 29 de enero 1999, pues allí se sostuvo que la inviolabilidad es absoluta en cuanto no es posible iniciar ninguna actuación penal por los votos u opiniones de los congresistas en ejercicio de su función, ni siquiera cuando ésta es de naturaleza judicial, precisamente por la trascendencia política que tienen los asuntos penales que son de su competencia.

En ese sentido, puntualizó la Corte Constitucional lo siguiente:

“La doctrina y la jurisprudencia, tanto nacional como comparada, coinciden también en señalar los alcances o, si se quiere, el ámbito material, en donde opera esta institución, ya que es claro que ésta es (i) específica o exclusiva, pero al mismo tiempo es (ii) absoluta.

“Así, la inviolabilidad es específica por cuanto la Constitución actual, como la anterior, precisan que esta garantía institucional cubre exclusivamente los votos y opiniones emitidos en ejercicio del cargo, por lo cual, como bien lo señala José María Samper al comentar los alcances de esta figura en la Constitución de 1886, cuyo sentido es idéntico al actual, "lo que sale de la esfera de la opinión y del voto, y lo que no se hace en ejercicio del cargo, no asegura ni debe asegurar la inviolabilidad porque no está fundado en razones de necesidad y justicia”.

“Esto significa que una actuación de un senador o representante se encuentra cubierta por la inviolabilidad sólo si cumple con las siguientes dos condiciones: de un lado, que se trate de una opinión o de un voto, por lo cual no quedan amparadas las otras actuaciones de los senadores y representantes, incluso si las desarrollan dentro del propio recinto parlamentario. De otro lado, la opinión debe ser emitida en el ejercicio de sus funciones como congresista, por lo cual no son inviolables aquellas opiniones que un senador o representante formule por fuera de los debates parlamentarios, cuando actúe como un simple ciudadano.

“Finalmente, si bien la inviolabilidad es específica, pues sólo cubre los votos y opiniones en ejercicio del cargo, también es absoluta, ya que sin excepción todos los votos y opiniones emitidos en el proceso de formación de la voluntad colectiva del Congreso quedan excluidos de responsabilidad jurídica.

“Este carácter absoluto se explica tanto por razones literales como históricas y finalísticas. Así, de un lado, el artículo 185 de la Carta no establece ninguna excepción, pues protege las opiniones y votos emitidos por los congresistas en ejercicio de sus cargos, sin distinguir qué tipo de función se encuentra cumpliendo el senador o representante en cuestión.

“De otro lado, en los debates de la Asamblea Constituyente sobre esa norma, en ningún momento se planteó la posibilidad de limitar esa inviolabilidad según el tipo de función ejercido por el senador o el representante. Así, tanto la comisión como la plenaria consideraron que esa garantía debía ser absoluta. La única limitación que se quiso establecer fue en relación con las ofensas de carácter calumnioso, pero la propuesta no fue aceptada. Por consiguiente, el examen de los antecedentes de la disposición permiten concluir que la Asamblea Constituyente consagró una inviolabilidad absoluta”.

Este criterio jurisprudencial fue reiterado en la Sentencia SU-786 de 1999 y posteriormente en el fallo de constitucionalidad C-1174 de 2004, en donde además de hacer referencia a los antecedentes ya reseñados, se insistió en que:

“(…) en la Sentencia SU-047 de 1999 en relación con el caso allí estudiado la Corte analizó las características y alcances de la inviolabilidad de los congresistas haciendo particular énfasis en que la inviolabilidad es primariamente una garantía institucional en favor del Congreso y de la democracia, en vez de ser un privilegio personal del senador o del representante como tal, así como en que la actuación de un senador o representante se encuentra amparada por la inviolabilidad sólo si i) se trata de una opinión o de un voto, por lo cual no quedan amparadas las otras actuaciones de los senadores y representantes, incluso si las desarrollan dentro del propio recinto del Congreso; ii) la opinión o voto es emitido en el ejercicio de sus funciones como congresista, por lo cual no son inviolables aquellas opiniones o votos que un senador o representante formule por fuera de los debates parlamentarios, cuando actúe como un simple ciudadano.

“Dijo la Corte:

“La finalidad de la inviolabilidad de los congresistas explica naturalmente sus características y alcances. Así, en cuanto a sus rasgos esenciales, en primer término, la doctrina constitucional y la práctica jurisprudencial coinciden en señalar que esta prerrogativa es primariamente una garantía institucional en favor del Congreso y de la democracia, en vez de ser un privilegio personal del senador o del representante como tal, lo cual explica que ella no pueda ser renunciada por su titular y que, en un proceso judicial, el juez deba tomarla en cuenta de oficio, por tratarse de un asunto de interés público, incluso si ésta no es alegada por el congresista.

“De otro lado, la inviolabilidad es perpetua, esto es, el parlamentario o congresista escapa a cualquier persecución judicial por sus votos y opiniones, incluso después de que ha cesado en sus funciones. Y es natural que sea así, ya que si la función de la figura es asegurar la libertad de opinión del congresista, es obvio que ésta puede verse limitada por el temor a futuras investigaciones en su contra, por haber votado u opinado de determinada manera.

“En tercer término, la inviolabilidad genera una irresponsabilidad jurídica general, (lo cual explica que a veces la figura sea conocida como "irresponsabilidad parlamentaria"), por cuanto el congresista escapa no sólo a las persecuciones penales sino también a cualquier eventual demanda de naturaleza civil por los votos u opiniones formulados en ejercicio de sus funciones.

“En el mismo sentido en la Sentencia SU-062 de 2001 en relación con el caso allí analizado la Corte expresó lo siguiente:

“Cabe precisar igualmente que en la sentencias C-245 de 1996 y C-222 de 1996 la Corte señaló que para efectos de la actuación judicial que en determinadas circunstancias la Constitución les atribuye, los congresistas gozan de las mismas facultades y deberes de los Jueces o Fiscales, y de ello derivan igualmente, las mismas responsabilidades por lo que en relación con dichas funciones judiciales el alcance de la inviolabilidad no puede ser la misma que en relación con las demás funciones a ellos asignadas. Empero en relación con el caso concreto de protección del derecho fundamental allí estudiado la Corte en la Sentencia SU-047 de 1999 expuso un criterio diferente.

“Cabe señalar finalmente que en relación con el alcance de la inviolabilidad cuando se trata del cumplimiento de funciones judiciales en decisiones de tutela se han expresado criterios distintos sobre si ella se refiere exclusivamente a los votos y opiniones emitidos en ejercicio de dicha función judicial o si la inviolabilidad se extiende también a las actuaciones judiciales inescindiblemente ligadas a dichos votos y opiniones. Así en la Sentencia SU-786 de 1999 la Corte señaló que no excede sus atribuciones la Corte Suprema cuando da trámite a las denuncias formuladas contra congresistas cuando ellas recaen sobre actuaciones de carácter judicial de los Congresistas que, en sí mismas, no son constitutivas de votos emitidos o de opiniones manifestadas en ejercicio de sus funciones”. Un criterio diferente sin embargo fue expuesto por la Corte en la Sentencia SU-062 de 2001 en la que para el caso allí estudiado se consideró que la inviolabilidad debía extenderse a las actuaciones inescindiblemente ligadas a los votos y opiniones emitidos por los Congresistas en las circunstancias allí examinadas.

Como se ve, la doctrina constitucional vigente en torno a este específico tema ha sido clara en señalar que la inviolabilidad de los congresistas a que alude el artículo 185 no se extiende a otro tipo de conductas distintas a aquellas propias de la emisión de votos u opiniones en desarrollo o en ejercicio de la actividad congresional independientemente de si naturaleza es política o judicial, pues tales actos sólo son susceptibles de control disciplinario conforme a los mecanismos establecidos en el reglamento interno del congreso, precisamente porque desde el punto de vista de la persecución judicial éstos y sólo éstos constituyen la excepción.

Por ese mismo motivo, entonces, los votos y opiniones de los congresistas no se encuentran dentro de aquellos comportamientos frente a los que pueda la Corte ejercer jurisdicción como juez penal natural de tales funcionarios, como es lo que pretende en este evento el señor Conta Marinelli, ya que de hacerlo se desconocería el concepto, la naturaleza y los fines del instituto, en tanto que la determinación acerca de los votos emitidos por un congresista en ejercicio de la función jurisdiccional que le ha otorgado la Constitución no puede tener connotación delictiva, desde el punto de vista del punible de prevaricato, así quien quede inconforme con lo decidido en plenaria, acogiendo el concepto del congresista ponente, se considere manifiestamente contrario a la ley.

4. Lo anterior, por cuanto el denunciante califica con diversos tipos penales, incluido desde luego el de prevaricato, la acción judicial adelantada por Congresistas que tuvieron a su cargo la dirección de la investigación, por el que emitió concepto acerca del recurso de reposición contra decisión inhibitoria dictada a favor del ex Fiscal Mario Iguarán Arana y por la decisión adoptada en el seno de la Plenaria de la Comisión de Investigación y Acusación, y con base en los mismos supuestos también afirma que incurrieron en los delitos de falsedad ideológica en documento público porque hicieron valoraciones probatorias, que a su juicio, no corresponden a la verdad, al tiempo que aduce la configuración del delito de prevaricato por omisión y fraude procesal, todo en últimas, porque la determinación finalmente adoptada no colmó sus expectativas, pues las peticiones que asegura no le fueron respondidas apuntaban a solicitar la apertura de investigación, las cuales evidentemente no tuvieron acogida, en virtud a que fue aprobado en la Plenaria el concepto relativo a confirmar la abstención de apertura de investigación.

En estas condiciones y siendo que las presuntas conductas denunciadas por el señor Conta Marinelli no tienen la relevancia penal que él quiere otorgarles, la denuncia será rechazada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Rechazar como denuncia el escrito presentado por el ciudadano italiano Danilo Conta Marinelli en contra del ex congresista René Rodrigo Garzón Martines, los congresistas Germán Olano Becerra, Jaime Buena Hora Febres, y los representantes de la Comisión de Investigación y Acusación que el 21 de octubre de 2010 aprobaron la decisión inhibitoria a favor del ex Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, y el 16 de noviembre del mismo año, aprobaron el concepto favorable a la decisión de no revocar la determinación anterior.

2. Contra esta decisión procede recurso de reposición.

3. En firme esta determinación archívense las diligencias.

Notifíquese y cúmplase.»