Auto 35669 de mayo 22 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Javier Zapata Ortiz

Aprobado acta 197

Bogotá, D.C., mayo veintidós de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala:

1. En el capítulo IX de la Ley 906 de 2004 dedicado a regular el recurso extraordinario de casación, exactamente en el inciso 2º del artículo 184, se contemplaron cuatro posibilidades para no seleccionar o admitir una demanda de casación: carencia de interés, no señalamiento de la causal, falta de sustentación debida de los cargos y cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo de la Corte para cumplir alguna de las finalidades del recurso.

2. En el presente caso, pese a ser evidente que el recurrente, en su condición de defensor del condenado, cuenta con interés para pretender ante la Sala la invalidación del juicio y la absolución de su asistido, no consiguió sustentar debidamente los cargos propuestos, como se pasa a ver:

2.1. Del cargo de nulidad por desconocimiento del principio de concentración.

El casacionista, en el presente caso, se limitó a señalar que el juzgado de la causa, en el trámite del juicio, incumplió ciertos términos de orden legal. Los espacios entre las distintas sesiones de la audiencia de juzgamiento, superaron los 30 días previstos como plazo máximo de suspensión de la diligencia en el artículo 17 de la Ley 906 de 2004. La juez, luego de clausurado el debate, contaba con un máximo de 2 horas para anunciar el sentido del fallo —conforme con el artículo 445 ibídem— y tardó 15 días para hacerlo. Por último, dictó la sentencia después de transcurrido el lapso de 15 días establecido para ello en el artículo 447 del mismo código.

Sin duda, esas circunstancias son irregularidades y lo deseable es que no sucedan sino que se observen debidamente los tiempos procesales definidos en la ley. Pero para que las mismas conduzcan a la Corte a la admisión de la censura a través de la cual se proponen, es indispensable demostrar que con ellas se violó el derecho de defensa, cualquier otro derecho fundamental o que se dictó, como consecuencia, una sentencia injusta.

Como en el presente caso ninguna de las mencionadas transgresiones fue comprobada por el censor, ante el hecho evidente de que se respetó a plenitud la estructura procesal, no cabe la selección del libelo en razón del reproche examinado. Tampoco por la supuesta anomalía atribuida a la juez del conocimiento, consistente en no motivar el sentido del fallo. En realidad la ley procesal no impone ese deber en el artículo 446 del Código de Procedimiento Penal de 2004 y, en esa medida, mal se hace en apoyar una censura de nulidad en semejante omisión.

2.2. De los cargos de violación indirecta de la ley sustancial.

En ambos, a partir de una lectura personal idéntica de los mismos medios de prueba, el casacionista concluyó que su representado debía ser absuelto. De acuerdo con la segunda censura, porque se demostró que no fue coautor de ninguna de las conductas por las cuales lo condenaron las instancias. Conforme a la tercera por la existencia de duda relacionada con su responsabilidad penal.

Los errores de hecho relacionados en el segundo reproche, los asoció el recurrente a ciertos medios de convicción. Y a las mismas pruebas se refirió en el tercero, reproduciendo frente a cada una los argumentos expresados en el anterior, aunque sin precisar en el último evento los yerros que ocurrieron en relación con cada prueba. Solo dijo, en ese tercer ataque, que se presentó falso juicio de existencia respecto del testimonio del policía Juan Pablo Caicedo Girón.

En cualquier caso, así se dedujera que los yerros probatorios identificados en el segundo cargo los replicó el demandante en el tercero de forma implícita, lo cierto y evidente es que no consiguió acreditar un solo error de juicio del juzgador.

En el fallo se consideraron los testimonios de Juan Pablo Caicedo Girón y Killer Madrigal Jurado. Eso significa que no fueron ignorados y el hecho de que no se les otorgaran los alcances que pretende la defensa no configura falso juicio de existencia. Algo similar ocurrió con las declaraciones de Sol Brigeth Díaz y Adriana Acuña, en las cuales hizo recaer, respectivamente, error de raciocinio y falso juicio de identidad. No acreditó, respecto de la primera, la transgresión de una regla de experiencia, un principio de lógica o una ley científica. Y, en relación con la segunda, no demostró la mutación objetiva del contenido testimonial por parte del fallador. En uno y otro caso, en suma, identificó como el error la circunstancia de que el funcionario judicial, en contra de la pretensión defensiva, haya deducido que el acusado fue coautor de las conductas de tentativa de homicidio agravado y homicidio agravado.

Los supuestos errores de identidad vinculados a los peritajes introducidos al juicio a través de testigos expertos, tampoco se presentaron. El juzgador, como es verificable en la sentencia impugnada, no tergiversó lo que ellos dicen. Y en realidad el censor no argumentó en sentido contrario. Simplemente le parecen equivocadas las deducciones extraídas a partir de las conclusiones de los peritos. Pero no probó que las mismas fuesen contrarias a la sana crítica y en esa medida los cargos revisados, a través de los cuales el casacionista opone su lectura probatoria a la del juzgador, no ameritan pronunciamiento de fondo de la Corte.

Adicionalmente, la comprobación de un yerro probatorio distinto al denunciado tampoco se descubre en el reproche, ni los argumentos en el mismo expuestos comprueban una incorrección jurídica de la sentencia como para excusar al impugnante por no plantear la causal de casación de violación directa de la ley sustancial y proceder, en consecuencia, a la selección de su demanda. Es manifiesto, por tanto, que no hay lugar a admitirla. Y tampoco a superar sus defectos para hacer uso de la facultad oficiosa contemplada en el inciso 3º del artículo 184 del Código de Procedimiento Penal de 2004.

3. Cabe advertir, para finalizar, que contra la presente decisión procede el mecanismo de insistencia de conformidad con lo establecido en la norma acabada de mencionar, cuyas reglas ha definido la Sala en los siguientes términos:

3.1. La insistencia es un mecanismo especial que solo puede ser promovido por el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia por cuyo medio la Corte decida no seleccionar la demanda de casación, con el fin de provocar que reconsidere lo decidido. También podrá ser propuesto oficiosamente por alguno de los delegados del Ministerio Público para la casación penal —siempre que el recurso de casación no haya sido interpuesto por un procurador judicial—, el magistrado disidente o el magistrado que no haya participado en los debates y suscrito la providencia inadmisoria.

3.2. La solicitud se puede presentar ante el Ministerio Público a través de sus delegados para la casación penal, o ante uno de los magistrados que haya salvado voto en cuanto a la decisión mayoritaria de inadmitir la demanda o ante uno de los magistrados que no haya intervenido en la discusión.

3.3. Es potestativo del magistrado disidente, del que no intervino en los debates o del delegado del Ministerio Público ante quien se formula la insistencia, optar por someter el asunto a consideración de la Sala o no presentarlo para su revisión, evento último en que informará de ello al peticionario en un plazo de quince (15) días.

3.4. El auto a través del cual no se selecciona la demanda de casación trae como consecuencia la firmeza de la sentencia de segunda instancia contra la cual se formuló el recurso de casación, salvo que la insistencia prospere y conlleve a la admisión de la demanda.

En virtud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor del procesado Jidier Alexander Rojas Peña.

Contra esta determinación procede el mecanismo de insistencia, en los términos a que se hizo alusión en las motivaciones.

Notifíquese y cúmplase».