Auto 3578-01 de marzo 14 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Ref.: 3578-01

Consejero Ponente:

Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda

Autoridades nacionales

Actor: Instituto de Seguros Sociales

Bogotá, D.C., catorce de marzo de dos mil dos.

La parte actora por medio de apoderado y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 de Código Contencioso Administrativo, demanda la nulidad del inciso 2º del artículo 2º del Decreto 876 del 13 de mayo de 1998 expedido por los ministerios de hacienda y crédito público y de trabajo y seguridad social, “por el que se dictan normas para el cálculo, emisión, recepción, administración, redención y demás condiciones de los bonos pensionales de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, y se reglamenta parcialmente el artículo 279 de la Ley 100 de 1993”.

Pensión provisional

Solicita la parte actora la suspensión provisional del citado inciso, por manifiesta infracción de los artículos 84 de la Constitución Política; 115 y 128 de la Ley 100 de 1993. Dice que de una simple comparación puede deducirse que la norma demandada consagró una hipótesis que no estaba prevista en el artículo 128 y además, viola el precepto constitucional, al establecer requisitos adicionales para el ejercicio de un derecho cuando la Ley 100 lo reglamentó de manera general sin limitación alguna.

Expresa, que vulnera el artículo 115 de la Ley 100, ya que la norma demandada establece exigencias no previstas en el citado artículo al consagrar que “no habrá derecho a al expedición del bono pensional” para quienes hubieren sido servidores de Ecopetrol y al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 estaban afiliados al ISS, cuando el artículo 115 en concordancia con el 128, prevé tal posibilidad para todos los servidores públicos nacionales y además para los afiliados al ISS.

Finalmente, transcribe una providencia de esta corporación, en la cual se anuló una norma de similares características.

Para resolver se considera

Se demanda la nulidad del inciso 2º que a continuación se trascribe y se destaca:

“ART. 2º—Ecopetrol expedirá bonos pensionales tipo A o B a las personas que se trasladen al régimen de ahorro individual con solidaridad o al de prima media con prestación definida, según el caso, de conformidad con las reglas vigentes.

Sin embargo, no habrá lugar a la expedición de bonos tipo B para quienes hubieran sido servidores públicos de Ecopetrol y al momento de entrar en vigencia el sistema general de pensiones estaban afiliados al Instituto de Seguros Sociales, ISS, o estaban laboralmente inactivos. A estas personas el ISS les reconocerá una pensión o una indemnización sustitutiva teniendo en cuenta todo su tiempo de servicios, y cobrará a Ecopetrol la cuota parte respectiva, la cual podrá cancelarse en un pago único cuando así lo acuerden ambas entidades....”.

Las normas de la Ley 100 de 1993 infringidas según el demandante son:

“ART. 115.—Bonos pensionales. Los bonos pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al sistema general del pensiones.

Tendrán derecho a bono pensional los afiliados que con anterioridad a su ingreso al régimen de ahorro individual con solidaridad cumplan algunos de los siguientes requisitos:

a) Que hubiesen efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales o las cajas o fondos de previsión del sector público;

b) Que hubiesen estado vinculados al Estado o a sus entidades descentralizadas como servidores públicos;

c) Que estén vinculados mediante contrato de trabajo con empresas que tiene a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones, y

d) Que hubiesen estado afiliados a cajas de previsión del sector privado que tuvieren a su cargo exclusivo el reconocimiento y pago de pensiones.

PAR.—Los afiliados de que trata el literal a) del presente artículo que al momento del traslado hubiesen cotizado menos de ciento cincuenta (150) semanas no tendrán derecho a bono”.

“ART. 128—Selección del régimen. Los servidores públicos afiliados al sistema general de pensiones podrán escoger el régimen al que deseen afiliarse, lo cual deberá informarse al empleador por escrito.

(...)

Los servidores públicos nacionales cualquiera sea el régimen que seleccionen, tendrán derecho a bono pensional...”.

También el demandante aduce, que la norma demandada viola de forma manifiesta el artículo 84 de la Constitución Política que consagra:

“Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio”.

De acuerdo con lo anterior, prima facie se vislumbra violación de la norma demandada con las de rango superior invocadas, comoquiera que la impugnada consagró requisitos adicionales que no habían previsto los artículos de la Ley 100, ya que ellos se refieren indiscutiblemente a todos los servidores públicos sin distinción alguna.

En efecto, la norma general, artículo 128, consagra que todos los servidores públicos tienen derecho a bono pensional y el artículo 115 preceptúa que ese derecho lo tienen los afiliados que hubieren efectuado cotizaciones al ISS. Al establecer la norma demandada que los bonos pensionales tipo B no pueden serle expedidos a los servidores públicos de Ecopetrol que al momento de entrar en vigencia el sistema general de pensiones estaban afiliados al ISS, rebasa las normas de rango superior.

Entonces, razón le asiste al demandante, cuando expresa que la norma impugnada violó el artículo 84 de la Carta Política, ya que efectivamente consagra limitaciones y requisitos que las enunciadas de la Ley 100 de 1993, de carácter general, no exigen para el ejercicio del derecho a obtener el bono pensional.

Así las cosas, se impone decretar la suspensión provisional de la norma impugnada y como la demanda reúne los requisitos legales, se dispondrá su admisión.

En mérito de lo expuesto, la Sala.

Resuelve:

1. ADMÍTESE LA DEMANDA presentada en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, por el Instituto de Seguros Sociales.

2. Reconócese personería al doctor José Roberto Sáchica Méndez, para actuar en representación de la parte actora, en los términos y para los efectos del poder obrante a folio 1.

3. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a los ministros de hacienda y crédito público y al de trabajo y seguridad social, con entrega de las copias de la demanda y sus anexos.

4. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al agente del ministerio público.

5. Fíjese el negocio en lista por el término de diez (10) días, para los efectos previstos en el numeral 5º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo.

6. Por secretaría, solicítese a la entidad demandada el envío de los antecedentes administrativos del acto acusado. Término ocho (8) días.

7. DECRÉTASE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL del inciso 2º del artículo 2º del Decreto 876 del 13 de mayo de 1998 expedido por los ministerios de hacienda y crédito público y de trabajo y seguridad social.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión del catorce (14) de marzo de dos mil dos (2002).

Alberto Arango Mantilla—Tarsicio Cáceres Toro—Jesús María Lemos Bustamante—Ana Margarita Olaya Forero—Alejandro Ordóñez Maldonado—Nicolás Pájaro Peñaranda. 

Eneida Wadnipar Ramos, secretaria.

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