Auto 3579 de febrero 7 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

ACTO QUE DECLARA ILEGAL UN CESE DE ACTIVIDADES

NO PUEDE SER OBJETO DE REVOCATORIA DIRECTA

Consejero Ponente:

Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado

Referencia: Expediente Nº 3579-01

Radicación: 11001-03-25-000-252-00

Actor: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP.

Bogotá, D.C., febrero siete (7) de dos mil dos (2002).

Por reunir los requisitos legales, habrá de admitirse la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, interpone la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A. – E.S.P., contra la Resolución 00864 del 16 de mayo de 2001, proferida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Como en capítulo separado, se solicita la suspensión provisional de los actos acusados, a su decisión se procede, previas las siguientes,

Consideraciones

Por medio de la resolución acusada, se resolvió la solicitud de revocatoria directa revocando las resoluciones 2286 y 2287 juntas del 9 de octubre de 1997, por medio de las cuales se había declarado la ilegalidad del cese parcial de actividades realizadas por los trabajadores de la empresa demandante.

Considera la empresa demandante, que con la anterior actuación, se presenta violación manifiesta del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, pues la doctrina tiene señalado que la administración no puede revocar ni modificar, salvo consentimiento expreso del titular, los actos que crean, reconocen o modifican derechos subjetivos o situaciones particulares y concretas, porque los intereses a que tales actos se contraen dejan de estar en la órbita de la administración y ya no se encuentran bajo su gobierno.

Señala entonces, que las resoluciones revocadas habían creado una situación jurídica individual y concreta, consistente en el derecho a despedir a los trabajadores que hubieren intervenido en el cese de actividades declarado ilegal por el Ministerio de Trabajo, pues la empresa, expresamente negó su autorización para la revocatoria.

No obstante, el Ministerio de Trabajo más de tres años después y mediando solicitud de particulares sin legítimo interés, decide revocar con el argumento de que las declaratorias de ilegalidad para cualificar como generadoras de una situación jurídica individual y concreta, requieren que en forma perentoria revistan al empleador de la facultad de dar por terminados unilateralmente los contratos de trabajo, exigencia que no aparece en el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo.

Las resoluciones no se referían a una situación general y abstracta, con formulación de supuestos jurídicos para eventualidades hipotéticas, sino a un caso concreto y real, referido específicamente a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, relacionado con unos ceses de actividades que afectaron el servicio público esencial a su cargo, que el ministerio en su momento verificó y por ello declaró la ilegalidad que a su vez por ministerio de la ley, confirió el derecho de despedir a los trabajadores que participaron o no persistieron en el cese.

Considera que también se transgredió el primer inciso del artículo 451 del Código Sustantivo del Trabajo que dispone que la ilegalidad de una suspensión o paro colectivo de trabajo será declarada administrativamente por el Ministerio de Trabajo y la providencia respectiva deberá cumplirse inmediatamente y contra ella sólo procederán las acciones pertinentes ante el Consejo de Estado.

En consecuencia, ni el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ni el ministro tienen competencia para revocar directamente, esto es, para actuar nuevamente en sede administrativa, en tratándose de actos administrativos que declaran la ilegalidad de ceses de actividades.

Como prueba del perjuicio, expresa que a los procesos adelantados por algunos de los trabajadores despedidos, está siendo allegada esta resolución para sustentar su ilegalidad y así obtener éxito en las pretensiones, lo cual pone en grave riesgo no sólo los intereses de la E.T.B. sino la certeza jurídica de las decisiones que tomó con fundamento en las resoluciones que declararon ilegales los ceses de actividades en los que participaron los ahora demandantes y en la ley.

Para efectos de decidir se tiene lo siguiente:

De conformidad con el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, los actos administrativos pueden ser revocados por la administración ya sea de oficio o a solicitud de parte, cuando medien las causales señaladas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo.

El mismo código establece unas causales de improcedencia de la revocatoria, establecida una en el artículo 70, según la cual no puede pedirse la revocatoria cuando se hayan ejercitado los recursos de vía gubernativa, y otra en el artículo 73 que expresa que tampoco es posible hacerlo cuando se trate de acto que haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreta o reconocido un derecho de igual categoría, salvo que medie el consentimiento expreso y escrito del titular del derecho.

Las anteriores causales de improcedencia de la revocatoria, no puede afirmarse que sean taxativas, pues en virtud de las normas especiales que rigen los conflictos laborales, existe otra causal de improcedencia tanto para los recursos ordinarios como para el extraordinario de que aquí se habla, cual es que se trate de acto que haya definido la ilegalidad de un cese de actividades.

Así lo señala el artículo 451 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando afirma que la ilegalidad de una suspensión o paro colectivo del trabajo, será declarada administrativamente por el Ministerio del Trabajo y la providencia respectiva debe cumplirse inmediatamente. Así mismo, que contra ella sólo proceden las acciones pertinentes ante el Consejo de Estado.

En las anteriores condiciones, es evidente la transgresión de la norma señalada por la parte demandante y por tal razón procede la suspensión provisional solicitada, pues el acto demandado revocó directamente las resoluciones 2286 y 2287 juntas del 9 de octubre de 1997, por medio de las cuales se había declarado la ilegalidad de un cese de actividades, sin que sea necesaria consideración adicional para el efecto.

No sobra agregar que en el acto demandado existen algunas inconsistencias, tales como que en su parte inicial se expresa que se está resolviendo una solicitud de revocatoria directa y en la parte considerativa del mismo, se dice que el despacho del ministro procede de oficio a estudiarla.

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda del Consejo de Estado,

RESUELVE:

Admítese la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad presenta la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. En consecuencia, se dispone:

1. Notifíquese personalmente al agente del Ministerio Público.

2. Notifíquese personalmente la admisión de esta demanda, al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, haciéndole entrega de copia de la misma con sus anexos.

3. Notifíquese al representante legal del Sindicato de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., en la forma y términos señalados en el numeral 3º del Decreto 207 del Código Contencioso Administrativo.

4. Por secretaría y mediante oficio, solicítese a la entidad demandada el envío de los antecedentes administrativos que dieron origen a la expedición del acto demandado.

5. Fíjese el asunto en lista por el término y para los efectos previstos en el artículo 207 del Código Contencioso Administrativo.

6. No hay lugar a señalar suma alguna, por concepto de depósito para gastos ordinarios del proceso.

7. Decrétase la suspensión provisional de la Resolución 864 del 16 de mayo de 2001, proferida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Cópiese y notifíquese.

Tarsicio Cáceres Toro—Jesús M. Lemos Bustamante—Alejandro Ordóñez Maldonado. 

Eneida Wadnipar Ramos, Secretaria

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