Auto 36046 de abril 30 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP 2240-2014

Rad. 36046

(Aprobado Acta Nº 123)

Bogotá D.C., treinta de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Corte

3.1. Recuerda la Corte que en la providencia impugnada se trajeron a colación los criterios que la doctrina de los organismos internacionales de protección de derechos humanos ha fijado para determinar la razonabilidad del plazo para investigar y juzgar a los ciudadanos, uno de ellos era el de la complejidad del caso, sobre el que la defensora sostiene que tal carácter no lo da el que el proceso sea voluminoso.

Al respecto, suficiente se torna replicarle a la inconforme que fue precisamente en uno de los casos citados por la Sala en la providencia que denegó la libertad a Almario Rojas, en donde la Corte Interamericana de Derecho Humanos, expresó:

Por lo que respecta al primer elemento, es claro que el asunto que se examina es bastante complejo, ya que dada la gran repercusión de la muerte de Genie Lacayo las investigaciones fueron muy extensas y las pruebas muy amplias. Todo ello podría justificar que el proceso respectivo (…) se haya prolongado más que otros de características distintas. (Caso Genie Lacayo, sentencia de enero 29 de 1997).

De lo acabado de transcribir se infiere con absoluta claridad que la complejidad del presente asunto sí puede derivarse de lo voluminoso del expediente, según lo ha establecido la doctrina citada que sirve de precedente a esta Corporación dado que es proferida por un organismo que se encarga de interpretar los tratados y convenios que nuestro Estado ha suscrito y se ha obligado a respetar.

3.2. De lo expuesto también se infiere que la gravedad o trascendencia de un caso no resulta irrelevante para examinar la razonabilidad del plazo de investigación y/o juzgamiento, tanto así que ha sido el mismo legislador patrio el que ha considerado dicho criterio para otorgar un mayor lapso a las investigaciones por delitos que son juzgados por los jueces penales del circuito especializados que son precisamente los que la ley ha valorado de mayor gravedad (artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000).

Ahora, no puede concluirse de la disposición legal reseñada que el margen allí estipulado no permita examinar las particularidades del asunto para determinar la razonabilidad del plazo en eventos en lo que la audiencia pública ha iniciado dentro del término consagrado en la ley pero aún no ha concluido, como ocurre en el presente.

3.3. De otro lado, en cuanto al lapso transcurrido entre la ejecutoria de la resolución de acusación y la celebración de la audiencia preparatoria que la defensora no encuentra justificable, suficiente se torna precisarle que una vez se surtieron los procedimientos de notificación de aquella providencia empezó a correr el término de traslado a los sujetos procesales que consagra el artículo 400 del C.P.P., por lo que el mismo venció el 18 de abril de abril de 2013 (folio 53 del C.O. 14) y el 9 de mayo siguiente se profiere el auto que fijó el 4 de julio de la misma anualidad para celebrar la audiencia preparatoria (folio 71 C.O. 14), diligencia que efectivamente se celebró en dicha data (folio 123 a 177 del C.O. 14).

En criterio de la Corte tales términos son igualmente razonables, teniendo en cuenta además que en la audiencia la Corporación debía resolver (como efectivamente lo hizo) diversas solicitudes de pruebas y nulidades que en extensos escritos presentaron tanto la defensa como el propio acusado, amen de lo peticionado por la representante del ministerio público.

3.4. Sobre la garantía de la presunción de inocencia que la impugnante dice ha sido vulnerada, debe decirse que su consagración no implica que cuando la autoridad judicial encuentre necesaria la detención del procesado atendiendo los fines de la misma, no pueda privarlo de la libertad que es lo que ha ocurrido en este caso.

Otra cosa es que sí existe riesgo de vulnerar el principio aludido cuando el plazo de detención es desproporcionado respecto a la pena que corresponda al delito imputado a la persona cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Suárez Rosero, sentencia de noviembre 12 de 1997).

Fue por ello que en el caso acabado de reseñar la Corte Interamericana encontró tal desproporción, y por ende vulnerado el principio de la presunción de inocencia al encontrar probado que el señor Suárez Rosero estuvo privado de la libertad sin sentencia en firme por un término de 3 años y 10 meses, a pesar de que el delito que se le imputaba tenía una pena máxima de 2 años de prisión.

En el presente asunto el procesado lleva poco más de 12 meses privado de la libertad desde que empezó la etapa de juzgamiento y menos de 22 meses desde cuando se materializó su aprehensión, cifras que no se constituyen en desproporcionadas frente a la sanción máxima que prevé la ley para el delito imputado que es de 144 meses.

Entonces, por lo considerado, no encuentra esta Corporación fundamento alguno para reponer la determinación impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

1. NO REPONER la providencia impugnada de fecha y origen registrado.

2. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».