AUTO 3620-2017/77673

Magistrada ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

AL3620-2017

Rad. 77673

Acta 20

Bogotá, D.C., siete de junio de dos mil diecisiete.

Procede la Corte a decidir lo pertinente, acerca del aparente conflicto de competencia negativo entre el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga y el Juzgado Treinta y Nueve Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ejecutivo adelantado por la Clínica Chicamocha S.A., contra Cafesalud Entidad Promotora de Salud S.A.

I. Antecedentes.

La Clínica Chicamocha S.A. demandó a Cafesalud Entidad Promotora de Salud S.A., a fin de que se libre mandamiento de pago por la suma de $ 95.434.135 por concepto de capital adeudado por los servicios prestados, los intereses moratorios y las costas del proceso (fls. 1 a 6).

Por reparto, el asunto correspondió al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, autoridad judicial que mediante proveído de fecha 1 de noviembre de 2016 lo rechazó por falta de competencia, al considerar que como quiera que en el plenario no obraba reclamación administrativa, la competencia debía fijarse únicamente por el domicilio de la accionada que corresponde a la ciudad de Bogotá, a donde ordenó el envío de las diligencias (fls. 101 a 102).

El asunto le correspondió al Juzgado Treinta y Nueve Laboral del Circuito de Bogotá, despacho que el 29 de marzo de 2017 suscitó el aparente conflicto de competencia y declaró la falta de competencia para conocer del presente proceso, al referir que la parte actora agotó la reclamación administrativa en Bucaramanga, lugar en el que efectivamente presentó las facturas para su cobro y, por tanto, la elección del demandante debe respetarse (fls. 108 y 109 vto.).

II. Consideraciones.

De conformidad con lo previsto en el literal a) numeral 4 del artículo 15 del Código de Procedimiento Laboral y Seguridad Social, modificado por el artículo 10 de la Ley 712 de 2001, en armonía con el numeral 2 del artículo 16 de la Ley 270 de 1996 modificada por el 7 de la Ley 1285 de 2009, corresponde a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dirimir el conflicto de competencia que se presente entre juzgados de diferente distrito judicial.

Pues bien, como quedó visto, en este asunto se persigue por la vía ejecutiva el cobro de $ 95.434.135 por concepto de capital adeudado por los servicios prestados de la Clínica Chicamocha a Cafesalud.

Ahora, esta corporación le atribuía la competencia de “[l]a ejecución de obligaciones emanadas (…) del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad”, a la jurisdicción ordinaria en sus especialidad laboral y de seguridad social, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º, numeral 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en concordancia con el artículo 100 ibídem.

Sin embargo, la Sala Plena de esta Corte bajo un nuevo análisis del asunto, en providencia APL2642-2017 recogió dicha postura y adjudicó el conocimiento de las demandas ejecutivas como la que originó este aparente conflicto, a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, teniendo en cuenta las razones que a continuación se exponen.

1. Es cierto que uno de los principales logros de la Ley 100 de 1993 fue el de unificar en un solo estatuto el sistema de seguridad social integral, al tiempo que la Ley 712 de 2001 le asignó a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social, el conocimiento de las controversias surgidas en razón del funcionamiento de tal sistema, como así lo prevé el artículo 2º, numeral 4º, cuyo texto señala que es atribución de aquella:

(…).

4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan.

(…).

Ocurre sin embargo que dicho sistema puede dar lugar a varios tipos de relaciones jurídicas, autónomas e independientes, aunque conectadas entre sí.

La primera, estrictamente de seguridad social, entre los afiliados o beneficiarios del sistema y las entidades administradoras o prestadoras (EPS, IPS, ARL), en lo que tiene que ver con la asistencia y atención en salud que aquellos requieran.

La segunda, de raigambre netamente civil o comercial, producto de la forma contractual o extracontractual como dichas entidades se obligan a prestar el servicio a los afiliados o beneficiarios del sistema, en virtud de lo cual se utilizan instrumentos garantes de la satisfacción de esas obligaciones, tales como facturas o cualquier otro título valor de contenido crediticio, el cual valdrá como pago de aquellas en orden a lo dispuesto en el artículo 882 del Código de Comercio.

Así las cosas, es evidente que como la obligación cuyo cumplimiento aquí se demanda corresponde a este último tipo de relación, pues surgió entre la Entidad Promotora de Salud Cafesalud S.A., y la Prestadora del servicio Hospital Universitario de Bucaramanga, la cual se garantizó con un título valor (factura), de contenido eminentemente comercial, la competencia para conocer de la demanda ejecutiva, teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, radica en la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil.

Así las cosas, ninguno de los jueces entre los que ahora se suscita el aparente conflicto es el competente para conocer del proceso. Ahora bien, como quiera que a esta Sala únicamente le correspondería dirimir este asunto a la luz del factor territorial de competencia, se remitirá el proceso al Juez Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, para que de acuerdo con el criterio expuesto en precedencia adelante los correctivos pertinentes.

III. Decisión.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral.

RESUELVE:

1. ORDENAR el envío de las presentes diligencias al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. INFORMAR lo resuelto al Juzgado Treinta y Nueve Laboral del Circuito de Bogotá.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.

Gerardo Botero Zuluaga, Presidente de la Sala.