Auto 36477 de mayo 23 de 2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 36477

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Gómez Quintero

Aprobado Acta Nº 178

Bogotá, D.C., veintitrés de mayo de dos mil once.

Vistos:

Resuelve la Corte de plano la solicitud de cambio de radicación elevada por el acusado Wilmer Hernán Gallego Zambrano dentro del proceso seguido en su contra por los presuntos punibles de homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 906 de 2004.

Hechos y antecedentes:

El día 26 de enero de 2010 en el municipio de Puerto Asís (Putumayo), siendo las 11:30 de la noche se escuchó una serie de disparos en cercanías a la pista del aeropuerto, los cuales fueron reportados por el vigilante de turno.

Ante el llamado de alarma, la Policía Judicial del CTI de esa localidad acudió al lugar de los hechos y reportó que a la 1:45 de la mañana del día 27 de enero de 2010 se ubicaron cinco cadáveres en una casa de habitación del Barrio 20 de julio (cerca de la pista del aeropuerto) y una persona gravemente herida en el hospital local. Luego de la inspección a la escena del crimen y las pesquisas posteriores se estableció que entre los fallecidos existían vínculos de consanguinidad y amistad íntima.

A raíz de la entrevista ofrecida por María Stella Erazo, única sobreviviente del suceso, se ordenó la captura de Wilmer Hernán Gallego Zambrano como presunto autor de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas cuyo control de legalidad se realizó en audiencia preliminar conjunta de 15 de mayo de 2010, en la cual también se formuló imputación y se impuso medida de aseguramiento consistente en detención en centro carcelario.

En audiencias de 21 de julio de 2010 y 21 de octubre del mismo año se llevaron a cabo audiencia de acusación y preparatoria respectivamente.

Estando pendiente el inicio del juicio oral, a través de escrito de 14 de enero de 2011 el abogado defensor de Wilmer Hernán Gallego solicitó cambio de radicación debido a la supuesta existencia de amenazas de muerte contra los testigos de la defensa, que para el caso se habían concretado en el homicidio de María Inés Zambrano, madre del acusado.

Mediante proveído de 1º de febrero de 2011, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto, ordenó el cambio de radicación para que el proceso siguiera su curso ante los juzgados penales del circuito de Mocoa, siendo asignado mediante reparto al juez primero penal del circuito.

El día 16 de febrero de 2011, la defensa técnica del acusado presentó una nueva solicitud de cambio de radicación la cual fue resuelta por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa a través de auto de 7 de marzo de 2011 en el cual se negó la petición toda vez que la ciudad de Mocoa ofrecía plenas garantías para el procesado, las víctimas y los testigos al no existir circunstancias de orden público que perturbaran la imparcialidad de la administración de justicia.

Tras la renuncia de los abogados de confianza de Wilmer Hernán Gallego quienes argumentaron problemas de seguridad y temor por sus vidas, en escrito radicado el 12 de abril de 2011 el acusado solicitó cambio de radicación y adujo como nuevo hecho el atentado contra su primo Orlando Zambrano Zambrano y las presuntas amenazas que la comunidad ha realizado en caso de no proferirse un fallo condenatorio. Añadió que varios testigos le manifestaron su temor por asistir al juicio debido a los acontecimientos que se han presentado razón por la cual consideró que su defensa se ha visto afectada.

Por su parte, en escrito radicado el 28 de abril de 2011 ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, el doctor John Harold Ordoñez Gaviria, actuando como apoderado judicial de víctimas, solicitó que se rechazara el cambio de radicación invocado por el imputado y se continuara con el proceso en el circuito de Mocoa.

Señaló que las supuestas amenazas esgrimidas por el imputado solo se alegan de manera general sin una prueba fehaciente que las soporte. Añadió que el atentado contra Orlando Zambrano Zambrano no puede invocarse en la solicitud ya que este no hace parte del listado de testigos presentados por la defensa en la audiencia preparatoria y además fue un hecho sucedido en la ciudad de Puerto Asís y no en Mocoa donde se adelante el proceso penal.

Alegó que las víctimas se verían afectadas ya que la remisión de la actuación a otro distrito judicial implicaría una serie de cargas adicionales que se traducirían en la ausencia de aquellas al juicio oral.

En auto de 2 de mayo de 2011, la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Mocoa decidió remitir el expediente a esta corporación para que se defina el posible cambio de radicación a otro distrito judicial ya que “se observan varios condicionamientos que alteran en el asunto sub examine, las condiciones necesarias para la seguridad del acusado como de sus defensores”(1).

Consideraciones:

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.8 y 49 de la Ley 906 de 2004, se le otorga a la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de Casación Penal, competencia para conocer de esta solicitud de cambio de radicación y resolverla de plano.

El cambio de radicación de un proceso penal es procedente cuando en el territorio donde se esté adelantando la actuación procesal existan circunstancias que puedan afectar el orden público, o la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad o integridad personal de los intervinientes, en especial de las víctimas o de los servidores públicos. Se trata de una excepción a las reglas de competencia relativas al factor territorial siendo viable solamente en presencia de las causales antes señaladas. Señaló esta corporación que,

“El cambio de radicación es norma excepcional de restringida aplicación que obedece en términos generales, a demostraciones fundamentales en el sentido de que un determinado sitio la justicia no está en capacidad de ser administrada con rectitud y eficacia... Así pues, solo cuando existe un ambiente impropio para el juzgamiento, debe abrirse campo el cambio de radicación, precisamente para que el proceso sea ventilado en otro medio judicial”(2).

Por su parte los artículos 46 y 47 del estatuto procedimental indican que la solicitud de cambio de radicación debe elevarse antes de iniciarse la audiencia del juicio oral, a solicitud de las partes, el Ministerio Público o el Gobierno Nacional, deberá ser debidamente sustentada y a ella se acompañarán los elementos cognoscitivos pertinentes. Añade este artículo que “El juez que conozca de la solicitud rechazará de plano la que no cumple con los requisitos exigidos en esta disposición”.

Es relevante resaltar que dado su carácter restringido y excepcional una petición en tal sentido debe estar acompañada de las pruebas que la sustentan en alguna de las diversas hipótesis que se afirme procedente. Por otro lado si a la solicitud de remoción de un proceso no se allegan las pruebas en que esta se funda, se corre el riesgo de que la pretensión resulte impróspera, pues el funcionario jurisdiccional no puede sustituir al sujeto procesal en la labor de demostración de los supuestos necesarios para autorizar el cambio de radicación, esto en virtud del carácter dispositivo que los artículos 46 y siguientes de la Ley 906 imprimen al trámite, la que debe ser resuelta de plano, obviamente sin la posibilidad de agotar un periodo probatorio toda vez que es al interesado en la aplicación de este excepcional mecanismo a quien corresponde la carga de demostrar los supuestos fácticos en que se apoya(3).

Frente al trámite que debe surtir la solicitud de cambio de radicación esta Sala ha sostenido que,

“Si el cambio de radicación es promovido por uno de los sujetos procesales, la Sala ha advertido que pueden presentarse las siguientes eventualidades: (...)

b) Que la presente ante el tribunal superior de distrito. En este evento, independientemente que el solicitante sugiera la conveniencia de radicar el proceso en otro distrito judicial, el tribunal debe examinar si la causa que motiva la petición puede ser neutralizada dentro del mismo distrito. Únicamente cuando el tribunal concluya que las circunstancias aducidas por el sujeto procesal no solo se circunscriben al respectivo municipio o circuito, sino también al distrito judicial del cual forma parte, debe remitir la petición a la Corte para que la resuelva”(4).

Lo anterior es suficiente para avalar el procedimiento adoptado por el Tribunal Superior de Mocoa quien conoció de la petición y la remitió a esta corporación al considerar que se debe estudiar un eventual cambio de radicación a otro distrito judicial.

Descendiendo al caso concreto se tiene que la defensa técnica y material del procesado Wilmer Hernán Gallego ha presentado solicitud de cambio de radicación en tres oportunidades mediante escritos de 14 de enero, 16 de febrero y 12 de abril de 2011.

En la primera oportunidad la petición incoada fue admitida por el Tribunal Superior de Pasto quien en decisión de 1º de febrero ordenó el cambio de radicación para que fuese conocido por el Juzgado Penal del Circuito de Mocoa al encontrar fundado el temor esbozado por el Ministerio Público y la defensa sobre una posible alteración del orden público en Puerto Asís que pusiera en riesgo la seguridad e integridad personal del procesado.

Señaló el tribunal que los hechos que se suscitaron en el municipio de Puerto Asís, particularmente el homicidio de María Inés Zambrano testigo y madre del acusado, así como las continuas amenazas contra los demás testigos, eran sustento suficiente para acceder a la petición de la defensa sobre el cambio de radicación.

Añadió que “se accederá al cambio de radicación, pero no en un distrito judicial diferente como ellos lo solicitan sino a la ciudad de Mocoa, localidad en donde se encuentra actualmente detenido el procesado, lo que evita que este deba ser desplazado por largos trayectos a fin de asistir al juicio , garantizándose así si (sic) seguridad; la referida población además por su cercanía posibilita el traslado de los testigos para que participen dentro del juicio oral y de esa manera se preserve el derecho al debido proceso y contradicción de las partes”(5).

Por su parte el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Mocoa negó la segunda petición de cambio de radicación aduciendo que si bien los hechos lamentables de la muerte de María Inés Zambrano y las constantes amenazas a la vida de los demás familiares no pudieron ser contrarrestados en el municipio de Puerto Asís, no se podía predicar lo mismo del municipio de Mocoa ya que ninguna de las circunstancias denunciadas se produjeron en dicha capital.

Indicó que el informe remitido por el secretario de gobierno departamental referido a las circunstancias de orden público existentes, permite concluir que el circuito de Mocoa ofrece todas las garantías necesarias para continuar con el trámite penal.

Debe manifestar esta Sala que los hechos que motivaron la primera solicitud de cambio de radicación y que fueron reiterados en la segunda petición, ya fueron analizados y resueltos por el Tribunal de Pasto y el Tribunal de Mocoa de manera que un nuevo requerimiento en el mismo sentido solo será admisible si se alegan nuevas circunstancias que se adapten a las hipótesis dispuestas por la ley procedimental.

En el escrito allegado por el acusado se hace referencia al homicidio de su madre María Inés Zambrano, las constantes amenazas a su familia y demás testigos residentes en el municipio de Puerto Asís, y el atentado ocurrido el 7 de marzo de 2011 contra su primo Orlando Zambrano Zambrano como sustento fáctico para alegar un presunto riesgo para su integridad lo que motivaría una decisión de cambio de radicación.

Según lo anotado, la muerte de María Inés Zambrano y las presuntas amenazas en contra de otros familiares y testigos ya fueron objeto de decisión judicial anterior, razón por la cual esta Sala no las tendrá en cuenta como sustento para una nueva solicitud. Es necesario añadir, no obstante lo anterior, que las afirmaciones genéricas sobre riesgos para la vida de los testigos sin un sustento probatorio real no resultan satisfactorias para acceder a un cambio de naturaleza excepcional.

Concluye esta Corte que el único hecho nuevo que sustenta la petición es el atentado ocurrido el 7 de marzo de los presentes (sic) en contra de Orlando Zambrano Zambrano, por lo que cabe destacar que este último no se encuentra entre los 23 testimonios solicitados por la defensa en la audiencia preparatoria,(6) siendo necesario señalar que el reprochable atentado contra la vida de Orlando Zambrano no afecta las garantías procesales del trámite estudiado ya que no está llamado como participante dentro del juicio oral.

Así mismo es pertinente reiterar el argumento esgrimido por el Tribunal Superior de Mocoa en cuanto los hechos narrados por el procesado se han presentado en la ciudad de Puerto Asís y no en el lugar donde se llevará a cabo el juicio oral, esto es la ciudad de Mocoa, razón por la cual esta Sala considera infundadas las razones alegadas para el cambio de radicación.

De otra parte la jurisprudencia penal ha sido reiterativa en cuanto a la importancia que ha adquirido la víctima en el nuevo esquema del proceso penal, elemento que se acentúa con la cantidad de normas procesales que hacen referencia a dichas prerrogativas. Así las cosas, ha dicho la Corte,

“son plurales los mecanismos que la Constitución como la ley emplean para la protección y defensa de las víctimas de un delito, sin que queden reducidos al solo ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal, acción útil e importante si se quiere, pero tan solo contingente y meramente alternativa.

Lo primero que puede resaltarse es que en protección de la persona ofendida o perjudicada con el hecho punible se instituye toda una pluralidad de medios y medidas como sucede, por vía de ejemplo, desde la necesaria protección de víctimas y testigos por parte de la fiscalía (C.N., art. 250-4) “para garantizar el restablecimiento del derecho y la cooperación plena judicial” (CPP, art. 11) y la erección (sic) del restablecimiento del derecho como norma rectora de este estatuto (art. 14 ibídem) encaminada a hacer cesar los nocivos efectos del delito y procurar que las cosas vuelvan a su situación primera (CPP, art. 120, nums. 3º y 6º), hasta la toma de medidas procesales de consideración por la persona del ofendido a fin de que el proceso concluya sin dilaciones indebidas y su colaboración con la justicia no llegue a constituirse en ocasión de zaherirle, ridiculizarle o hacerle más doloroso el recuerdo de su tragedia personal.

(...) Ahora: en la Ley 906 de 2004, en los principios rectores y las garantías procesales, se establecen los derechos de las víctimas (art. 11):

(...) d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas(7).

f) A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto.

g) A ser informadas sobre la decisión relativa a la persecución penal; a acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de garantías, y a interponer los recursos ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar.

h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, si el interés de la justicia lo exigiere, por un abogado que podrá ser designado de oficio.

(...) La protección que el ordenamiento jurídico nacional reconoce a las víctimas no se refiere exclusivamente a la reparación de los daños que les ocasione el delito, sino también a la protección integral de sus derechos a la verdad y a la justicia para garantizar el principio de la dignidad humana.

(...) En el contexto anterior es claro que el debido proceso se predica no solamente respecto del imputado o acusado, sino también de las víctimas y perjudicados con el delito, en orden a proteger sus derechos fundamentales al acceso a la justicia, a la verdad, a la justicia y al resarcimiento del daño ocasionado con el injusto. Y en este último punto la labor del funcionario judicial ha de encaminarse a que efectivamente se cumpla la reparación del agravio inferido”(8).

Bajo esta premisa se debe indicar que el cambio de radicación a otro distrito judicial como lo solicita el acusado, afectaría los derechos y prerrogativas de las víctimas que se verían obligadas a trasladarse a lugares lejanos para poder asistir e intervenir en el juicio oral y el incidente de reparación. Como se explicó, en el caso examinado no encuentra esta Sala mérito suficiente para ordenar el cambio de radicación generando cargas adicionales e injustificadas a las víctimas.

En las condiciones anteriormente vistas, toda vez la solicitud no fue acompañada de un sustento probatorio suficiente y los hechos alegados no se compadecen con una verdadera afectación de la administración de justicia, la Sala negará el cambio de radicación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

NEGAR el cambio de radicación del proceso penal adelantado contra Wilmer Hernán Gallego Zambrano, conforme con las consideraciones expuestas en esta decisión.

Comunicar lo anterior al Juzgado Primero Penal del Circuito de Mocoa para que continúe con el conocimiento de este proceso.

Contra este auto no procede recurso alguno.

Cópiese, devuélvase y cúmplase.

Magistrados: Javier de Jesús Zapata Ortiz—José Luis Barceló Camacho—José Leónidas Bustos Martínez—Fernando A. Castro Caballero—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—María del Rosario González de Lemos—Augusto J. Ibáñez Guzmán—Julio Enrique Socha Salamanca.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

(1) Folio 588, cuaderno 2.

(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto de 02 de julio de 2008. Radicado: 30.049.

(3) En este sentido, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. 31 de agosto de 2009. Radicado: 32.458.

(4) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto de 28 de enero de 2002, Radicado 20387.

(5) Folio 404, cuaderno 2.

(6) Folios 171 y 172, cuaderno 1.

(7) Corte Constitucional, Sentencia C-209, marzo 21 de 2007.

(8) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de abril 18 de 2007, Radicado 24829.