Auto 36562 de junio 13 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 227

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Bogotá, D.C., trece de junio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Corte es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra los autos y sentencias que profieran en primera instancia los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley 906 de 2004.

Dos son los temas discutidos por la defensa en relación con la decisión apelada: de un lado, el rechazo de un testimonio destinado a impugnar la credibilidad de algunos investigadores de la Fiscalía, y por otro, unas exclusiones probatorias.

Impugnación de los autos que deciden sobre la exclusión, rechazo o admisibilidad de pruebas en el juicio

La fiscalía, en condición de no recurrente, solicita que antes del estudio respectivo se haga claridad sobre las decisiones que son apelables en materia probatoria, y el efecto en que procede el recurso, acorde con lo establecido en el artículo 177.4.5 de la Ley 906 de 2004 (modificado por L. 1142/2007, art. 13), con el fin de establecer la legitimidad de la apelación presentada por la defensa y la corrección del efecto en que fue concedida la impugnación (suspensivo).

La Corte, en decisión de 30 de noviembre de 2011(3), al analizar este tópico, precisó que el recurso de apelación solo procedía contra las decisiones que impedían la efectiva práctica o incorporación de la prueba al juicio, es decir, de las que disponían su exclusión, rechazo o inadmisión, a partir de la interpretación del contenido de los artículos 20 y 359 ejusdem.

Se dijo, en apoyo de esta posición, que el artículo 20, al relacionar como autos susceptibles de apelación, los que afectan la práctica de las pruebas, hacía alusión a los que impedían su práctica e incorporación, por cuanto no de otra manera podía ser entendida la expresión afectar. Y que el artículo 359 solo incluía como decisiones pasibles de este recurso las que excluían, rechazaban o inadmitían una prueba.

Un nuevo análisis del tema, lleva a la Sala a reconsiderar esta postura, y adoptar como postulado jurisprudencial que el recurso de apelación procede no solo contra las decisiones que niegan la práctica de la prueba (trátese de exclusión, inadmisión o rechazo), sino también contra las que ordenan su aducción, admisión o aceptación, y que la concesión del recurso debe hacerse en el efecto suspensivo.

Esto, atendiendo a una interpretación sistemática del modelo de enjuiciamiento acusatorio, comprensiva de un estudio correlacionado de los artículos 20 y 359 con los artículos 176, 177 y 363 ejusdem, como también del papel que debe cumplir la audiencia preparatoria en este sistema y la necesidad de asegurar la realización de los principios de depuración y eficacia probatoria.

El artículo 176, en su inciso tercero, establece, en el carácter de cláusula general, que el recurso de apelación procede contra los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias, salvo las excepciones legales, dando de esta manera cabida a la segunda instancia a todas las decisiones que cumplan tres condiciones, (i) que tengan la naturaleza de auto, (ii) que hayan sido dictadas en el curso de una audiencia, y (iii) que el recurso no esté exceptuado por la ley.

Las decisiones que deciden sobre la exclusión, admisión, rechazo o práctica de pruebas tienen a no dudarlo la condición de autos, entendidos por tales los que resuelven algún incidente o un aspecto sustancial, de acuerdo con la definición que de ellos trae el artículo 161 ejusdem, en cuanto se erigen en expresiones del derecho a probar y a la controversia probatoria, previsto en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

El artículo 177, por su parte, en su primer inciso, incluye como decisión susceptible de ser apelada en el efecto suspensivo, el auto que niega la práctica de prueba en el juicio oral (estipulación cuarta), pero también, el auto que decide sobre la exclusión de una prueba del juicio oral (estipulación quinta), sin hacer distinciones sobre el sentido de la decisión, previsión esta última de la que se sigue que la apelación procede en ambos casos, es decir, cuando se ordena o niega su exclusión.

El mismo precepto, en el inciso segundo, incluye como decisión contra la que procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, el auto que admite la práctica de la prueba anticipada (estipulación sexta), precepto del que igualmente se establece que la regla acogida por los estatutos procesales anteriores, en los que el derecho de impugnación solo procedía contra las decisiones que negaban pruebas, no es la que preside el modelo de enjuiciamiento acusatorio.

Esta nueva orientación se reitera en el artículo 363, que consagra como motivo de suspensión de la audiencia preparatoria, el trámite de la apelación de las decisiones relativas a las pruebas, hasta cuando el superior jerárquico resuelva, expresión que, al igual que las anteriores, no distingue entre el sentido de la decisión, resultando comprensiva tanto de las decisiones que niegan como de las que autorizan.

Dicha variante encuentra su razón de ser en el carácter esencialmente adversarial del nuevo sistema, que determina que la iniciativa probatoria se concentre en cabeza de las partes (ente acusador y defensa), con exclusión del juez, quien asume la condición de árbitro(4), y que ambas tengan derecho no solo en que se incluyan o practiquen las pruebas que aducen en apoyo de su teoría del caso, sino de oponerse a las que postula la parte contraria.

También en la necesidad de que el procedimiento de depuración probatoria que se realiza en la audiencia preparatoria cuente con la garantía de la doble instancia, para que las pruebas que se lleven al juicio oral cumplan realmente las condiciones de conducencia, pertinencia y utilidad, en aras de la efectivización de los principios de concentración y de eficacia probatoria.

El efecto en que debe concederse el recurso de las decisiones relacionadas con la práctica de pruebas, no enlistadas expresamente en el artículo 177 (modificado por L. 1142/2007, art. 13), es el suspensivo, pues no resulta razonable iniciar el juicio oral estando pendiente de decidir sobre las pruebas que deben practicarse o debatirse en el curso del mismo, pero además, porque así se infiere de la orden de suspensión de la audiencia preparatoria que contiene el artículo 363.

Hechas estas precisiones, ninguna incorrección advierte la Sala en la determinación del tribunal de conceder el recurso de apelación contra la decisión de negar la práctica de un testimonio y de no acceder a la exclusión de los elementos probatorios aportados por la fiscalía, ni en la de conceder el recurso en el efecto suspensivo.

La solución del presente asunto puesto a consideración de la Sala, ofrece oportuna la realización de algunas consideraciones en torno de la importancia de la audiencia preparatoria, como pasa a verse

La audiencia preparatoria

Como se sabe, el proceso penal y en particular la fase del juicio, se orienta hacia el debate de la vista pública, episodio central del esquema adversarial, de manera que las audiencias que la preceden se encaminan a lograr su perfecta realización.

Así, la audiencia de formulación de acusación, de acuerdo con el artículo 339 de la Ley 906 de 2004, tiene como función primordial el saneamiento del proceso, precisamente de cara a la futura celebración del juicio oral, tal y como ha tenido ocasión de precisarlo la Sala(5), advirtiendo que esta constituye el escenario apropiado para cuestionar la competencia, formular recusación, solicitar nulidades, fijar los hechos relevantes del juicio, y para el reconocimiento de la víctima.

A su turno, los objetivos de la audiencia preparatoria, al tenor de lo preceptuado por los artículos 356, 357, 358, 359, 360 y 362 del Código de Procedimiento Penal, están relacionados con el aprestamiento del juicio oral, en tanto escenario de construcción de conocimiento.

Esto básicamente porque el juicio es concebido constitucional y legalmente como el espacio de una disputa de contenido epistemológico, esto es, en torno del conocimiento que se le lleva al juez en relación con una hipótesis delictiva específica formulada por la Fiscalía y la consiguiente postura asumida por la defensa.

El juicio, como proceso de conocimiento involucra varios saberes: en la determinación del objeto problemático se vincula la ontología, en la presentación de los argumentos la hermenéutica, en relación con la forma en que se realizan los razonamientos, se invita a la lógica, y en cuanto a la forma de conocer y utilizar los elementos de prueba, se vincula la epistemología, entre otras.

De ahí que la evaluación de la corrección del fallo que se demanda en desarrollo del recurso extraordinario de casación, se nutre, no propiamente de los principios de dicha impugnación los cuales son eminentemente procesales, sino de la lógica, la hermenéutica, la retórica, la ontología y la epistemología.

Así, el juez es ante todo un científico, en su más elemental acepción, toda vez que su función está ligada a la valoración de si la tesis o la teoría del caso expuesta por la Fiscalía, alcanza el nivel de certeza, con origen en la confiabilidad que ofrecen unos elementos que para dicha conclusión le expuso, exhibió y demostró el acusador. O, si por el contrario, en el evento en que la defensa ofrezca una teoría del caso —a lo cual no está obligada— debe determinar cuál resulta airosa en ese proceso de confrontación. No en vano se le conoce como el juez de conocimiento.

Y, el método por medio del cual se construye la verdad, está dado por el procedimiento penal, en las reglas de prueba, inspirados uno y otras en los valores y principios traducidos en forma de garantías procesales en los últimos siglos, mediante los cuales solo puede ser fundamento de tal conocimiento aquello que ha sido buscado, asegurado, descubierto, ofrecido, decretado, practicado, incorporado y valorado conforme lo disponen dichos preceptos.

Esto sin perder de vista que detrás de este esfuerzo investigativo y epistemológico se halla la tragedia y la miseria en su más escueta intensidad, lo que implica unas enormes exigencias de combinación en la persona del juez, de científico y humanista.

La hipótesis delictiva con la cual inicia el proceso de investigación es formulada por la Fiscalía como centro de su programa metodológico, según aclara el artículo 207 de la Ley 906 de 2004, y su verificación se puede llevar a cabo de manera libre, de acuerdo con lo informado por el artículo 373 ejusdem, siempre que no se vulneren los derechos humanos.

De manera que, una vez que el procesado descarta la posibilidad de renunciar al juicio a cambio de una reducción punitiva, y, por tanto, se hace inminente el debate oral, la audiencia preparatoria se convierte exclusivamente en el escenario en que se alista la controversia que habrá de celebrarse en la vista pública(6).

Así, en torno a los elementos de convicción a utilizarse en el juicio, debe quedar claro que en la audiencia preparatoria, luego de que se culmina el descubrimiento(7) (356.1.2), el juez que la preside, debe dar curso a los siguientes pasos:

1. La enunciación de lo que cada parte solicitará (356.3), a fin de que antes de que cada una eleve su petición formal, ya sepa lo que será objeto de petición por la otra, en el entendido de que no todo lo descubierto tiene necesariamente que ser solicitado.

2. La concreción de las solicitudes probatorias con la fundamentación de su pertinencia (357).

3. la posibilidad de que cada contendiente pueda pronunciarse sobre las peticiones del otro, siendo procedente en este estadio la realización de estipulaciones probatorias y la solicitud de inadmisión, rechazo o exclusión de los medios de convicción impetrados. Y,

4. Finalmente debe emitirse un pronunciamiento (decreto), decisión en la cual el juez, además de indicar cuál será la prueba a practicarse en el juicio, se ocupa de resolver las peticiones formuladas hasta ese momento procesal por las partes e intervinientes(8), de señalar el orden en que habrán de practicarse (362); y antes de concluir la audiencia preparatoria procederá a la fijación de la fecha en que habrá de celebrarse el juicio oral.

Frente a las solicitudes probatorias el juez de conocimiento lo primero que debe evaluar es si el medio cognoscitivo resulta pertinente en relación con el thema probandi, con el problema de investigación, o, si se quiere, con las hipótesis de las partes, vale decir, la relación ontológica del hecho materia de prueba con la norma penal que la fiscalía invoca como violada por el acusado. En segundo lugar si es admisible, en el entendido de que todo lo pertinente puede no ser admisible; debiendo además verificar si aquello que se solicita fue debidamente descubierto, y si el proceso de su búsqueda, consecución y aseguramiento fue legal.

En relación con la pertinencia hay que tener en cuenta lo previsto en la parte final del artículo 375, norma según la cual, la prueba “También es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito”.

Así, en el juicio de pertinencia, está autorizado extenderse, entre otros tópicos, a los aspectos relacionados con la credibilidad del testigo o del perito, con el objetivo, precisamente de impugnarla; como un ejercicio válidamente reconocido del principio de contradicción; que consiste, además en la posibilidad de cuestionar al testigo como fuente confiable de información.

En efecto, la impugnación de credibilidad como extensión de la pertinencia de la prueba, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 403 del Código de Procedimiento Penal, comprende los siguientes temas:

1. Naturaleza inverosímil o increíble del testimonio.

2. Capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier asunto sobre la declaración.

3. Existencia de cualquier tipo de prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad por parte del testigo.

4. Manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros, o entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías.

5. Carácter o patrón de conducta del testigo en cuanto a la mendacidad.

6. Contradicciones en el contenido de la declaración.

Por consiguiente, la parte que solicita una prueba con fines de impugnación, debe claramente precisar cuál de estos criterios son los que utilizará en desarrollo del contrainterrogatorio(9) realizado al testigo o al perito de la parte contraria, para determinar su pertinencia.

Ahora bien, puede impugnarse la credibilidad del testigo propio, verbigracia en el evento de que cambie la versión inicialmente vertida en la entrevista o en la declaración jurada, para lo cual podrá utilizarse dicha declaración previa.

En todo caso, el juez en la sentencia, deberá responder las impugnaciones de credibilidad formuladas en el debate, al momento de abordar la apreciación de los testimonios, tal y como se lo indica el artículo 404 del estatuto procesal penal.

En materia de estipulaciones probatorias hay que destacar que, en la audiencia preparatoria, en torno de lo que se descubre, enuncia, solicita y decreta, puede haber disenso, pero también coincidencia en relación con aquellos hechos o circunstancias que no son materia de “controversia sustantiva”, los cuales, por tanto, pueden ser objeto de acuerdo entre las partes, en el sentido de darlos por probados sin necesidad de debate alguno, lo cual debe ser comunicado al juez, tan pronto como se obtenga.

Por eso, en cumplimiento del principio de lealtad, se debe entender que las estipulaciones probatorias, una vez aprobadas por el juez, no son retractables, y a ellas no se podrá oponer ni el Ministerio Público ni el representante de la víctima. Así ya lo ha explicado esta corporación(10):

“Es así que, una vez las partes expresan ante el juez que han realizado estipulaciones probatorias y las especifican, no ha lugar la retractación unilateral, que de admitirse rompería el equilibrio entre los adversarios; y mucho menos es viable el arrepentimiento si el juicio oral ya ha concluido, pues la naturaleza de los actos procesales lo impide.

El contenido, alcance y límite de las estipulaciones depende de la voluntad de la Fiscalía y la defensa. El acuerdo debe quedar claro para ellos y para el juez. Para este efecto, el de logar que no quede duda acerca de lo pactado, el funcionario judicial debe intervenir siempre que lo considere necesario, en orden de garantizar la cabal comprensión del asunto.

Por lo general —y es una buena práctica— las estipulaciones se elevan a escrito, que firman tanto la Fiscalía como la defensa.

De ese modo, por ejemplo, es factible acordar o tener por probado que el ciudadano A suscribió el documento B, y, entonces, este documento puede llevarse a juicio sin necesidad de que el ciudadano A tenga que asistir a la audiencia pública a reconocer tal hecho. En este caso, no se puede discutir la autoría del documento, pero sobre su contenido es factible la controversia probatoria que a bien tengan las partes.

O también puede estipularse que el contenido del documento B es cierto y ajustado a la realidad. En esta hipótesis, en virtud de lo pactado, la posibilidad de controvertir se desvanece.

Debe quedar claro que las estipulaciones consisten en aceptar como probados algunos hechos o circunstancias; no la fuerza de convicción, el peso o poder suasorio de lo que se tiene por demostrado. Por consiguiente, el ejercicio de apreciación de las pruebas materia de estipulación, a cargo del juez de conocimiento, puede cuestionarse a través de los recursos, en igualdad de condiciones que cualquier otro medio probatorio”.

Las estipulaciones probatorias presuponen el consentimiento libre y el entendimiento claro de la Fiscalía y la defensa; y tienen como función evitar la prolongación innecesaria del debate, de suerte que contribuyen a la celeridad, al ahorro de instancia y a la eficacia del sistema”.

En todo caso, de acuerdo con los límites impuestos por el legislador en el inciso 4º del artículo 10 de la Ley 906 de 2004, el juez solo aprobará las estipulaciones que no impliquen la renuncia a la no autoincriminación y demás derechos de naturaleza constitucional no vinculados directamente con la actividad probatoria; acuerdo que ha sido explicado por la Sala de la siguiente manera(11):

“La finalidad de un tal pacto es depurar el juicio de innecesarios debates respecto de “hechos o sus circunstancias” frente a los que no hay controversia entre las partes, siempre que ello no implique renuncia a los derechos constitucionales, lo cual se aviene o resulta armónico con el carácter predominantemente adversarial del nuevo modelo de enjuiciamiento, toda vez que si el objeto del proceso es el enfrentamiento de dos “teorías del caso” opuestas acerca de la situación fáctica investigada, en la medida en que entre ambas posiciones hayan puntos de encuentro o comunes, las partes están facultadas para dar por zanjada cualquier diferencia, haciendo de esta manera operantes los principios de publicidad, concentración e inmediación, propios del nuevo sistema”.

En consecuencia, los medios de prueba ofrecidos por las partes pueden ser inadmitidos, rechazados y excluidos, según lo prevé el artículo 359 ejusdem.

En principio, según las voces del artículo 376, toda prueba pertinente es admisible. Sin embargo, hay distintas razones por las cuales el elemento de convicción no debe llegar al juicio, no quedándole alternativa distinta al funcionario judicial que inadmitirlo.

En efecto, según la normativa comentada, se debe inadmitir la prueba cuando:

1. Con ella exista peligro de causar grave perjuicio indebido, presupuesto de hecho en el cual se incrustan eventos como el previsto en el artículo 359 inciso segundo, en relación con las conversaciones realizadas entre Fiscalía y defensa tendientes a la realización de preacuerdos o al reconocimiento del principio de oportunidad(12).

2. Se presente la probabilidad de que genere confusión o exhiba poco valor probatorio(13): como la prueba de referencia, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 379 es generalmente inadmisible, y solo de manera excepcional podría ingresar al juicio, de presentarse alguno de los eventos previstos en el artículo 438, siendo en todo caso restringido su valor probatorio de cara a la condena según lo determinado por el artículo 381.

3. Sea injustamente dilatoria del procedimiento, como podría ocurrir frente a pruebas repetitivas, o aquellas con las que se pretenda demostrar hechos notorios.

El estatuto procesal también incluye el rechazo de aquella prueba que no fue descubierta de manera oportuna, según lo determina el artículo 356.1 ibídem.

A su turno, la prueba ilegal debe ser excluida, de acuerdo con el artículo 360, según el cual “El juez excluirá la práctica o aducción de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han practicado, aducido o conseguido con violación de los requisitos formales previstos en este código”.

De suerte que, la violación de los requisitos formales, vale decir, la ilegalidad que genera como consecuencia la exclusión de la prueba, puede presentarse, o bien en su práctica, aducción o en la consecución del medio de convicción, tal como sistemáticamente lo advierte el inciso final del artículo 29 superior, y los artículos 23, 360 y 455 de la Ley 906 de 2004.

Ordinariamente, aquello que con cierto desdén se menciona como meras formalidades, es nada menos que la protección contra la arbitrariedad, porque la intimidad y la libertad que hacen parte del núcleo esencial de la autonomía personal y de las más profundas dimensiones de la personalidad, solo, excepcionalmente, son susceptibles de afectación o restricción con fines de búsqueda de prueba con vocación de ser usada judicialmente.

Por tanto, corresponde al juez en la audiencia preparatoria ocuparse de todos estos aspectos relacionados con la inclusión de la prueba en el juicio, no pudiendo evadir, ni renunciar, ni evitar las discusiones en torno de su inadmisión, rechazo o exclusión so pretexto de mantener incólume su imparcialidad, toda vez que es aquella el escenario natural de tales discusiones y no otro; al punto que de advertir afectada esa esencial condición para afrontar el juicio, puede hacer uso de las causales de impedimento previstas a fin de separarse del conocimiento del asunto.

Hay que tener presente que la prueba podría ser declarada ilegal con la posible connotación de su exclusión, pero también podría ser calificada de ilícita, con consecuencias anulatorias para toda la actuación, precisamente desde cuando se realizó el acto que le trasmitió dicha ilicitud.

El punto sobre la diferencia entre la ilegalidad y la ilicitud de la prueba y las consecuencias de una y otra ha sido materia de análisis constante por parte de esta corporación(14), en uno de cuyos pronunciamientos precisó(15):

“En ese contexto, la jurisprudencia de la Sala, ha definido que prueba ilícita(16) es aquella que “se obtiene con vulneración de los derechos fundamentales de las personas, entre ellos la dignidad, el debido proceso, la intimidad, la no autoincriminación, la solidaridad íntima; y aquellas en cuya producción, práctica o aducción se somete a las personas a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, sea cual fuere el género o la especie de la prueba así obtenida”(17).

La misma jurisprudencia ha destacado que la prueba ilícita puede tener su génesis en varias causas a saber:

“(i) Puede ser el resultado de una violación al derecho fundamental de la dignidad humana (C.N., art. 1º), esto es, efecto de una tortura (C.P., arts. 137 y 178), constreñimiento ilegal (C.P., art. 182), constreñimiento para delinquir (art. 184 C.P.) o de un trato cruel, inhumano o degradante (C.N., art. 12).

“(ii) Así mismo la prueba ilícita puede ser consecuencia de una violación al derecho fundamental de la intimidad (C.N., art. 15), al haberse obtenido con ocasión de unos allanamientos y registros de domicilio o de trabajo ilícitos (C.N., art. 28 y C.P., arts. 189, 190 y 191), por violación ilícita de comunicaciones (C.N., art. 15 y C.P., art. 192), por retención y apertura de correspondencia ilegales (C.N., art. 15 y C.P., art. 192), por acceso abusivo a un sistema informático (C.P., art. 195) o por violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial (C.P., art. 196).

“(iii) En igual sentido, la prueba ilícita puede ser el efecto de un falso testimonio (C.P., art. 442), de un soborno (C.P., art. 444) o de un soborno en la actuación penal (C.P., art. 444A) o de una falsedad en documento público o privado (C.P., arts. 286, 287 y 289)”(18).

Por otra parte, también la Corte Constitucional en la Sentencia C-591 de 2005, señaló cuáles eran los eventos en que la ilicitud de las pruebas se traducía en la invalidez del proceso, limitando tal consecuencia a los eventos de crímenes de lesa humanidad como la tortura, la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial(19). Así se pronunció la Corte:

“Al respecto la Corte considera, que cuando el juez de conocimiento se encuentra en el juicio con una prueba ilícita, debe en consecuencia proceder a su exclusión. Pero, deberá siempre declarar la nulidad del proceso y excluir la prueba ilícita y sus derivadas, cuando quiera que dicha prueba ha sido obtenida mediante tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial. En efecto, en estos casos, por tratarse de la obtención de una prueba con violación de los derechos humanos, esta circunstancia por si sola hace que se rompa cualquier vinculo con el proceso. En otras palabras, independientemente de si la prueba es trascendental o necesaria, el solo hecho de que fue practicada bajo tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial, es decir, mediante la perpetración de un crimen de lesa humanidad imputable a agentes del Estado, se transmite a todo el proceso un vicio insubsanable que genera la nulidad del proceso, por cuanto se han desconocido los fines del Estado en el curso de un proceso penal, cual es la realización de los derechos y garantías del individuo. Además, como queda ya comprometida la imparcialidad del juez que ha conocido del proceso, debe proceder además a remitirlo a un juez distinto.

En efecto, tradicionalmente en derecho colombiano se ha entendido que la aplicación de la regla de exclusión no invalida todo el proceso(20), sino que la prueba ilícita no puede ser tomada en cuenta al momento de sustentar una decisión. No obstante lo anterior, entiende la Corte que tal principio debe ser exceptuado cuando quiera que se pretenda hacer valer en un juicio oral una prueba que ha sido obtenida en flagrante desconocimiento de la dignidad humana, tal y como sucede con las confesiones logradas mediante crímenes de lesa humanidad como lo son la tortura, la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha considerado que adelantar procesos judiciales sin las debidas garantías, como lo es la exclusión de la prueba obtenida con violación a la integridad física del sindicado, “motiva la invalidez del proceso y también priva de validez a la sentencia, que no reúne las condiciones para que subsista y produzca los efectos que regularmente trae consigo un acto de esta naturaleza” (resaltado por fuera del texto original).

Conviene aclarar que la discusión en torno de la exclusión de la prueba por considerarse ilegal se realiza, no en las audiencias preliminares de control de legalidad que presiden los jueces de control de garantías, sino en la preparatoria, como se viene señalando en este proveído; o, excepcionalmente en el trámite del juicio, según el momento en que se conozca la información con fundamento en la cual se predique su contrariedad con el ordenamiento jurídico.

Esto, en primer término, porque en los albores del proceso mal se podría solicitar o decretar la exclusión de algo cuya inclusión ni siquiera se ha considerado aún, porque el momento para ello, es precisamente la audiencia preparatoria.

Frente a dicho tópico, resulta oportuno aclarar que el juez de control de garantías, en relación con los actos de investigación y diligencias en cuya práctica se limitan o reducen derechos fundamentales del indiciado o imputado, tiene tres posibilidades: declararlas legales, ilegales, o ilícitas.

En las audiencias preliminares el punto de gravedad gira en torno de la erradicación de la arbitrariedad con la que el fiscal pudiera realizar las intervenciones o limitaciones a derechos fundamentales del indiciado o imputado, básicamente a la libertad y la intimidad.

La pregunta que debe hacerse dicho funcionario en cada audiencia de control de legalidad de actividades investigativas de la Fiscalía debe ser si existieron, o existen —según se trate de control previo o posterior— motivos fundados para tal proceder, o si por el contrario, tal actividad responde al mero capricho de quien ostenta el máximo poder de represión como es el ejercicio de la acción penal, cuyo uso debe ser severamente controlado en vigencia del Estado de derecho.

En esto pensó la corporación cuando aclaró:

“Valga decir, al juez de control de garantías le corresponde establecer, tal como lo enseña la jurisprudencia constitucional, si determinada medida de intervención en el ejercicio de los derechos fundamentales practicada por la Fiscalía General de la Nación se adecua a la ley, y si es proporcionada, en cuanto contribuya a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo; si es necesaria por ser la más benigna entre otras posibles para alcanzar el fin; y si el objetivo perseguido con la intervención compensa los sacrificios que esta comporta para los titulares del derecho y la sociedad”(21).

Así, el test que realiza el juez de control de garantías en relación con los actos de investigación adelantados por la Fiscalía, determina si las medidas de intervención de los derechos fundamentales se llevaron a cabo de acuerdo con la Carta y con la ley: si están llamadas a cumplir un fin constitucional claro, si eran adecuadas y necesarias para producirlo, y si el objetivo compensa los sacrificios de tales derechos para sus titulares y la sociedad; es decir, si fueron proporcionales; eventos en los cuales habría de declararse legal dicho procedimiento.

Dicho control es, pues, preliminar, y limitado a estos tópicos y en el evento de no superar el test de necesidad y proporcionalidad, la consecuencia de tal conclusión, es la declaratoria de ilegalidad del correspondiente acto de investigación, sin que le corresponda a dicho funcionario emitir decisión alguna en relación con la exclusión de los elementos hallados en dichas labores. Así lo ha entendido la Sala al precisar(22):

“Por consecuencia, el juez de control de garantías carece de competencia para pronunciarse acerca de la legalidad o no de los elementos materiales probatorios acopiados por el fiscal, comoquiera que la verificación opera en sede de la audiencia preparatoria, como ya se vio, sin que norma ninguna autorice que ello corra de cargo del juez de control de garantías”.

Y claro, en esa reflexión debe considerarse que nada de lo hallado u obtenido en desarrollo de aquella labor declarada ilegal, podría ser utilizado como fundamento de la solicitud de la medida de aseguramiento.

Sin embargo, lo obtenido en labores de investigación que fuere declarado ilegal por el juez de control de garantías, eventualmente podría ser susceptible de valorarse en el juicio, siempre que en la audiencia preparatoria, la Fiscalía logre su decreto por parte del juez con funciones de conocimiento, después de superar el análisis de la ilegalidad inicial, acreditando la existencia verbigracia de una de las excepciones a la exclusión, contenidas en el artículo 455 de la Ley 906 de 2004.

Así también, el examen de constitucionalidad que realiza el juez con funciones de control de garantías, de los actos de investigación, podría conducir a la declaratoria de ilicitud de los mismos, la cual se origina en violaciones graves a derechos fundamentales y contagia de manera insuperable a toda la actuación. Así lo ha precisado esta corporación(23):

“Si encuentra que la Fiscalía ha vulnerado los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, el juez a cargo del control no legitima la actuación de aquella y, lo que es más importante, los elementos de prueba recaudados se reputan inexistentes y no podrán ser luego admitidos como prueba, ni mucho menos valorados como tal. En consecuencia, no se podrá, a partir de esa actuación, llevar a cabo la promoción de una investigación penal, como tampoco podrá ser llevada ante el juez de conocimiento para efectos de la promoción de un juzgamiento; efectos estos armónicos con la previsión del artículo 29 superior, conforme al cual es nula de pleno derecho toda prueba obtenida con violación del debido proceso”.

Respecto de la ilicitud de dichos procedimientos, la Sala se ha ocupado específicamente de la captura en tales condiciones, sin perjuicio de que cobije también otros actos de investigación, en los cuales se violenten de manera grave derechos fundamentales, en las mismas condiciones de aquella.

Así pues, a manera de conclusión en relación con las posibles decisiones que puede adoptar el juez con funciones de control de garantías, sobre los procedimientos sometidos a su valoración:

a) Si la irregularidad se originó en la forma, la proporcionalidad o la necesidad de la intervención, procede la declaratoria de ilegalidad;

b) Si se afectaron gravemente derechos fundamentales, la decisión procedente es la ilicitud, con las consecuencias antes mencionadas; y,

c) Si se respetaron todas las previsiones del orden normativo, la decisión apropiada es su declaratoria de legalidad; evento en el cual, los hallazgos con vocación de convertirse en prueba, encontrados en la diligencia, tienen, en principio, vocación de que se analice su presentación en el juicio, tal como lo ha sostenido la Sala(24):

“Por el contrario, si el juez de control de garantías advierte que la Fiscalía, en ejercicio de esas facultades, no ha desconocido los límites superiores de su actuación, convalida esa gestión y el ente investigador podrá entonces continuar con su labor investigativa, formular una imputación, plantear una acusación y pretender la condena del procesado. Es cierto que en este supuesto la facultad del juez de control de garantías no implica un pronunciamiento sobre las implicaciones que los elementos de prueba recaudados tengan sobre la responsabilidad del investigado ya que esta será una tarea que se adelanta en el debate público y oral de la etapa de juzgamiento”(25).

De suerte que, no es como lo plantea la representante del Ministerio Público una nueva discusión sobre los aspectos ya decantados en la audiencia preliminar, sino que, lo que se discute en la preparatoria, es la legalidad de la prueba, la cual, de no superarse, su consecuencia inexorable es la exclusión, y si la fuente de su contaminación es la ilicitud, no solo se excluye, sino que, además se anula toda la actuación a partir de la realización de dichos actos.

Y en su tarea por dejar alineados todos los detalles relacionados con el éxito del proceso de conocimiento a surtirse en el juicio, el juez debe señalar el orden en que habrá de practicarse la prueba decretada, atendiendo especialmente la precisión hecha por el artículo 362 del Código de Procedimiento Penal, que advierte:

“El juez decidirá el orden en que debe presentarse la prueba. En todo caso, la prueba de la Fiscalía tendrá lugar antes que la de la defensa, sin perjuicio de la presentación de las respectivas pruebas de refutación en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa y luego las de la Fiscalía”.

Así, la prueba de la defensa dirigida a impugnar la credibilidad de algún testigo de la Fiscalía, en tanto de refutación, deberá practicarse, en todo caso, antes de la prueba que con ella se pretende cuestionar.

Luego de la decisión sobre las pruebas, y antes de terminada la audiencia preparatoria, el juez debe fijar la fecha, o los días en que habrá de adelantarse el juicio oral, de manera que garantice los principios de inmediación y concentración, tal y como lo ordena la norma constitucional (art. 250.4); teniéndose en cuenta que el juez que conozca del debate debe ser el mismo que exprese el sentido del fallo, y, en consecuencia, el que profiera la sentencia.

Recientemente se ha insistido por la Sala que los jueces deben tener especial cuidado en la programación de tales eventos de formación del conocimiento, de suerte que de manera responsable deben prever, dentro del límite de lo posible por supuesto, si tienen la disponibilidad para iniciar y llevar hasta el final la correspondiente audiencia. Así lo ha advertido(26):

“3. Finalmente, la Corte no puede dejar de llamar la atención a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, así como a los tribunales superiores de Distrito Judicial, a efectos de que, dentro de la órbita de sus competencias, sin perjuicio de los derechos que les asiste a los servidores judiciales y de aquellos inherentes al sistema de carrera judicial, adopten las medidas que correspondan en orden a evitar el cambio de los jueces de conocimiento después de haber dado inicio al juicio oral y, en consecuencia, se reglamente las fechas, épocas, condiciones y oportunidades para hacer efectivo su retiro temporal o definitivo de los despachos a su cargo, teniendo en cuenta los asuntos en trámite, de forma que se preserven los principios de inmediación, concentración, publicidad, oralidad y de juez natural que rigen el sistema penal acusatorio.

Todo ello con el fin de precaver la configuración de nulidades del tipo de las que mediante esta providencia se decretan, y conjurar al tiempo el desgaste innecesario del aparato de justicia, el deterioro de la imagen de la rama judicial y los altos niveles de impunidad que tales desaciertos generan.

Lo anterior, si se toma en consideración que la función judicial implica una altísima responsabilidad social y jurídica, para cuyo ejercicio los jueces han jurado cumplir bien y fielmente la Constitución Política y la ley, de lo cual surge evidente que no pueden abandonar a medio camino (ni imponérseles que lo hagan), el trámite de los juicios orales bajo su responsabilidad y que, por tanto, resulta lógica la exigencia legal de no poder retirarse del cargo hasta tanto se cumpla el deber normativamente establecido de emitir el sentido del fallo y dictar la correspondiente sentencia, a riesgo en caso contrario, de incurrir en motivo de responsabilidad penal o disciplinaria”.

El caso concreto

El primer punto de inconformidad con el auto apelado consiste en el rechazo que el tribunal hizo de la declaración del señor Yesid Insuasti Mahecha, funcionario del DAS responsable de la Sala Plata, en la que se realizaron las grabaciones e interceptaciones telefónicas.

Dicho testimonio fue pedido por la defensa con el objeto de cuestionar o debilitar la credibilidad de un testigo de la Fiscalía. Es claro que la prueba de impugnación está orientada a minimizar la confianza que genera la de la contraparte, lo cual extrae a esta categoría especial de medios de conocimiento del esquema fáctico investigado en el proceso penal, sin que tal situación sea suficiente para negar su decreto.

Y si bien es cierto quien pidió la prueba con fines de impugnación de credibilidad debió precisar y argumentar suficientemente cuál de los aspectos previstos en el artículo 403 de la Ley 906 de 2004 pretendía cuestionar con ella, no lo es menos que cuando el tribunal se abstuvo de reclamar por dicha omisión en la decisión apelada, le cerró cualquier opción a la segunda instancia en ese sentido, la cual no se podría ocupar de dicho asunto sin vulnerar precisamente la dialéctica propia de la dinámica adversarial.

Resulta indiscutible que en la contienda, en el actual esquema procesal, una de las posibilidades de ataque es el cuestionamiento acerca de la credibilidad de los testigos de la contraparte, la cual está debidamente autorizada por la normativa procesal penal, de suerte que quien acude en calidad de testigo de impugnación puede no saber nada de los hechos investigados, pero sí de aspectos relacionados con la credibilidad o verosimilitud o incluso de la legalidad de otros elementos de convicción.

Así, es claro que el testimonio del detective del DAS, Insuasti Mahecha, fue solicitado por la defensa, no porque conociera directa o indirectamente los hechos materia del proceso, sino para desvirtuar o debilitar la credibilidad de testigos de la Fiscalía, motivo por el cual el argumento de la impertinencia resulta inapropiado para fundamentar su rechazo; por lo que se revocará la decisión en ese aspecto particular, y en su lugar se decretará su práctica.

El segundo punto de la apelación: las exclusiones probatorias pedidas por la defensa

Para empezar, la Sala advierte que el problema jurídico que está en el fondo de la discusión formulada por la defensa, es que si las interceptaciones telefónicas y el manejo que se les dio, tanto a su control judicial como a la cadena de custodia de los elementos contentivos de sus registros, son ilegales, también lo son los actos de investigación —vigilancia y seguimiento pasivo y entrega vigilada— que se desprendieron de ellas.

De forma tal que la defensa, en la audiencia preparatoria fundamenta su discusión en que la ilegalidad de las interceptaciones telefónicas se trasmite a los actos de investigación que de ellas se derivaron; y en ese sentido solicita la exclusión de todo aquello con lo cual se decretara los tres tipos de actos de investigación a saber: a) las interceptaciones telefónicas, b) la vigilancia y el seguimiento pasivo; y, c) la entrega vigilada del dinero.

Por eso, para resolver las exclusiones probatorias el tribunal debió ocuparse a fondo de la evaluación de la legalidad de las interceptaciones telefónicas, a riesgo, incluso, como se dijo antes, de contaminarse y comprometer la imparcialidad con la que debe llegar al juicio, situación que de presentarse lo obligaría a separarse del conocimiento de dicho asunto. Con todo, la discusión que plantea la defensa está dada, no en el contenido del elemento material, esto es, las conversaciones mismas, sino en tópicos relacionados con el control judicial y la cadena de custodia de los elementos en que están recogidas.

En este orden de ideas, el tribunal debió evaluar los cargos que contra la legalidad de las interceptaciones telefónicas formuló la defensa en la audiencia preparatoria: como que no existe precisión de cuáles son las conversaciones que pretende incorporar la Fiscalía, ni del elemento en el que están contenidas, y lo dudoso de la mismidad gracias a la defectuosa cadena de custodia a que fue sometido el elemento en el que están insertas, así como de lo inapropiado de los controles judiciales. Ocuparse de dichos aspectos en nada ponía en riesgo la imparcialidad; el juez llamado a realizar dicha evaluación, no tiene más alternativa, como se dijo antes, que emprender la comprobación de las falencias denunciadas por el sujeto procesal, y en su caso, de prosperar estas, ordenar la exclusión del medio de convicción de que se trate, desde luego teniendo en cuenta en el proceso de valoración las excepciones contenidas en el artículo 455 de la Ley 906 de 2004.

Como el a quo se abstuvo de realizar dicha evaluación, mal podría esta corporación ocuparse de los argumentos del apelante en esta materia, con mayor razón cuando a la actuación no fueron anexados los elementos cuestionados.

Así las cosas, no le queda a esta Sala opción diferente que decretar la nulidad parcial de la decisión apelada, a efectos de que el tribunal se ocupe de este punto en particular.

La misma suerte correrá lo relacionado con la negativa de exclusión de todo lo vinculado con la vigilancia y seguimiento pasivo de que fue objeto Contreras Agudelo, aspecto frente al cual ninguna consideración realizó el a quo.

En efecto, si se revisa la decisión apelada fácilmente se puede comprobar que en ella el tribunal negó la exclusión de todos los elementos relacionados con este acto de investigación, sin poner de presente las razones en que se fundamentaba para adoptar dicha determinación, motivo por el cual, como se expresó, se decretará la nulidad también en relación con este aspecto, a fin de que el a quo enfrente los argumentos expuestos por la defensa para apuntalar su solicitud de exclusión, y con fundamento en su análisis, adopte la decisión que corresponda.

En relación con la supuesta ilegalidad de la entrega vigilada, la Sala encuentra oportuno destacar que la Fiscalía ofreció como prueba de este acto de investigación lo siguiente:

1. Copia de la Resolución 418 de noviembre 12 de 2008, mediante la cual el director nacional de fiscalías autorizó dicho procedimiento.

2. La orden de utilización de entrega vigilada de dinero, de noviembre 13 de 2008.

3. Acta de compromiso y confidencialidad, suscrita el 13 de noviembre por la víctima; al igual que la constancia de la denominación y series de los billetes que se le entregaron a la señora Ibeth Gutiérrez Oviedo.

4. Informe de la policía judicial en el que se relata el procedimiento mediante el cual se halló el dinero que previamente había sido sometido a la entrega vigilada, en poder del señor Contreras Agudelo.

5. La constancia del control de legalidad realizado sobre la orden, al procedimiento y a la incautación del dinero, cumplido ante el juez 14 de control de garantías de Bogotá, el 14 de noviembre de 2008.

Documentos estos llamados a ser incorporados por los investigadores del DAS Marcela Duque Lozano y Gerardo Caballero.

Las razones en que se fundamentó la solicitud de la defensa en relación con la exclusión de todo lo relacionado con este acto de investigación, fueron: 1) la entrega vigilada solo se puede realizar mediante un agente encubierto, responsabilidad que por disposición legal no puede recaer en un particular, según advierte la Corte Constitucional en Sentencia C-251 de 2002, 2) en su práctica se incumplieron todas las exigencias legales relacionadas con dicho procedimiento, 3) no se realizó la entrega vigilada de sustancia alguna que fuera prohibida; y, 4) dicho acto fue desproporcionado en tanto su objetivo es el desmantelamiento de organizaciones criminales(27), lo cual no coincide ni mínimamente con la realidad del proceso de la referencia.

Igualmente, el defensor también cuestionó la legalidad de la grabación de la reunión sostenida entre víctima y procesado en un conocido almacén de cadena aquel 13 de noviembre, aduciendo que ni la calidad de agente encubierto le otorga dichas posibilidades, dado que se desconocieron todas las exigencias legales de aquel acto de investigación, y en el fondo, señala que con estas medidas lo que terminó fue provocándose una supuesta flagrancia, la cual resulta a todas luces ilegal.

El tribunal desestimó estos argumentos con apoyo en que: 1) en principio, la Corte en una de las decisiones proferidas en el proceso, ya había considerado que este acto de investigación podía utilizarse en eventos diferentes a los previstos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Penal, siendo uno de ellos el de la lucha contra la corrupción, siempre y cuando se observaran todas las formalidades previstas en la ley adjetiva; 2) que era evidente que se contó con autorización previa del director nacional de fiscalías para la entrega vigilada del dinero, y que el resultado de dicha actividad fue presentado oportunamente para su control de legalidad; 3) que nadie hizo referencia a la utilización de agentes encubiertos y que tampoco aparece que persona alguna haya sembrado la idea criminosa en Contreras Agudelo; y, 4) que del artículo 242 ibídem, se desprende la posibilidad de que la víctima intervenga con esa connotación.

La apelación, en relación con este aparte, reitera los argumentos de la solicitud inicial de exclusión, vale decir, su desproporción, lo inapropiado de su uso para situaciones diferentes al desmantelamiento de manifestaciones de criminalidad organizada y el incumplimiento de aspectos tan importantes como la ausencia del elemento ilegal cuya entrega se autorizaba y la estructura policial encargada de custodiarlo; además de la condición de ser derivado de las interceptaciones telefónicas que califica de ilegales.

La Sala confirmará la decisión mediante la cual se negó la exclusión de los elementos relacionados con la entrega vigilada de dinero, por las siguientes razones:

1. Frente al cargo según el cual la entrega vigilada fue un acto de investigación derivado de unas ilegales interceptaciones se observa en el proceso, que con la presentación de la denuncia por parte de la señora Ibeth Gutiérrez y su posterior entrevista rendida ante funcionarios de policía judicial, generaron los motivos fundados necesarios para adelantar las labores de investigación previstas en el programa metodológico por parte de la Fiscalía.

Por tal razón la fuente de donde surgió la necesidad, a juicio de la Fiscalía, de tales actos de indagación realizados, se tornó independiente de las conversaciones telefónicas interceptadas; y, por tanto, por ser la fuente independiente una excepción a la exclusión de prueba ilegal, se negará tal pedimento de los impugnantes; lo cual resulta indiferente de la suerte que finalmente corra la evaluación de la legalidad de las interceptaciones telefónicas.

2. Observa la Sala que la fuente normativa de la cual surge la posibilidad de acudir a la entrega vigilada en el asunto de la referencia, no solo es la Ley 906 de 2004 (art. 243), sino, entre otras, la Ley 970 de 2005, aprobatoria de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción: así, el artículo 50 de dicha convención compromete a los Estados a consagrar en sus legislaciones dicho mecanismo investigativo a efectos de combatir la corrupción, entre otras de sus modalidades, la judicial. Sin embargo, cuando entró a regir aquella ley ya estaba en vigencia el artículo 243 de la 906 de 2004, el cual consideraba dicha posibilidad investigativa, canon que en esas condiciones tendría que entenderse ampliado por la ley posterior.

Por consiguiente, la razonabilidad de la medida queda justificada por el interés internacional en la lucha contra la corrupción, y, por supuesto, por la gravedad de la conducta en cuanto la sindicación apunta a que funcionarios públicos ponen su cargo al servicio de sus propios y mezquinos intereses.

Pero, además, con la posibilidad de acudir a la entrega vigilada en eventos diferentes a los de tráfico de armas y estupefacientes —cuya tenencia es ilegal—, resulta irrazonable mantener la exigencia de que la posesión o porte del elemento en cuestión tenga tal calidad, toda vez que se podrían entregar dineros, documentos, o distintos tipos de enseres, que, a diferencia de las drogas estupefacientes, o las armas producto del tráfico clandestino, su tenencia, por sí sola no resulte ilegal.

En consecuencia, no resulta de recibo el argumento originado en que el bien objeto de la entrega vigilada, debe tener la connotación de ilegal; de manera que no se acredita el presupuesto de hecho necesario para que proceda la exclusión probatoria solicitada.

Finalmente, no puede predicarse que el procedimiento de la entrega vigilada se torne ilegal por contar con la participación de la víctima, primero por la forma voluntaria en que se observa que se prestó, segundo, porque el reconocimiento en aumento de los derechos de las víctimas, implican la posibilidad de su participación activa en la búsqueda de la verdad, y además, porque ampliándose la entrega vigilada a escenarios de la lucha contra la corrupción, las condiciones de seguridad ciertamente varían.

Como corolario de lo anterior, los argumentos del apelante tendientes a remover la decisión de no excluir lo relacionado con la entrega vigilada no prosperan y en consecuencia esta se mantiene incólume.

En conclusión, la Sala: a) decretará la nulidad parcial de la decisión, en lo que hace relación con la exclusión de las interceptaciones de comunicaciones y la vigilancia y seguimiento pasivo de Yohay Contreras Agudelo, a fin de que el a quo enfrente los razonamientos expuestos en las correspondientes solicitudes y tome la decisión a que haya lugar; y de ser apelado su pronunciamiento en estos exclusivos tópicos, se garantice la inclusión al expediente, de los elementos en cuya exclusión se insiste, b) se revocará la decisión de negar el testimonio de Miguel Insuasti Mahecha pedido por la defensa, para que en su lugar sea escuchado en desarrollo del juicio oral, con la prevención de que su práctica deberá efectuarse antes de la de los testimonios cuya credibilidad pretende impugnarse con él (como lo ordena el CPP, art. 362) ; y, c) confirmará la negativa de la exclusión de lo relacionado con la entrega vigilada de dineros.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Decretar la nulidad parcial de la decisión adoptada en la audiencia preparatoria dentro del proceso que se sigue contra Yohay Contreras Agudelo, en lo relacionado con la negativa de exclusión de todo lo relacionado con la interceptación de comunicaciones y vigilancia y seguimiento pasivo, para que se proceda en la forma indicada en esta providencia.

2. REVOCAR la decisión de negar el testimonio de Miguel Insuasti Mahecha, y en su lugar se ordena su práctica en el curso de la vista pública.

3. CONFIRMAR en los demás aspectos la decisión apelada.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase».

(3) Casación 37298.

(4) Artículo 361.

(5) Definición de competencia de 15 de julio de 2008, radicado 29994.

(6) De la audiencia preparatoria la doctrina especializada se refiere de la siguiente manera:

Baytelman A. Andrés y Duce J. Mauricio. Litigación penal juicio oral y prueba. Fondo de Cultura Económica. México, 2005, páginas 42 y 43.

“La etapa intermedia o de preparación

Entre la etapa de investigación y el juicio oral se crea un procedimiento intermedio de carácter oral, realizado también ante el juez de garantía y que tiene por objeto principal la preparación del juicio, fijándose de modo preciso su objeto, los sujetos intervinientes, así como la prueba que deberá ser examinada.

Esta etapa tiene un desarrollo muy simple que se inicia una vez concluida la investigación y declarado el cierre de esta por parte del fiscal. Entonces, este último tiene un plazo de 10 días para formular su actuación por escrito, si es que estima que hay mérito para ello. Si formula acusación debe enviarla al juez de garantía, quien citará a audiencia intermedia o de preparación del juicio oral.

En la audiencia misma, si no hay problemas formales o de fondo, el juez de garantía procederá a fijar el objeto del debate, a determinar los medios de prueba y a determinar el tribunal que conocerá del juicio. En la determinación de la prueba que puede llevarse al juicio, el juez de garantía está facultado para acordar convenciones probatorias sobre hechos que no requerirán ser probados luego en el juicio.

Roxin Claus. Derecho procesal penal. Ediciones del Puerto s.r.l. Buenos Aires, 2000, página 353.

El procedimiento principal se divide, en cada instancia, en dos partes: la preparación del juicio oral y el juicio oral en sí mismo (...). La preparación del juicio oral comprende:

1. la fijación del término (...).

2. las citaciones al juicio oral (...).

3. el procurar los medios de prueba (...).

4. en los juicios en primera instancia ante el LG o ante el OLG, la comunicación de la integración del tribunal (...) y la identificación de los testigos (...).

5. en determinadas circunstancias, la recepción parcial y anticipada de prueba (...).

(7) Al cual también están obligados tanto el representante de víctimas como del Ministerio Público, en caso de tener pretensiones probatorias, según lo indicó esta Corporación en auto de segunda instancia de 7 de diciembre de 2011, radicado 37596.

(8) Sentencias C-454 de 2006 y C-209 de 2007.

(9) Como enseña Fontanet Maldonado, Julio E. Principios y técnicas de la práctica forense. Jurídica editores, San Juan Puerto Rico, 2010, página 247.

(10) Auto de 19 de agosto de 2008, radicado 29001.

(11) Auto de 13 de junio de 2007, radicado 27281.

(12) El profesor Chiessa —Tratado de derecho probatorio, páginas 7 y siguientes— cita como ejemplos de esta causal: a)la prueba de la embriaguez ofrecida por el fiscal, la cual no siendo trascendental para probar el cargo principal, perjudica indebidamente la posición procesal de la defensa; b) las fotografías del cadáver de la víctima, las cuales califica como “particularmente problemáticas por su efecto inflamatorio sobre el juzgador”; y, c) la evidencia de otros delitos o de la mala conducta del acusado.

(13) El profesor Chiessa, cita como ejemplo la evidencia matemática de probabilidad.

(14) Entre otras, en autos de 23 de abril de 2008, radicado 29416, de 1º de julio de 2009, radicado 26836, 31 de julio de 2009, radicado 30838, de 10 de marzo de 2010, radicado 33621.

(15) Sentencia de casación 10 de marzo de 2010, radicado 33621.

(16) Que difiere de la “prueba ilegal”, que se genera cuando en su producción, práctica o aducción se incumplen los requisitos legales esenciales. En esta eventualidad, corresponde al juez determinar si el requisito legal pretermitido es esencial y discernir su proyección y trascendencia sobre el debido proceso, toda vez que la omisión de alguna formalidad insustancial por sí sola no autoriza la exclusión del medio de prueba (sent., mar. 2/2005, rad. 18.103).

(17) Sentencia de casación del 7 de septiembre de 2006, radicación 21.529.

(18) Auto del 10 de septiembre de 2008, radicado 29.152.

(19) Lo cual convalidó en la Sentencia T-233 de 2007.

(20) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 1º de febrero de 1993 y auto de 5 de mayo de 1997.

(21) Corte Constitucional, Sentencia C-591 de 9 de junio de 2005.

(22) Auto de 16 de mayo de 2007 dentro del radicado 26310.

(23) Auto de 16 de mayo de 2007 dentro del radicado 26310.

(24) Auto de 16 de mayo de 2007 dentro del radicado 26310.

(25) Ibídem.

(26) Sentencia de casación de 26 de octubre de 2011, radicado 32143.

(27) Tal como lo puso de presente la Corte Constitucional mediante Sentencia C-543 de 2008.