Sentencia 36690 de agosto 2 de 2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 36690

Magistrado Ponente:

Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

Aprobado Acta 271

Bogotá, D.C., dos de agosto de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004 (CPP vigente para este asunto), la casación es un mecanismo de control tanto constitucional como legal que procede contra los fallos proferidos en segunda instancia y que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 180 ibídem, tiene como propósitos lograr la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías fundamentales, la reparación de los agravios inferidos y la unificación de la jurisprudencia.

Dada la naturaleza extraordinaria de este recurso, quien acude a la casación tiene que ceñirse a determinados requerimientos sistemáticos, basados en la razón y en la lógica argumentativa, así como guardar coherencia, precisión y claridad en el sustento de cada uno de los reparos, que debe desarrollar conforme a las causales previstas en el artículo 181 del referido estatuto.

A su vez, el inciso 2º del artículo 184 del ordenamiento procesal señala que no será admitida la demanda “cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso”, lo que ocurre si la Corte halla intrascendente el problema propuesto por el recurrente frente a lo debatido en el caso concreto o cuando puede responder a sus planteamientos sin la necesidad de valorar de manera profunda lo ocurrido dentro de la actuación.

2. En el asunto materia de interés, los reproches formulados en el escrito de demanda por el apoderado de José Luis Chamorro López, Fredy Alberto Dávalos Guerrero y Sandra Patricia Chamorro López pueden ser resueltos sin necesidad alguna de examinar de fondo el expediente. Veamos:

2.1. En relación con el primer cargo, el demandante ni siquiera se molestó por controvertir o refutar la postura sostenida por la Sala en pretérita providencia (y citada textualmente por el tribunal en el fallo impugnado(5)), según la cual la aceptación unilateral de los cargos únicamente puede presentarse en tres específicas oportunidades: la formulación de imputación (caso en el cual obtiene una disminución de “hasta de la mitad de la pena imponible” — L. 906/2004, art. 351, inc. 1º—), la audiencia preparatoria (en la que la rebaja será “hasta en la tercera parte” —art. 356, num. 5º ibídem—) y, por último, al inicio de la audiencia del juicio oral (razón por la cual “tendrá derecho a la rebaja de una sexta parte” —art. 367, inc. 2º—):

“[...] la aceptación de los cargos solo se puede cumplir en el acto de la audiencia de formulación de imputación, en la preparatoria y al inicio del juicio oral, toda vez que el legislador solo previó dichas oportunidades para que el imputado, o acusado, según el caso, acepte su responsabilidad de manera oral, unilateral, libre, voluntaria y debidamente asistido”(6).

En este orden de ideas, es irregular la realización de una “audiencia de verificación de aprobación del allanamiento”(7), como la presentada en este caso. Sin embargo, la Corte también contempló en dicha providencia que, para efectos de la dosificación, no representa agravio alguno para el procesado que la rebaja otorgada corresponda a la tercera parte de la pena, y no a la mitad, en la medida en que la anómala diligencia sea susceptible de ajustarse a la segunda ocasión legal para conceder tal descuento punitivo:

“[...] la Sala censura la actitud del juzgador de primera instancia, consistente en que la audiencia de formulación de acusación la convirtió en una de aceptación de cargos cuando la ley no lo prevé así, según lo estatuido en los artículos 338 y siguientes de la Ley 906 de 2004, dando un trámite que riñe con la sistemática consagrada en la ley.

“[...] No obstante, la Corporación también avizora que el trámite irregular de la audiencia de formulación de acusación no logra resquebrajar la estructura del proceso que imponga la declaratoria de invalidez de lo actuado, máxime cuando la rebaja de pena concedida a los hoy sentenciados se ajusta a la segunda oportunidad en que estos podían allanarse a los cargos válidamente, esto es, en la audiencia preparatoria, según lo previsto en el artículo 356, numeral 5º, de la pluricitada Ley 906 de 2004”(8).

Por último, el que las instancias se hayan referido como fundamento normativo del descuento al artículo 352 inciso 2º del estatuto procesal penal, y no al artículo 356, numeral 5º ibídem que en un principio era de aplicar, tampoco implicó en el precedente jurisprudencial en comento yerro trascendente alguno, pues “la rebaja de pena [de la tercera parte] dada a los procesados se ajusta a los parámetros normativos reglados en el Código de Procedimiento Penal, no obstante las falencias exhibidas y resaltadas por esta corporación”(9).

El reproche, por consiguiente, está destinado al fracaso.

2.2. En lo que al segundo cargo respecta, el demandante se ocupó por acudir a conceptos de derecho civil sobre la comunidad de bienes fungibles cuando el tipo contemplado en el artículo 327 del Código Penal descartaba el presupuesto que él mismo consideró un axioma, según el cual el incremento obtenido en la conducta punible de enriquecimiento ilícito de particulares es solo aquel que tiene como fin acrecentar el propio patrimonio del sujeto activo.

En efecto, de la simple lectura de la norma en cita, se advierte que la obtención del “incremento patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma de actividades delictivas” puede ser “para sí o para otro”. Por lo tanto, cuando la disposición consagra la pena de “multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito logrado”, esta no equivale a la suma que el actor haya conseguido en su particular beneficio, sino al aumento globalmente considerado, así sea para terceros.

En este orden de ideas, si a los procesados se les atribuyó, “en calidad de coautores y a título de dolo”(10) (según los precisos términos del recurrente), la obtención de un incremento patrimonial injustificado en la suma de $ 74’000.000, la multa que correspondía imponer a cada uno de ellos ascendía al doble de ese monto, es decir, a $ 148.000.000, que sumados a la sanción pecuniaria por el delito de captación masiva y habitual de dineros, y reconocida la rebaja de la tercera parte por la aceptación de cargos, arrojó como resultado una multa que alcanzaba los $ 98’834.667 o, lo que es lo mismo, el guarismo que figura en los fallos de instancia.

El cargo, entonces, carece de vocación de éxito.

2.3. Finalmente, en cuanto al tercer cargo, además de la extrañeza que suscita el hecho de representar judicialmente a la pareja formada por Fredy Alberto Dávalos Guerrero y Sandra Patricia Chamorro López en este caso, y sin embargo solicitar la prisión domiciliaria a favor del padre y no de la madre (pues la norma fue instituida en un principio para la mujer cabeza de familia y solo por extensión en beneficio del interés superior fue reconocido al hombre en la misma situación), el profesional del derecho cuestionó aspectos (como la existencia de otros familiares o la noción estrecha de núcleo familiar) que han sido descartados por la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional para el reconocimiento del derecho.

En efecto, el máximo tribunal en materia de control constitucional, en el fallo que declaró exequible el numeral 5º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 (norma citada por el demandante como fundamento de su pretensión), señaló al respecto lo siguiente:

“[...] el hecho de que el menor esté al cuidado de otro familiar o que en virtud de sus condiciones particulares reciba el sustento de otra fuente o, incluso, habilitado por una edad propicia, se encuentre trabajando y provea lo necesario para su subsistencia, podrían considerarse como circunstancias exceptivas que darían lugar a impedir, según la valoración del juez, que se conceda el sustituto de la detención domiciliaria”(11).

Adicionalmente, no sobra precisar que, en reciente providencia, la Corte varió su doctrina, en el sentido de que los artículos 314 y 461 del Código de Procedimiento Penal no eliminaron el estudio de factores personales del procesado para efectos de conceder o no la detención o prisión domiciliaria (debido a la necesidad de realizar un juicio de ponderación con las circunstancias que estructuran el interés superior del menor), e incluso advirtió en cuanto a la ejecución de la pena privativa de la libertad que tampoco puede entenderse derogadas las exigencias tanto objetivas como subjetivas previstas en el artículo 1º de la Ley 750 de 2002:

“El numeral 5º del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal no puede ser interpretado de manera aislada en perjuicio del resto del ordenamiento jurídico, pues al operador de la norma no le está permitido dejar inocuos los valores y principios en los que se sustenta los fines de la detención preventiva, instituto para el cual siempre habrá de considerarse circunstancias atinentes a la persona del procesado, incluidas las derivadas de los antecedentes penales que registre.

“En cuanto al reconocimiento de la prisión domiciliaria para el padre o madre cabeza de familia, los requisitos de orden objetivo y subjetivo consagrados en el artículo 1º de la Ley 750 de 2002 no pueden entenderse derogados por los artículos 314 numeral 5º y 461 de la Ley 906 de 2004, en la medida en que estas normas obedecen a un carácter menos restrictivo del derecho a la libertad que desde el punto de vista de la Constitución Política se justifica por el hecho de no haber sido desvirtuada la presunción de inocencia.

”En consecuencia, ya sea por mandato constitucional o específico precepto legal, en ningún caso será posible desligar del análisis para la procedencia de la detención en el lugar de residencia o de la prisión domiciliaria para el padre o madre cabeza de familia, aquellas condiciones personales del procesado que permitan la ponderación de los fines de la medida de aseguramiento, o de la ejecución de la pena, con las circunstancias del menor de edad que demuestren la relevancia de proteger su derecho, a pesar del mayor énfasis o peso abstracto del interés superior que le asiste”(12).

3. En consecuencia, como la Sala advierte la falta de fundamentos en los reproches, y como tampoco encuentra con ocasión del trámite procesal o del contenido del fallo objeto del recurso violación de los derechos fundamentales de los procesados Chamorro López y Dávalos Guerrero, ni la necesidad de garantizar cualquiera de los fines de la casación mediante un pronunciamiento de fondo, no hay razón alguna para superar las falencias que ostenta la demanda y, por lo tanto, esta no será admitida, tal como está previsto en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004.

Teniendo en cuenta que contra esta decisión procede el mecanismo de insistencia, según lo establece el inciso 2º del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, es necesario aclarar que la Corte ha precisado la naturaleza y reglas que habrán de observarse para su aplicación de la siguiente manera(13):

3.1. La insistencia es un mecanismo especial, de naturaleza distinta a los actos de impugnación propiamente dichos, que solo puede ser promovido por el demandante dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la providencia mediante la cual se decide no admitir la demanda de casación.

3.2. La solicitud de insistencia puede ser elevada ante el Ministerio Público por intermedio de cualquiera de sus delegados para la Casación Penal, o ante uno de los magistrados que hayan salvado el voto frente a la decisión mayoritaria de no admitir, o ante uno de los magistrados que no participó en la discusión y dejó de suscribir el referido auto.

3.3. Es facultativo del magistrado disidente, del que no intervino en los debates o del delegado del Ministerio Público ante quien se formula la insistencia, optar por someter el asunto a la consideración de la Sala o no presentarlo para su revisión, evento último en el que informará al solicitante dentro de un plazo de quince días.

3.4. El auto mediante el cual no se admite la demanda trae como consecuencia la firmeza de la sentencia contra la que se formuló el recurso de casación, salvo que la insistencia prospere y conduzca a la admisión del escrito.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

NO ADMITIR la demanda de casación presentada por el abogado de los procesados José Luis Chamorro López, Fredy Alberto Dávalos Guerrero y Sandra Patricia Chamorro López en contra del fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, es facultad del demandante elevar petición de insistencia en relación con lo decidido.

Notifíquese y cúmplase».

(5) Cf. folios 304-305 ibídem.

(6) Sentencia de 8 de julio de 2009, radicación 31063.

(7) Folio 165 de la carpeta principal.

(8) Ibídem.

(9) Ibídem.

(10) Folio 368 de la carpeta principal.

(11) Corte Constitucional, Sentencia C-154 de 2007.

(12) Sentencia de 22 de junio de 2011, radicación 35943.

(13) Sentencia de 12 de diciembre de 2005, radicación 24322.