Sentencia 36842 de noviembre 27 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González Muñoz

Aprobado Acta 393

Bogotá D.C., veintisiete de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En orden a definir el único cargo formulado por el censor contra la sentencia proferida por el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Medellín el 7 de febrero de 2011, la Sala analizará los siguientes tópicos: i) Imputación objetiva y acciones a propio riesgo o autopuesta en peligro y ii) Del caso concreto.

i) Imputación objetiva y acciones a propio riesgo o autopuesta en peligro.

Según el artículo 9º del Código Penal, “la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado”, de lo cual se deduce la necesidad de acudir a criterios adicionales para considerar realizados los tipos de resultado descritos en la parte general de dicho estatuto.

Pues bien, la teoría de la imputación objetiva permite determinar los eventos en los cuales una acción causal puede ser considerada típica, pues para esta corriente doctrinal aunque el nexo causal constituye presupuesto esencial de toda imputación, no es suficiente para considerar realizado el tipo objetivo porque, adicionalmente, se requiere, i) que el agente haya creado un peligro para el bien jurídico no cubierto por el riesgo permitido, ii) que se concrete el resultado y, iii) que no se haya materializado una acción a propio riesgo o autopuesta en peligro(3).

En efecto, se parte de considerar la existencia de una serie de actividades cotidianas que aunque generan riesgos jurídicamente relevantes deben ser permitidas, siempre y cuando se respeten las reglas de cuidado previstas en la ley o el reglamento, a efectos de garantizar la convivencia social, verbi gratia, el tráfico automovilístico, aéreo, marítimo, las actividades deportivas, las intervenciones médicas, entre otras.

A la par con las conductas riesgosas permitidas por el ordenamiento jurídico para garantizar el normal funcionamiento de la colectividad, existen otras acciones que, acorde con la teoría citada, no son imputables al tipo objetivo(4), así:

“a) No provoca un riesgo jurídicamente desaprobado quien incurre en una “conducta socialmente normal y generalmente no peligrosa”, que por lo tanto no está prohibida por el ordenamiento jurídico, a pesar de que con la misma haya ocasionado de manera causal un resultado típico o incluso haya sido determinante para su realización.

b) Tampoco se concreta el riesgo no permitido cuando en el marco de una cooperación con división del trabajo en el ejercicio de cualquier actividad especializada o profesión el procesado observa los deberes que le eran exigibles y es otra persona perteneciente al grupo la que no respeta las normas o las reglas del arte (lex artis) pertinentes. Lo anterior, en virtud del llamado principio de confianza, según el cual “el hombre normal espera que los demás actúen de acuerdo con los mandatos legales, dentro de su competencia”(5).

c) Igualmente, falta la creación del riesgo desaprobado cuando alguien sólo ha participado con respecto a la conducta de otro en una acción a propio riesgo, como la denomina Jakobs(6), o una autopuesta en peligro dolosa, como la llama Roxin(7)(8).

En cuanto a la autopuesta en peligro, ésta se concreta cuando, i) el agente se pone en riesgo a sí mismo o ii) cuando, con plena conciencia de la situación, se deja poner en dicha situación por otra persona, eventos en los cuales no puede imputarse al tercero el tipo objetivo porque quien conscientemente se expone a un acontecer amenazante se hace responsable de las consecuencias de su propia actuación.

La Sala reiteradamente ha señalado los presupuestos para pregonar la configuración de una acción a propio riesgo, así:

“1. En el caso concreto, tenga el poder de decidir si asume el riesgo y el resultado.

2. Que sea autorresponsable, es decir, que conozca o tenga posibilidad de conocer el peligro que afronta con su actuar. Con otras palabras, que la acompañe capacidad para discernir sobre el alcance del riesgo.

3. Que el actor no tenga posición de garante respecto de ella”(9).

Así mismo, la doctrina considera que el resultado lesivo debe ser consecuencia del riesgo asumido y no de acciones adicionales no asumidas por la víctima, pues, si concurren otros factores, el daño se concreta en razón a éstos y no exclusivamente al peligro aceptado. Así,

“En primer lugar, el daño ha de ser la consecuencia del riesgo corrido y no de otros fallos adicionales, y el sujeto puesto en peligro ha de tener la misma responsabilidad por la actuación común que quien le pone en peligro. Y además aquél, al igual que la autopuesta en peligro, ha de ser consciente del riesgo en la misma medida que quien le pone en peligro. Si se dan estos dos supuestos habrá “asumido” el riesgo. ... en cambio, debería tener lugar la imputación si el conductor persuade al pasajero que vacila con buenos motivos, o si le hubiera ocultado o minimizado los riesgos o si el accidente se debió a fallos en la conducción independientes del riesgo aceptado”(10).

Entonces, no basta con que una agente asuma voluntaria y conscientemente el riesgo a que otra persona lo somete sino que, además, se requiere que el mismo no se incremente con acciones diversas no consideradas ni consentidas por la víctima.

De igual forma, se requiere el pleno conocimiento del riesgo afrontado para excluir la imputación jurídica, condición que comporta que la víctima esté en condiciones de discernir y de valorar ex ante el peligro al que se somete.

ii) Caso concreto.

El libelista considera que la sentencia confutada vulnera el artículo 9º del Código Penal porque si bien Jaime Alberto Correa Giraldo materialmente causó las lesiones a la integridad personal de Efraín Paniagua, no pueden imputársele el resultado por cuanto el daño se originó en el actuar imprudente de la víctima quien, sabiendo del estado de alicoramiento del conductor, decidió abordar el vehículo con lo cual ejecutó una acción a propio riesgo.

Pues bien, como quedó sentado en el acápite anterior, cuando una persona se coloca en riesgo o permite, de manera consciente y voluntaria, que un tercero lo ponga en esa situación, no resulta viable imputar al tipo objetivo el resultado lesivo causado, dada la pretermisión del deber objetivo de cuidado y de autoprotección que asiste a toda persona.

No obstante, el material probatorio acopiado en el proceso, aceptado en su totalidad por el libelista en atención a la causal de casación invocada, evidencia cómo en horas de la noche del 10 de diciembre de 2005 Jaime Alberto Correa Giraldo condujo su automóvil en estado de embriaguez(11) y a alta velocidad(12), circunstancias desencadenantes de la pérdida de control del rodante y, consecuentemente, de lesiones de los pasajeros, entre ellos, Efraín Paniagua.

Siendo ello así, resulta indiscutible que Correa Giraldo al conducir el vehículo bajo el influjo de bebidas embriagantes vulneró el deber objetivo de cuidado, desarrollando una actividad peligrosa sin contar con las condiciones adecuadas para ello.

De esta manera, la autopuesta en peligro pregonada en la demanda, con fundamento en la cual se afirma la imposibilidad de imputar al procesado el resultado lesivo, no se configura por cuanto está ausente un presupuesto esencial de dicha figura jurídica, a saber, la capacidad plena de la víctima de entender el alcance del riesgo.

Lo anterior por cuanto Efraín Paniagua, según lo declarado en el proceso, no tenía la capacidad de discernir sobre el riesgo y el posible resultado del mismo, dado que también se encontraba en estado de alicoramiento(13), situación que, a no dudarlo, le impedía valorar en toda su dimensión el peligro de abordar el vehículo dirigido por el procesado puesto que tenía sensiblemente disminuidas sus facultades intelectivas.

De otra parte, el resultado lesivo debe ser consecuencia del riesgo aceptado y no de acciones adicionales no consideradas ex ante por la víctima, como ocurrió en este evento, donde Correa Giraldo, además de conducir bajo el influjo del alcohol, lo hizo con exceso de velocidad, circunstancia no conocida con antelación por la víctima y respecto de la cual no puede pregonarse que haya asumido el riesgo

En virtud de lo anterior, el resultado concreto de las lesiones personales en la humanidad de Efraín Paniagua debe ser imputado jurídicamente a Jaime Alberto Correa Giraldo porque se produjo como consecuencia de su decisión de vulnerar el deber objetivo de cuidado cuando, en estado de embriaguez, optó por conducir con exceso de velocidad.

De otra parte, contrario a lo afirmado por el libelista, Correa Giraldo ostentaba posición de garante frente a los ocupantes del vehículo por cuanto, en los términos de artículo 25 del Código Penal, creó “precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente” al ejecutar una actividad riesgosa con incrementó ostensible del peligro al conducir en estado de ebriedad, desconociendo los reglamentos de tránsito(14) y las normas mínimas de convivencia social.

En efecto, el citado artículo establece:

“ART. 25.—La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión.

Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley.

Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones:

1. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio.

2. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas.

3. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas.

4. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente.

PAR.—Los numerales 1, 2, 3 y 4 solo se tendrán en cuenta en relación con las conductas punibles delictuales que atenten contra la vida e integridad personal, la libertad individual, y la libertad y formación sexuales”.

De esta manera, cuando el agente crea con antelación una situación antijurídica de riesgo para el bien jurídico, adicional al permitido, adquiere la posición de garante frente a las personas sometidas a dicho peligro y si se concreta el resultado lesivo debe ser sujeto de imputación.

En tal sentido, la corporación se ha pronunciado con antelación:

“En casos como el analizado, la imputación jurídica —u objetiva— existe si con su comportamiento el autor despliega una actividad riesgosa; va más allá del riesgo jurídicamente permitido o aprobado, con lo cual entra al terreno de lo jurídicamente desaprobado; y produce un resultado lesivo, siempre que exista vínculo causal entre los tres factores. Dicho de otra forma, a la asunción de la actividad peligrosa debe seguir la superación del riesgo legalmente admitido y a éste, en perfecta ilación, el suceso fatal.

Dentro del mismo marco, la imputación jurídica no existe, o desaparece, si aún en desarrollo de una labor peligrosa, el autor no trasciende el riesgo jurídicamente admitido, o no produce el resultado ofensivo, por ejemplo porque el evento es imputable exclusivamente a la conducta de la víctima.

5. Si se admite que la posición de garante es predicable del autor o partícipe de todo tipo de delito, sea doloso, culposo, comisivo u omisivo, no hay duda que (...) tenía posición de garante, no solamente porque la normatividad varias veces reseñada le imponía deberes, sino porque el artículo 109 del Código de Tránsito derogado obligaba a varias personas, entre ellas al conductor de automotores, a comportarse en forma que no incomode, perjudique o afecte a los demás. Si tenía esa postura y dejó de lado sus deberes, vulneró, entonces, la posición de garantía”(15).

En consecuencia, la Sala encuentra que los argumentos otorgados por el censor no logran demostrar el cargo formulado, permaneciendo incólume la doble presunción de acierto y legalidad que ampara el fallo proferido el 7 de febrero de 2011 por el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Medellín, motivo por el cual no se casa el fallo confutado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(3) Cfr. Claus Roxin, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura del Delito, Madrid, Ed. Civitas 1997, páginas 345 a 364.

(4) Cfr. Sentencias del 8 de noviembre de 2007, rad. 27388; 4 de abril de 2003, rad. 12742; 20 de mayo de 2003, rad. 16636; 20 de abril de 2006, rad. 22941 y 25 de enero de 2012, rad. 36082.

(5) Sentencias del 25 de enero de 2012, rad. 36082 y del 20 de mayo de 2003, rad. 16636.

(6) Jakobs, Günther, Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación, Marcial Pons, Madrid, 1997, pág. 293 y ss.

(7) Roxin, Op. cit.

(8) En realidad, Roxin se refiere a dos modalidades de esa naturaleza, a saber, autopuesta en peligro dolosa y “puesta en peligro de un tercero aceptada por este”, diferenciándolas en que en esta última la víctima no se pone dolosamente en peligro a sí misma sino que se deja poner en peligro por otro con conciencia del riesgo.

(9) Sentencia de 20 de mayo de 2003, rad. 16636.

(10) Cfr. Roxin, Ob cit. página 395.

(11) El folio 6 de la carpeta contiene informe de toxicología según el cual Jaime Alberto Correa Giraldo se encontraba en primer grado de embriaguez, pues se le detectó 97mg de alcohol en la sangre.

(12) Ver testimonio del guarda de tránsito Euniris Sánchez Mazo (fls. 15 y 84), quien refiere huella de arrastre de 19,60 metros. Así mismo, declaración de Astrid Montaño Ruiz (fl. 73).

(13) En la declaración visible a folio 9 Efraín Paniagua Molina admite que había ingerido licor en la fiesta empresarial y en el guarda de tránsito que atendió el caso refirió dicho aspecto.

(14) La Ley 769 de 2002 o Código Nacional de Tránsito en su artículo 55 establece: “Comportamiento del conductor, pasajero o peatón. Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito”.

(15) Cfr. Sentencia del 20 de mayo de 2003, rad. 16636.